Las empresas
trasnacionales de granos Nidera y Southern Seeds Production SA (SSP)
mantenían encerrados a 130 trabajadores, y a otros 69, respectivamente
–incluyendo adultos, adolescentes y niños–, en condiciones de
servidumbre y en clara violación a los derechos humanos básicos y
laborales, en establecimientos rurales de San Pedro, a poco más de cien
kilómetros al oeste de esta capital.
Esos casos se descubrieron por la denuncia de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que publicó en estos días el
periodista y escritor Horacio Verbitsky conmocionando a la opinión
pública.
Una fotografía publicada en Página 12 fue comparada por el
rabino progresista Daniel Goldman con la que se tomó al momento en que
los aliados ingresaron a la barraca de Auschwitz, al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, donde encontraron a
los esclavos recostados en sus literas con esos rostros y miradas donde ya nada los sorprende. Evidentemente hay un paralelismo entre ambas.
Goldman sostiene que
lo que acontece en San Pedro no es otra cosa que una variante más de las formas de nazismo en Latinoamérica.
Modelo neoliberal
Las condiciones de trabajo en las zonas rurales han sido
consideradas siempre las más injustas y miserables. Pero esto se agravó
en los años 90 cuando la implantación del modelo neoliberal produjo
desempleo masivo y un avance de grupos de grandes y medianos productores
en todo el país sobre las tierras de los pequeños productores y las
comunidades indígenas.
Los ministerios argentinos de Trabajo y Desarrollo Social advirtieron
en estos últimos años sobre esa situación, de la que nunca hablaron las
cuatro entidades rurales, que mantuvieron al país en vilo al comenzar
el año 2008, cuando se negaron a pagar un impuesto sobre las millonarias
ventas de soya al exterior.
En esos momentos mantuvieron cortes de carreteras y paros
indefinidos, que bordearon el golpe como se denunció aquí, pero en sus
establecimientos seguían trabajando los peones contratados en forma
irregular y en condiciones de esclavitud.
Una mayoría de las personas esclavizadas en estos últimos casos
provenía de la provincia norteña de Santiago del Estero, donde los
campesinos luchan contra productores soyeros que se apoderan de sus
tierras y utilizan grupos civiles e incluso
compran policías y juecespara apoyar sus abusos, como denunciaron los dirigentes.
En la empresa Nidera, denunciada además por la AFIP por evadir
impuestos por más de 260 millones de pesos, de las 130 personas
encerradas y en condiciones de servidumbre, 30 eran niños y
adolescentes. No tenían luz ni agua, no podían salir a ninguna parte y
le descontaban la comida de sus magros salarios.
Estaban alojados en camiones de chapa, en los que dormían hacinadas
hasta 20 personas, trabajando más de diez horas a pleno sol, incluidos
días feriados. No sabían cuál era su salario final y tampoco dónde
estaban.
En el último allanamiento en SSP el magistrado interviniente ordenó
la detención de uno de los dueños y de cuatro capataces, mientras que el
Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires clausuró el
establecimiento.
Estos casos se enmarcan además con el delito de trata de
personas en establecimientos rurales, cuya investigación encabeza desde
diciembre pasado el fiscal de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio.
El magistrado determinó que los trabajadores son traídos bajo engaños por una empresa intermediaria, (terrcerizadas) y se les mantiene en condiciones de esclavitud.
En Southern Seeds para dormir contaban con unas 30 literas viejas dentro de una carpa de lona que debían compartir. Además, no tenían baños ni luz. El agua para bañarse la trasladaban en botes de agrotóxicos.
Ante esta realidad el ministro de Trabajo provincial, Óscar Cuartango, estimó que la situación descubierta – que se extiende a otros establecimientos agrícolas– rozaba lo que se considera jurídicamente crimen de lesa humanidad.
Por otra parte, el fiscal determinó que estos trabajadores regresen a sus tierras con el dinero que les deben y advirtió que las víctimas
También se expuso la complicidad de la dirección sindical de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), conducida por Gerónimo Venegas, quien fundó con el gastronómico José Luis Barrionuevo la llamada Confederación General del Trabajo Azul y Blanca unida a la derecha peronista que ataca duramente al gobierno actual.
Venegas apoyó incluso a las dirigencias empresariales rurales responsables de estas y otras situaciones similares.
El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, dijo que urge terminar con esta y otras situaciones similares.
En los años 90 comenzaron a descubrirse cómo se utilizaba el trabajo esclavo en varias fincas o en fábricas textiles y otras en esta capital. Incluso hubo incendios en talleres de costura que provocaron víctimas fatales.
Para muchos juristas este debe ser el año en que se ponga fin a la esclavitud en el trabajo rural o en las ciudades mediante fuertes campañas.
De la misma manera las investigaciones judiciales demostraron en el caso de la toma del Club Albariño en Villa Soldati e incluso en el parque Indoamericano –donde la represión dejó tres muertos recientemente– cómo grupos de personas, apoyadas por punteros políticos, incitan y pagan sumas miserables a los sin techo para ocupar terrenos, que después lotean ellos y venden a otros, en una historia doblemente trágica.
En el país, 80 por ciento de la superficie cultivada está en manos de 20 por ciento de la población y sólo el mayor terrateniente del país, la firma Benetton, de Italia, posee tierras cuyo tamaño equivale a 4 mil 500 veces esta capital. El tema de la esclavitud abrió una ventana largamente cerrada que mira hacia el interior profundo del otro país.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/07/index.php?section=mundo&article=019n1mun
El magistrado determinó que los trabajadores son traídos bajo engaños por una empresa intermediaria, (terrcerizadas) y se les mantiene en condiciones de esclavitud.
En Southern Seeds para dormir contaban con unas 30 literas viejas dentro de una carpa de lona que debían compartir. Además, no tenían baños ni luz. El agua para bañarse la trasladaban en botes de agrotóxicos.
Si alguno se escapaba nos decían que lo iban a pagar todos, dijeron las víctimas.
Ante esta realidad el ministro de Trabajo provincial, Óscar Cuartango, estimó que la situación descubierta – que se extiende a otros establecimientos agrícolas– rozaba lo que se considera jurídicamente crimen de lesa humanidad.
Por otra parte, el fiscal determinó que estos trabajadores regresen a sus tierras con el dinero que les deben y advirtió que las víctimas
no pueden seguir trabajando con los victimarios, ante una solicitud de la empresa.
También se expuso la complicidad de la dirección sindical de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), conducida por Gerónimo Venegas, quien fundó con el gastronómico José Luis Barrionuevo la llamada Confederación General del Trabajo Azul y Blanca unida a la derecha peronista que ataca duramente al gobierno actual.
Venegas apoyó incluso a las dirigencias empresariales rurales responsables de estas y otras situaciones similares.
El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, dijo que urge terminar con esta y otras situaciones similares.
En los años 90 comenzaron a descubrirse cómo se utilizaba el trabajo esclavo en varias fincas o en fábricas textiles y otras en esta capital. Incluso hubo incendios en talleres de costura que provocaron víctimas fatales.
Las penas para los responsables de este tipo de delito van de tres a 15 años de prisión, explicó el fiscal Giagnorio.
Para muchos juristas este debe ser el año en que se ponga fin a la esclavitud en el trabajo rural o en las ciudades mediante fuertes campañas.
De la misma manera las investigaciones judiciales demostraron en el caso de la toma del Club Albariño en Villa Soldati e incluso en el parque Indoamericano –donde la represión dejó tres muertos recientemente– cómo grupos de personas, apoyadas por punteros políticos, incitan y pagan sumas miserables a los sin techo para ocupar terrenos, que después lotean ellos y venden a otros, en una historia doblemente trágica.
En el país, 80 por ciento de la superficie cultivada está en manos de 20 por ciento de la población y sólo el mayor terrateniente del país, la firma Benetton, de Italia, posee tierras cuyo tamaño equivale a 4 mil 500 veces esta capital. El tema de la esclavitud abrió una ventana largamente cerrada que mira hacia el interior profundo del otro país.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/07/index.php?section=mundo&article=019n1mun
Foto Daniel Dabove/Página 12
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