(Roma, 21 de marzo de 2011) - El Gobierno
italiano no está adoptando medidas eficaces para prevenir y El informe de 71 páginas, "Everyday Intolerance: Racist and Xenophobic Violence in Italy" (Intolerancia cotidiana: Violencia racista y xenófoba en Italia), documenta el hecho de que el Estado no ha implementado medidas eficaces contra los crímenes de odio. Los enjuiciamientos de la violencia por motivos raciales son raros, ya que los funcionarios italianos restan importancia al problema y pocas veces condenan los ataques. La capacitación insuficiente del personal de las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales, así como la recolección incompleta de datos agravan el problema. Al mismo tiempo, la retórica política, las políticas oficiales y la cobertura mediática que relacionan a los inmigrantes y los romaníes con la delincuencia han generado un ambiente de intolerancia.
"El Gobierno dedica mucha más energía a culpar a los migrantes y los romaníes de los problemas de Italia que a esforzarse a detener los ataques violentos contra ellos", señaló Judith Sunderland, investigadora principal sobre Europa Occidental de Human Rights Watch. "El discurso alarmista del Gobierno sobre una invasión de 'proporciones bíblicas' desde el Norte de África no es más que el último ejemplo de esta retórica irresponsable. Los funcionarios deberían estar defendiendo a los migrantes y los romaníes de los ataques", agregó.
Las ciudades de toda Italia han sido escenario de violencia colectiva y ataques individuales contra migrantes, romaníes e italianos de origen extranjero. Las multitudes arrasaron los campamentos romaníes de Nápoles en mayo de 2008 y agredieron a temporeros migrantes africanos en Rosarno, Calabria, en enero de 2010. En marzo de 2010, un grupo de al menos 15 personas atacaron un bar bengalí en Roma.
Las autoridades registraron 142 crímenes de odio durante los primeros nueve meses de 2009, pero una organización italiana contra el racismo registró 398 delitos de este tipo mencionados en la prensa durante aproximadamente el mismo período, entre ellos 186 agresiones físicas (18 de las cuales resultaron en la muerte de las víctimas).
Los ataques individuales incluyen el asesinato, en septiembre de 2008, de Abdoul Guiebre, un italiano originario de Burkina Faso apaleado hasta la muerte en una calle de Milán después de haber cometido un robo menor en un café; la paliza brutal a un hombre chino en octubre de 2008, cuando esperaba al autobús en Roma; y el ataque de febrero de 2009 contra un hombre indio en una ciudad de las afueras de Roma, donde le golpearon, rociaron con gasolina y prendieron fuego.
Human Rights Watch documentó también casos inquietantes de abusos de las fuerzas de seguridad contra los romaníes, durante los desalojos de campamentos o bajo la custodia de la policía o los carabineros (una fuerza del Ministerio de Defensa que comparte la responsabilidad de las labores policiales civiles en Italia).
La legislación italiana dispone el aumento de las penas de prisión para los crímenes agravados por motivos raciales, pero esta promesa no se ha hecho realidad, señaló Human Rights Watch. Con frecuencia, los fiscales y los tribunales han interpretado que esta ley de 1993 sólo es aplicable a los casos en que el odio racial era el único móvil del delito, lo que hace que muchos crímenes racistas graves se enjuicien como si fueran delitos comunes. Por ejemplo, el Estado juzgó el asesinato de Abdoul Guiebre como un delito ordinario, a pesar de los insultos racistas vertidos por los responsables durante el ataque. Los crímenes motivados por el odio a la orientación sexual o la identidad de género no están contemplados en absoluto.
La violencia extrema empleada contra los temporeros migrantes africanos en Rosarno, Calabria, en enero de 2010, que incluyó disparos desde vehículos en marcha y tres días de violencia colectiva que se saldaron con la hospitalización de al menos 11 migrantes con heridas graves, no resultó en enjuiciamientos ni condenas por crímenes con motivos raciales. Sólo fueron juzgados y condenados tres italianos en conexión con estos episodios de violencia. Los residentes locales y los agentes de la ley también sufrieron lesiones, algunas de ellas provocadas por los migrantes durante los motines contra los ataques colectivos.
Los funcionarios italianos minimizaron la dimensión racista de la violencia en Rosarno, en línea con la tendencia a afirmar que los crímenes por motivos racionales son un hecho raro. El Gobierno italiano no recolecta ni publica estadísticas desglosadas sobre delincuencia o enjuiciamientos. Las autoridades señalan la escasez de denuncias oficiales y juicios de casos de violencia por motivos raciales para argumentar que dicha violencia es rara, sin tener en cuenta que no se denuncian todos los casos y estos episodios no se identifican correctamente.
"Al Gobierno italiano le gusta fingir que la violencia racista es un hecho muy aislado", señaló Sunderland. "Sin embargo, para un italiano de una minoría étnica, un romaní o un migrante, esto es una realidad demasiado frecuente. Reconocer la dimensión del problema es una condición necesaria para abordarlo", agregó.
Una consecuencia de que las autoridades no reconozcan que estos crímenes de odio constituyen un problema importante es que el personal de las fuerzas de seguridad y los fiscales no reciben una formación sistemática y especializada para identificar, investigar y enjuiciar la violencia racista.
Los romaníes, la minoría más vilipendiada actualmente en Italia, están especialmente expuesto al riesgo de acoso y maltrato durante los desalojos de campamentos y bajo la custodia de la policía y los carabineros, señaló Human Rights Watch. Ante la falta de investigación de las denuncias de abusos graves por parte del personal de las fuerzas de seguridad y la impunidad virtual por la violencia colectiva contra los campamentos, muchos romaníes tienen muy poca o ninguna fe en las instituciones públicas.
"Muchas personas, especialmente los migrantes indocumentados y los romaníes, están demasiado asustados para acudir a la policía", señaló Sunderland. "El Gobierno tiene que hacer mucho más para fomentar la presentación de denuncias y desarrollar la confianza entre estas comunidades especialmente vulnerables", agregó.
El discurso político y la cobertura mediática que vinculan a los inmigrantes y los romaníes con la delincuencia ha generado un peligroso ambiente de intolerancia en un país que ha experimentado un aumento drástico de la inmigración a lo largo de los últimos diez años.
Desde 2008, el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi, en coalición con la Liga Norte, un partido abiertamente antiinmigrante, ha adoptado decretos de emergencia con el fin de allanar el camino para medidas de mano dura contra los migrantes indocumentados y los romaníes, y aprobó una ley que sanciona con una multa considerable la entrada y la permanencia en Italia sin documentos. Funcionarios electos de todo el espectro político se han sumado a la retórica contra los inmigrantes y los romaníes.
Este informe de Human Rights Watch contiene recomendaciones concretas para que el Gobierno italiano refuerce su respuesta a la violencia racista, entre ellas:
- Condenar de manera consistente y firme, y al máximo nivel, la violencia racista y xenófoba.
- Reformar la legislación penal para garantizar que los motivos relacionados con el odio puedan aplicarse incluso cuando los responsables tengan diversos móviles, y ampliar la lista de características protegidas para que incluyan, como mínimo, la orientación sexual y la identidad de género.
- Garantizar la formación obligatoria del personal de las fuerzas de seguridad y los fiscales públicos acerca de la detección, la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes motivados total o parcialmente por prejuicios raciales, étnicos o xenófobos.
- Recolectar y publicar habitualmente estadísticas integrales sobre crímenes de odio.
- Fuente, vìa :
http://www.hrw.org/es/news/2011/03/21/italia-actuar-r-pidamente-para-poner-fin-la-violencia-racista
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