La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha instituido el 26 de junio como
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Una conmemoración que no debería realizarse, porque la tortura no
debería existir.
No obstante, en más de un tercio
de los Estados miembros de la ONU, la tortura forma parte de
los métodos de interrogatorio o se practica para castigar
a los reclusos. Aún más inmoral es la existencia de instituciones
que, en los procesos de formación de sus integrantes, se
enseña a torturar.
El Informe de la Comisión sobre
Prisión Política y Tortura, conocido como Informe
Valech, señala que durante la dictadura militar
que sufrió Chile entre 1973 y 1990, “la tortura operó como una
herramienta de control político, sistemáticamente aplicada(…) Buscaba
anular toda resistencia al régimen(…) Fue un quiebre vital que cruzó
todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus
familias.
En muchos casos, las huellas de esa
experiencia traumática les acompañan hasta el presente(…) La persona que
estuvo en prisión y fue torturada vivió no sólo el silencio propio,
sino también el ajeno sobre su experiencia, transformada de este modo en
un asunto privado”.
Agrega el citado Informe: “La tortura
sufrida por las mujeres menores de edad, y por aquellas que se
encontraban embarazadas, subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de
las consecuencias que les han afectado”. De las denunciantes ante la
Comisión Valech, 316 dijeron haber sido violadas. 20 mujeres
embarazadas abortaron. 15 tuvieron sus hijos en prisión. 13 quedaron
embarazadas de sus violadores. 6 de ellas llegaron con sus embarazos a
término.
Hubo hombres que relataron haber sido
abusados sexualmente. Hubo numerosas denuncias de violaciones
colectivas (a hombres y mujeres). En ciertos casos, la violación se
produjo ante familiares.
Es difícil aceptar que
aquellos chilenos que se desenvuelven en los círculos de poder, que se
enriquecieron y ahora aparecen entre los más ricos del mundo, o que han
sido nominados como embajadores en países vecinos, o los que consideran
que es excesivo un sueldo mínimo de $180 mil pesos, desconocieran los
hechos que, indirectamente, les han permitido acrecentar sus ingresos.
Más difícil de creer es
que no los conocieran y son los que ahora se presentan como “pro vida”,
o como defensores de “agendas valóricas”, o apoyan nombramientos de
obispos que fueron funcionarios de Pinochet, dado que
el 15 de diciembre de 1983, la Conferencia Episcopal publicó la
declaración “Un camino cristiano”, afirmando que “aquellos que en alguna
forma realizan, promueven o colaboran con la tortura, ofenden
gravemente a Dios y la dignidad humana”(…) “Por tanto, no pueden
recibir la Sagrada Comunión, ni moralmente ser padrinos en los
Sacramentos de la Iglesia, los torturadores, sus cómplices y quienes,
pudiendo impedir la tortura, no lo hacen”. (Nº 1).
LA TORTURA PERSISTE EN CHILE
LA TORTURA PERSISTE EN CHILE
Pero la tortura y la complicidad con
ella continúa. Por ejemplo, el 4 de junio pasado, ocho
gendarmes de Villarrica han sido formalizados tras la denuncia
de torturas a trece internos, hecho captado por un
celular.
El 10 de marzo, en Hualpén,
Concepción, durante horas del toque de queda, cuatro infantes
de marina dieron muerte a Daniel Riquelme, tras haber
sido maniatado, golpeado y abandonado en una cancha de fútbol, según el
testimonio de Iván Rojas, quien resultó sobreviviente.
Tras el terremoto del 27 de febrero, al
caer un muro de la Cárcel de Chillán, los reos provocaron un motín,
fugándose 269 internos, siendo capturados posteriormente 60 de ellos.
Tres reos murieron por efecto de disparos de los gendarmes: Luis
Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre
(21 años); Rodolfo Leal Medina (32 años). Horacio Núñez murió aplastado
al encontrarse encadenado a su cama. Para el entonces Ministro de
Justicia, este resultado fue “un triunfo el que se hubiese mantenido el
orden”.
En 1984 se promulgó la ley 18.314,
conocida como Ley Antiterrorista y que continúa vigente. Desde el 2001
se aplica al pueblo mapuche, por lo que en este momento hay 36 presos
mapuche procesados por esta ley, que es contraria a las recomendaciones
de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, quien en 2003 dijo que “bajo ninguna circunstancia
deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de
protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades
indígenas”.
Similar planteamiento tiene el Informe
de Amnistía Internacional, que señala que al seguir aplicándose la Ley
Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas
anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes,
como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de
derechos humanos”.
Es un hecho que la Ley Antiterrorista
viola las garantías procesales establecidas en normas internacionales
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya
la importancia de tener derecho al debido proceso, puesto que la Ley
Antiterrorista admite “testigos sin rostro”, que pueden acusar e
inculpar sin identificarse, violando así el derecho al juicio justo.
OTRAS CRÍTICAS INTERNACIONALES
AL ESTADO CHILENO
En mayo de 2009, en Ginebra, durante el
período de sesiones del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre
el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes, algunas recomendaciones se refieren a las deficientes
condiciones al interior de las cárceles. Por tanto, se recomendó al
Estado de Chile prestar atención ”particularmente en lo relativo a las
condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones
injustificados en la aplicación del régimen disciplinario”, así como
también garantizar las necesidades fundamentales de todas las personas
privadas de libertad. (Artículo 16).
Otras recomendaciones de la CAT al
Estado de Chile se refieren a establecer un mecanismo nacional de
prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a
centros de detención, con el fin de implementar plenamente el Protocolo
Facultativo a la Convención contra la Tortura.
Además, se pide establecer medidas de
seguridad acordes con el respeto a la dignidad de las personas privadas
de libertad, de manera que se eliminen las celdas de aislamiento.
El Consejo de Derechos Humanos estipuló
que la definición legal de la tortura que señala la legislación chilena
no se ajusta a la Convención de la ONU. Así como que la Constitución de
Chile debe establecer “un sistema electoral más democrático”, que
incorpore los derechos humanos “en su plena dimensión”, incluido el
derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Se exige la delimitación de la
competencia de la Justicia Militar; el término de la aplicación del DL
de Amnistía de 1978; la anulación del principio de obediencia del Código
Militar; se cuestiona la labor incompleta de las comisiones de verdad,
que dejaron fuera a muchas víctimas; y se condena la aplicación de la
Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche.
La ONU también explicita que el Estado
de Chile aún no ha ratificado la Convención Americana sobre Desaparición
Forzada de Personas; la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de
crímenes de guerra y contra la humanidad; se condenan las
discriminaciones que padecen los pueblos originarios; los niños; los
migrantes; las mujeres que carecen de derechos patrimoniales, además de
carecer de derechos sexuales, reproductivos, sufren violencia doméstica e
injusticias en los empleos y los ingresos.
También se enfatiza la ausencia de
instituciones de protección de las personas frente a las violaciones de
los derechos humanos y el no reconocimiento constitucional de los
pueblos originarios.
Quienes hemos asumido una
responsabilidad ética, continuaremos trabajando hasta que la tortura
deje de existir.
fuente, vìa :
http://www.elciudadano.cl/2010/06/28/en-chile-aun-se-tortura/
http://www.elciudadano.cl/2010/06/28/en-chile-aun-se-tortura/
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