(apro).- Europa se enfrenta a un nuevo problema. El rescate de
Portugal, que tendrá que votarse el próximo 16 de mayo, requiere la
unanimidad de los gobiernos de la eurozona para ser aprobado.
Pero el resultado de las elecciones finlandesas, con un crecimiento
extraordinario de la derecha radical que se opone a que el apoyo a
Portugal se apruebe, complica el panorama.
Es posible que la reunión de Ministros de mayo no pueda conseguir la
unanimidad y que, en consecuencia, el paquete de apoyo de la Unión
Europea no pueda otorgarse. El costo para Portugal sería brutal y el
riesgo de que España requiera apoyo crece notablemente.
Las razones del rechazo de la derecha finlandesa, que
asombrosamente comparten los socialdemócratas de ese país, se sostienen
en dos argumentos. Uno es que quienes tendrían que rescatar a esos
gobiernos son quienes les prestaron, es decir, son los bancos quienes
tendrían que resolver un problema del que son indudablemente
responsables.
El otro argumento es que los contribuyentes del norte de
Europa, cuando inició la unión destinaron recursos para que los países
de su periferia elevasen sus niveles de vida, haciendo viable la unión
económica y la moneda única, y ahora con la crisis de nuevo tienen que
destinar recursos para rescatarlos.
En el curso del último año, los grandes bancos
internacionales en lugar de hacerse cargo de que si los gobiernos en los
que invirtieron tienen dificultades, ellos también las tienen, lo que
han hecho es elevar sus exigencias de rendimiento y presionar para que
esos gobiernos ajusten sus finanzas, con el fin de que liberen los
recursos presupuestales necesarios para que se garantice el pago del
capital e intereses. De renegociar el valor de mercado de las
obligaciones gubernamentales, ni una palabra. Ellos no están dispuestos a
perder un céntimo.
Por eso cuando los funcionarios gubernamentales alemanes han dicho
que Grecia tendrá que renegociar su deuda, los bancos han aplicado los
mecanismos que mejor conocen: elevar de nuevo el rendimiento, pero no
sólo para la deuda griega, sino también el de los otros gobiernos con
problemas.
Frente a estas afirmaciones, las autoridades monetarias europeas y el
FMI han planteado que nadie considera que Grecia se proponga reunir a
sus acreedores para decirles que, como lo hizo hace años el gobierno
argentino, sólo puede pagar una parte del valor del capital y a otra
tasa de interés. En realidad, justamente esta renegociación entre
banqueros acreedores y gobiernos es la que exige la derecha radical
finlandesa, el Partido de los Auténticos Finlandeses y la
Socialdemocracia.
En los pasados 12 meses los países de la periferia europea, Grecia,
Irlanda, Portugal y España, se han enfrentado a una intensa presión de
los grandes inversionistas internacionales que han elevado
sustancialmente el costo exigido para que les sigan financiando. Esos
que constituyen lo que eufemísticamente se llama el mercado, han
decidido que los riesgos asociados a la compra de las emisiones de deuda
de los gobiernos de esos países han crecido porque las empresas
calificadoras globales les han reducido las calificaciones.
Como resultado la deuda se les ha encarecido
sustancialmente. En enero de 2010 Grecia colocaba deuda a 10 años al
5.6% anual, cuatro meses después pagaba 12.3%; tras el rescate europeo
el costo se redujo hasta llegar al 7.2 y de entonces a la fecha ha
fluctuado entre el 10 y el 12%. La evolución del costo de la deuda
gubernamental de Irlanda a 10 años ha sido similar: en enero de 2010 su
deuda pagaba menos del 5%, llegando a más del 9% al momento de ser
rescatados en noviembre pasado y en marzo llegó a poco más del 10%. Lo
mismo, aunque en niveles menores, ha ocurrido con Portugal y España.
El dato relevante es que los bancos están ganando con los problemas
de estos gobiernos, en tanto que las poblaciones griegas, irlandesas,
portuguesas y españolas están siendo castigadas. Así que los finlandeses
opositores a la manera en la que los gobiernos de la Unión Europea
están gestionando el problema de la deuda soberana tienen razón: los
bancos tienen que participar en el rescate y la manera de hacerlo es
reconociendo que el valor de su inversión se ha deteriorado.
Consecuentemente, no podrían exigir que los gobiernos sigan pagando como
si todo estuviera bajo control.
El eurorrechazo se suma a los problemas de la integración europea. Si
los finlandeses, en efecto, rechazan el paquete de apoyo financiero a
Portugal, inmediatamente los grandes inversionistas castigarán al costo
de la deuda de ese país y de los otros de la periferia. De modo que a la
eventual decisión opositora a esos rescates que sólo benefician a los
bancos tendría que producirse con rapidez una posición de los gobiernos
europeos obligando a los bancos a sentarse a negociar el valor de sus
activos.
Los escenarios posibles luego de este posible planteo realmente
soberano son variados, pero siempre incorporan nuevas dificultades que
cuestionan la vigencia de la propia Unión Europea. Los gobiernos
europeos, particularmente los de Alemania y Francia, tienen que
enfrentarse al dilema de que es más importante: el interés de los
bancos, entre los que están los de sus países, o que permanezca una
Unión Europea con un proyecto social trascendente.
odselley@gmail.com.mx
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90540
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