La Suprema Corte llega a su 186 aniversario como uno los tribunales
superiores más caros del mundo. Tan sólo el sueldo, las prestaciones y
compensaciones de los 11 ministros rebasan los 32 millones de pesos
anuales; mientras, sus comidas han costado 9 millones de pesos entre
2009 y 2011. En ese mismo periodo, los funcionarios de la SCJN han
gastado 159 millones en seguros médicos, 116 millones en viáticos y
pasajes, 54 millones en compra de vehículos y gasolina, y 5 millones en
servicios de telefonía celular. Según el ministro Cossío Díaz, la
discusión de los sueldos y prestaciones en la Corte está superada; no
obstante, actas oficiales revelan las “licencias” que los ministros se
dan para derrochar el dinero público.
De acuerdo con sus reportes de transparencia en materia de
remuneración mensual por puesto –de enero a septiembre de 2010–, el
gasto por mes ascendió a 2 millones 696 mil 716 pesos, por lo que cada
ministro habría cobrado un sueldo neto de 245 mil 428 pesos.
En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, el monto mensual
ascendió a 2 millones 454 mil 803, que equivaldría a sueldos
individuales de 223 mil 163 pesos.
A los titulares de la Suprema Corte, el erario también les paga sus
“gastos de alimentación”, que entre 2009 y 2011 sumarán 9 millones 476
mil pesos. Además, sufraga la compra de vehículos de lujo para su
transportación, gasolina y aditivos; así como el sueldo de los 79
choferes que tienen a su disposición los 11 ministros y los altos
funcionarios de la Corte. El sueldo mensual de cada chofer es de 12 mil
627 pesos.
Al menos el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia cuenta, también, con
un equipo de guardias de seguridad pagado con recursos de la SCJN,
consta en actas del Comité de Gobierno y Administración del máximo
tribunal. En su momento, el exministro Genaro Góngora Pimentel de igual
forma hizo uso de un grupo de seguridad.
—¿Son justificables los sueldos y las prestaciones que perciben los ministros?
—Están fijados por el Congreso y ya entramos en la regla de que no
pueden ganar más que el presidente. Eso ya está establecido en artículos
constitucionales. Yo creo que en este momento esa discusión ya no tiene
mucho sentido porque, conforme a los artículos transitorios y conforme a
lo que se estableció en la reforma a la Constitución, ya estamos
tasados, ya estamos limitados. Ya se está estableciendo en ese mismo
sentido tal como la Constitución lo prevé –dice a Contralínea el ministro José Ramón Cossío Díaz.
Sin embargo, la remuneración mensual neta de Felipe Calderón Hinojosa
es de 208 mil 570 pesos, indica la Presidencia de la República en el
Portal de Obligaciones de Transparencia.
“Los ministros deberían percibir el salario mínimo, igual que el
presidente de la República, para que vean lo que se siente. Además de su
salario, cada ministro tiene prestaciones que triplican o cuadruplican
el importe de éste. Tienen gastos de representación, choferes y
automóviles, en plural; les pagan el menaje, el mantenimiento de sus
casas y los alimentos”, señala Juan de Dios Hernández Monge, abogado e
integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas.
En la SCJN, las prestaciones y compensaciones no se limitan a los
ministros en activo: benefician a los exministros o, como también se les
llama, “ministros en retiro”. Las canonjías alcanzan incluso a las
esposas de los que ya fallecieron, descubre el acta de sesión del Comité
de Gobierno y Administración del 19 de noviembre de 2009. Signada por
los ministros Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan
Silva Meza, indica que el pago de aguinaldos para los “ministros en
retiro” y las viudas fue aprobado, a pesar de que Silva Meza votó en
contra del aguinaldo a favor de las viudas.
“Tienen un fondo de jubilación que es creado con el erario para
garantizarles, aún después de que terminan su periodo como ministros,
que tengan un ingreso de más de 1 millón de pesos mensuales, cuando la
gran mayoría de los trabajadores en México tienen uno o si acaso dos
salarios mínimos como ingresos, es decir, de 1 mil 500 a 3 mil pesos”,
dice Hernández Monge.
El abogado acusa: “Es vergonzoso y es insultante lo que perciben los
ministros por un servicio que se supone es público. Estos funcionarios
deberían vivir en la honrosa medianía, como decía Benito Juárez. Pero,
obviamente, lejos están de ello. Ahora resulta que hasta las viudas de
los ministros tienen pensiones vitalicias que representan muchas decenas
de miles de pesos mensuales”.
Millonarios seguros médicos
“Nuestra Suprema Corte es significativamente más cara que algunos de
los tribunales más prestigiados del mundo que tienen a su cargo tareas
de control constitucional como nuestro máximo tribunal. Se podría
argumentar que la Corte mexicana es más cara que las otras porque es más
productiva; es decir, nuestros ministros resuelven muchos más asuntos
que los otros tribunales. Sin embargo, los datos disponibles no apoyan
esta hipótesis”, señalan los investigadores del Centro de Investigación y
Docencia Económicas Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo
Mayer-Serra.
En su estudio ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?,
presentado en noviembre de 2010, evidencian que, si se les compara con
la Corte mexicana, el costo de la Supreme Court of the United States es
apenas del 37 por ciento; el de la Supreme Court of Canada, del 15.2 por
ciento; el de la alemana Bundesverfassungsgericht, del 13.4; el del
Tribunal Constitucional de España, del 12.8; el de la Corte
Constitucional de Colombia, del 3.3; y el del Tribunal Constitucional de
Perú, del 2.9 por ciento.
Por ello, indican que “la independencia judicial no es sinónimo de
buen desempeño. Tampoco la autonomía presupuestaria asegura un uso
eficiente, racional y eficaz de los recursos públicos”.
“Los ministros fijan sus salarios en sus presupuestos. Ellos siempre
dirán que tienen una función bastante fuerte en la República, que es
aplicar el derecho al caso concreto; argumentarán que tienen cargas de
trabajo significativas, pero la crítica siempre va en el sentido de que
en un país pobre no se puede tener una burocracia rica”, considera el
doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios de la SCJN revela que los seguros de gastos
médicos destacan entre las erogaciones más onerosas. Entre 2009 y 2011,
la cifra por ese concepto alcanzará los 159 millones 379 mil 67 pesos.
Este gasto no sería del todo transparente. Sin mediar licitación
pública, el 19 de noviembre de 2009, el Comité de Gobierno y
Administración autorizó “la renovación automática de las pólizas de
seguro institucional y colectivo de retiro para los ejercicios 2010 y
2011”, y aprobó facultar al oficial mayor para que firmara los contratos
de gastos médicos mayores y voluntarios de automóviles y casa
habitación propiedad de los servidores públicos para la vigencia
2010-2011.
Aunado a ello, la Suprema Corte otorga los servicios de atención
médica y odontológica y realiza campañas de salud, de prevención de
enfermedades y atención de urgencias en 12 cubículos de consulta,
medicina general y especialidades (medicina interna, cardiología,
odontopediatría, cirujano maxilofacial, radiología y ginecología),
distribuidos en los edificios sede y alterno, indica la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009,
la ASF agrega que la Suprema Corte paga los sueldos de un médico con
nivel de director de área, 10 médicos con nivel de subdirector y un
subdirector administrativo, seis enfermeras y seis administrativos, lo
que constituye un gasto integral de 51 millones 404 mil pesos anuales.
Los reportes del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones
detallan, además, que las compras de medicinas y productos farmacéuticos
ascienden a 1 millón 742 mil 32 pesos entre 2009 y 2011.
Viáticos, opacidad garantizada
“Se confirma el criterio consistente en que no existe obligación de
los titulares de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de rubricar los comprobantes del uso dado a los viáticos, lo que
corresponderá al servidor público comisionado.”
Ése es el punto 21 del orden del día que ratificaron los ministros
Juan N Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz
Mayagoitia –entonces presidente de la Corte– el viernes 1 de febrero de
2008, muestra el acta de esa sesión del Comité de Gobierno y
Administración.
Un año después, la SCJN reconoce haber destinado 39 millones 970 mil
423 pesos al pago de pasajes y viáticos nacionales y extranjeros: 14
millones 412 mil 664 pesos para viáticos nacionales; 2 millones 155 mil
575 para viáticos extranjeros; 14 millones 464 mil 672 para pasajes
locales, y 2 millones 655 mil 890 para viajes al exterior.
En 2010, la cifra total por esos conceptos ascendió a 42 millones 685
mil 596 pesos; mientras que en 2011 se tiene programado gastar 33
millones 678 mil 801 pesos. En total, los viáticos y pasajes sumarán 116
millones 334 mil 820 pesos en el trienio, que no serán supervisados
como indica el criterio.
El 7 de diciembre de 2010, los ministros Silva Meza, Margarita Luna
Ramos y Ortiz Mayagoitia retiraron de la discusión “el proyecto de
acuerdo general de administración por el que se regulan los gastos de
viaje en actividades oficiales de este alto tribunal”.
Para el doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del IIJ, “hace
falta transparentar mucho el uso de los recursos, y racionalizarlos de
mejor manera no sólo en la Suprema Corte, sino en el Poder Judicial en
su conjunto. Hay ahí un asunto pendiente que es muy importante, que debe
atenderse con seriedad, porque además de los excesos en el gasto, los
desplantes económicos excesivos generan un desgaste en la legitimidad
del máximo tribunal. En la Corte, en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, y en el Poder Judicial en su conjunto, hay un
despliegue excesivo de recursos”.
Otros rubros que aún no se transparentan son los de las
contrataciones por adjudicación directa y las ampliaciones de montos en
los contratos previamente signados. El acta del Comité de Gobierno y
Administración de la sesión del 7 de diciembre de 2010 ilustra dos casos
de este tipo.
En su punto 10 de carácter extraordinario, el acta apunta: “Se toma
conocimiento de las ofertas presentadas por AXA Seguros, SA de CV, para
la cobertura de los bienes patrimoniales (inmuebles y contenidos) y los
vehiculares para la vigencia de las 12:00 horas del 31 de diciembre de
2010 a las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2011, así como de los
importes de las primas correspondientes.
“Se autoriza concluir el proceso de contratación conjunta con el
Tribunal del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la
Judicatura Federal, por asignación directa, de las pólizas (…) con AXA
Seguros, en los términos y condiciones propuestos por la compañía
aseguradora y con base en el dictamen técnico económico presentado por
la Dirección General de Tesorería.”
De acuerdo con el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, la SCJN tiene presupuestado un
gasto para 2011 en el rubro de seguros todo riesgo de 9 millones 600
mil pesos.
La misma acta del 7 de diciembre descubre que, al discutir el punto 9
de carácter extraordinario, el Comité autorizó a la Dirección General
de Informática el pago de la consultoría especializada en programación
tipo SAP por 25 días de trabajo a dos consultores, por un monto de 80
mil dólares más el impuesto al valor agregado, dentro del contrato que
se tiene vigente con la empresa SAP México, SA de CV.
Para la partida presupuestal 330401, “Otras asesorías para la
operación de programas”, la Corte tiene programado un gasto de 10
millones 523 mil 600 pesos en este año.
Dinero público para vehículos y celulares
Entre 2009 y 2011, la adquisición de vehículos; la compra de
gasolina, combustible y lubricantes; el pago de seguros vehiculares, y
la renta de estacionamiento implican al erario un gasto total de 54
millones 642 mil pesos: 25 millones 69 mil 827, en 2011; 19 millones 912
mil 68, en 2010; y 9 millones 660 mil 127, en 2009. En ese mismo
periodo, los servicios de telefonía celular suman 5 millones 428 mil
pesos.
La escasa rendición de cuentas que persiste en el máximo tribunal se
debe a que “venimos de un contexto sumamente autoritario, de una cultura
de la opacidad muy fuerte, de una Corte que era un poder inaccesible
para los controles de otros poderes. Además, al ser la última instancia,
es un poder que se controla a sí mismo. Es ahí donde hay una serie de
efectos muy sensibles”, considera el doctor Salazar Ugarte.
Para el investigador Daniel Márquez, “todo el aparato del que se rodean ^
[los ministros] no es correcto: choferes, carros, préstamos para
quién sabe qué tantas cosas. Nosotros desearíamos que el esquema de
previsión social que ellos tienen fuera extensivo a toda la nación; que
todos tuviéramos acceso a préstamos blandos para casas, para vehículos”.
Agrega: “Me parece maravilloso que tengan buenos sueldos, buenas
prestaciones, pero ojalá esas condiciones se reflejen en buenas
decisiones jurisdiccionales, donde se tutele el interés en juego de los
particulares con la necesidad del Estado mexicano de contar con
instituciones sólidas, capaces de preservar, en lo que vale, la
institucionalidad del país”.
Vestuario para edecanes
El 7 de agosto de 2008, los ministros Silva Meza, Franco González
Salas y Ortiz Mayagoitia “tomaron conocimiento” del estudio sobre la
solicitud de otorgamiento excepcional de uniformes adecuados a seis
personas para desempeñar la actividad de edecán. “En virtud de lo
anterior, se autoriza la compra de los uniformes respectivos”, indica el
acta que rubricaron ese día.
La erogación que implicó la adquisición de uniformes para las seis
edecanes se inscribió en la partida 2701, “Vestuario, uniformes y
blancos”, uno de los escasos rubros que observó la Auditoría Superior de
la Federación en su revisión a la Cuenta Pública 2009 de la Corte.
Según el máximo órgano de fiscalización, en ese ejercicio se registró
el pago por 8 millones 304 mil 900 pesos a Suburbia, S de RL de CV, por
la adquisición de 1 mil 967 tarjetas electrónicas canjeables por ropa y
calzado para ser destinados al personal operativo de la SCJN por la
prestación de vestuario.
Asimismo, indica la Auditoría Superior, en esta partida se registró
la entrega en efectivo al personal foráneo por 1 millón 630 mil pesos.
“Se comprobó que la SCJN no consideró como ingresos acumulables para los
trabajadores el beneficio del otorgamiento de la citada prestación;
sobre el particular, la Dirección General de Personal informó que la
SCJN, en su carácter de patrón y como responsable solidario, absorbió el
impuesto sobre la renta y lo enteró por conducto de la Dirección
General de Presupuesto y Contabilidad.
“Al respecto, después de la reunión de preconfronta, el secretario
ejecutivo de la Contraloría informó a la Auditoría Superior que la
Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro
Patrimonial inició la investigación CI 80/2010, referente a los hechos
que pudieran configurar una infracción administrativa relacionada con el
tratamiento dado al ingreso acumulable por la prestación denominada
vestuario.”
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es transparente ni en
su gasto ni en ninguna otra cosa –señala el abogado Hernández Monge–. A
pesar de que ahora son filmadas las sesiones del Pleno de la Corte, hay
una gran cantidad de omisiones: no se explica a la sociedad cuáles son
los razonamientos que llevan las autoridades para determinar una u otra
cosa.” (Con información de Mayela Sánchez)
Bonos de riesgo en la Corte
Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baráibar Constantino
fueron beneficiados con el llamado bono de riesgo, inventado en el
gobierno de Felipe Calderón en el marco de la “guerra” contra el
narcotráfico.
El acta de la sesión del 4 de diciembre de 2008 del Comité de
Gobierno y Administración revela que los ministros Juan Silva Meza, José
Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz Mayagoitia autorizaron
otorgar a ambos funcionarios la “compensación por grado de riesgo en el
ejercicio de las funciones inherentes a los cargos, autorizados por el
órgano de gobierno”.
La justificación: los magistrados formaron parte de “la comisión
asignada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
investigar posibles violaciones graves de garantías con motivo de los
hechos acaecidos en Oaxaca de Juárez y zona conurbada de mayo de 2006 a
enero de 2007”.
El bono de riesgo es una de las prestaciones que se asignan de manera
frecuente en la Suprema Corte, descubre el acta de sesión del 12 de
marzo de 2009, del mismo Comité.
Al discutir el primer punto extraordinario, los ministros Silva Meza,
Margarita Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia autorizaron cubrir las
siguientes prestaciones: “asignaciones adicionales” y “compensación por
grado de riesgo en el ejercicio de las funciones inherentes a los
cargos”, así como la compensación por diferencia salarial a favor de 10
personas que no identifican.
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