Una cerrada campaña contra el Gobierno de Venezuela y su régimen
político, que activan en Paraguay la derecha y los medios de prensa más
poderosos, ocasiona enorme perjuicio al comercio y a la economía de este
país, muy necesitado de la cooperación internacional para buscar
superar su gran déficit en política social.
Un
somero estudio de los documentos de un polémico Convenio de Cooperación
Energética y Estratégica, suscrito por los consorcios estatales
PETROPAR y PDVSA durante el anterior Gobierno de Nicanor Duarte Frutos,
del conservador Partido Colorado, y convertido en ley por el Congreso de
entonces, pulveriza los argumentos de los impulsores del boicot a los
intercambios de cooperación entre ambos países.
Venezuela,
tradicionalmente poco productor de bienes y servicios, dependiente
históricamente de la venta de petróleo, y tributario aún hoy de la
importación de artículos mínimos, como la papa frita desde Miami, por
ejemplo, es un mercado gigantesco, habituado a comprar todo tipo de
mercadería elaborada, en especial en la rama alimentación, rubro en el
que Paraguay podría sacar interesantes beneficios.
La
producción primaria paraguaya, que registra muy poco desarrollo, ofrece
mucha posibilidad de inversión de capitales para incrementar la
industrialización de diversos productos agro-frutícolas, la
piscicultura, lácteos, chacinados y otros, tales el girasol, maíz y
soja, productos nacionales que recién entran al mercado interno una vez
elaborados en los países vecinos. El país vende barato y se compra caro.
La
cooperación económica entre Asunción y Caracas, sin ideologización de
ninguna especie, sería inmediatamente practicable si desapareciera la
absurda oposición parlamentaria al ingreso de Venezuela al MERCOSUR, que
deja a Paraguay aislado frente a los legislativos de la región que ya
dieron su voto.
A esa negativa se suma una muy calculada indecisión para ratificar el acta de fundación de la UNASUR, que reúne a 12 países.
Desde
hace varias semanas, el caballo de batalla antichavista es ese Convenio
de Cooperación Estratégica, y su marco comercial que deben respetar
ambas empresas, sobre detalles y mecanismos que son clásicos en las
normas del mercado capitalista.
Ese acuerdo
fija la cantidad que la empresa estatal paraguaya puede comprar a PDVSA,
con un máximo de garantía del 70 por ciento de la demanda interna,
quedando el 30 % restante para que PETROPAR pueda abastecerse en el
mercado libre, recurso que le permite intentar equilibrar el precio
final.
En virtud de ese mecanismo, PETROPAR
está en condiciones de comprar ese resto a la propia Venezuela, pero a
precio más bajo, sin necesidad de licitación y con la ventaja de las
condiciones financieras que estipula el Convenio, a 25 por ciento de
interés y a 15 años de plazo.
Dañino freno a la ampliación comercial
Quienes
imposibilitan operar normalmente a las dos firmas estatales, e incluso
ampliar la gama de productos a comercializar, aducen un par de
argumentos sin base de sustentación, dado que, entre otras falacias,
sostienen que Paraguay paga un precio más alto por los fletes.
Lo
que no dicen es que el Convenio no incluye el flete y que
Contrataciones Públicas rechazó incluirlo, contra la propuesta de
PETROPAR, que lo considera beneficioso para el país, dado que Venezuela
acepta hacerse cargo de todo el transporte.
El
acuerdo contempla, además, el precio pero no el traslado, el que ahora
PETROPAR licita y se opta por la vía y empresa que más conviene a sus
intereses.
Asimismo, los influyentes enemigos
de Venezuela han hecho un escándalo por lo que interpretan como uso
indebido de tres tanques de depósito de crudo, instalados en la planta,
en las afueras de Asunción, y de los que Bolivia se sirvía en parte,
fruto de un acuerdo tripartido de cooperación regional solidaria.
Ese
punto ha logrado confundir a la opinión pública, a la cual los medios
de prensa de la oposición al Gobierno de Fernando Lugo, siempre han
ocultado que a Paraguay pertenecen 50 millones de litros cúbicos, de los
73 millones que tiene de capacidad de cada uno, y que el país tiene
libertad para disponer del excedente.
Sólo ese
mecanismo ha permitido a Paraguay ganar entre 6/7 millones de dólares
por año de costo financiero, pero los impugnadores han abierto acciones
judiciales por una diferencia de 250 mil dólares que reclaman por el uso
externo de los tanques, sin atender la serie de ganancias colaterales
que aporta esa utilización, según documentos del consorcio estatal.
Acciones
judiciales han sido abiertas contra la dirección de PETROPAR,
paralizando las operaciones con esos tanques, en doble perjuicio para el
país pero también para Bolivia que, en cierto momento quedó
desabastecida por una decisión que, a todas luces, representó un
sabotaje a la economía de ese país hermano.
Esos
mismos sectores, exigen a PETROPAR que utilice la playa de Zárate, como
depósito intermedio, una propiedad paraguaya en Argentina, que la
oposición finge ignorar que todas sus instalaciones fueron vendidas hace
20 años, y que sólo queda el terreno.
Fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/09/paraguay-perjudicado-por-el.html
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