Sólo la presión de sectores organizados y
movilizados puede zanjar el conflicto que opone a los prisioneros
políticos en huelga de hambre con el Estado chileno. El nudo gordiano
puede romperse y una tragedia evitarse si la sociedad civil genera una
correlación de fuerzas favorable al reconocimiento de las legítimas
reivindicaciones del movimiento mapuche.
Este movimiento está encarnado en los 34
luchadores de una causa que no sólo tiene la legitimidad histórica sino
que además la que le otorgan tratados internacionales que el Estado
chileno no ha respetado. Y el punto central es obtener lo más pronto
posible la libertad de los prisioneros políticos mapuche para que
reciban los cuidados médicos necesarios y preservarles la vida. Para que
puedan continuar con el proyecto de reconstrucción de su pueblo-nación.
La legitimidad la tienen quienes luchan
por una causa justa en contra de un Estado irrespetuoso del Derecho. Eso
tendrían que saberlo los liberales admiradores de John Locke. Que Chile tiene un déficit enorme de legitimidad en materia de justicia.
Simple.
Ha sido gracias a la fuerza y la
voluntad de los luchadores mapuche que el pueblo chileno comienza a
tomar consciencia que las leyes que lo gobiernan no son justas. Que no
respetan el debido proceso. Que el aparato estatal atenta contra las
sacrosantas libertades individuales mismas. La razón: la Ley
Antiterrorista viola la presunción de inocencia de las personas acusadas
de delito. Además, la aplicación de la justicia militar a delitos
civiles es un residuo dictatorial. Doble juicio y leyes irrespetuosas de
los derechos fundamentales son formas jurídicas ilegítimas e ilegales
en una sociedad democrática. Son una aberración para cualquier jurista
de un país donde impera el Derecho. Y el uso de testigos sin rostros,
bajo apremios ilegítimos (tortura), es lo peor que ha producido la
ideología de la “guerra permanente” y la contrainsurgencia para
criminalizar a movimientos sociales.
Y ante leyes injustas el mismo
liberalismo político de Locke justifica la rebelión y la desobediencia
civil. Eso sucede cuando el poder legislativo (binominal) no cumple su
función: cuando no se legitima como organismo fiscalizador de las leyes.
Es la otra cara del legalismo chileno. Su ineficacia.
Pero el Presidente y sus ministros hacen
propaganda. Prefieren hablar de “apremios ilegítimos” y de
“intransigencia” por parte de los huelguistas. Es una retórica malsana.
Es de mala fé. De hecho los hombres del Presidente tendrían que
reconocer que Chile está atrasado en lo que es el reconocimiento de los
derechos políticos de los pueblos originarios. Que la violencia estatal y
policíaca ilegítima ha sido utilizada durante siglos contra un pueblo
que ha resistido.
Y la Concertación también erró. Quiso
imponer la hoja de ruta del Estado e hizo caso omiso de la necesidad de
una gran consulta al pueblo mapuche. Debió haber entregado los medios
para que ésta se realizara. Ante el conflicto, prefirió reprimir.
Actualmente el peligro viene del
Gobierno. Sus estrategos no pueden dejar de pensar en la Araucanía en
términos neoliberales. Ven el territorio mapuche como un territorio rico
en recursos que deben ser explotados según criterios de rentabilidad.
Es el famoso Plan Araucanía.
Esta lógica capitalista es depredadora
se opone y choca con la cosmovisión y la esencia histórica de la cultura
mapuche que defienden tanto los luchadores presos como la gran mayoría
de su juventud y comunidades. Es el Talón de Aquiles de la “legitimidad”
del discurso piñerista y de los economistas neoliberales de Libertad y
Desarrollo, al cual pertenece Larroulet. A largo plazo no son creíbles.
La resistencia de los autóctonos de Chiapas en el sur de México surgió a fines de los ochenta cuando el Gobierno de Salinas de Gortari
cambió la Ley Agraria, permitiendo la división y la venta de tierras
que pertenecían a formas ancestrales y comunitarias de tenencia de la
tierra llamadas Ejidos. Lo hizo con el fin de permitir que las
multinacionales compraran tierras autóctonas y explotaran y destruyeran,
bosques, ríos, lagos y mares. De ahí vino la rebelión Zapatista.
La cosmovisión de los mapuche y de sus
luchadores es portadora de valores contemporáneos de armonía entre el
ser del hombre y la naturaleza, muy cercanos a los de una buena parte de
la juventud chilena y mundial. Estos valores emergentes se contradicen
con los intereses y la ideología productivista de las oligarquías
propietarias chilenas en sus formas nacionalistas, conservadoras y
liberales.
Quien debe cambiar de “approach” ante el
conflicto con el pueblo mapuche es el Gobierno. De manera estratégica,
si no negocia ahora con los huelguistas y no se busca la manera de
convencer a los lobbys madereros, mineros y energéticos; a los intereses
latifundistas y a los oligarcas y políticos de derecha que hay que
ceder y liberar a los prisioneros y amnistiarlos, éste y los otros
gobiernos estarán sentados en un volcán.
Fuente, vìa :
http://www.elciudadano.cl/2010/09/27/un-gobierno-a-la-deriva-leyes-ilegitimas-y-retorica-desfasada-e-intransigente/
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