(apro).- El gobierno español “de izquierdas” se entrampa en sus
propias declaraciones. Un día anuncia que obligará a que en septiembre
próximo bancos y cajas de ahorro tengan un capital básico equivalente a
8% de sus activos y, quienes no lo logren, recibirán una inyección de
dinero público a cambio de participación en su capital, lo que significa
que serán estatizadas, aunque sea parcialmente.
Al otro día el anuncio es que aunque no haya acuerdo con las grandes
centrales sindicales –Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)--, se reformarán las
pensiones llevándolas hasta los 67 años de edad y de 39 a 41 años de
cotización.
El apuro para culminar la reforma de las cajas de ahorro y
del sistema pensionario se explica porque son parte de los pendientes
que este gobierno ha comprometido con los grandes inversionistas que
controlan los mercados de dinero, eso que eufemísticamente llaman “los
mercados”. Las cajas, pese a que aprobaron las pruebas de esfuerzo del
año pasado, enfrentan dificultades crecientes para financiarse en el
mercado secundario, en el que se compran y venden grandes cantidades de
dinero.
La reforma del sistema de pensiones apunta a reducir las
obligaciones futuras de pago del Estado español con los trabajadores. Al
retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y aumentar los
años de cotización, el gobierno de “izquierdas” pretende que el gasto
público se reduzca, ya que se obligaría a los trabajadores a aportar
durante más tiempo para lograr pensionarse al ciento por ciento, ya que
esos dos o tres años más para jubilarse significan que cuando la reforma
se aplicase no habría jubilados. Su cálculo es que en 2050 el gasto
público en pensiones se reduciría de 15 a 12% del PIB.
Las cajas de ahorro fueron consideradas ejemplo de que era
posible hacer banca a bajos costos, cerca de la clientela y
rentablemente. Las cajas, como los bancos, participaron del auge
inmobiliario que se desarrolló durante los gobiernos del Partido Popular
(PP). Dieron créditos para construir y comprar los inmuebles. Los
depósitos de sus clientes eran insuficientes para financiar los créditos
hipotecarios. Acudieron al mercado de mayoreo a pedir prestado a los
tiburones del mundo financiero: bancos ingleses, alemanes y
estadunidenses.
Tomaron dinero a corto plazo para prestarlo a largo. El atractivo
estaba en el diferencial de tasas y en que eran préstamos seguros. Las
agencias calificadoras, que como se sabe han sido pagadas por sus
calificados, dieron una alta nota a esos créditos, les pusieron triple A
y, en consecuencia, podían venderse para dar créditos adicionales.
Durante 2008, en plena crisis, las cajas de ahorro y los bancos
españoles aparecían con fortalezas importantes, en razón de que ellos no
entraron a las ‘titulizaciones’, a los instrumentos financieros
derivados.
Los asalariados españoles, por su parte, aprovecharon las condiciones
ofrecidas por la incorporación de España a la Unión Europea. Trabajaron
y consiguieron los salarios que negociaron colectivamente con los
patrones. Del mismo modo lograron un sistema de pensiones adecuado a las
prácticas laborales que estaban vigentes en el momento en el que se
instaló la democracia. Tomaron créditos para incrementar su consumo y
mejorar sus condiciones de vida. La democracia les permitió construir
rápidamente un estado de bienestar que hizo que los niveles de vida
españoles mejoraran.
La crisis agravó la incapacidad de la economía española para
incorporar al trabajo a jóvenes preparados. Desde antes de la recesión,
el desempleo se concentraba dramáticamente entre las personas de 20 a 30
años, lo que motivó que se pensara que suavizando las condiciones de
contratación se lograría su ingreso al trabajo. Aparecieron contratos
temporales sin prestaciones, lo que en el mundo laboral se conoce como
“precarización del trabajo”.
El gobierno de izquierdas apreció mal las complicaciones que
empezaron en agosto de 2007. Pronto se dio cuenta de que su diagnóstico
era equivocado y que había perdido un tiempo importante. Para remontar,
dio marcha atrás en planteos básicos en una administración
socialdemócrata. La política social, estandarte de su propuesta
política, fue corregida, primero con discreción y después con descaro.
El gobierno del PSOE puso por delante, igual que el de Sarkozy en
Francia, Merkel en Alemania o Cameron en Reino Unido, lo que los
“mercados” demandaban. Su responsabilidad se corrió hacia la derecha.
En 2009, las dificultades económicas mundiales se concentraron en
Europa. De pronto resultó que lo que habían hecho los gobiernos para
contener la recesión era incorrecto. Usar el gasto público para evitar
que la crisis golpeara a los menos favorecidos, muchas veces como
resultado de la existencia de estabilizadores automáticos como el seguro
de desempleo, se convirtió en irresponsable. Los “mercados” castigaron
esa actuación elevando los rendimientos exigidos para seguir financiando
no sólo al gobierno, sino también a los bancos.
El gobierno español paga más por su deuda este año y ha hecho que ese
sobrecosto se pague eliminando prestaciones sociales de las que se
enorgullecía. Están desmontando el Estado de bienestar que se
construyó en tres décadas. Pretendían seguir haciéndolo reformando las
pensiones. En un mercado en el que los jóvenes trabajan
intermitentemente y en empleos sin contribuciones sociales, el gobierno
demandaba 40 años de contribución, lo que significa que esos jóvenes con
empleos precarios, o de plano en el desempleo, completarán los 40 años
cuando cumplan 69 o 70 años.
Al mismo tiempo, anuncian que destinarán 20 mil millones de euros
para recapitalizar a las cajas de ahorro que no puedan cumplir con los
niveles de capital exigidos. Más recursos públicos a instituciones
financieras y menos a los trabajadores. Por fortuna, el gobierno ha
entrado en razón aceptando que la jubilación sea a los 65 años para
personas que coticen 39 años y a los 67 años para el resto. Las
centrales sindicales UGT y CCOO aceptarían 38 años de cotizar para
lograr la jubilación completa a los 65 años. En acuerdo es posible. De
conseguirse, enviaría un mensaje fundamental: el pacto social primero,
los mercados después.
Comentarios: o_selley2001@yahoo.com
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87835
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