La escandalosa, cuan dolosa, quiebra de Mexicana de Aviación muestra con
claridad la debacle en que el país se encuentra; es prueba fehaciente
de los nefastos resultados de un modelo en que todo se deja al libre
juego de las fuerzas del mercado cuyo resultado, lejos de generar un
sano crecimiento de la sociedad y de la economía, sólo deja el saldo de
pérdidas en todos los renglones, excepto el de los bolsillos de los
potentados. Para el común de la gente Mexicana de Aviación significó un
emblema de orgullo nacional y, por tanto, su quiebra lo es también de
todos los mexicanos; sin dejar de ser una subjetividad, esta apreciación
popular no está lejos de ser parte de la realidad actual del país.
El
lopezobradorismo y el Proyecto Alternativo de Nación así lo postulan,
debidamente enmarcado en el reclamo de honestidad republicana y combate a
la corrupción. Un estado responsable para una sociedad digna.
El
asunto es de fondo y permite varios niveles de análisis. Los dueños de
la empresa argumentan que los motivos de la quiebra tienen que ver con
las condiciones de los contratos colectivos de trabajo, siguiendo la
costumbre de pretender ocultar su ineficiencia administrativa, tal como
se argumentó por el gobierno en el caso de Luz y Fuerza del Centro. Yo
no creo en tal ineficiencia administrativa, como tampoco que la causa
sean las condiciones laborales; creo que lo que sucede es que la falla
radica en el objetivo financiero de los dueños que, por cierto, no
quiebran en lo personal sino que acrecientan sus fortunas en el conocido
deporte de recibir empresas públicas a precio de ganga, recibir
créditos cuantiosos para fortalecerlas, transferir el dinero a otras
empresas de su propiedad que funcionan como proveedoras, descapitalizar a
la principal y, finalmente, quebrarla para no pagar los créditos y
obligaciones contraídos. Así sucedió siempre con los ingenios
azucareros, fue el motivo del perverso FOBAPROA, se practicó con el
rescate carretero, entre otros distinguidos casos de la corrupción de
cuello blanco. Como que la película la tenemos muy vista para seguir
cayendo en el engaño; los tecnócratas son imbéciles pero no tanto como
para no ser partícipes del negocio: lo prohijaron, lo ejecutaron y lo
dejaron pasar. No fue de gratis, téngalo por seguro.
Los
defensores del neoliberalismo y de la competencia como fórmula de
autorregulación, al estilo de la señora Dresser, dirán que no es culpa
del modelo sino de la corrupción. Sólo les asiste parcialmente la razón;
lo que no mencionan es que es el propio modelo el que da lugar a que
tal corrupción exista. Cuando el modelo privilegia el dinero como valor
rector de la actividad humana y deja en absoluta libertad a los actores
para conseguirlo, la corrupción deja de ser pecado para convertirse en
ejercicio de la libertad empresarial en busca de la mayor utilidad
posible. En tal caso la famosa competencia no tiene nada que ver con la
satisfacción del consumidor, sino solamente en el nivel de calificación
de las fortunas personales en las revistas especializadas o en el tamaño
de los yates en que se pasean.
En un segundo
nivel de análisis, el tema lleva a la consideración del papel del estado
en la economía. El tema que nos ocupa dice claramente que la atención
de un servicio de la importancia del transporte aéreo, del cual depende
la sana operación del conjunto económico, no puede dejarse a la suerte,
la eficiencia o la honestidad de un grupo de personas cuya principal y
legítima finalidad es generar utilidades. Digo legítima porque a nadie
se le puede exigir que regale su dinero o que realice una actividad con
pérdidas; mienten quienes dicen que la función de la empresa es generar
empleo, en todo caso el empleo es una resultante de la búsqueda de
utilidad. Siendo así, el estado está en la obligación constitucional de
intervenir en diversos grados, según sea el carácter de la actividad;
desde la operación exclusiva, como es el caso de la energía y los
servicios de infraestructura, que da lugar al monopolio público
paraestatal; o la concesión a particulares de manera restringida y
controlada, que representa el monopolio legal. Para el resto de la
actividad económica la libre competencia no debe tener más límite que la
legalidad y debe protegérsele respecto de las importaciones ruinosas.
Así lo establece la Constitución y es correcto.
Vale
la pena anotar que este es el marco en que deben operar las concesiones
del espacio radioeléctrico, particularmente las de la televisión; son
monopolio pero distan mucho de ser legales. El régimen no controla a las
empresas del ramo, antes al contrario, son las empresas televisivas las
que controlan al gobierno. No basta con que se otorguen más concesiones
que van a competir por la audiencia y que, por lo general, lo hacen por
la vía de la vulgarización de la programación, como sucedió cuando se
privatizó la televisión pública. Es preciso que el estado garantice que
el medio público concesionado cumpla con los requisitos de orden
cultural e informativo que la sociedad exige.
fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/09/mexicana-de-corrupcion.html
http://www.argenpress.info/2010/09/mexicana-de-corrupcion.html
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