Después de seis meses, finalmente Barak Obama decidió impugnar
judicialmente la ley de Arizona que permite perseguir policialmente a
los inmigrantes indocumentados y castiga la permanencia de jornaleros en
la vía pública, así como a las personas que los contraten o
transporten. En los días previos, Obama había vuelto a prometer una
reforma para regularizar la situación de los indocumentados. Para el
presidente norteamericano, leyes como las de Arizona crearán “una mezcla
de reglas migratorias locales donde todos sabemos que se necesitan
estándares nacionales”.
“Derechización”
Una veintena de Estados están estudiando implantar medidas similares a
las de Arizona, al tiempo que se ha desatado una ola de persecución de
indocumentados. El propio Obama sustituyó las redadas por auditorías, lo
cual obliga a las empresas a despedir a indocumentados (The New York Times, 9/7).
En un año electoral, los candidatos (especialmente los republicanos,
pero no sólo ellos) responsabilizan por la inseguridad y la desocupación
a los indocumentados. A partir del estallido de la crisis, la tasa de
desempleo norteamericana saltó del 4 al 10% (en realidad al 25%, si se
incorpora a los que han dejado de buscar empleo y a los que han sido
forzados a trabajar tiempo parcial (un total de 30 millones de
personas). Las tensiones sociales consecuentes de la crisis están
provocando un reacomodamiento en la política norteamericana.
Así, se ha formado una fracción fascistizante a la vera del Partido Republicano (el “Tea Party”), que ha tenido avances en las primarias republicanas. Esta derechización podría convertirse en un bumerán, porque la burguesía sigue defendiendo al centro para manejar el país. El republicano John McCain, senador desde 1987, que cortejaba el voto hispano, se ha ido aislando ahora que sale a pedir mano dura con los inmigrantes.
Contradicciones
A despecho de los reclamos derechistas, Estados Unidos no puede darse
el lujo de prescindir de los trabajadores inmigrantes no regularizados
(12 millones de personas). Es que proporcionan casi toda la mano de obra
agrícola, y cubren gran parte de los empleos de menor calificación. El
flujo de inmigrantes en Estados Unidos ha causado un descenso de más del
3% en los salarios que se ofrecen para estos puestos de trabajo. Más de
uno de cada tres trabajadores inmigrantes sufren violaciones a la ley
de salario mínimo, y a ocho de cada diez no se les paga horas extras
como marca la ley (BBCmundo.com, 15/5).
Los
inmigrantes son, entonces, “un pilar esencial de la economía de muchos
estados”, pero, al mismo tiempo, “una fuente de conflictos sociales” (El País,
7/7). Los latinos en Estados Unidos han desatado huelgas y
manifestaciones y han creado un movimiento que ya en 2006 evitó la
reforma (anti)inmigratoria de Bush. que muchos comparan con el
movimiento por los derechos civiles de la década del ’60.
La
posición de Obama de avanzar en una reforma migratoria responde
entonces, por un lado, a la movilización popular hispana y al riesgo de
perder sus votos en la comunidad, pero no ha pasado de las palabras.
Pero responde también a la presión de una coalición apoyada, entre
otros, por los presidentes de firmas como Hewlett-Packard, Disney,
Boeing y News Corp., del empresario de medios Rupert Murdoch, y alcaldes
de ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia. Es que la
expulsión significaría un desastre para sectores enteros de la economía,
que funcionan sobre la base de la enorme explotación de la población
inmigrante, y es una expresión también de que el gran capital ve
peligrosa la escalada derechista.
Pateando la pelota hacia adelante
Los empresarios no quieren eliminar la inmigración latina; al
contrario, su interés es mantener una inmensa reserva de mano de obra
explotable en condiciones precarias, y desechable mediante la
deportación. Es por eso que la reforma que propone Obama no significa
una amnistía, los no regularizados deberán cumplir duras exigencias para
legalizar su situación, “deberán pagar impuestos atrasados, una multa y
aprender inglés”. Los mismos requerimientos del plan que en su momento
había propuesto George Bush. Pero Obama no hizo nada para hacer avanzar
el proyecto de ley: no se enunció “siquiera, ni una pauta ni una fecha
de compromiso”, denunció el director del Foro Nacional de Inmigración,
Ali Noorani (La Nación, 2/7). Lo único que sí hizo fue enviar
1.200 efectivos para controlar la frontera, así como un aporte adicional
de 500 millones de dólares. Ubicado en el nudo de las presiones
contradictorias que provoca la crisis, Obama domina todavía el centro
del escenario porque la crisis económica no ha desatado aún un estallido
social; y para el establishment no es todavía la derecha fascista la
que puede prevenirlo.
fuente, vìa :
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