(apro).- El mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) lanzó un duro comunicado de condena al Estado mexicano
por el hallazgo de 145 cadáveres en el municipio de San Fernando,
Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón hacía uso de su nueva
estrategia de comunicación (o incomunicación) en su cuenta de Twitter y
escribió el siguiente mensaje:
“Muchas felicidades a las Fuerzas Armadas por la captura de El Kilo y toda su banda de Zetas, autores de la masacre de migrantes ahí”.
A las 11:17 horas del lunes 18 de abril, el mandatario mexicano insistió en la alabanza:
“La detención de El Kilo y Los Zetas de San Fernando, fue el resultado de una gran coordinación de fuerzas federales”.
Ni una sola palabra presidencial de apoyo a los cientos de personas
que han acudido a la morgue para saber si entre esos cadáveres se
encuentra algún familiar. Tampoco ningún compromiso por investigar si
existen otros cuerpos hallados en fosas similares. Mucho menos
referencia alguna a lo expresado por la CIDH.
La Comisión Interamericana instó al Estado mexicano “a esclarecer lo
ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así
como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar
que estos hechos sigan repitiéndose”. El Estado mexicano no ha
respondido formalmente a este llamado.
La pesadilla de las narcofosas apenas empieza a desentrañarse y el
gobierno federal insiste en asumir como “logros” lo que es una
demostración de la impunidad generalizada, con un alto grado de
responsabilidad de los tres niveles gubernamentales (estado, municipios y
Federación).
El incómodo blog del narco publicó el mismo día que la Secretaría de Marina presumió ante los medios la detención de Martín Estrada Luna, El Kilo, que
“fuentes anónimas y confiables” indicaron que se encontraron 55 cuerpos
más en una nueva narcofosa, donde existen cuerpos de bebés, niños y
jóvenes “quienes fueron ejecutados con brutalidad extrema”.
En su edición de este martes 19, el periódico Reforma realizó
un recuento para señalar que en cinco años se han hallado 156 fosas en
todo el país, con un total de 645 cadáveres, diseminados en 22 entidades
de la República y el Distrito Federal. En Tamaulipas, Guerrero y
Chihuahua se ha encontrado más de 60% de estos cuerpos. Lo peor de estos
hallazgos es que la gran mayoría de los restos humanos no han sido
plenamente identificados.
En otras palabras, apenas estamos en el umbral de un escándalo
internacional que ya comenzó a generar notas muy duras en las cadenas
televisivas internacionales como Telesur, CNN o las agencias
informativas europeas y estadunidenses.
El sicario y sus víctimas
“No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada... Es
imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de cien personas.
Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles de
ejecuciones”.
Este es el testimonio de El sicario, libro y documental del
mismo título realizados por los periodistas Charles Bowden y Molly
Molloy, cuyo adelanto se publica en la edición de Proceso de esta semana.
Las palabras de este asesino a sueldo, de Ciudad Juárez, Chihuahua,
sólo confirman el horror que está por venir. El protagonista del
documental insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos cien
narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido
descubiertas”.
El menciona tan sólo las fosas existentes en la frontera de Ciudad
Juárez y Estados Unidos. Además de estos cementerios clandestinos, en
Tamaulipas, en Nuevo León, en Durango y en Coahuila se calcula que
pueden existir decenas o cientos de estos sitios.
El país apenas entrará a las compuertas de este horror, uno de los
verdaderos rostros de la espiral de brutalidad, violencia, impunidad y
miedo que ha acarreado la guerra entre los cárteles, la persecución
contra migrantes y contra la gente humilde, sin rostro, sin nombre.
Más de 3 mil desaparecidos
En la misma edición de la revista Proceso, la
reportera Gloria Leticia Díaz cita el cálculo del Grupo de Trabajo
sobre la Desaparición Forzosa o Involuntaria (GTDFI) de las Naciones
Unidas en México. En su informe preliminar del 31 de marzo pasado, este
organismo advierte que “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde
2006” en todo el país.
El recuento hemerográfico realizado por Proceso
señala que se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en
Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca,
Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja
California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.
La reportera Marcela Turati, en su recorrido por la morgue de Matamoros, Tamaulipas, relata en la misma edición de Proceso que
el Servicio Médico Forense (Semefo) está desbordado y más de 400
personas han acudido a este sitio –provenientes del mismo estado y de
otros como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal,
Zacatecas, Michoacán y Jalisco-- en busca de sus familiares
desaparecidos.
Un investigador, entrevistado por Turati, describe así el perfil de las víctimas:
“Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran
pobres (‘no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas y nadie
quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso’, dice la fuente).
“--¿Por qué los habrían matado? –se pregunta al investigador.
“--A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como
potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los
matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les
impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los sicarios”.
Esos son los muertos sin nombre. Sus cuerpos apenas comienzan a descubrirse.
Sin embargo, para ellos no hay palabras de consuelo ni de compromiso contra la impunidad del presidente de la República.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90433
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