No estamos acostumbrados a que los
fiscales -es decir los acusadores- intenten demostrar siempre y en todo
lugar la culpabilidad de los acusados. Es la novedad de la reforma
procesal penal. Y eso es lo que ocurre en las salas de audiencia, donde
son los jueces quienes tienen que determinar si los imputados son
culpables o inocentes. Pese a ello, la tendencia en los medios de
comunicación es a aceptar lo que dicen los fiscales. Es lo que ocurrió
en el Informe Especial de TVN sobre el llamado “caso bombas”.
Sin saber si los 15 acusados -cuyos
nombres se han repetido hasta el cansancio en la prensa, la televisión y
las radioemisoras e incluso en internet- eran los que mantenían al país
aterrorizado, hicieron estallar 160 artefactos explosivos durante siete
años, realizaron 23 atentados dinamiteros y recibieron financiamiento
del extranjero (aunque 700 mil pesos en todo el período no parece ser
excesivo); desconociendo la verdad oculta tras esa maraña de
acusaciones, resulta sorprendente constatar la unanimidad condenatoria
de los medios. Se habla de “insurgencia”, de “terrorismo urbano”, de
“anarquismo comunista”, pero no se exponen razonadamente los argumentos
de los acusados ni de sus abogados.
Se elude, además, describir la forma en que fueron detenidos. El fiscal nacional, entrevistado en Radio Cooperativa,
afirmó que no había recibido ninguna denuncia, por lo cual no podía
pronunciarse y ni siquiera investigar los hechos. Agregó que las
operaciones de búsqueda y captura eran programadas y realizadas por la
policía. Más aún, puntualizó acertadamente que “costó mucho en Chile”
conseguir que se respeten “las garantías de todos, como para hacer la
vista gorda ahora” desde la Fiscalía Nacional.
Pese a ello, los procedimientos
empleados por los agentes en algunos casos, ilustrados además por el
despliegue televisivo, son una realidad difícil de desmentir. En el
dormitorio de una de las detenidas irrumpió violenta y sorpresivamente
un grupo de policías que antes abrieron a golpes la puerta de calle y
despertaron a los jóvenes gritando y apuntándoles con metralletas. Valga
de paso señalar que la detenida está embarazada de ocho meses. El
operativo se prolongó por siete horas, mientras los agentes revisaban
con violencia las distintas dependencias de la casa y mantenían bajo
amenaza a los acusados. ¿No es este el mismo procedimiento policial
empleado tantas veces durante la dictadura? ¿No hay en esto un flagrante
atropello a las garantías individuales? Hasta horas después los agentes
no exhibieron ninguna orden judicial, ni en ningún momento se les
informó de sus derechos, como dice la ley que se debe hacer.
Familiares de los detenidos han
comentado que se trata de un gigantesco show y que no existen pruebas
fehacientes que prueben la culpabilidad de los acusados. Han dicho
también que el pasado condena a algunos de ellos, que se vieron
involucrados con un grupo de izquierda que defendía el recurso de la
fuerza para oponerse a la dictadura. En esos casos fueron juzgados y
condenados y cumplieron sus penas. Sin embargo, ahora son sindicados
como ex lautaristas, ex frentistas, con énfasis acusatorio.
El tema está ahora en manos de los
jueces, que deberán decidir de acuerdo a pruebas y argumentos objetivos,
dejando de lado la parafernalia de acusaciones y la espectacularidad de
los operativos policiales con cámaras de televisión. Por otra parte, es
de esperar que los medios adopten de una buena vez lo que algunos
llaman “decoro periodístico” y se limiten a informar sin tomar partido
ni comulgar a veces con ruedas de carreta.
Fuente: mundoclaraboya.blogspot.com
http://www.elciudadano.cl/2010/08/21/%C2%BFquien-es-el-juez-el-fiscal-o-la-tv/
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