Adelino Ramos, José Claudio Ribeiro da Silva y
María do Espírito Santo. Tres nombres que la pasada semana se sumaron a
la larga lista de mártires brasileños asesinados por su acción de
denuncia y resistencia a los proyectos extractivistas de madera y otros
recursos naturales en la Amazonia.
Adelino fue asesinado el viernes 27 de mayo
cuando vendía verduras de sus cultivos en el barrio de Vista Alegre do
Abuna, en Porto Velho, capital del Estado de Rondonia, según la
organización Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
“Dinho” fue uno de los sobrevivientes a la histórica masacre de abril de 1995 en Corumbiará, estado de Pará y recientemente había denunciado la acción de las madereras en la región limítrofe entre los estados de Acre, Amazonia y Rondonia, según una información de la CPT publicada en Brasil de Fato.
Adelino reclamaba junto a sus compañeros, la obtención de tierras en esa región para la instalación de un asentamiento de trabajadores rurales sin tierra. De esa manera el Estado brasileño había intervenido en la región confiscando algunas cabezas de ganado de particulares que se encontraban en terrenos de reserva fiscal.
En julio de 2010, el líder del Movimiento Campesino de Corumbiará había denunciado ante el Observador Agrario Nacional en una audiencia en Manaos, Gercino Silva, las amenazas recibidas contra su vida.
Tres días antes de este crimen, en el también amazónico estado de Pará, fue asesinado a balazos el matrimonio compuesto por José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo, reconocidos ambientalistas de la región y exlíderes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.
Ese mismo día martes, el Parlamento de Brasil aprobó una reforma del Código Forestal que entre otros aspectos establece una amnistía general para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la Amazonia hasta 2008.
Una vez más ha quedado claro quién manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas están en juego. Los resultados de la votación de la controvertida reforma del Código Forestal hablan por sí solos: 410 votos a favor y 63 en contra.
Aunque aún resta que la norma sea considerada en el Senado, la presión de las corporaciones del agronegocio se han hecho sentir a todos los niveles y desde las organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas se duda de las afirmaciones de la Presidenta Dilma Rouseff acerca de un posible veto a la norma en caso de que resulte aprobada.
Foto: Greenpeace
“Dinho” fue uno de los sobrevivientes a la histórica masacre de abril de 1995 en Corumbiará, estado de Pará y recientemente había denunciado la acción de las madereras en la región limítrofe entre los estados de Acre, Amazonia y Rondonia, según una información de la CPT publicada en Brasil de Fato.
Adelino reclamaba junto a sus compañeros, la obtención de tierras en esa región para la instalación de un asentamiento de trabajadores rurales sin tierra. De esa manera el Estado brasileño había intervenido en la región confiscando algunas cabezas de ganado de particulares que se encontraban en terrenos de reserva fiscal.
En julio de 2010, el líder del Movimiento Campesino de Corumbiará había denunciado ante el Observador Agrario Nacional en una audiencia en Manaos, Gercino Silva, las amenazas recibidas contra su vida.
Tres días antes de este crimen, en el también amazónico estado de Pará, fue asesinado a balazos el matrimonio compuesto por José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo, reconocidos ambientalistas de la región y exlíderes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.
Ese mismo día martes, el Parlamento de Brasil aprobó una reforma del Código Forestal que entre otros aspectos establece una amnistía general para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la Amazonia hasta 2008.
Una vez más ha quedado claro quién manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas están en juego. Los resultados de la votación de la controvertida reforma del Código Forestal hablan por sí solos: 410 votos a favor y 63 en contra.
Aunque aún resta que la norma sea considerada en el Senado, la presión de las corporaciones del agronegocio se han hecho sentir a todos los niveles y desde las organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas se duda de las afirmaciones de la Presidenta Dilma Rouseff acerca de un posible veto a la norma en caso de que resulte aprobada.
Foto: Greenpeace
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