(apro).- Europa vivió en 2010 un encarnizado enfrentamiento entre la
población y los mercados. Desde febrero, cuando el recién llegado
gobierno socialista griego destapó el problema de las finanzas públicas,
heredado por el gobierno conservador saliente, los grandes
inversionistas internacionales, advertidos por las agencias
calificadoras de posibles dificultades para que se cumplieran los
compromisos crediticios en ese país, demandaron mayores intereses y, al
mismo tiempo, menor gasto público.
Con ello, lo que hacían era obligar al gobierno griego a destinar los
recursos que se habían presupuestado para atemperar los impactos
sociales de la crisis entre la población con mayores dificultades.
La recesión provocada por la contracción crediticia, que
siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, provocó la
pérdida de millones de empleos en el mundo entero. Europa construyó,
después de la segunda guerra mundial, un conjunto de instituciones
destinadas a defender el nivel de vida de la población frente a
cualquier circunstancia crítica.
La crisis en esos países, en consecuencia, no afecta a la población
en la misma medida que en América Latina, porque el Estado está obligado
por ley a responder a la pérdida de empleo con pagos a los afectados,
durante el tiempo que duren en la condición de desempleados, es decir
mientras estén en paro.
Esto implica que frente a la reducción del gasto privado, derivada de
la contracción económica, automáticamente se incrementa el gasto
público. La crisis, pues, se suaviza para la gente. Naturalmente, este
aumento automático del gasto, en condiciones en las que la actividad
económica se contrae y, por lo tanto, se reduce el pago de impuestos,
obliga a que el gobierno demande recursos en los mercados financieros
para hacer frente a sus requerimientos de gasto.
Ello trae como consecuencia finanzas públicas deficitarias, lo que
significa incrementar su endeudamiento. Pero ese déficit no se debe a
irresponsabilidad gubernamental, sino al cumplimiento de
responsabilidades legalmente establecidas, acordes con un modelo social
en el que la búsqueda de la equidad es un propósito fundamental.
Por eso en Europa no existen niveles de concentración del ingreso, como los estadunidenses o los de América Latina.
En 2007 estalló una crisis provocada por una expansión colosal del
crédito, explicada por un cambio en la forma de operar de los bancos y
por la eliminación de la regulación preventiva creada después de la
crisis de 1929-33.
A esto se añadió la aparición de entidades financieras de nuevo tipo y
de innovaciones financieras que crearon nuevos instrumentos de
inversión que podían ser colocados en cualquier lugar del mundo
instantáneamente, ofreciendo rendimientos extraordinarios.
La nueva etapa del capitalismo presenció una redistribución de
recursos desde los sectores productivos hacia el sector financiero. La
lucha por el excedente económico ya no sólo era entre el trabajo y el
capital, sino entre los capitales productivos y los financieros.
La crisis se concentró en Europa en 2010, y actualmente vive
dificultades derivadas de la deuda de los gobiernos, la llamada deuda
soberana, así como de las principales empresas bancarias, empezando por
los acontecimientos griegos, que terminaron con el rescate de ese país
después de tres difíciles meses.
Enseguida, la presión de los mercados se expandió a los otros países
de la periferia europea: Portugal, España e Irlanda. Los mercados
atacaron tras las declaraciones de las empresas calificadoras, exigiendo
mayores tasas de interés, derivadas de que se había incrementado la
posibilidad de incumplimiento de los pagos comprometidos.
Los mercados, que en realidad son personas de carne y hueso
perfectamente identificadas en los grandes bancos internacionales,
demandaron, además, que los gobiernos redujeran su déficit.
Su preocupación tiene una explicación simple: la garantía del pago de
los intereses se logra haciendo que se reduzcan otros renglones del
gasto público. Se trata de una sencilla operación redistributiva: lo que
antes se había presupuestado para destinarse a amplios sectores
sociales y había sido aprobado por los respectivos parlamentos, ahora se
requería que se les retirara para poder destinarlo al mayor pago de
intereses, previa aprobación de los mismos parlamentos.
Los gobiernos fueron respondiendo uno a uno con un importante recorte
al gasto público, lo que implica que las partidas presupuestales
destinadas a apoyos sociales de diverso tipo se reducen, incluyendo
pensiones, apoyo a desempleados, servicios sociales y --la medida
estelar-- aumento a la edad de jubilación y disminución de pensiones.
Esta medida se ha aplicado no sólo en los países que enfrentan
dificultades de costo para fondearse, sino también en los países más
fuertes, como Alemania, Reino Unido y Francia.
En todos esos países, estas medidas aprobadas por los
respectivos parlamentos han sido enfrentadas con acciones de resistencia
de diverso tipo: manifestaciones, paros de ciertos sectores, huelgas
generales, y en algunos casos, como el inglés, incluso con acciones
violentas.
La resistencia se ha dado en todos lados y en todos ha sido
infructuosa. Gobiernos de distinto signo ideológico argumentan las
mismas razones: no es posible seguir con un sistema que jubila a sus
trabajadores a los 63 años, no pueden sostenerse ajustes automáticos a
las pensiones derivadas de la pérdida de capacidad adquisitiva.
En consecuencia, dicen los gobiernos de derechas y también los de
izquierdas, la responsabilidad gubernamental es alargar los tiempos de
jubilación, limitar los ajustes a las pensiones, reducir los tiempos del
pago por estar desempleado, etc.
Lo que no dicen es que en realidad esos gastos se reducen
porque ha aumentado el costo de la deuda, de modo que lo que pierden las
poblaciones lo ganan los inversionistas. Los gobiernos se doblegan ante
los mercados, abdicando de su responsabilidad social. Ese giro es
asombrosamente aprobado por parlamentos elegidos como representaciones
de los ciudadanos, lo que pone de relieve la crisis de ese mecanismo de
representación política.
La resistencia, por lo mismo, ocurre extra parlamentariamente, pero
los resultados son nulos. Los mercados siguen ganado y las sociedades
perdiendo. El 2011, por desgracia, seguirá ese camino.
Vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87065
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87065
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