The Nation
| Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez |
En vísperas de las
elecciones de noviembre, a mitad del mandato de Obama, Industrias Koch
envió una carta urgente a la casi totalidad de sus 50.000 empleados
indicándoles por quién debían votar y advirtiéndoles de las graves
consecuencias que tendría para sus familias, sus puestos de trabajo y su
país el hecho de que votaran por otro candidato.
The Nation ha conseguido el paquete de información electoral remitido por Industrias Koch para el estado de Washington, que incluía una carta de presentación de su presidente y consejero delegado, David Robertson; contenía una lista de los candidatos del estado y federales a los que apoya Koch y un número del boletín informativo de la empresa, Discovery, abarrotado de propaganda alarmista de derechas.
Los asesores jurídicos entrevistados para realizar este reportaje calificaron la descarada campaña política de la empresa como algo extremadamente inusual, si bien ya no rozaba el borde de la legalidad gracias a la sentencia del año pasado del Tribunal Supremo sobre el caso Citizens United, que otorgaba libertad de expresión a las empresas.
«Antes de la sentencia de Citizens United, la legislación federal electoral permitía que una empresa como Industrias Koch se dirigiera a sus directivos y accionistas para recomendarles a quién votar, pero no a los empleados», explica Paul M. Secunda, profesor adjunto de derecho de la Universidad Marquette. Pero, según Secunda, que hace poco escribió en The Yale Journal Online un artículo sobre los efectos de la sentencia de Citizens United sobre la coerción política en los centros de trabajo, la decisión echó por tierra toda aquella normativa. «Ahora, empresas como Industrias Koch gozan de libertad para enviar boletines con los que convencer a sus empleados sobre el sentido del voto. Pueden incluso intimidar a los trabajadores para que voten a sus candidatos», añade Secunda. «Es una situación penosa.»
Los Koch fueron defensores destacados del caso de Citizens United; fueron también los principales patrocinadores del Tea Party y han respaldado la campaña contra «la sanidad de Obama». A través de su red de instituciones políticas y centros de estudio y creación de opinión libertaria han sido impulsores fundamentales de las campañas de acoso a los sindicatos en Wisconsin, Michigan y otros lugares.
«Este tipo de propaganda electoral parece un invento nuevo», señala Katherine Stone, profesora de UCLA especializada en legislación laboral, que ha analizado el paquete de propaganda electoral de Industrias Koch para The Nation. «Antes del caso de Citizens United, este tipo de propaganda seguramente no estaría permitida. Pero después de la sentencia de Citizens United me imagino que se convertirá en algo mucho más habitual, ahora que han desaparecido las restricciones para las empresas».
El paquete de información electoral empieza con una carta de Robertson fechada el 4 de octubre de 2010. Dice lo siguiente: «Como empleados de una empresa del grupo Koch, tenemos mucho en juego en las próximas elecciones. Es probable que todos y cada uno de nosotros nos veamos afectados por el resultado el 2 de noviembre. Esa es la razón por la que, por primera vez en la historia, enviamos nuestra última edición de Discovery y algunos otros materiales útiles a las direcciones personales de todos los empleados estadounidenses» (la cursiva es mía).
Para la mayoría de los empleados de Koch, esos «materiales útiles» son una lista de los candidatos que cuentan con el beneplácito de Koch, que se adjunta en un documento independiente con el encabezamiento de «Elige prosperar». La lista lleva una breve introducción con el siguiente texto: «Los siguientes candidatos de tu estado cuentan con el apoyo del grupo de empresas Koch y KOCHPAC, el comité de acción política de las empresas Koch. Creemos que estos candidatos son los más adecuados para promover medidas en defensa de la libertad económica».
Lo que los Koch quieren decir con «libertad económica» se explica en la página siguiente. Como deja claro el remitente, Industrias Koch ha confeccionado su propaganda electoral de forma individualizada para cada estado, en lugar de centrarse en las elecciones a escala nacional. De los diecinueve candidatos que Industrias Koch recomendaba en su lista del estado de Washington, dieciséis eran republicanos. Entre los tres candidatos demócratas incluidos en la lista der los Koch había dos miembros del «Roadkill Caucus», la variante de los conservadores del Blue Dogs radicada en Washington. (1)
Sólo dos de los diecinueve candidatos de la lista se presentaban a cargos nacionales y, en ambos casos, Industrias Koch apoyaba a los republicanos que simpatizan con el Tea Party. Se trataba de Dino Rossi, un candidato enfrentado a los trabajadores que perdió contra Patty Murray, el senador demócrata titular del cargo, y de Jaime Herrera-Beutler, que se presentó en las primarias republicanas como un moderado pero se destapó hace poco como un radical del Tea Party, para sorpresa de sus electores.
Después de orientar a los empleados sobre el sentido del voto, el remitente destinaba el resto del material a ese tipo de adoctrinamiento que esperaríamos encontrar en un panfleto de la antigua John Birch Society (JBS); de hecho el padre de los hermanos Koch, Fred Koch, fue uno de los fundadores de la JBS. (2) En ese material se ofrece una versión apocalíptica de la lucha por la libertad que la empresa lidera en un mercado libre frente a las fuerzas totalitarias de los burócratas de la Unión Europea y los despilfarradores partidarios de los Estados deficitarios.
El boletín empieza con un editorial sin firma que pregona los afanes habituales del Tea Party, remodelados de acuerdo con la filosofía empresarial de Industrias Koch.
Allí se dice que durante más de 40 años Industrias Koch ha apoyado abierta y consecuentemente los principios de la libertad económica y las políticas de mercado; que por desgracia, esos valores y puntos de vista fundamentales están siendo combatidos con virulencia por muchos políticos (y sus aliados mediáticos), que propugnan un papel cada vez más amplio del Estado [...] Y que es incluso peor, pues las recientes medidas adoptadas por el gobierno amenazan con dejar en quiebra al país [...] Y que lo cierto es que a la abrumadora mayoría del pueblo estadounidense le irá mucho peor si se permite que el gobierno siga abusando del gasto hasta dejar en quiebra al país.
Más adelante, en el boletín de la empresa hay un artículo titulado «What’s a Business to Do?» («¿Qué debe hacer una empresa?»). Allí se retrata a unos titanes empresariales como los Koch como unos pobres desvalidos que luchan por la libertad, como unos Sajarov o Mandela de hoy día, que han sido escogidos como blanco de la represión ejercida por los partidarios de un Estado fuerte: «Los ciudadanos que se muestran manifiestamente críticos con la burocracia de la Unión Europea de Bruselas o con el gobierno descontrolado de Estados Unidos son objeto de las soflamas de los políticos, las autoridades oficiales y sus aliados en los medios de comunicación y otras instancias».
Según esta descripción, la administración central pretende amordazar a los Koch antes de que puedan difundir su mensaje al pueblo. Ese mensaje se concreta en predicar las ventajas de los salarios bajos:
Koch ensalza a Warren G. Harding y a su sucesor, Calvin Collidge, por alumbrar «una de las [épocas] más prósperas de la historia de Estados Unidos». Koch expone que lo que engrandeció a Harding fue la insistencia en «recortar impuestos, reducir la deuda nacional y rebajar el presupuesto federal», medidas que los republicanos del Congreso están proponiendo en las actuales negociaciones presupuestarias. Lo que hizo tan grande a Harding, en otras palabras, es lo mismo que hace que los candidatos republicanos sean tan fabulosos en noviembre de 2010.
La elección que hace Koch del peor presidente es Herbert Hoover, a quien acusa de menoscabar la «libertad económica» y, con ello, desencadenar la Gran Depresión. «Bajo el mandato de Hoover», escribe, «el gasto federal prácticamente se duplicó y las carga fiscal que soportaban las personas pasó del 25 por ciento al 63 por ciento. También subió los impuestos a las empresas y duplicó el impuesto de patrimonio. Además, Hoover presionó a los dirigentes empresariales para que mantuvieran los salarios artificialmente altos, lo que contribuyó a generalizar el desempleo».
Según la mayoría de los historiadores, las andanadas en favor de la libertad de mercado de los gobiernos de Harding y Coolidge fueron uno de los factores fundamentales que llevaron a la Gran Depresión. El periodo que ocuparon la presidencia estuvo marcado por una corrupción obscena, la violencia racial, el acoso a los sindicatos, unas desigualdades de riqueza feudales y, poco después, el derrumbamiento absoluto de la economía estadounidense.
* * *
Los asesores legales dicen que en Estados Unidos no se ha visto propaganda semejante patrocinada por una empresa desde la época en que se aprobaron medidas legislativas de la época del New Deal, como la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act), que imponía restricciones a la militancia política y a la presión empresarial en los centros de trabajo. Samuel Estreicher, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York y director del Centro de Legislación Laboral y Empleo (Center for Labor and Employment Law), declaró a The Nation en una entrevista realizada por correo electrónico que este tipo de campaña política manifiesta entre los empleados es, en todo caso, rara. «No tengo noticia de que les pase a muchos trabajadores», escribió.
Según Stone, de la UCLA, aunque el caso de Citizens United permite que Industrias Koch y otras corporaciones hagan entre sus empleados propaganda con sus preferencias de voto, no ampara idénticas prácticas de los sindicatos o, al menos, no en los centros de trabajo. «Si un sindicato quisiera entregar en los centros de trabajo materiales de contenido político que no guardaran relación directa con los intereses de los trabajadores, como facilitarles una lista con los candidatos a los que tienen que apoyar en unas elecciones, el empleador tendría derecho a prohibir la distribución de ese material», afirma Stone. «Podrían prohibir la distribución incluso en los descansos para almorzar o en los cambios de turno ya que, según la ley, las instalaciones son propiedad exclusiva de la empresa».
Stone señala un hito de 1915 en las sentencias del Tribunal Supremo, el caso Coppage v. Kansas, que preservaba el derecho de los empleadores a redactar contratos que prohibieran sindicarse a los empleados. El voto discrepante del juez William Day en ese caso señalaba que si el Estado estaba dispuesto a velar por el cumplimiento de las restricciones contractuales de los empleadores sobre la actividad sindical, entonces estaba dejando campo libre al Estado para que velara por el cumplimiento del derecho legal de los empleadores a controlar las actividades políticas e ideológicas de sus empleados.
Travis McKinney, un empleado del centro de distribución de Gerogia-Pacific, en Portland, dice lo siguiente: «Te taladran la cabeza con cosas como “Los diez Principios Rectores de Industrias Koch”. Han impreso los diez principios hasta en las tarjetas con las que se ficha».
McKinney, un empleado de cuarta generación de Georgia-Pacific, dice que las relaciones sencillamente se han deteriorado desde que Industrias Koch compró la empresa el pasado 2005. Él y sus compañeros de trabajo de tres centros de distribución de Georgia-Pacific están atados de pies y manos por una batalla contractual que ya dura un año contra la nueva dirección de Industrias Koch. Los trabajadores de allí, miembros del Sindicato Inlandboatmen del Pacífico (una filial del International Longshore and Warehouse Union), votaron hace poco por unanimidad negarse a firmar el contrato que les exigía la dirección y manifestaron por abrumadora mayoría autorizar que se declarara una huelga si la empresa seguía tratando de imponer recortes en las prestaciones sociales y en la seguridad laboral con los nuevos contratos.
Hacer propaganda política es un tema polémico en Oregon, que en verano de 2009 aprobó la ley SB-519, una normativa que limita la capacidad de las empresas de coaccionar a los empleados para que asistan a reuniones políticas y voten en el sentido que la empresa les dicen que voten. A finales de diciembre de 2009, justo antes de que entrara en vigor la ley SB-519, la Cámara de Comercio de Estados Unidos interpuso una demanda con Associated Oregon Industies para impedir que el proyecto de ley se convirtiera en legislación efectiva. El pasado mes de noviembre un tribunal federal rechazó un proyecto de ley similar en Wisconsin. Sin embargo, el recurso de la Cámara de Comercio de Oregon fue desestimado por cuestiones de procedimiento en mayo de 2010 por Michael Mosman, el juez del Tribunal del Distrito estadounidense, lo que dejó abierta la posibilidad de que todavía fuera revocada.
Mientras, los trabajadores de todo el país deberían empezar a prepararse para un futuro entorno laboral en el que el proselitismo político va a ser la nueva práctica habitual.
_____________________________
Notas
(1) La denominada Coalición «Blue Dog» es un grupo de congresistas estadounidenses del Partido Demócrata que se autocalifican de moderados. (N. del T.)
(2) La John Birch Society es una asociación conservadora estadounidense fundada en 1958 en Indianápolis, Indiana, por Robert W. Welch, hijo, durante el periodo histórico norteamericano conocido como el «Terror Rojo» y la campaña del Senador Joseph McCarthy que advertía contra la existencia de redes clandestinas de agentes comunistas en los altos estamentos de la sociedad americana (N. del T)..
Fuente: http://www.thenation.com/
Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127125
The Nation ha conseguido el paquete de información electoral remitido por Industrias Koch para el estado de Washington, que incluía una carta de presentación de su presidente y consejero delegado, David Robertson; contenía una lista de los candidatos del estado y federales a los que apoya Koch y un número del boletín informativo de la empresa, Discovery, abarrotado de propaganda alarmista de derechas.
Los asesores jurídicos entrevistados para realizar este reportaje calificaron la descarada campaña política de la empresa como algo extremadamente inusual, si bien ya no rozaba el borde de la legalidad gracias a la sentencia del año pasado del Tribunal Supremo sobre el caso Citizens United, que otorgaba libertad de expresión a las empresas.
«Antes de la sentencia de Citizens United, la legislación federal electoral permitía que una empresa como Industrias Koch se dirigiera a sus directivos y accionistas para recomendarles a quién votar, pero no a los empleados», explica Paul M. Secunda, profesor adjunto de derecho de la Universidad Marquette. Pero, según Secunda, que hace poco escribió en The Yale Journal Online un artículo sobre los efectos de la sentencia de Citizens United sobre la coerción política en los centros de trabajo, la decisión echó por tierra toda aquella normativa. «Ahora, empresas como Industrias Koch gozan de libertad para enviar boletines con los que convencer a sus empleados sobre el sentido del voto. Pueden incluso intimidar a los trabajadores para que voten a sus candidatos», añade Secunda. «Es una situación penosa.»
Los Koch fueron defensores destacados del caso de Citizens United; fueron también los principales patrocinadores del Tea Party y han respaldado la campaña contra «la sanidad de Obama». A través de su red de instituciones políticas y centros de estudio y creación de opinión libertaria han sido impulsores fundamentales de las campañas de acoso a los sindicatos en Wisconsin, Michigan y otros lugares.
«Este tipo de propaganda electoral parece un invento nuevo», señala Katherine Stone, profesora de UCLA especializada en legislación laboral, que ha analizado el paquete de propaganda electoral de Industrias Koch para The Nation. «Antes del caso de Citizens United, este tipo de propaganda seguramente no estaría permitida. Pero después de la sentencia de Citizens United me imagino que se convertirá en algo mucho más habitual, ahora que han desaparecido las restricciones para las empresas».
El paquete de información electoral empieza con una carta de Robertson fechada el 4 de octubre de 2010. Dice lo siguiente: «Como empleados de una empresa del grupo Koch, tenemos mucho en juego en las próximas elecciones. Es probable que todos y cada uno de nosotros nos veamos afectados por el resultado el 2 de noviembre. Esa es la razón por la que, por primera vez en la historia, enviamos nuestra última edición de Discovery y algunos otros materiales útiles a las direcciones personales de todos los empleados estadounidenses» (la cursiva es mía).
Para la mayoría de los empleados de Koch, esos «materiales útiles» son una lista de los candidatos que cuentan con el beneplácito de Koch, que se adjunta en un documento independiente con el encabezamiento de «Elige prosperar». La lista lleva una breve introducción con el siguiente texto: «Los siguientes candidatos de tu estado cuentan con el apoyo del grupo de empresas Koch y KOCHPAC, el comité de acción política de las empresas Koch. Creemos que estos candidatos son los más adecuados para promover medidas en defensa de la libertad económica».
Lo que los Koch quieren decir con «libertad económica» se explica en la página siguiente. Como deja claro el remitente, Industrias Koch ha confeccionado su propaganda electoral de forma individualizada para cada estado, en lugar de centrarse en las elecciones a escala nacional. De los diecinueve candidatos que Industrias Koch recomendaba en su lista del estado de Washington, dieciséis eran republicanos. Entre los tres candidatos demócratas incluidos en la lista der los Koch había dos miembros del «Roadkill Caucus», la variante de los conservadores del Blue Dogs radicada en Washington. (1)
Sólo dos de los diecinueve candidatos de la lista se presentaban a cargos nacionales y, en ambos casos, Industrias Koch apoyaba a los republicanos que simpatizan con el Tea Party. Se trataba de Dino Rossi, un candidato enfrentado a los trabajadores que perdió contra Patty Murray, el senador demócrata titular del cargo, y de Jaime Herrera-Beutler, que se presentó en las primarias republicanas como un moderado pero se destapó hace poco como un radical del Tea Party, para sorpresa de sus electores.
Después de orientar a los empleados sobre el sentido del voto, el remitente destinaba el resto del material a ese tipo de adoctrinamiento que esperaríamos encontrar en un panfleto de la antigua John Birch Society (JBS); de hecho el padre de los hermanos Koch, Fred Koch, fue uno de los fundadores de la JBS. (2) En ese material se ofrece una versión apocalíptica de la lucha por la libertad que la empresa lidera en un mercado libre frente a las fuerzas totalitarias de los burócratas de la Unión Europea y los despilfarradores partidarios de los Estados deficitarios.
El boletín empieza con un editorial sin firma que pregona los afanes habituales del Tea Party, remodelados de acuerdo con la filosofía empresarial de Industrias Koch.
Allí se dice que durante más de 40 años Industrias Koch ha apoyado abierta y consecuentemente los principios de la libertad económica y las políticas de mercado; que por desgracia, esos valores y puntos de vista fundamentales están siendo combatidos con virulencia por muchos políticos (y sus aliados mediáticos), que propugnan un papel cada vez más amplio del Estado [...] Y que es incluso peor, pues las recientes medidas adoptadas por el gobierno amenazan con dejar en quiebra al país [...] Y que lo cierto es que a la abrumadora mayoría del pueblo estadounidense le irá mucho peor si se permite que el gobierno siga abusando del gasto hasta dejar en quiebra al país.
Más adelante, en el boletín de la empresa hay un artículo titulado «What’s a Business to Do?» («¿Qué debe hacer una empresa?»). Allí se retrata a unos titanes empresariales como los Koch como unos pobres desvalidos que luchan por la libertad, como unos Sajarov o Mandela de hoy día, que han sido escogidos como blanco de la represión ejercida por los partidarios de un Estado fuerte: «Los ciudadanos que se muestran manifiestamente críticos con la burocracia de la Unión Europea de Bruselas o con el gobierno descontrolado de Estados Unidos son objeto de las soflamas de los políticos, las autoridades oficiales y sus aliados en los medios de comunicación y otras instancias».
Según esta descripción, la administración central pretende amordazar a los Koch antes de que puedan difundir su mensaje al pueblo. Ese mensaje se concreta en predicar las ventajas de los salarios bajos:
- Si el gobierno insiste en
que alguien debería tener un salario de 50 dólares a la hora, pero esa
persona solo crea riqueza por valor de 30 dólares, nadie prosperará
demasiado tiempo [...] Todo aquello que socave la movilidad de la mano
de obra, como las políticas que encarecen y dificultan los cambios donde
hay personas con empleo, también incrementa el desempleo [...] Otras
medidas similares que distorsionan el mercado laboral, como la
legislación del salario mínimo o la de las coberturas sociales,
contribuyen a destruir empleo.
Koch ensalza a Warren G. Harding y a su sucesor, Calvin Collidge, por alumbrar «una de las [épocas] más prósperas de la historia de Estados Unidos». Koch expone que lo que engrandeció a Harding fue la insistencia en «recortar impuestos, reducir la deuda nacional y rebajar el presupuesto federal», medidas que los republicanos del Congreso están proponiendo en las actuales negociaciones presupuestarias. Lo que hizo tan grande a Harding, en otras palabras, es lo mismo que hace que los candidatos republicanos sean tan fabulosos en noviembre de 2010.
La elección que hace Koch del peor presidente es Herbert Hoover, a quien acusa de menoscabar la «libertad económica» y, con ello, desencadenar la Gran Depresión. «Bajo el mandato de Hoover», escribe, «el gasto federal prácticamente se duplicó y las carga fiscal que soportaban las personas pasó del 25 por ciento al 63 por ciento. También subió los impuestos a las empresas y duplicó el impuesto de patrimonio. Además, Hoover presionó a los dirigentes empresariales para que mantuvieran los salarios artificialmente altos, lo que contribuyó a generalizar el desempleo».
Según la mayoría de los historiadores, las andanadas en favor de la libertad de mercado de los gobiernos de Harding y Coolidge fueron uno de los factores fundamentales que llevaron a la Gran Depresión. El periodo que ocuparon la presidencia estuvo marcado por una corrupción obscena, la violencia racial, el acoso a los sindicatos, unas desigualdades de riqueza feudales y, poco después, el derrumbamiento absoluto de la economía estadounidense.
* * *
Los asesores legales dicen que en Estados Unidos no se ha visto propaganda semejante patrocinada por una empresa desde la época en que se aprobaron medidas legislativas de la época del New Deal, como la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act), que imponía restricciones a la militancia política y a la presión empresarial en los centros de trabajo. Samuel Estreicher, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York y director del Centro de Legislación Laboral y Empleo (Center for Labor and Employment Law), declaró a The Nation en una entrevista realizada por correo electrónico que este tipo de campaña política manifiesta entre los empleados es, en todo caso, rara. «No tengo noticia de que les pase a muchos trabajadores», escribió.
Según Stone, de la UCLA, aunque el caso de Citizens United permite que Industrias Koch y otras corporaciones hagan entre sus empleados propaganda con sus preferencias de voto, no ampara idénticas prácticas de los sindicatos o, al menos, no en los centros de trabajo. «Si un sindicato quisiera entregar en los centros de trabajo materiales de contenido político que no guardaran relación directa con los intereses de los trabajadores, como facilitarles una lista con los candidatos a los que tienen que apoyar en unas elecciones, el empleador tendría derecho a prohibir la distribución de ese material», afirma Stone. «Podrían prohibir la distribución incluso en los descansos para almorzar o en los cambios de turno ya que, según la ley, las instalaciones son propiedad exclusiva de la empresa».
Stone señala un hito de 1915 en las sentencias del Tribunal Supremo, el caso Coppage v. Kansas, que preservaba el derecho de los empleadores a redactar contratos que prohibieran sindicarse a los empleados. El voto discrepante del juez William Day en ese caso señalaba que si el Estado estaba dispuesto a velar por el cumplimiento de las restricciones contractuales de los empleadores sobre la actividad sindical, entonces estaba dejando campo libre al Estado para que velara por el cumplimiento del derecho legal de los empleadores a controlar las actividades políticas e ideológicas de sus empleados.
- ¿Excedería la autoridad de la policía
garantizar a los trabajadores que no se les puede exigir que, para
acceder a su puesto de trabajo, deben renunciar a afiliarse a un
determinado partido político o a apoyar a un determinado candidato para
un cargo público? Creo que esta pregunta se responde sola.
Travis McKinney, un empleado del centro de distribución de Gerogia-Pacific, en Portland, dice lo siguiente: «Te taladran la cabeza con cosas como “Los diez Principios Rectores de Industrias Koch”. Han impreso los diez principios hasta en las tarjetas con las que se ficha».
McKinney, un empleado de cuarta generación de Georgia-Pacific, dice que las relaciones sencillamente se han deteriorado desde que Industrias Koch compró la empresa el pasado 2005. Él y sus compañeros de trabajo de tres centros de distribución de Georgia-Pacific están atados de pies y manos por una batalla contractual que ya dura un año contra la nueva dirección de Industrias Koch. Los trabajadores de allí, miembros del Sindicato Inlandboatmen del Pacífico (una filial del International Longshore and Warehouse Union), votaron hace poco por unanimidad negarse a firmar el contrato que les exigía la dirección y manifestaron por abrumadora mayoría autorizar que se declarara una huelga si la empresa seguía tratando de imponer recortes en las prestaciones sociales y en la seguridad laboral con los nuevos contratos.
Hacer propaganda política es un tema polémico en Oregon, que en verano de 2009 aprobó la ley SB-519, una normativa que limita la capacidad de las empresas de coaccionar a los empleados para que asistan a reuniones políticas y voten en el sentido que la empresa les dicen que voten. A finales de diciembre de 2009, justo antes de que entrara en vigor la ley SB-519, la Cámara de Comercio de Estados Unidos interpuso una demanda con Associated Oregon Industies para impedir que el proyecto de ley se convirtiera en legislación efectiva. El pasado mes de noviembre un tribunal federal rechazó un proyecto de ley similar en Wisconsin. Sin embargo, el recurso de la Cámara de Comercio de Oregon fue desestimado por cuestiones de procedimiento en mayo de 2010 por Michael Mosman, el juez del Tribunal del Distrito estadounidense, lo que dejó abierta la posibilidad de que todavía fuera revocada.
Mientras, los trabajadores de todo el país deberían empezar a prepararse para un futuro entorno laboral en el que el proselitismo político va a ser la nueva práctica habitual.
_____________________________
Notas
(1) La denominada Coalición «Blue Dog» es un grupo de congresistas estadounidenses del Partido Demócrata que se autocalifican de moderados. (N. del T.)
(2) La John Birch Society es una asociación conservadora estadounidense fundada en 1958 en Indianápolis, Indiana, por Robert W. Welch, hijo, durante el periodo histórico norteamericano conocido como el «Terror Rojo» y la campaña del Senador Joseph McCarthy que advertía contra la existencia de redes clandestinas de agentes comunistas en los altos estamentos de la sociedad americana (N. del T)..
Fuente: http://www.thenation.com/
Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127125
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