El rescate de los 33 mineros liberados desde el fondo de la mina San
José, en el desierto chileno, al norte del país, ha desatado una gran
alegría en todo el mundo, pero desgraciadamente la emoción del momento
ha dejado de lado una triste realidad: la grave inseguridad laboral que
existe en Chile y especialmente en los yacimientos mineros.
Chile
vive de la minería ya que esta actividad entrega al país enormes
ingresos, especialmente el cobre y con una producción de cinco millones y
medio de toneladas al año, es el principal productor de cobre del
mundo. También exporta oro, plata, hierro, litio y otros minerales que
se extraen de unas 4.000 minas chilenas, ubicadas especialmente en el
norte de la nación sudamericana.
Las grandes
compañías mineras, como la estatal Corporación del Cobre (Codelco),
pueden mantener sistemas de seguridad y operan con equipos modernos,
pero las pequeñas o medianas empresas, como San José, no cuentan con
instalaciones adecuadas y los niveles de seguridad son mínimos.
En
ese tipo de minas y en lo que va de año, según el Servicio Nacional de
Geología y Minería de Chile (Sernageomin), 35 trabajadores han fallecido
por accidentes en las minas chilenas, la mayoría de ellos en pequeñas y
medianas empresas y en los últimos diez años, perdieron la vida en
accidentes 403 mineros.
En total, más de 50
empresas de la mediana y pequeña han tenido que suspender sus
operaciones por la falta de seguridad en sus instalaciones, también la
mina San José, que inició actividades en 1889, oro y cobre. Antes del
derrumbe, el pasado 5 de agosto, había registrado también accidentes
fatales, razón por la cual fue clausurada en 2007 por una explosión de
roca que causó la muerte de un trabajador. Otro minero murió un año
antes y también se registraron otros accidentes sin consecuencias de
muerte.
Curiosamente la mina fue reabierta, en
mayo de 2008, durante el gobierno de la Concertación por la Democracia,
cuando el organismo del Estado a cargo de verificar la seguridad en las
minas autorizó la reapertura por que a su juicio, la empresa afirmó que
contaba con "todos los papeles en regla".
El
último accidente en San José fue el de los 33 obreros y el derrumbe que
bloqueó accesos y salidas del yacimiento, ubicado en las cercanías de
Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago. En este caso los
hombres quedaron enterrados porque el ducto que debía ser una vía de
escape no contaba con escaleras.
Según los
cálculos más optimistas, el rescate de los mineros atrapados tendrá un
costo superior a los 10 millones de dólares, pero no se sabe quien
asumirá los gastos y aunque se espera que la Minera San Esteban
responda, lo más seguro es que los tenga que asumir el Estado, es decir
todos los chilenos.
El gobierno de Sebastián
Piñera, presionado por los acontecimientos, se ha apresurado en declarar
que realizará una reforma legal para garantizar la seguridad de los
mineros, pero no se sabe cómo se financiarán las reformas. Tampoco está
claro si la ley favorecerá a otros sectores ya que según cifras de la
Superintendencia de Seguridad Social de Chile, en el país fallecen 4
trabajadores por accidentes de trabajo a la semana. El año 2009 hubo 227
casos fatales y más de 900 lesionados.
La
situación en Chile no es muy diferente a la que se aprecia en el resto
de América Latina y el mundo si nos atenemos a las cifras de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los accidentes del trabajo
y las enfermedades profesionales que se cobran anualmente una media de
6.000 vidas diarias.
En América Latina varios
miles de personas mueren anualmente como consecuencia de su trabajo en
ocupaciones tales como la agricultura, la explotación forestal, la
construcción, la minería, la industria química y la pesca.
Una
conferencia de expertos reunidos por el Banco Interamericano de
Desarrollo en el año 2000 indicó que la falta de conciencia y escasa
observancia de la legislación sobre Seguridad y salud en el trabajo en
América Latina exponía a un 80 por ciento de la mano de obra en la
región a accidentes de trabajo.
Para el
secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de
las Américas (CSA), Víctor Báez Mosqueira, la situación llega a extremos
que un accidente laboral mortal tiene lugar cada dos minutos en América
Latina. La mayoría de los casos son víctimas causadas por la
“negligencia patronal”, denunció
Según cifras
citadas por OIT, en la actualidad "ocurren 36 accidentes de trabajo por
minuto y aproximadamente 300 trabajadores mueren cada día como resultado
de los mismos". Así se calcula que en América Latina se producen cerca
de cincuenta millones de accidentes del trabajo anuales, de los cuales
90.000 tienen resultado mortal y unos 148.000 fallecimientos están
relacionados con enfermedades y accidentes de trabajo.
Por
cierto que los accidentes afectan a los más débiles: la población
infantil y mujeres, sobre todo en la pequeña minería y la minería
artesanal. La OIT estima que la cifra de niñas y niños entre 5 y 14 años
trabajando es de 17,5 millones, de los cuales 22.000 mueren anualmente
en accidentes laborales.
La situación podría
ser todavía más dramática si tenemos en cuenta que las economías
informales representan más del 50% de las economías latinoamericanas y,
claro no existen cifras que demuestren que sucede con los informales.
Tampoco hay estadísticas oficiales al respecto.
Por
otro lado, la nueva realidad económica de América Latina y las
necesidades de recursos básicos por parte de los países desarrollados ha
acelerado el drama de los trabajadores mineros. Esto por que las
naciones latinoamericanas están todas empeñadas en vender minerales
ahora y más que nunca. Por lo mismo, la minería es la base de las
crecientes cifras de alta productividad de las economías latinoamericana
y más todavía después que China se ha convertido en el principal
comprador de productos mineros.
Pero con el
aumento de la producción minera, sobre todo las pequeñas y medianas, ha
crecido la inseguridad de los trabajadores y la extracción se da sin un
adecuado respeto del medio ambiente. Desde luego, con incentivos de los
Estados para garantizar a inversores extranjeros flexibilización
laboral, ambiental y tributaria en desmedro de los derechos de los
trabajadores, los ecosistemas, las comunidades aledañas y el patrimonio
de los países.
El obispo de Copiapó, monseñor
Gaspar Quintana la sabe muy bien y hace lo que puede, desde la
perspectiva de la Iglesia, para evitar los extremos, como evitar que el
hombre pueda depredar los recursos naturales indiscriminadamente.
El
obispo critica no solo las dramáticas condiciones medioambientales
resultado de una practica casi indiscriminada de explotación, también se
ha puesto del lado de los pueblos del Valle del Huasco que se oponen al
megaproyecto” Pascua Lama” en contra del cual se manifiestan también
monjas, sacerdotes y comunidades cristianas de Atacama y otras regiones.
Se
trata del primer proyecto minero binacional (Chile/Argentina) que se
propone extraer reservas comprobadas de 18 millones de onzas de oro, 731
millones de onzas de plata y 662 millones de libras de cobre, con una
inversión estimada en alrededor de 2.400 millones de dólares.
El
proyecto lo encabeza la transnacional canadiense “Barrick Gold
Corporation”. Los medioambientalitas advierten del desastre que
significa esta actividad, a tajo abierto y a cuatro mil metros de
altura, en una zona andina con glaciares milenarios y donde nacen los
ríos que bajan a valles con poco agua y densamente poblados. También el
obispo de Copiapó rechaza el proyecto.
En un
comunicado entregado por 13 importantes organizaciones ambientalistas,
chilenas y argentinas, afirman además que el proyecto chileno-argentino
encabezado por “Barrick Gold Corporation” usará compuestos químicos
peligrosos como cianuro y ácido sulfúrico y que generará desechos
tóxicos, ácidos, metales pesados, libera el abundante arsénico
encapsulado en la cordillera y contamina la tierra, las aguas, el aire,
los acuíferos, bofedales y ríos.
Algo que,
señalan, la empresa canadiense no está en condiciones de impedir como
tampoco los accidentes, filtraciones, vertidos u otro tipo de
contingencias propias de las actividades mineras. Son asuntos
importantes que hoy deberían tenerse presente. Pero desgraciadamente la
alegría del momento no permite ver más allá de lo que nos muestra la
televisión, dominada por la figura del presidente chileno Sebastian
Piñera, cuyas empresas tampoco son un modelo de respeto a los derechos
de los trabajadores.
Las escenas de hoy en
Chile hacen recordar la situación vivida, el año 1964, también en el
norte chileno, cuando siete mineros quedaron enterrados en la mina “Flor
de Té” de la localidad de Andacollo. Teniendo en cuenta la falta de
recursos de entonces, a escala, fue algo similar al accidente de San
José.
El esfuerzo de técnicos y la vitalidad
de los trabajadores permitieron vencer a la muerte. Los siete mineros
fueron rescatados con vida y, como ahora, fueron héroes nacionales como
los de Copiapó. También les prometió de todo, también jubilaciones
eternas, automóviles, vacaciones, etc. Al final, las promesas se las
llevó el viento del desierto que mezclado con arena tapa todo. Los
mineros fueron olvidados y también las promesas. Ellos siguieron su
difícil vida y las minas continúan su peligrosa actividad. Algo ha
cambiado, el pueblito de Andacollo se ha transformado totalmente.
Ubicado poco más allá del Valle del Elqui, donde nació y trabajó la
primera mujer Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.
Todavía
mineros, cada vez más jóvenes, entran a las distintas faenas mineras en
el fondo de la tierra, solo que con el tiempo el peligro es cada vez
mayor y pero es menos grave que en la superficie. Andacollo, se ha
convertido en un vergonzoso desastre medioambiental al que nadie le pone
o podrá ponerle atajo.
Fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/10/la-grave-inseguridad-laboral-que-existe.html
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