(Proceso).- En las postrimerías del año del Bicentenario, la TV es
espacio de fuertes contrastes: mientras que en algunos canales el
Centenario de la Revolución Mexicana continúa como tema recurrente en
la pantalla, en otros parece haber constituido sólo una fecha del
calendario atendible temporal y acríticamente.
La lucha por erradicar una dictadura oligárquica, con toda su cauda
de necesarias reflexiones frente a las realidades del México de hoy,
parece ya un tema agotado para las grandes cadenas; éstas cubrieron el
expediente para en seguida concentrarse en activar la maquinaria que
venían aceitando desde hace meses y poner en marcha el evento que
anualmente reporta a los consorcios mediáticos –sobre todo a la TV–
significativos beneficios: el Teletón.
Como parte de una estrategia programática cuyo objetivo es el de
crear proyectos que aporten “contenidos propositivos” (en esta misma
línea, encabezada por Iniciativa México, Televisa transmitió en octubre
el reality La expedición), el evento que congregó de nuevo a artistas y
celebridades va más allá de su filantrópica fachada. Se inscribe en
una tendencia de alcance que ha venido cobrando terreno en años
recientes, de un creciente número de fundaciones empresariales o de
voluntariado que, por propia cuenta, y en gran medida con cargo a una
comunidad convenientemente “sensibilizada”, realizan actividades con
fines públicos, en el contexto de un desplazamiento de la escena de la
entidad gubernamental y en contrapartida de la predominancia de la
acción privada, que desde una postura de supuesta solidaridad acaba
tomando las riendas de asuntos donde la dirección corresponde a los
organismos gubernamentales.
Estos, incluso, renuncia de por medio a su responsabilidad de atender
a los sectores de la sociedad que requieren de apoyos para la atención
de sus problemas, “colaboran” con esos empeños privados aportando
recursos del erario, con los acuerdos políticos “pertinentes”.
Tal es el caso, por ejemplo, del gobierno del Estado de México, que a
instancias de la aprobación, en noviembre pasado, de una iniciativa
del Congreso local, se vio autorizado a extender hasta 2022 sus
donativos a la Fundación Teletón con 73 millones de pesos anuales, con
el argumento, presentado por los diputados del PRI, de que esos fondos
servirían para garantizar el tratamiento de numerosos infantes en los
Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) instalados en
territorio mexiquense.
Ello, aunque en esa entidad opera la oficina correspondiente del
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargada de atender a personas
con discapacidad.
Es de esperarse que el despliegue propagandístico –verdadero
bombardeo– que realizan los consorcios año con año, les reporte a éstos
numerosos puntos en las clasificaciones como “empresas socialmente
responsables”. Resulta innegable que la necesidad de atención de ciertos
sectores de la población, especialmente el infantil, es urgente e
inaplazable, pero la ruta para resolver tales problemas no habrá de
provenir de la abdicación del Estado mexicano de tal responsabilidad,
como tampoco de los medios o la televisión privada, en su pretensión por
ocupar ese vacío y de paso aparecer como encomiables patrocinadores de
la filantropía electrónica.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86096
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