Diario Red Digital
Nadie lo dice por tributo al dolor de los familiares.
Pero
todos los que están detrás de la barrera que impide el paso a la zona
de seguridad donde se ejecutan las faenas de rescate en la mina San
José, saben que las probabilidades de sacar con vida a los 33 mineros
atrapados en el fondo de un pique de unos 800 metros de profundidad, son
extremadamente remotas.
Y aún cuando se establezca contacto con
ellos por medio de alguna de los seis sondajes, inéditos en materia de
rescate y en todo caso no antes de quince días a contar del domingo 15
de agosto, siempre que se encuentren donde se supone, vale decir, en el
refugio o en el taller mecánico, ambos en la cota 700, sacarlos a la
luz, por el lado bajo, tomaría entre dos y tres meses más.
Entretanto,
en virtud de un suerte de pacto implícito, también en consideración al
sentimiento de los familiares, tanto las autoridades de nivel superior
como las que asumieron el control de de las faenas de rescate y la
prensa, han evadido el crucial tema de las responsabilidades.
Dos visiones en conflicto
En la práctica, en el improvisado campamento que afloró de la nada a partir del 5 de agosto, coexisten dos visiones.
La
primera, es la que maneja el Gobierno, los propietarios de la mina y el
sector de los familiares controlado por el gobierno, y que por medio de
la versión unilateral y estereotipada de la prensa, es también la que
asume el común de la ciudadanía.
En esta perspectiva, la tragedia
de la mina San José es un accidente propio de los riesgos inherentes a
la minería subterránea, y por tanto, imposible de prevenir. Lo que
importa ahora es trabajar con eficacia para rescatar a los mineros
atrapados con vida. El tema de las responsabilidades criminales se verá
después del rescate, y en todo caso, es competencia de los tribunales.
Y
las remuneraciones de los mineros accidentados, así como las
indemnizaciones y la seguridad social de sus familiares, es en primer
término, responsabilidad de la empresa, luego, de las mutuales de
seguridad y en tercer lugar, de las compañías de seguros. Ante la
falencia de cualquiera de los eslabones de esa cadena, el Estado podría
intervenir por la vía subsidiaria. Total, eso está en el manual.
Consecuencia inevitable
El
segundo enfoque, absolutamente invisibilizado para la ciudadanía y
groseramente omitido por los medios de comunicación, es el que sustentan
los dirigentes del Sindicato Nº2 de Minera San Esteban Primera y la CUT
provincial Copiapó, y que hicieron suya los representantes de las
organizaciones sindicales de la minería de todo el país, que
concurrieron a la asamblea de organizaciones sociales y sindicales
realizada el 13 de agosto en la Universidad de Atacama, convocada al
calor de los acontecimientos.
Este enfoque sostiene que la
tragedia, largamente anunciada por los dirigentes sindicales de la mina,
es la consecuencia inevitable de un sistema económico que pone en el
centro la rentabilidad privada sobre cualquier otra consideración,
incluyendo la seguridad e incluso la propia vida de los que con su
trabajo, generan esa rentabilidad.
En este enfoque, las
responsabilidades son compartidas entre la contraparte empresarial, que
atropelló repetidamente el reglamento de seguridad minera en su afán de
aumentar la producción en el escenario del alto precio del cobre, y el
Estado, en cuanto autoridad supervisora, a través de instituciones como
el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Inspección del Trabajo, la
Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Superintendencia de
Seguridad Social, el Gobierno Regional, todas las cuales fallaron a la
hora de preservar la seguridad e integridad de los 33 mineros atrapados,
e incluso, la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó un recurso
de protección presentado por el Consejo Directivo de los Sindicatos de
Trabajadores de Minera San Esteban Primera, el 6 de marzo de 2004.
La regla y no la excepción
El trámite de ese recurso de protección describe la historia no contada de la tragedia de San José.
Los
dirigentes sindicales de la mina San José sienten la necesidad de
divulgar esa historia por ninguna otra consideración que no sea
contribuir a evitar los accidentes en la mediana minería, que no porque
no sean noticia, dejan de ser una realidad casi diaria.
A modo de
ejemplo, según datos del SERNAGEOMIN, los accidentes mineros dejaron
373 muertos en Chile en la última década y 31 en lo que va del año.
Según Ricardo Troncoso , ex director del Servicio, el promedio de
accidentes con muertes es en la actualidad de 39 a 40 por año.
El presidente de la Asociación de Funcionarios del Sernageomin , Luis Enrique Lira ,
denunció que el servicio cuenta con 16 inspectores para fiscalizar las
más de 4.500 explotaciones mineras existentes en Chile.
En esas
condiciones, el descabezamiento del servicio, dispuestos por el
Presidente de la República, que destituyó a sus primeras tres
autoridades, no pasa de ser un populista gesto para la galería.
De hecho, la propia mina San José registra tres accidentes fatales antes del 5 de agosto de 2010.
El peso de la ambición
La
mina San José, situada a unos 60 kilómetros al poniente de Copiapó, es
explotada casi ininterrumpidamente desde 1869, con metodología propia de
la minería artesanal. A mediados de los 90, se hace cargo de ella la
Compañía Minera San Esteban Primera, propiedad en partes iguales de
Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, que además oficia de gerente general.
A
pesar de que las leyes son bajas, 0,8% de cobre y 2,5% de oro, es
todavía rentable para el método propio de la mediana minería, vale
decir, explotación por volúmen, a través de tronadura, construcción de
túneles y movimientos de material con equipo mecanizado.
Inicialmente,
trabajaban con fortificación natural consistente en taludes de roca de
treinta metros entre sección y sección de la veta en explotación.
De seguir con ese método, los empresarios habrían podido seguir explotanto la mina por lo menos por otros cuarenta años.
El problema es que la ambición rompe el saco.
Con
el propósito de aumentar la producción, gradualmente ese talud o
separación entre las secciones de la veta llegó a los diez metros.
Por
una cuestión de física gravitatoria y mecánica de rocas, el peso del
cerro tiende a llenar el vacío que van dejando los túneles. Entonces, si
no se construyen fortificaciones consistentes en la “acuñadura” con
pernos y mallas en forma adecuada, la mina empieza a “aplanchonar” o
desprender material, hasta que llega el momento en que se “sienta”, en
el lenguaje minero.
Eso es exactamente lo que ocurrió a las 14:30
del fatídico 5 de agosto. Aproximadamente en el nivel 350, una enorme
roca de alrededor de un millón de toneladas se “sentó” sobre los túneles
y la rampa de acceso, dejando bloqueado al turno de 33 trabajadores que
acababa de entrar. Como nada se sabe de ellos, no cabe descartar que la
roca pueda haber aplastado a algunos de ellos.
Incumplimiento de normativa de seguridad
Y en este punto radica el centro de gravedad del problema.
De
haberse cumplido con el artículo 79 del Reglamento de Seguridad Minera,
que establece, “en toda mina en explotación deberán existir, a lo
menos, dos labores principales de comunicación con la superficie, ya
sean piques, chiflones o socavones, de manera que la interrupción de una
de ellas no afecte el tránsito expedito por la otra”, esos 33 mineros
ya habrían sido rescatados.
La mina San José y la mina San
Antonio, ambas de propiedad de Minera San Esteban, son en estricto
rigor, una misma unidad geológica. Si hubiesen sido conectadas entre sí,
como demandaron con insistencia los dirigentes sindicales, ahí habría
estado el segundo acceso de emergencia exigido por la ley. Y de haberse
cumplido con lo dispuesto en el artículo 60 del mismo reglamento, en
virtud del cual “toda empresa minera deberá mantener permanentemente
actualizados, planos de las faenas”, los trabajos de sondaje no serían
esa suerte de búsqueda de una aguja en un pajar, como la que está
sucediendo ante la angustiosa espera de los familiares.
Peor aún,
todas esas deficiencias en materia de seguridad, lindantes con la
responsabilidad criminal, ya habían sido denunciadas en forma reiterada
por los dirigentes sindicales, al punto que incluso lograron el cierre
temporal de la mina, el año 2007.
Larga batalla
La
cadena de accidentes debido a la precaridad de la mina se inició en
2001, cuando la caída de un planchón le cortó la pierna a Iván Toro.
Pero el primer accidente fatal ocurrió el 4 de marzo de 2004, cuando
pierde la vida Pedro González Rojas, trabajador de la empresa
contratista Holvoet.
Es entonces cuando Javier Castillo,
Presidente del Sindicato de Trabajadores de Servicios y Asesorías K
Ltda., Claudio Arredondo, Presidente del Sindicato de Trabajadores Nº 2
de Compañía Minera San Esteban y Daniel Urrutia, Presidente del
Sindicato de Inmobiliaria e Inversiones El Remanso, presentan ante la
Corte de Apelaciones de Copiapó, un recurso de amparo que buscaba el
cierre definitivo de las minas San Antonio y San José.
Adviértase
la profusión de razones sociales utilizadas por la misma empresa,
mecanismo habitual de la parte patronal para eludir el pago de derechos
sociales y debilitar la organización sindical.
El punto 2 del
recurso señala: “este accidente es la culminación de una secuela de
accidentes que se arrastra desde hace más de cinco años en los cuales
los sindicatos de trabajadores que prestamos servicio a la compañía,
hemos estado constantemente denunciando a los organismos fiscalizadores
respectivos, los cuales no dieron jamás respuesta efectiva a la
problemática denunciada”.
Luego, el punto 4 agrega: “la compañía
ha basado la productividad de la empresa en la capacidad de los
trabajadores de asumir riesgos, y a pesar de las constantes reuniones
para poder definir una política de trabajo seguro, la empresa insistió
en poner en riesgo a los trabajadores, al observar que los organismos
que tienen que supervigilar la seguridad de los trabajadores, no se
preocuparon de fiscalizar como es debido”.
Pero el punto 6 es el
que debiera resonar con ecos lúgubres en la conciencia nacional: “que a
pesar de los hechos mencionados, la empresa persiste en continuar
labores en mina San Antonio que en el mes de noviembre sufrió un
derrumbe y que hasta la fecha no ha dejado de tener actividad,
exponiendo a los trabajadores a otro accidente, y lo que es peor aún, al
riesgo de quedar atrapados, pues ni siquiera se cumple la normativa
legal de tener en cada faena minera, una vía alternativa de escape”.
Entre
los elementos probatorios, acompañaron un video y una serie de
fotografías. La lectura que acompaña la fotografía Nº 3, señala: “en
esta foto queda de manifiesto el debilitamiento del cerro, efecto
reflejado en la grieta producida por una voladura de rigor, que sumada a
cualquier acción violenta, ya sea natural o artificial, corre el riesgo
de desprendimiento, acusando la falta de una permanente fiscalización
en la acuñadura de techo, causa principal de los accidentes sufridos en
las minas San Antonio y San José”.
Entre los antecedentes que
acreditan sus gestiones ante organismos supervisores, acompañan una
carta al SERNAGEOMIN, del 17 de marzo de 2000; dos cartas a la
Superintendencia de Seguridad Social, de diciembre de 2002 diciembre de
2003; una carta al Servicio de Salud de Atacama, del 17 de enero de
2003; una carta al gerente general de la empresa, del 23 de noviembre de
2003; dos informativos a los trabajadores, sobre reuniones sostenidas
con la empresa, de noviembre y diciembre de 2003; una carta a la
Intendencia Regional, el 19 de febrero de 2004 y una carta a la
Dirección Regional del Trabajo, ese mismo día.
Nadie los escuchó.
Hoy, 33 mineros permanecen atrapados a 800 metros de profundidad, sin
que ni siquiera se sepa si están con vida.
Subterra
El
párrafo que cierra el recurso de protección es una descripción de las
condiciones en que se desenvuelve el trabajo en la minería chilena, que
ni Baldomero Lillo habría podido superar:
“Aun en conocimiento de
nuestra profunda pena y sin respetar la memoria de nuestro compañero,
tanto la Compañía Minera San Esteban como SERNAGEOMIN se han enfrascado
en una discusión estéril, tratando de desviar la atención del problema
de fondo, no buscando real solución a las deplorables condiciones en que
desarrollamos nuestras labores que con la muerte de Pedro han quedado
de manifiesto. Mas no podíamos hacer nada, ya que nos habían convencido
que eran esas y no otras las condiciones óptimas de trabajo. C
ontinuamente hemos sido presa de fuertes contradicciones psicológicas:
por un lado tenemos nuestras propias vidas que cada día ponemos en
riesgo al ingresar a la labor, y por otra, la obligación de aportar el
sustento a nuestras familias, muchas veces ajenas a todos los riesgo que
sufrimos, para así no preocuparlas innecesariamente. Pero no es solo
nuestra presión interna las que nos hace dudar, sino también la presión
ejercida por parte de nuestros empleadores, que utilizando el argumento
tantas veces manoseado del desempleo, se enmarañan en buscar firmas de
apoyo en personas que jamás han conocido el rigor de estar ocho horas de
interminable trabajo en el interior de una mina que no ofrece mayor
seguridad”.
Prepotencia arrogante
Por
contraste, el informe con que la empresa responde al recurso de
protección, firmado por el gerente de operaciones, ingeniero Máximo
Uribe, es una oda a la arrogancia del Chile neoliberal.
Sostiene
que el recurso de los trabajadores contiene una serie de consideraciones
de hecho “que pasamos a comentar y desvirtuar, pese a que no obedecen a
una estructura racional, separándose muchas veces del mérito legal” y
luego agrega que los dirigentes sindicales señalan en el recurso, “la
ocurrencia de diversas contingencias desde su particular y sesgada
visión”. Enseguida, viene esta perla: “Es importante hacer presente que
las aseveraciones que se formulan carecen de un respaldo técnico serio y
que sólo constituye una apreciación personal de cada uno de sus
integrantes. SEP ejecuta sus faenas siempre avalada por estudios
geomecánicos de profesionales especializados en la materia, dando
cumplimiento a la normativa contenida tanto en el reglamento como en las
demás disposiciones legales y reglamentarias que resultan aplicables a
la ejecución de faenas mineras subterráneas”.
Para el gerente de
operaciones, la agrupación de trabajadores que presenta el recurso,
“corresponde a una organización de hecho que no tiene reconocimiento
ante la ley”.
Con fecha 31 de marzo de 2004, la Corte de
Apelaciones de Copiapó rechazó por cinco votos a cero, el recurso de
protección, lo que fue celebrado como un “triunfo” por la empresa.
Destino fatal
Previamente,
con fecha 24 de marzo, la empresa y los sindicatos llegaron a un
acuerdo orientado a generar condiciones seguras para reanudar las
faenas.
Según Javier Castillo, dichas condiciones se cumplen en 2005, pero se empiezan a relajar en 2006.
Tanto
es así que el 30 de noviembre de 2006 muere en un accidente Fernando
Contreras, y el 5 de enero de 2007, lo mismo ocurre con Manuel
Villagrán.
El Servicio Nacional de Geología y Minas decreta el cierre de la mina San José.
El
30 de mayo de 2008, con la rúbrica del Subdirector de Minería (S),
Patricio Leiva Urzúa, y en consideración a que la empresa presentó “los
proyectos de ventilación y eléctrico, y el estudio geomecánico con los
sistemas de fortificación y monitoreo geotécnico”, el SERNAGEOMIN
autorizó la reapertura de la mina San José.
Entretanto, la
empresa despidió a todo el personal y recontró a un contingente nuevo,
lo cual terminó temporalmente con el sindicato. Sin embargo, con el
paciente trabajo de la directiva, encabezada por la Presidenta, Evelyn
Olmos, el Secretario, Javier Castillo, quién tiene prohibición de entrar
a la mina, y el tesorero, Fernando Yáñez, lograron reconstruir la
organización hasta los 70 socios actuales, dentro del universo de 350
trabajadores de Minera San Esteban.
El 9 de julio de 2010, un
informe de la Dirección del Trabajo advirtió sobre graves
incumplimientos en las normas de seguridad del yacimiento San José, que
implicaban un evidente peligro para la vida e integridad física de los
trabajadores, a pesar de lo cual no tomó ninguna acción.
El 26 de
julio, con motivo de la visita al Parlamento de la CUT provincial
Copiapó por la huelga de COEMIN, Javier Castillo tuvo oportunidad de
conversar con el actual Ministro de Minería, Laurence Golborne, a quién
advirtió sobre las condiciones de inseguridad de la Mina San José.
El 30 de julio, la caída de un planchón le seccionó una pierna a Gino Cortés.
El
2 de agosto, Javier Castillo concurre al Ministerio de Minería, donde
no fue recibido por el Ministro. No obstante, le dejó una carpeta con
antecedentes, a través de la secretaria de la Jefa de Gabinete.
El reloj de arena del destino de 33 trabajadores se detuvo a las 14:30 del 5 de agosto de 2010.
Nadie de los que tenía facultades para haber cambiado el curso de los acontecimientos, estuvo a la altura de sus cargos.
Que les pese eternamente sobre sus conciencias.
Hoy el país llora una tragedia que fácilmente pudo haberse evitado.
fuente vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111602&titular=la-historia-no-contada-de-una-tragedia-con-desenlace-anunciado-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111602&titular=la-historia-no-contada-de-una-tragedia-con-desenlace-anunciado-
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