Los últimos 100 años de la historia moderna han visto como la función del estado en diferentes latitudes ha sido determinante en el desarrollo de las sociedades llamadas desarrolladas: El New Deal Norteamericano llevado a cabo por Roosevelt entre 1933 y 1938 creó una amplia gama de agencias gubernamentales, protegiendo a diversos grupos de ciudadanos (obreros, agricultores, entre otros) que sufrieron la crisis, permitiéndoles hacer contrapeso al poder del empresariado y de los círculos de negocios al igual que ejecutó reformas sociales y subvenciones a agricultores y empresarios que continuaron con la «Gran Sociedad» de Lyndon B. Johnson en la segunda mitad de los años 1960.
En Europa el estado de bienestar surgido después de la segunda guerra mundial subsanó los conflictos entre clases menos favorecidas y sectores económicos mediante un pacto económico redistributivo que permitió que la inversión social se convirtiera en el eje conector entre el estado y sus gobernados. Este consenso es lo que llego a ser conocido como el modelo europeo de gobernanza, basado no solo en la idea que la sociedad -a través del estado- tiene una responsabilidad con sus ciudadanos sino también que el bien estar de cada uno, tanto para individuos como para países, depende del bien estar del vecino y que ese bien común, a pesar de visiones e intereses diferentes configurará el futuro de las sociedades.
De estas y otras experiencias exitosas de estados garantes de la calidad de vida de los ciudadanos y apoyo al empresariado–Como sucedió en el sudeste asiático con el impulso al desarrollo de ciencia y tecnología por parte de dichos gobiernos, el modelo japones- podemos sin lugar a equívocos afirmar que en el caso colombiano el estado juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía, la industria, el bienestar social y el equilibrio entre trabajadores y empresarios pero para lograrlo no tendría lugar la concepción de destruirlo aduciendo problemas de sostenibilidad fiscal –Que obedecen a exigencias del BID y el FMI para cumplir con reglas fiscales sujetas a otros intereses- sino transformarlo. Quienes defienden la premisa de limitarlo a su mínima expresión hasta acabarlo sostienen algo comparable a decir: "Como la policía es corrupta pués acabemos con ella".
Solo un estado fuerte puede garantizar la equidad, las grandes inversiones que requiere la infraestructura, salud, tecnología, vivienda, ciencia entre centenares de campos ¿O es que ustedes creen que el desarrollo de los grandes países y de sus empresas se dió por obra y gracia de la filantropía de la empresa privada? ¿Acaso no saben de donde salió el dinero que subvencionó esas iniciativas y su inversión en I&D de producto? ¿Creen ustedes que el sector privado estuvo dispuesto a arriesgar capital en procesos tan costosos? ¿De donde salió el dinero? Del sector público ¿De que sector público? De un sector público eficiente, fuerte acompañado de otras ramas igual de fuertes y eficientes sometidas a controles (Ejecutivo, legislativo y judicial). Lo privado en el caso nacional ha demostrado históricamente que su interés no es otro que el lucro particular.
De otro lado es necesario dejar en claro que ese mismo sector privado nacional y transnacional y una serie de personas vinculadas de manera directa al estado en su calidad de directores, ministros, asesores entre otras decenas de personas con intereses mezquinos ven como un negocio rentable, multimillonario y conveniente el desmonte del estado lo más pronto posible por el cual obtendrán comisiones por la venta de activos estatales a precios irrisorios.
De lo anterior se infiere que el problema no es el estado colombiano en sí sino quienes lo administran y controlan, que son a su vez los mismos que se han encargado de deslegitimarlo mediática y socialmente mientras lo destruyen y desfalcan desde adentro. Lo que debe quedar en evidencia de esta operación concertada es que hay millones de dólares en juego para repartir a quienes colaboren en facilitar que las ventas de las empresas y los sectores estratégicos del estado se lleven a cabo (Congresistas, empresarios, gente del ejecutivo, ministros, lobistas).
Finalmente algo que llama la atención de manera remarcable es que quienes actualmente administran el estado y sus diferentes sectores, son personas que en la empresa privada actúan de manera más que diligente para asegurarle utilidades a socios y accionistas pero una vez dentro de la función pública casualmente se convierten en unos ineptos, inexpertos, victimas que permiten que el caos reine y muchas veces operan en connivencia con la corrupción hasta en sus propias narices. Por algo será.
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