Si algo tiene que reconocerse a los industriosos gobiernos
panistas, es su habilidad para aprender y asimilar rápidamente las
ingeniosas lecciones de sus predecesores Miguel de la Madrid, Carlos
Salinas y Ernesto Zedillo. Ante la
imposibilidad de rematar las pocas entidades propiedad de la nación que
sus mentores priistas no alcanzaron a privatizar (Petróleos Mexicanos;
la Comisión Federal de Electricidad; el Instituto Mexicano del Seguro
Social, IMSS; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, ISSSTE; la Secretaría de Educación Pública,
etcétera), los “innovadores” Vicente Fox y Felipe Calderón, solapados
por los poderes Legislativo y Judicial, les depararon un mejor destino:
las convirtieron en becerros de oro. Torcieron ilícitamente sus
objetivos constitucionales, vaciaron el contenido que justifica su
existencia en el desarrollo económico y sociopolítico de la nación y las
convirtieron en sus cotos privados de pillaje, los cuales comparten
espléndidamente con los grandes hombres de presa a través de
los diversos tipos de contratos diseñados a su medida, de cuestionada
legalidad. ¿Con sus respectivos y sacrosantos diezmos? En el engranaje de la corrupción, por ejemplo, Raúl, míster diezmo,
hermano de Carlos Salinas de Gortari, fue acusado por el juez suizo
Paul Perraudin de presuntos ilícitos, como el cobro de comisiones de 10
por ciento por contratos otorgados en obras y servicios estatales y el
desvío de fondos públicos, que involucraron al propio Carlos Salinas y a
empresarios, como Carlos Peralta, Adrián Sada González, Carlos Hank
Rhon y Ricardo Salinas Pliego, entre otros, según el periodista Miguel
Badillo (“Revela Suiza la red de complicidades de RSG [Raúl Salinas de
Gortari]”, El Universal, 28 de julio de 2001).
Es obvio que Calderón no ha privatizado hasta la Presidencia por
falta de ganas o porque sea respetuoso de la Constitución. Su problema
radica en su esquizofrénico temperamento que ha obstaculizado la
oportunidad de alcanzar los consensos necesarios con la mayoría
legislativa –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza–, como en su momento
lo hicieron los gobiernos neoliberales priistas, y en que el vasallaje
de los poderes Legislativo y Judicial ante el Ejecutivo ya no es
absoluto como ocurrió hasta 1997, lo que a De la Madrid, Salinas y
Zedillo les permitió privatizar y destruir alegremente a la nación (sin
contratiempos, sin temor al estado de derecho, porque éste no existía ni
existe actualmente). Los congresistas señalados no se volvieron
súbitamente, por arte de magia, en escrupulosos respetuosos de lo que no
existe. Simplemente han sido incapaces de comprar generosamente sus
voluntades. Porque ellos han sido sus deferentes compinches en sus
tropelías, e incluso solícitamente le ayudan a torcer la legalidad.
¿Quién ha legitimado la turbia privatización de las telecomunicaciones;
la arbitraria desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que atropelló los
derechos de sus trabajadores y los usuarios del servicio, el cual fue
entregado al pillaje empresarial? ¿Quién formalizó los
anticonstitucionales contratos de inversión financiada por el sector
privado (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) o la
“asociación” entre el capital público y privado, el aprovechamiento de
activos, las concesiones carreteras, la educación, la salud o el
transporte? ¿Quién supervisa el contratismo, ensombrecido por la
sospecha de la corrupción, los diezmos, la dilapidación y el saqueo del presupuesto, la pésima calidad de las obras realizadas?
Por cierto, el simpático sociólogo funcionalista Robert K Merton
reconocía, en su “categoría” de “innovadores” –los que aceptan los
valores establecidos, pero no los medios para alcanzarlos– a los
delincuentes
Cuando se instaure por primera vez un régimen democrático en México,
sometido al imperio de las leyes, en un acto de justicia, se tendrá que
investigar y sancionar las privatizaciones y el contratismo, como forma
de ajustar cuentas y limpiar el sucio pasado presidencialista
autoritario y capitalista neoliberal mafioso.
Desde luego, el desmantelamiento y la privatización de las
instituciones públicas no son una estrategia neoliberal original de las
elites políticas y empresariales mexicanas. Su paternidad corresponde a
los depredadores del “consenso” de Washington, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Aquéllos sólo han sido los operadores
de las tres “generaciones” de contrarreformas estructurales que han
favorecido a los que suscribieron el “consenso”, las corporaciones
foráneas y sus socios autóctonos. La sistemática reducción del gasto
público y el castigo presupuestal del Estado, iniciados en 1983 y que se
extenderán en lo que resta del calderonismo, que han llevado a la ruina
a su infraestructura y deteriorado la calidad de sus bienes y servicios
ofrecidos, que justifican las privatizaciones “fáciles” y “complejas”:
la dolosa venta de las empresas paraestatales, a precios de regalo; la
privatización de los sectores estratégicos y de los servicios prestados
por los empresarios al Estado, cuyo papel se reduce al de simple
gerente, administrador de las pérdidas, para la nación, y las ganancias,
para los capitalistas (puertos, aeropuertos, telecomunicaciones,
energía y demás recursos naturales; sistema financiero, educación,
salud, pensiones, obras y servicios públicos).
La única asignación eficiente de los recursos alcanzada ha sido la
mayor concentración del ingreso y la riqueza de la historia capitalista
en un sector oligárquico cada vez más reducido, al amparo y con las manos visibles
de los gobiernos. La reciente crisis mundial creó el clima adecuado
para acelerar la destrucción de la seguridad social, como lo testifica
la actual embestida de los gobiernos europeos contra las pensiones
(reducción de los pagos y ampliación de la edad de jubilación).
Es en ese contexto donde se ubica la crisis del sistema de salud en
México, el IMSS, el ISSSTE, la secretaría del ramo. Pero es una crisis
deliberada, fabricada por los gobiernos priistas y panistas citados con
un objeto central: desmantelar el Estado de Bienestar que obligatoria y
constitucionalmente es todavía financiado con el presupuesto, los
empresarios y los trabajadores; de destruir sus principios de
universalidad y solidaridad, de redistribución del ingreso, de amplia
atención a la población cuyos limitados ingresos los margina de los
mercaderes que medran y se enriquecen criminalmente con esos servicios.
Se quieren eliminar las cuotas obrero-patronales para la seguridad
social, como ha señalado insistentemente José Ángel Córdova, titular de
Salud, para que sin esta “carga”, supuestamente, se “favorezca el
desarrollo del empleo”, aun cuando un gran número de empresarios evaden
sus pagos, y sustituirla con impuestos para financiarla. Se busca
sustituir el derecho constitucional a la salud para limitarlo a la
subsidiariedad, el asistencialismo de los más pobres, a los servicios
básicos y privatizar el resto, los más rentables. Se aspira a que, en el
largo plazo, el IMSS, el ISSTE y la Secretaría de Salud reduzcan sus
actividades al Seguro Popular, que no es seguro ni es popular, y éste dé
cobertura escasa en los servicios y los medicamentos, para extirparle a
los dos primeros las jubilaciones de sus trabajadores antiguos y las
prestaciones, como las guarderías, los subsidios y otras clases de
ayudas que todavía prestan; subrogar sus servicios y sus instalaciones a
los buitres empresariales de la salud; permitir que otros hombres de presa se encarguen de la construcción de su infraestructura con contratos leoninos.
La crisis inducida del IMSS es una crisis sin solidaridad de sus
directivos que se dan la vida de jeques. Daniel Karam tiene asignado un
sueldo base por 51.6 mil pesos mensuales y prestaciones reconocidas por
148 mil. Su remuneración neta es de 140 mil. Las de otros directivos
oscilan entre 130-140 mil pesos. La de Calderón es de 148 mil pesos y la
de un secretario de Estado, 145.6 mil. Si se suman otras prestaciones
(teléfono, alimentos, automóvil, aguinaldo, etcétera), quizá los
ingresos de Karam y sus muchachos se duplican. En cambio, un médico
general percibe un salario base de 5 mil 715 pesos, y una enfermera
general, 4 mil 326. Si se agregan otras compensaciones (ayuda para pago
de renta, estímulo por asistencia y puntualidad, ayuda para libros
médicos, sobresueldos), se elevan a 14 mil y 9 mil 764 pesos. La orden
dada por Calderón para que le apliquen una cirugíatropa, no de los generales. mayor al IMSS implicará reducir o eliminar las compensaciones de la
Los problemas financieros del IMSS y el deterioro en su
infraestructura, la calidad de sus servicios y de medicamentos, que
afectan a sus 14.4 millones de trabajadores afiliados y alrededor de 50
millones de derechohabientes, son responsabilidad directa e indirecta de
los gobernantes y los directivos neoliberales: el castigo presupuestal.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
México es uno de los peores países del mundo en inversión en salud; la
tolerancia a la evasión empresarial de las cuotas (de los 28.8 millones
de asalariados legales, 13.1 millones, el 46 por ciento del total,
carecen del servicio de salud; 13.7 millones, el 47 por ciento, no
tienen contrato); la privatización de los fondos de pensión, seguro
superavitario cuyos recursos servían para financiar a los otros (riesgos
de trabajo, invalidez, maternidad, guarderías) y que ahora sirven para
enriquecer a los piratas financieros y que, al final, la mitad
de los cotizantes no podrán jubilarse porque no cumplirán el tiempo
requerido y el resto percibirá pensiones de miseria porque sus ingresos
acumulados serán bajos; la reducción de las cuotas empresariales con la
contrarreforma a la Ley del Seguro Social de 1997; el incumplimiento
gubernamental de cubrir el costo del capítulo de maternidad y de
enfermedades del personal jubilado; el limitado número de nuevos
cotizantes, su desafiliación y el deterioro de las aportaciones reales,
debido al estancamiento crónico y los escasos empleos formales que
obligan a los trabajadores a vivir en la informalidad, gracias a la
política económica neoliberal; el uso inescrupuloso de sus recursos
durante la vida del IMSS, la corrupción y el contratismo que sangran sus
finanzas; la negligencia y la desastrosa planeación operativa y
financiera. La subrogación de los servicios, como los laboratorios, de
cirugías o de las guarderías, que incluye a la famigliareal, y los infantes muertos, cuyos criminales responsables, Juan Molinar-Karam, no escapan del estercolero
–siguen libres y cometiendo sus tropelías en Comunicaciones y
Transportes–, reflejan la miseria y la ruina inducida, que, con la
complicidad de la mayoría del Congreso, han sido aceleradas, al
permitirse el uso de sus reservas.
Pero un becerro de oro muerto, obviamente, no sirve. La idea no es asesinar al IMSS, sino convertirlo en una agencia de contratos para mantener el alegre saqueo. A la famiglia del PVEM le pagarán sus servicios con el abastecimiento de medicamentos. A las famiglias
empresariales, con el equipamiento, la realización de los servicios y
la infraestructura. ¿En qué términos? Los que pueden suponerse. Ésas y
otras serán medidas que integrarán la “nueva generación de reformas que
garanticen la viabilidad institucional” de la que hablan Calderón y
Karam.
Endosar la crisis del IMSS a sus trabajadores es una mentira más. Una
villanía para justificar la próxima mutilación de sus prestaciones, que
quieren igualárselas a la de los demás: en el abismo y la miseria
laboral neoliberal.
La ridícula “Suprema” Corte avanzó en esa perspectiva al reducir la
base salarial para el pago de las pensiones, de 25 veces el salario
mínimo vigente en la ciudad de México a 10. Esto a pesar de que la media
de las cuantías pagadas a la mayoría de los trabajadores jubilados del
IMSS ni siquiera llega a la base de 10. Ahora pretenden obligarlos a que
acepten los fondos privados de pensión, aun cuando los antiguos
trabajadores ya aportaron su cuota y sacrificaron a los de recién
ingreso. A los contratados por el IMSS, desde 2005, alrededor de 100
mil, ya no les pagarán sus jubilaciones y pensiones. De ellos, cerca de
46 mil financian su esquema con sus propias aportaciones y la de los
contratados entre 1989 y octubre de 2005. El resto tiene cuentas
individuales, lo que redujo el peso del llamado “pasivo laboral”.
El problema no son los trabajadores del IMSS, son los parásitos del
IMSS y la nación: el cogobierno PRI-Partido Acción Nacional y los
empresarios. Con su “tierno” trato a los electricistas, Calderón y
Javier Lozano ya enseñaron gráficamente cómo “negociarán” con los del
IMSS.
*Economista
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