Página 12, 4 de julio, 2011.- Santiago
del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y
Neuquén
fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos,
criminalización y represión de familias campesinas y pueblos
originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750
referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el
territorio.
Investigadores del Instituto Gino
Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la
violencia rural está en aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “Argentina está
entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura
industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que
deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial
transnacional”.
Alcides Santillán y Rafael Martín
Galván, ambos campesinos santiagueños, fueron detenidos el lunes 6 de
junio. El mismo día, el juez Ramón Tarchini Saavedra, del Tribunal
Criminal Cuarto, ordenó la captura de otros doce integrantes del
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina).
“Se ha desatado un raid judicial y
policial, una nueva persecución política de miembros de nuestro
movimiento, con procedimientos fuera de la ley”, denunció el MNCI, donde
el Mocase-Vía Campesina es uno de sus miembros, y explicaron que el
“crimen” fue defender la tierra donde siempre vivieron.
Una semana antes, en la chaqueña Colonia
El Guanaco, el Juzgado de Sáenz Peña ordenó el desalojo de la familia
conformada por Elsa Avalos y Carlos Peralta, que desde hace setenta años
habitan y trabajan 250 hectáreas. “Mi madre tiene 69 años. Nació,
trabajó y acá nacimos sus nueve hijos. Siempre cuidamos y trabajamos la
tierra, acá nacieron sus nietos, nuestros hijos. ¿Y ahora nos quieren
echar?”, denunció José Peralta y advirtió que defenderán la tierra.
La Unión de Pequeños Productores
Chaqueños (Unpeproch), donde participa la familia, se movilizó para
evitar el desalojo y apuntó a la contradicción política: “Mientras a
nivel nacional y provincial se pregona que no habrá más desalojos, el
sistema judicial hace otra cosa”.
Situaciones muy similares se repiten en
Jocolí (Mendoza), Villa la Angostura (Neuquén), Colalao del Valle
(Tucumán), Ñorquinco y paraje El Foyel (Río Negro), Cachi (Salta) y
Puerto Piray (Misiones), sólo algunos de una larga lista.
Además de desalojos, se acentúa la
criminalización. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos
Indígenas (Odhpi) reveló que en Neuquén hay al menos 250 mapuches
procesados por defender el territorio ancestral.
En Santiago, “al menos 500 compañeros y
compañeras están procesados”, alertó Deolinda Carrizo, del Mocase-Vía
Campesina. La organización exigió el fin de la judicialización y
criminalización de la protesta social. Y recibió la solidaridad y el
llamado de alerta de la fuerte Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo (Cloc).
Diego Montón integra la Unión de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, y también es referente
del MNCI. Destaca que históricamente la idea de progreso de las clases
dominantes estuvo asociada a la destrucción y sometimiento de los
campesinos e indígenas.
“Actualmente con la ofensiva del capital
financiero sobre los bienes naturales se ha intensificado el nivel de
disputa por la tierra, el agua y los bienes naturales”, explica Montón y
asegura que la conflictividad se va a profundizar. “La disputa es por
las hectáreas que aún están en manos campesinas indígenas. El
agronegocio, el capital y las transnacionales quieren toda la tierra a
su servicio. Todos los territorios que se resisten a la lógica del
agronegocio serán escenarios de conflictos.”
El dirigente del MNCI apuntó a los
gobiernos provinciales “en su mayoría con intereses ligados al modelo
agrominero exportador”, pero principalmente a la “alianza Poder Judicial
y poder económico” como principales responsables de la criminalización y
represión.
El Grupo de Estudios sobre Ecología
Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de
2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde
confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y
abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural
creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la
implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de
Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y
consumo de riquezas naturales”, explica la decena de científicos
sociales que integra el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector
privado. “La violencia rural –señalan– más que evidenciar una ausencia
de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos
originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la
respuesta estatal.”
“Lo que probablemente esté expresando la
violencia rural, además de la existencia de débiles dispositivos
democráticos, es sobre todo la intensidad con la cual el capital puja
por el aprovechamiento de áreas que aún guardan una dotación importante
de recursos naturales”, agregan.—
*Darío Aranda es periodista. Investigador graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet. También es colaborador permanente de “Pagina 12” “Rebelion””Red Voltaire” entre otros medios. Autor del libro “Argentina Originaria” Desde hace diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de Argentina documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la soja, forestación y otras.
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Fuente: Diario Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171446-2011-07-04.html
Vìa :
http://servindi.org/actualidad/47365?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29
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