El sábado último la organización Corriente Clasista y Combativa (CCC) instó al gobierno provincial a que libere a los detenidos en el operativo de desalojo.
El líder de la CCC local, Enrique Mosquera, señaló que buscarán que el oficialismo apruebe la expropiación de 15 hectáreas de El Triángulo, como se conoce el predio sede de la disputa.
Mosquera se mostró sorprendido por el ataque del amanecer, ya que unas horas más tarde estaba programada una reunión con funcionarios del gobierno provincial y de Ledesma para decidir el futuro de las tierras.
Mientras tanto, la policía jujeña casi desapareció del lugar de los hechos; no apareció en la localidad ni a causa de la marcha liderada por la CCC en rechazo a la represión.
Las familias regresaron al predio con carpas, equipos de audio y leña para hacer fogones durante la noche. Ellos tuvieron que reconstruir sus ranchos de nylon y arpillera, que fueron destrozados en el operativo. En el descampado quedaron los rastros de las balas de goma, desechos de los gases lacrimógenos y piedras regadas.
Según Fredy Aramayo, la policía inició la agresión el viernes 29, sin antes informar que existía una orden de desalojo. “Vinieron dispuestos a reprimir”, denunció.
Posición de Ledesma
A través de un comunicado, la empresa Ledesma desmintió haber participado de la represión con su vigilancia privada, como señaló el gobernador kirchnerista Walter Barrionuevo.Además, la empresa detalló que el 2009 cedió al gobierno de Jujuy ochenta hectáreas para la urbanización de la ciudad y de Calilegua, y que las 15 hectáreas de la disputa no estaban incluidas en la cesión.
El viernes el ministro de Gobierno y también Jefe interino de Gabinete, Pablo La Villa, renunció a su cargo. Su lugar asumió, de forma interina, el secretario del Interior, Hugo Echavarri.
Por su parte, la jueza Carolina Pérez Rojas, que autorizó la orden de desalojo firmada por el juez Jorge Samman antes que comenzara la feria judicial, afirmó que detuvo el desalojo hasta que llegara Samman.
Gobierno exige esclarecimiento
La presidenta Cristina Kirchner, alertada por la violenta represión, ordenó echar a todos los funcionarios involucrados. El primero fue el ministro de gobierno local, Pablo La Villa.La Casa Rosada condenó la represión pero sin cuestionar al gobierno de Jujuy y reclamó un “inmediato esclarecimiento” del trágico desalojo y apuntó al juez que ordenó expulsar a los habitantes del predio de propiedad de la empresa Ledesma.
El ministro del Interior Florencio Randazzo, en representación del gobierno, declaró que se debe determinar “si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”.
Mediante un comunicado de prensa, Randazzo amplió que “El gobierno nacional repudia los hechos de violencia sucedidos en la ciudad de Libertador General San Martín, y solicitamos a la Justicia que, de forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”.
“Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social”, subrayó Randazzo, y añadió que “es imprescindible que se actúe rápidamente y se haga justicia”.
Mientras, la Legislatura local anunció que trabajará con urgencia un proyecto de ley para expropiar las tierras.
CGT se manifiesta
“En el camino iniciado por Néstor Kirchner en 2003, de no represión institucional a la protesta social y de ampliación de derechos de las mayorías, es inaudito que aún existan sectores que respondan con tremenda violencia al justo reclamo de vivienda de los más humildes”.Así se expresó el secretario de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Piumato, mediante un comunicado.
Vìa :
http://servindi.org/
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