Tras el bloqueo de una ILP que contemplaba nuevas medidas además de la dación en pago, presentada por la PAH,
dos en concreto; contra los desahucios y por la creación de un parque
de vivienda social en régimen de alquiler, se repite -una vez más- el rechazo que entonces protagonizaron PP-PSOE desde la Mesa del Congreso. Entonces se puso como excusa que ya existía una ILP fantasma similar de un desconocido partido -"Verdes ecopacifistas"-
vinculado a la mafia del ladrillo. Dicho partido ni siquiera había
iniciado la recogida de las 500.000 firmas necesarias desde Marzo, fecha
en la que se entregó la ILP en numerosas comunidades autónomas.
Ahora, la Comisión de Economía del Senado ha rechazado una moción del BNG que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria
para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la
vivienda sea suficiente para cancelar cualquier préstamo con el único voto en contra del PSOE, mientras que PP, CiU y PNV se han abstenido.
El senador nacionalista gallego Xosé Manuel Pérez Bouza
ha defendido la necesidad de esta media para "poner fin a un abuso
bancario que mantiene en una total desprotección a muchos ciudadanos que
viven auténticos dramas económicos".
El BNG basaba su moción en una sentencia dictada en diciembre de 2010 por la Audiencia Provincial de Navarra
que indica que el embargo de la vivienda cuando el ciudadano ya no
puede afrontar su pago "pone fin" a toda reclamación por parte de la
entidad.
Hace unas semanas, el PSOE ya logró rechazar en el Congreso otra
propuesta del BNG en la misma línea de la que ahora estudiaba la Cámara
Alta gracias a la abstenciones de ’populares’ y los nacionalistas
catalanes y gallegos.
Hace una semana, PSOE, PP y CiU pactaron una resolución al Debate sobre el estado de la Nación
que, entre otras cuestiones, pide que se incentive a la banca para
ofrece las hipotecas ’de responsabilidad limitada’, en las que la
obligación garantizada se realiza únicamente sobre la vivienda, siendo
la única modalidad de "dación en pago" que reconoce la actual
legislación hipotecaria.
Con arreglo también a este acuerdo, el Gobierno ha aprobado un decreto que eleva del 50% al 60% el porcentaje límite mínimo del valor del inmueble por el que la entidad puede adjudicárselo en una subasta, así como la cuantía de ingresos inembargables en caso de que tras la ejecución hipotecaria quede deuda pendiente, hasta los 961 euros mensuales.
Vìa :
http://tercerainformacion.es/spip.php?article26677
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