El día de ayer, por 177 votos a favor y 153 en contra,
la Ley de Jubilaciones ha sido aprobada. Para el gobierno, sometido a la
presión de huelgas y manifestaciones multitudinarias, era de vital
importancia poner fin, lo más pronto posible, al debate parlamentario y
provocar de una buena vez el voto del proyecto. Para ello ha hecho uso
de la facultad que le otorga el articulo 49 de la Constitución, de
“comprometer su responsabilidad”, es decir, de imponer el voto asumiendo
que, si este le fuera desfavorable, la demisión gabinete seria
automática. Sin embargo, a pesar de esta lamentable expresión de
absolutismo, el combate contra ese engendro jurídico esta muy lejos de
haber terminado.
En primer
lugar, el tramite legislativo debe seguir su curso. Para que entre en
vigor, esa ley debe pasar delante de la Comisión Mixta Paritaria
(compuesta por 7 diputados y 7 senadores) para harmonizar los textos
aprobados en cada cámara) y ser presentado, el nuevo texto, para la
aprobación definitiva (lo que, evidentemente, se hará sin ningún
problema). Luego, el ejecutivo deberá promulgarla y dictar los
correspondientes decretos de aplicación. Aunque es sumamente improbable,
aun en el caso de que las movilizaciones contra esa ley continúen, el
ejecutivo podría también -como ha ocurrido alguna vez en una situación
similar- meterla en un cajón y ... olvidarse de promulgarla. Pero un
gesto de esta naturaleza no parece estar al alcance de la inteligencia y
la sensibilidad de Monsieur Sarkozy.
Los desafíos que debe afrontar la oposición a la ley
La
oposición a esta ley es polifacética. Hasta ahora, los sindicatos están
jugando un rol dirigente. Son ellos los que decretan las huelgas que
tienen mayor repercusión en la vida económica del país, y los días de
manifestación, que congregan, como ya se ha visto, a millones de
personas. Este liderazgo lo han conseguido gracias a la unidad de
acción. Sin embargo no hay que olvidar que los puntos de vista de las
grandes centrales sindicales respecto a esa ley no son homogéneos.
Algunas postulaban la negociación (para reformularla y tornarla “mas
justa”) mientras que otras exigían el retiro puro y simple de la ley.
Después de la aprobación de la ley, que deberá producirse la semana
próxima, no seria sorprendente que la unidad del frente sindical se
fisure.
Para el gobierno, la
mayor preocupación tiene que ver con la huelga del personal de las
empresas petroleras. Sin carburantes, en efecto, la circulación de
automóbiles, de camiones, de autobuses y aun de aviones es prácticamente
imposible. Una buena parte del parque industrial, de los servicios, del
turismo, del funcionamiento de la economía en general se ve así
gravemente afectado. Por esa razón, el gobierno ha decidido recurrir, de
manera absolutamente ilegal, a la requisición del personal de esas
empresas. Es decir, de obligarlos a trabajar, a pesar de encontrarse en
huelga.
Las requisiciones del personal en huelga
La
ley actual que autoriza las requisiciones data de 1938, y tiene como
objetivo de resolver problemas del país en estado de guerra. Por
ejemplo, ella autoriza la requisición (es decir, la puesta en servicio
obligatoria) de vehículos para el transporte de tropas o de material, de
edificios y locales, de recursos alimenticios, de todo lo que
contribuya al esfuerzo de guerra y al funcionamiento del país. Mas
tarde, esta facultad de requisición se va a extender al dominio civil.
En caso de catástrofe natural, por solo citar un ejemplo, el Prefecto
(representante del Estado) puede requicisionar alojamientos, médicos,
enfermeras, etc. para ayudar a los damnificados. En general, todo lo que
tenga que ver con la seguridad y la protección de las personas, y con
el funcionamiento de los servicios públicos puede ser objeto de
requisición.
En el caso de la
riquisición de trabajadores en huelga, bajo la amenaza de pagar una
multa de 10.000 Euros y 6 meses de prisión hay, evidentemente, un
conflicto de normas legales. En particular, si se trata de forzar el
funcionamiento de empresas privadas, como es el caso de petroleras, que
no tienen nada que ver con el servicio publico. Esa medida gubernamental
constituye entonces una violación flagrante del derecho de huelga. Así
lo han interpretado las organizaciones sindicales, que han interpuesto
acciones judiciales y han obtenido satisfacción, pero, tardíamente. Pues
una requisición decretada, por ejemplo un viernes, solo puede ser
cuestionada legalmente el lunes, lo que permite al gobierno en ese lapso
de poner en circulación numerosos camiones para abastecer las
estaciones de servicio.
Los camioneros y los estudiantes
Los
camioneros y los estudiantes constituyen también fuerzas políticas
importantes. Curiosamente, la acción de los trabajadores del petroleo,
provocando el desabastecimiento general en carburantes, impide a los
camioneros de emprender las acciones que les son propias, además de la
huelga: bloquear los puentes, los túneles, las rotondas, el acceso a las
empresas y, menos espectacular pero no menos eficaces, las “operaciones
caracol” (de marcha lenta sobre las autopistas) lo que provoca muy
rápidamente gigantescos embotellamientos.
Las
manifestaciones estudiantiles siempre han sido para el gobierno un
rompecabezas. Ellas son, por naturaleza (como expresión de solidaridad
intergeneracional) sumamente simpáticas, pero también extremadamente
peligrosas. Aquí todo el mundo recuerda la muerte en Paris del
estudiante Malik Oussekine, victima de la violencia policial en una
manifestación, el 8 de diciembre de 1986, suceso que impactó la opinión
publica con la fuerza de un cataclismo. Por lo demás, es siempre en
estas manifestaciones juveniles alborotadas, más espontaneas, menos
organizadas, donde aparecen los “casseurs”, otros jóvenes que se atacan
sin misericordia a los bienes públicos y privados y que provocan la
enérgica reacción policial, aumentando por ende los riegos de un
incidente fatal.
Lo que vendrá después
Una
vez que la ley sea promulgada, y que la movilización popular se haya
diluido, Francia volverá sin duda a la normalidad. El gobierno podrá
vanagloriarse de haber obtenido una contundente victoria contra los
trabajadores y los partidos de oposición. Sin embargo, el sentimiento de
profunda injusticia que inspira esa ley, y de no haber sido escuchados
por los llamados representantes del pueblo, va a pesar decisivamente en
la próximas elecciones nacionales de 2012. La ley de jubilaciones se
habrá convertido ya en esa época, en el ataúd con el que sera enterrado
politicamente, sin pena ni gloria, Nicolas Sarkozy.
Fuente, vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/francia-ley-jubilaciones-ha-sido-aprobada-ahora-que
http://www.kaosenlared.net/noticia/francia-ley-jubilaciones-ha-sido-aprobada-ahora-que
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