Un filósofo de la praxis como hay pocos, Andrés
Martínez Lorca, uno de nuestros grandes arabistas, me ha hecho llegar un
correo que se está difundiendo en la red y en el que nuevamente se
apuntan razones de peso que hacen pensar que la categoría “clase
política” no es simplemente un non sense que exige pasar página. Tiene
su fundamento empírico y su propia logicidad: un colectivo, unas 80 mil
personas en estos momentos, con indudables diferencias internas, que
persigue –o cuanto menos acepta sin protestas y sin apenas desmarques-
intereses comunes (de privilegiados en numerosos casos) y que está al
servicio, o no se opone en absoluto frontalmente, a los grandes poderes.
También aquí las críticas del movimiento 15-M tocan realidad, mucha realidad.
Ni
que decir tiene, este vértice debe ser remarcado, y en mi opinión no
siempre está presente en las movilizaciones de los movimientos
ciudadanos críticos, que la situación de las clases empresariales, el
verdadero poder en la sombra y, últimamente, a la luz de todos, y sus
ejecutivos y cuadros serviles, a los que seguramente estos privilegios
indignos deben parecer limosnas, supera ampliamente la abyección que
abona, en general, el conjunto de políticos profesionales a los que
seguramente la pregunta “¿Por qué un diputado con tan solo siete años de
ejercicio ya opta a la jubilación con todos sus derechos y un
trabajador necesita 35 años, o 37,5 años y medio según la última
contrarreforma por ellos defendida?” les parecerá asignificativa,
impertinente o incluso será tildada de populista.
Previamente hay
excepciones que deben citarse. Julio Anguita, por ejemplo, o Sánchez
Gordillo, el alcalde de Marinaleda. Pero nadie pensará que se trata de
dos políticos profesionales en ninguna acepción razonable de la
categoría.
La lista de los desmanes es larga. No he podido
contrastarlos. Algunas de las entradas más destacadas, algunas de ellas
ya conocidas:
1. Con lo que gana Mariano Rajoy en un mes,
candidato a la presidencia de gobierno, una pensionista con cuatro hijos
vive durante dos años y medio (1-30).
2. En España no hay ninguna institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.
3.
Un ciudadano español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales.
Los políticos españoles tienen derecho a pensiones vitalicias muy
superiores. 74.000 euros en el caso de los primeros espadas. Estas
pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o
con otras actividades económicas.
4. La retención de las nóminas de diputados y senadores es del 4,5%
5.
J. L. Rodríguez Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus
gastos vacacionales a los presupuestos estatales. Viaja con 100 personas
durante unas tres semanas.
6. José María Aznar es el único ex
presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone
sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales, nómina que
pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa Rupert
Murdoch. Se le denegó finalmente. Le salió rentable. Aznar renunció por
un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como
consejero de Estado, por “aconsejar” a una de las eléctricas españolas.
[Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes,
cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas].
7. Los
diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado
aviones, trenes o barcos. Disponen de 5 millones de euros al año para
viajes.
8. Entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso
José Bono cobra 13.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como
complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre
disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales
para comidas, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar
las indemnizaciones previstas por ley para sufragar “gastos que sean
indispensables para el ejercicio de su función”.
9. Hay
actualmente en España 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206
parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y
senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13
consejeros del Valle de Arán.
10. Nunca se ha sancionado a ningún
político por incumplir el código del Buen Gobierno, que se supone que
controla las buenas prácticas del Ejecutivo.
11. El Congreso gasta
cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos
reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000
euros.
12. Hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de
17.140 euros al mes para contratar a familiares. El ex presidente del PP
de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, un político de
derecha extrema con turbio pasado franquista, Alejo Vidal-Quadras, puso
en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su
esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en
mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la
también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo
mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín.
[En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las
plantillas de los diputados españoles. Los parientes de sangre han sido
reemplazados por personal próximo al partido].
13. En 2008 el
Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores.
Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 diarios, lo suficiente para
cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la
comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de
cualquier ciudad dormitorio de Madrid.
14. Tras abandonar el FMI,
Rodrigo Rato regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000
dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía
37.070 euros mensuales.
15. Los senadores cuentan con 1,7
millones de euros al año para gastos de teléfono. El ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios que
pagó figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas
eróticas.
16. Sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica
en exclusiva a su labor política. El resto engorda sus cuentas
corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y
colaboraciones arias. El diputado del PP Miguel Ángel Cortés suma 12
actividades extraparlamentarias.
17. Los sueldos de los políticos
electos cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más
que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior
al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que
lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.
18. Leire
PAJÍN: se coronó en 2000 como la diputada más joven de España. Ocho años
después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000
euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al
frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de
Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los
complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora.
19.
Tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de Economía
Pedro Solbes se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales
(una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia
como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación,
durante dos años, por ex ministro). Le esperaba, pues, una jubilación
cinco veces mayor que la de cualquier ciudadano español. Para
complementarla, ha fichado por el Barclays Bank como consejero.
20.
El oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento
Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su
siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y su
contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios.
21.
Cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de
sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de
Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros mensuales. El
de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una
población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella,
Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros
al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.
Queda, sabido
es, el principal beneficiario de todo este escándalo: la primera
autoridad del Estado, el Jefe del Estado, Juan Carlos I de Borbón. El
presupuesto de la Casa Real, cuyas dimensiones exactas se desconocen y
está fuera de todo control parlamentario en su distribución, supera los 8
millones de euros anuales. No se tienen datos exactos del patrimonio
acumulado por la Monarquía española en estos 36 años de postfranquismo.
Me
olvidaba: el ex asesor de Carlos Slim, el presidente otánico, el de
entrada no y de salida tampoco, el que abonó grupos como los GAL, ha
fichado también por Gas Natural como consejero. Como Aznar con otra
eléctrica. Igualitos. Se desconocen también exactamente sus rentas
anuales, sus múltiples negocios familiares y su potente patrimonio.
Fuente, vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/privilegios-politicos-profesionales-llaman-democracia-no-es
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