Los ministros de Seguridad del país, los jefes de las policías
provinciales y los titulares de las fuerzas federales, la Policía
Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria,
convocados por la ministra de Seguridad Nilda Garré, participaron el
jueves 29 de marzo del “Consejo de Seguridad Nacional”.
Uno de
los objetivos de dicha reunión fue la firma de un acta-acuerdo en la que
se establecieron las bases de actuación de las fuerzas de seguridad
ante manifestaciones públicas. Es decir, la coordinación de métodos y
aunamiento de criterios para reprimir y legitimar la protesta social.
Entre
otros ítems, el acta establece que la intervención de las fuerzas
policiales será progresiva, comenzando por el diálogo con los
organizadores de la protesta; que siempre los poderes ejecutivos deberán
designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las
acciones; se establecerá claramente la prohibición de portar armas de
fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con
los manifestantes, quedando prohibido el uso de pistolas lanzagases;
las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos; todo el
personal policial debe estar identificado y esa identificación debe
verse claramente sobre el uniforme; se prohíbe la utilización de
vehículos no identificados; todos los detenidos deberán ser
transportados en patrulleros o vehículos específicos.
Ismael Jalil de
la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
manifestó a Red Eco que estas medidas suenan más a un reposicionamiento
de la cuestión mediática ya que la cuestión de esencia es que con la
idea de que se controla el suministro de las balas o las postas de goma
se evita lo que vino pasando aun con disposiciones que ya están
vigentes.
Jalil se refiere a disposiciones como las tomadas en
julio de 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó que
la Policía Federal actuara sin armas en las manifestaciones. O a la
resolución establecida en 2006 en la provincia de Buenos Aires que
impide el uso de postas de plomo en manifestaciones y hace responsable
al jefe del operativo por lo que ocurra. A su vez, la ley 24.059 de
Seguridad Interior adoptó, en 1991, el Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Resolución 34/169)
establecido por la Asamblea General de la onU en 1979. A partir de
2003, el entonces presidente interino de la Nación, Eduardo Duhalde,
mediante el decreto 637/2003, estableció que la enseñanza de dicho
Código y su implementación serían de carácter obligatorio para todas las
Fuerzas de Seguridad nacionales.
En su introducción, el Código
de Conducta menciona que: “además de exhortar a todos los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que defiendan los derechos humanos,
entre otras cosas prohíbe la tortura, declara que debe usarse la fuerza
sólo cuando sea estrictamente necesario y pide la plena protección de la
salud de las personas bajo su custodia”. En su artículo 2° expresa: “En
el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y
defenderán los derechos humanos de todas las personas”.
Con
estas normativas vigentes, sólo cabe agregar un dato más para confirmar
el carácter publicitario de este “Consejo de Seguridad Nacional”
promovido por la ministra Garré, desde 2003 hasta el día de la fecha más
1.600 jóvenes han muerto producto de la tortura, el gatillo y la muerte
bajo tutela; y una decena murieron en protestas populares bajo el
accionar policial.
MÁS PODER DE FUEGO Y MÁS PRESUPUESTO PARA REPRIMIR (CORREPI)El
gobierno soltará a las calles argentinas 2.000 policías federales,
antes abocados a otras tareas, que recibirán, además, un aumento de
$1.000, junto a otros 7.000 hombres que harán horas adicionales. Scioli,
el gobernador peronista, aumentó un 32% el presupuesto en seguridad.
Cristina les dio a los federales 110 patrulleros de última tecnología,
equipados por los israelíes, expertos en esto de la represión.
Esto
sucede mientras, según datos oficiales, se reciben 15 denuncias diarias
por “irregularidades” de la policía federal. En la ciudad de Buenos
Aires, hay 90 oficiales federales investigados y 12 comisarías allanadas
por protección de prostíbulos. Se pasó a disponibilidad al comisario
Lompizano, jefe de las comisarías porteñas, porque en el video que
entregó a la justicia del asesinato de Mariano Ferreyra faltan nueve
minutos de filmación, entre 13.30 y 13.39, justo cuando se retiraron los
patrulleros y sonaron los disparos.
En la causa paralela contra
la policía, el fiscal pidió la indagatoria a cinco oficiales superiores,
Mansilla, Ferreyra, Conti, Garay y Villalba, por haber dirigido el
ocultamiento y “extravío” de pruebas en el lugar del hecho.
En
Calafate, dos custodios de Cristina Kirchner y un policía local salieron
a buscar a quienes les robaron tres pistolas 9 mm de su puesto de
vigilancia en el chalet de la Presidenta. Detuvieron a dos personas, los
subieron a una camioneta, los golpearon y les pusieron una bolsa de
nylon en la cabeza mientras les preguntaban por las armas.
Ya hace
un año que el fiscal general adjunto de Pergamino procesó a seis
uniformados porque se quedaron con el dinero de los vales de combustible
destinados a la búsqueda de la familia Pomar. Ahora, están prófugos.
En
Baradero, otros cuatro policías, entre los que figura un ex jefe
departamental, son buscados por integrar una banda mixta de piratas del
asfalto que robaba camiones con fertilizantes y vendía la carga en
comercios que recibían protección policial a cambio de dinero.
En
cuanto a la policía Metropolitana, en la causa por la represión y los
asesinatos en el Parque Indoamericano, a pesar de no poder usar balas y
postas de plomo y ser esto así declarado por Montenegro, la justicia le
encontró en los depósitos de armas y municiones, en Chacarita, 98
cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra
por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son
compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la
represión en Villa Soldati casi dos meses después.
La mitad de los
asesinados por el estado desde 1983 lo fueron por su gatillo fácil. Los
fusilados en La Cárcova , en Baradero, en el Parque Indoamericano, sólo
son una muestra más, no la excepción. La Policía y la Gendarmería
militarizan nuestros barrios queriendo meternos miedo, subiendo a los
trenes, a los colectivos, manoseando a nuestros jóvenes cuando los
revisan, fraguando actas donde mienten impunemente y nos arman causas.
Hay
55.000 policías en la provincia de Buenos Aires y Scioli piensa
incorporar este año un 20% más. Cerca de 60.000 policías Federales,
entre 6.000 y 9.000 Gendarmes en el Gran Buenos Aires, cerca de 3.500 en
la Policía Metropolitana de Macri.
Todas planean a futuro,
incorporando cada vez más vehículos particulares a sus fuerzas. La
Metropolitana incorporará en el trienio 2010/ 2012 un 42% de unidades
sin visualización alguna como de la policía.
Cuanto mayor es la
relación de la policía con la persecución y la muerte de nuestros
jóvenes, con los delincuentes, cuanto mayor es la relación con los
negocios clandestinos como prostitución, trata de mujeres, de menores,
tráfico de drogas, robos, desarmaderos, etc, mayor es el número de
policías que agrega el estado. Es que los negocios por izquierda que
realizan y que los hace millonarios (a pesar, por ejemplo, que un
comisario de la Bonaerense , sólo de sueldo básico recibe $14.330 ) los
mantiene contentos y prestos a reprimir cuando el estado lo solicita.
Policías y gobierno de turno se lavan las manos mutuamente, el jabón lo
suministra la justicia y la toalla la arriman los punteros políticos.
A
esta policía los gobiernos la premian con aumentos, equipos,
protegiéndola de la gente cuando hace falta mandándola a otros destinos,
permitiéndole que siga manejando sus negocios porque la necesita para
reprimir y asesinar a los que se organizan para enfrentarlos.
Fuente, vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/argentina-consejo-seguridad-nacional-consenso-para-reprimir
Muy buen dato, me parece que es preocupante. Conozco gente de Rosario Argentina, que está realizando muchos proyectos orientados a mejorar la seguridad y uno de ello es un exposición de seguridad www.exposeguridad2011.com.ar les recomiendo lo sigan es una gran iniciativa.
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