El problema de fondo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
es muy claro: los ingresos que recibe no alcanzan para sufragar los
gastos que realiza para la prestación de los servicios médicos de sus
derechohabientes. En la reforma aprobada en diciembre de 1995, que entró
en vigor en 1997, se redujeron las cuotas obrero-patronales por
concepto de Seguro de Enfermedades y Maternidad en 33%, y se determinó
que, para cubrir el déficit que esto generaría, la aportación del
gobierno sería fija (sin importar la cifra de ingresos de los
trabajadores), con lo cual dicho monto se incrementó de 0.2% a 0.8% del
PIB.
Esto fue insuficiente, y, de acuerdo con el director del IMSS, Daniel
Karam, el déficit proyectado entre “los ingresos que por ley se
obtienen para solventar el gasto de los seguros médicos” y los gastos
que la institución realiza para ello “alcanza ya los 45 puntos del PIB”.
Hace tres años y medio, el 3 de abril de 2007, el entonces director del
instituto, Juan Molinar Horcasitas, señaló: “…hace décadas que
invertimos en pacientes con dinero de los pensionados (…) esto se hace
desde hace 25 años”.
Es decir, las reservas que la institución debe preservar para el pago
de pensiones se desvían a la atención médica de los derechohabientes
desde 1982; pero en lugar de atender ese problema, se impulsaron las
reformas a los sistemas de pensiones de 1995 y 2007 (la primera, con el
fin de crear el sistema de las Afores para los derechohabientes del
IMSS; y la segunda, en el mismo sentido, pero para los trabajadores y
empleados del propio Seguro Social), cuyos beneficios para las finanzas
de la institución no se percibirán sino hasta el 2022 y el 2033, que es
cuando un porcentaje importante de los nuevos jubilados empezarían a
recibir sus pensiones de parte de las Afores.
Para el año 2011 el IMSS solicitó un presupuesto de 255 mil millones
de pesos, y se proyecta un déficit de aproximadamente 30 mil millones,
de los cuales casi las dos terceras partes se solventarán con la Reserva
del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Carácter
Contractual, es decir, dinero que se había resguardado para cumplir las
obligaciones con los empleados y trabajadores de la misma institución, y
que más temprano que tarde deberá reponerse.
El déficit es de tal magnitud que no puede resolverse únicamente con
medidas administrativas. Aunque seguramente allí hay áreas de
oportunidad muy importantes, para solucionar el problema de fondo
solamente hay dos vías, que bien pueden ser complementarias: aumentar
las cuotas obrero-patronales e incrementar las aportaciones
gubernamentales, que dado lo limitado de los recursos públicos casi
seguramente se traducirían también en nuevas cargas para los
contribuyentes.
El problema es mayor y hay que atenderlo urgentemente, pues hace tres
años y medio Molinar planteó que las consecuencias de no hacerlo son el
deterioro del servicio y la inviabilidad del IMSS a futuro; y hace unos
días Karam señaló: “Si queremos dotar de viabilidad y larga vida al
instituto, entonces necesitamos emprender reformas de mayor alcance…”.
Pero casualmente en las dos ocasiones, pocos días después de estos
planteamientos, surgieron acusaciones de corrupción al interior de la
institución. El 5 de abril del 2007, dos días después de las
declaraciones de Molinar, el periódico regiomontano El Norte publicó que
el dictamen de la cuenta pública del 2005 de la Auditoría Superior de
la Federación detectó irregularidades por 270 millones de pesos en el
ejercicio de la partida para Adquisición y Abasto de Medicamentos y
Materiales de Curación, en las delegaciones norte y sur del IMSS en el
Distrito Federal.
Y en este 2010, una semana después del planteamiento de Karam, El
Noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa difundió tres grabaciones
en las que presuntamente un funcionario del IMSS proporcionaba
información privilegiada a un directivo de un laboratorio farmacéutico a
cambio de una comisión de 5% del monto de una licitación por 80
millones de pesos. Finalmente, se supo que en realidad era una
conversación entre directivos de dos laboratorios farmacéuticos, lo que
no salvó del cese al director de Adquisiciones del IMSS, César Mora
Iriarte.
Hay mucho por hacer en el combate a la corrupción en México, y el
IMSS no es la excepción, pero aunque la corrupción desapareciera no se
sanearían las finanzas de la mayor institución de seguridad social en el
país. El IMSS ha estado abandonado al menos desde 1982, cuando la
adopción del modelo neoliberal en México condujo a la reducción del
Estado mexicano.
Según Molinar Horcasitas, en 1982 el IMSS contaba con 1.86 camas por
cada mil afiliados, y en 2007 eran únicamente 0.8; de acuerdo con un
informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), emitido en 2010 con datos de 2008, los 31 países pertenecientes
a dicha organización cuentan en promedio con 12.8 equipos de resonancia
magnética por cada millón de habitantes, mientras en México hay
únicamente 1.5 aparatos.
Este es el tamaño del deterioro en los servicios de salud que
enfrenta el país, y tiene que ver con el hecho de que el gobierno
mexicano destina a gasto en salud menos de 3% del PIB, cuando el
promedio de los países de la OCDE llega a poco más de 6%. Así, la
reactivación del IMSS necesariamente pasa por la adopción de medidas
dolorosas, como el incremento de las cuotas obrero-patronales en lo
referente al Seguro de Enfermedades y Maternidad y una reestructuración
profunda de las finanzas públicas federales, que incluye la
redistribución del presupuesto; pero eventualmente también por una nueva
reforma fiscal.
Por ello es preferible evadir la solución de fondo mediante la
filtración de escándalos de corrupción o recurriendo a la aprobación de
reformas cuyos efectos se resentirán varios lustros después. Pero los
derechohabientes del IMSS ya resienten los efectos del deterioro de los
servicios médicos a consecuencia del abandono de más de dos décadas de
la institución.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85463
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85463
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