El gobierno envió al Congreso un proyecto que es un fiasco. El paso más
audaz de la iniciativa oficial residiría en la constitución de una junta
consultiva “integrada por todos los diarios” (Clarín, 27/8). Ello
abriría la puerta, no a una gestión del papel de diario según la
representación social o política, sino en favor de otros grupos
capitalistas, como los que controlan a los diarios del interior. De
todos modos, ninguna declaración de “interés público” alterará la
mayoría y el control societarios de Clarín y La Nación sobre Papel
Prensa. Al día siguiente del discurso de Cristina, los “mercados”
saludaron la inocuidad del proyecto oficial con una recuperación de la
bolsa y de los títulos públicos.
La
oposición declaró “no prioritario” al proyecto y se propondría
cajonearlo en las comisiones del Congreso. Radicales, macristas y otros
lo rechazan en nombre de la “libertad de expresión”, entendida, claro
está, como la libertad del capital para ejercer su monopolio sobre los
medios de comunicación en forma irrestricta. Carrió fue más lejos que
todos, al señalar, por América TV: “Si este canal es de De Narváez,
nadie puede obligarlo a repartir proporcionalmente sus espacios entre
diferentes expresiones” (sic, La Cornisa, 29/8). En otras palabras, el
capital debe preservar la libertad de invitar a sus medios a quienes
políticamente lo representan. Una atribución que el kirchnerismo y sus
capitalistas asociados ejercen, de igual manera, desde el Estado o sus
medios afines. De todos modos, el proyecto que declararía de “interés
público” al papel de diarios está muy lejos de los temores de Carrió.
La oposición lo sabe, pero se sirve de esta crisis para ganar puntos frente al gran capital.
Aunque
el kirchnerismo no se priva de denunciar a los opositores por “demorar”
el proyecto, él mismo parece interesado en darle largas al asunto. Por
lo pronto, desistió de ingresarlo a través del Senado, donde cuenta con
una mejor relación de fuerzas. En cambio, lo presentaron en Diputados,
donde el debate será más extenso y disputado. Según algunos, el gobierno
“buscaba evitar una aprobación express” (Ambito, 30/8). O sea que
quiere estirar su tratamiento para golpear a la oposición, medrar con
sus contradicciones y desplazar de la agenda política otras cuestiones,
en primer lugar la del 82% móvil. Ni el gobierno cree en su “cruzada
contra los monopolios mediáticos”. Pero se servirá de ella para
disimular el uso de la caja de la Anses en beneficio de los usureros de
la deuda pública.
Derechos humanos y punto final
Con
la crisis de Papel Prensa, oficialistas y opositores han hecho uso y
abuso de la cuestión de los derechos humanos, que se encontraría, según
ellos, “por encima de cualquier interés particular”. El kirchnerismo
denuncia que Clarín y La Nación se han servido de la represión
dictatorial para alcanzar el monopolio del papel de diarios. Pero, del
mismo modo, los K apelan a los derechos humanos para promover otra
reasignación, inversa, de los medios de comunicación entre grupos
capitalistas. Los ataques a Fibertel y Cablevisión golpearán al
monopolio Clarín. Pero sus beneficiarios son Telefónica, Telecom y el
grupo de Pierri (Telecentro y Canal 26), “quien concurre más a Olivos
ahora que cuando presidía la Cámara de Diputados” (La Nación, 30/8). El
gobierno que invoca a los derechos humanos como “valor supremo” acaba de
reconquistar para sus filas al ex agente de inteligencia Juan José
Álvarez, uno de los responsables políticos del Puente Pueyrredón. En el
Senado tiene como aliado a Carlos Menem, quien, después de sus últimas
“borradas” en votaciones decisivas, acaba de ser desprocesado en la
causa que juzga la voladura de Río Tercero.
La
oposición se lamenta del “uso” oficial de los derechos humanos, pero
para reclamar, a renglón siguiente, el punto final sobre la represión
dictatorial y sus secuelas. Clarín y La Nación han salido a endilgarle a
Montoneros la responsabilidad sobre los aprietes a Graiver, eximiendo a
la dictadura y a ellos mismos de tales aprietes. Vuelven a colocar
sobre el tapete la “teoría de los dos demonios”, que fue la doctrina
oficial de la democracia durante las tres décadas que sucedieron al
régimen genocida. Sobre esa base, se desarrollaron los juicios y los
indultos posteriores (los actuales juicios a cuentagotas, siempre es
bueno recordarlo, se pusieron en marcha para impedir la extradición de
los verdugos.) Pero la crisis de Papel Prensa se asoma a las
transferencias patrimoniales operadas bajo la dictadura y, en esa
medida, echa sombras sobre la “seguridad jurídica” de la “burguesía
nacional”, la que creció con los subsidios y contratos de Videla. De
cara a este peligro, Grondona (pero también Carrió) han salido a
reclamar un nuevo “punto final”.
Con Papel
Prensa, el kirchnerismo agitó las aguas del régimen genocida. Pero
terminó reculando ante los “capitanes de la industria” de la dictadura,
cuyos beneficios trabajó por reconstruir desde 2003. Los derechistas se
han servido de la cobardía oficial para redoblar la apuesta, en este
caso por el fin de los juicios.
Crisis política
Por
ahora, el gobierno y la oposición se servirán del tiroteo con Clarín
con varios propósitos. La polvareda “contra los monopolios” le permite a
los Kirchner disimular “un giro a la derecha en la política exterior,
para lograr inversiones, insertarse en los mercados y acordar con el
Club de París” (La Nación, 29/8), por un lado. Por el otro, para lidiar
con su propia declinación política. Con sus tentativas de polarización,
el kirchnerismo quiere darle sustento al régimen de decretazos y
“emergencia económica”, con el que tendrá que gobernar hasta finales de
2011. Si no lo consigue, vendrá el anticipo electoral y la entrega
adelantada del mandato. La oposición, por su parte, se ha servido del
caso Papel Prensa-Fibertel para ensayar una nueva tentativa de unidad,
que tampoco consiguió. Los coqueteos iniciales de Alfonsín o Binner con
el proyecto regulatorio han sido, antes que nada, nuevos episodios de la
fractura que recorre al Acuerdo Cívico y al propio radicalismo.
Solanas
y Lozano oscilaron entre el apoyo a Clarín y la confianza en las
“regulaciones” ficticias de los Kirchner; es decir, entre los dos
bloques capitalistas que se disputan el desenlace de la crisis.
fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/09/guerra-de-rapina-y-crisis-politica.html
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