Con los votos del oficialista Partido Liberación
Nacional (PLN), el Movimiento Libertario y el diputado evangélico del
partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, el pasado 1º de Julio el
Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de
guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de
combate, y 7.000 marines. Si bien la multiplicidad de
versiones encontradas no permiten ver con claridad el origen de esta
decisión, la escasa evidencia disponible parece señalar que fue
Washington quien solicitó la internación de las tropas. Es sumamente
llamativo el silencio de la prensa de Estados Unidos sobre el tema y
la ausencia de cualquier referencia explícita a esta autorización en los
boletines de prensa diarios de los departamentos de Estado y de
Defensa, todo lo cual alimenta la sospecha de que fue la Casa Blanca la
que tomó la iniciativa favorablemente acogida por el Congreso
costarricense y para la cual exigió la mayor discreción. Lo que se le
comunicó al país centroamericano fue que la situación imperante en
México había forzado a los cárteles de la droga a modificar sus rutas
tradicionales de aproximación e ingreso a Estados Unidos y que para
desbaratar esa maniobra era preciso garantizar el despliegue de un
sólido contingente de fuerzas militares en el istmo centroamericano,
condición sine qua non para librar una efectiva batalla en contra
del narcotráfico. Como era previsible, el gobierno de la Presidenta
Laura Chinchilla - estrechamente vinculada a lo largo de muchos años con
la USAID, nada menos- brindó todo su apoyo y el de sus parlamentarios
para responder obedientemente a la requisitoria de Washington.A nadie sorprende la apelación al pretexto del narcotráfico pues es el que corrientemente utiliza Washington-a falta de otros, como los que brindara el terremoto en ...
Haití- para justificar la intrusión del personal militar estadounidense en los países de Nuestra América. No obstante, conspira contra la credibilidad de este argumento el hecho que sean precisamente los países caracterizados por una fuerte presencia militar de Estados Unidos quienes sobresalen por su producción y comercialización de narcóticos. Tal como quedó demostrado en El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos, fuentes inobjetables de las Naciones Unidas (la UNODOC, la Oficina de la onU contra la Droga y el Crimen) demuestran con estadísticas abrumadoras que desde que las tropas de Estados Unidos se instalaron en Afganistán se produjeron grandes avances en la producción y exportación de opio y la fabricación de heroína, a la vez que en Colombia la presencia estadounidense no fue óbice (sino todo lo contrario) para que se registrase una notable expansión de los cultivos de coca. [1]
Todo esto no debería causar sorpresa alguna, por
varias razones. Una de ellas es que el país que se arroga el derecho a
combatir el narcotráfico en todo el mundo demuestra una incapacidad tan
asombrosa como sospechosa para hacer lo propio dentro de sus fronteras,
desde desmontar las redes que vinculan a las mafias del narco con las
autoridades, las policías y los jueces locales y estaduales que hacen
posible el negocio de la droga hasta implementar una campaña mínimamente
significativa para contener la adicción y recuperar a los adictos. Nada
sorprendente, insistimos, por cuanto el narcotráfico mueve una cifra
que se empina por encima de los 400.000 millones de dólares, anuales,
que luego son convenientemente “lavados” en los numerosos paraísos
fiscales que los principales países capitalistas han establecido a lo
largo y a lo ancho del planeta (comenzando por Estados Unidos y Europa)
para ser luego introducidos al sistema bancario oficial y, de ese modo,
fortalecer los negocios del capital financiero. Por otra parte, la
debilidad e inconsistencia de este pretexto, el de la “lucha contra el
narcotráfico”, se tornan más evidentes cuando se aprende que Estados
Unidos es el primer productor mundial de marihuana, lo que según un
estudio de la Fundación Drug Science, reporta a ese país una suma
superior a los 35.000 millones de dólares, cifra que supera el valor
combinado de la producción de trigo y maíz. [2]
Tercero y último, ¿cómo subestimar la importancia que tienen el control
y la administración del negocio de los narcóticos para sostener la
dominación imperialista en las provincias exteriores del imperio? ¿No
fue acaso Gran Bretaña quien reintrodujo el opio en China (droga que
había sido prohibida por el emperador Yongzheng debido a los perjuicios
que ocasionaba a su población) cuyo consumo masivo promovido por los
británicos sirvió para equilibrar sus déficits de balanza comercial con
el celeste imperio? Para impulsar esa adicción entre los chinos,
británicos y portugueses libraron dos guerras, entre 1839 y 1842 y 1856 y
1860, a resultas de las cuales establecieron dos cabeceras de playa
para organizar el tráfico del opio en toda la China: una en Hong Kong,
bajo control inglés, y otra en Macao, dominada por los portugueses. ¿Por
qué tendríamos hoy que pensar que Estados Unidos, hijo putativo del
imperio británico, habría de ser movido por otros intereses cuando
declara, de la boca para afuera, la guerra al narcotráfico? ¿No resulta
acaso funcional a sus intereses tener una América Latina caracterizada
por la proliferación de “estados fallidos” - carcomidos por la
corrupción que genera el tráfico de estupefacientes y sus secuelas:
desintegración social, mafias, paramilitares, etcétera- e incapaces
por eso mismo de ofrecer la menor resistencia a los designios
imperiales?
El permiso concedido por el Congreso
de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1º de Julio del
corriente año. No obstante, esta concesión, que se materializa en el
contexto de la Iniciativa Mérida (que abarca a México y Centroamérica)
es un proyecto que tiene metas pero no plazos, por lo cual la
probabilidad de que las tropas usamericanas salgan de Costa Rica a fines
de este año y retornen a sus cuarteles en la metrópolis es
prácticamente cero. Además, la experiencia internacional enseña que
tanto en Europa como en Japón las tropas que Estados Unidos estacionara
allí después de la Segunda Guerra Mundial por unos pocos años,
extendidos luego con el pretexto de la Guerra Fría, ya llevan en esas
locaciones más de 65 sin que sus jefes den las menores muestras de
aburrimiento o deseos de regresar a casa. En Okinawa, la repulsa
generalizada de la población local contra los ocupantes yankis -que,
amparados en su inmunidad, matan, violan y roban a su antojo- no fue
suficiente para forzar el desmantelamiento de la base norteamericana. De
paso, este incidente subraya la valentía y eficacia del gobierno de
Rafael Correa que sí logró la salida de las tropas norteamericanas de la
base de Manta. Y en caso de que hubiera un clamor popular exigiendo
re-editar tan insólita ocurrencia en Costa Rica, un par de operaciones
criminales de esas que la CIA sabe montar muy bien harían que ese pedido
se revirtiese instantáneamente, sobre todo con un gobierno como el de
Laura Chinchilla que se desvive por demostrar su incondicional sumisión a
los dictados del imperio.
Al igual que
lo establecido en el Tratado Obama-Uribe mediante el cual Colombia le
cede inicialmente el uso de siete bases militares a Estados Unidos, en
el caso que nos ocupa el personal militar de este país gozará de total
inmunidad ante la justicia costarricense, y sus integrantes podrán
entrar y salir de Costa Rica a su entera voluntad, circular por todo
el territorio nacional vistiendo sus uniformes y portando sus pertrechos
y armamentos de combate. Con esta decisión la soberanía de Costa Rica
no sólo es humillada sino que llega a los límites del ridículo para un
país que, en 1948, abolió sus fuerzas armadas y que, en gran medida
gracias a eso, pudo desarrollar una política social de avanzada en el
deprimente contexto regional centroamericano porque el gendarme
oligárquico había sido desbandado. En lo que hace al armamento, la
autorización del Congreso permite el ingreso de guardacostas y pequeños
navíos pero también de otros como el portaaviones de última generación MakinIsland,
botado en Agosto del 2006 y dotado de capacidad para albergar a 102
oficiales y1.449 marines, pudiendo transportar 42 helicópteros CH-46,
cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawks. Aparte de
eso la legislación aprobada extiende su permiso para naves como el USS
Freedom, botado en el 2008, con capacidad para combatir a
submarinos e internarse en aguas poco profundas. El permiso se extiende
también a otros navíos, tipo catamarán, un buque hospital y vehículos
varios de reconocimiento con capacidad para transportarse tanto por mar
como por tierra. Armamentos y pertrechos que, en síntesis, de poco y
nada sirvan para combatir al narcotráfico, en el dudoso caso de que esa
sea la voluntad de los ocupantes. Es más que evidente que su objetivo es
otro.
Esta iniciativa del gobierno
norteamericano hay que situarla en el contexto de la creciente
militarización de la política exterior de los Estados Unidos, cuyas
expresiones más importantes en el marco latinoamericano han sido, hasta
ahora, la reactivación de la Cuarta Flota, la firma del tratado
Obama-Uribe, la de facto ocupación militar de Haití, la
construcción del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, el
golpe de estado en Honduras y la posterior legitimación del fraude
electoral que elevó a Porfirio Lobo a la presidencia, la concesión de
nuevas bases militares por el gobierno reaccionario de Panamá, a todo lo
cual se le agrega ahora el desembarco de los marines en Costa
Rica. Por supuesto, todo lo anterior articulado con el mantenimiento del
bloqueo y acoso a la Revolución Cubana y el permanente hostigamiento a
Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el plano internacional el desembarco
de los marines norteamericanos en Costa Rica debe ser
interpretado en el marco de la inminente guerra contra Irán y la
grotesca provocación a Corea del Norte, sobre cuyas gravísimas
consecuencias hace tiempo viene advirtiendo en sus Reflexiones el
Comandante Fidel Castro Ruz.
En conclusión,
el imperio avanza en la militarización de la región y en los
preparativos para una aventura militar de proporciones globales. Si la
agresión a Irán finalmente llegara a consumarse, como autorizarían a
pronosticar los aprontes vistos en estos últimos días, la gravísima
situación internacional resultante impulsaría a los Estados Unidos a
procurar garantizar a cualquier precio el control absoluto y sin
fisuras de lo que sus estrategas geopolíticos denominan la gran isla
americana, un enorme continente que se extiende desde Alaska a Tierra
del Fuego, separado tanto de la masa terrestre eurasiática como de
África y que según ellos desempeña un papel fundamental para la
seguridad nacional norteamericana. Esa es la razón de fondo por la cual
se ha venido produciendo, preventivamente, la desorbitada militarización
de la política exterior estadounidense. Es ridículo que se pretenda
convencer a nuestros pueblos que la veintena de bases militares
establecidas en Centro y Sudamérica y en el Caribe, a las que ahora se
suma el desembarco en Costa Rica, y la activación de la Cuarta Flota
tienen por objetivo combatir al narcotráfico. Cómo lo enseña la
experiencia, a éste no se lo combate con una estrategia militar sino con
una política social, que Estados Unidos no aplica dentro de sus
fronteras ni permite que se lo haga afuera gracias a la enorme
influencia que el FMI y el Banco Mundial tienen sobre países vulnerables
y endeudados. La experiencia antes de Colombia y ahora de México
(¡con sus más 26.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón
declarase su “guerra al narcotráfico”!) atestiguan que la solución al
problema no pasa por los marines, portaviones, submarinos y
helicópteros artillados sino por la creación de una sociedad justa y
solidaria, algo que es incompatible con la lógica del capitalismo y
repugnante para los intereses fundamentales del imperio. En síntesis: el
desembarco de los marines en Costa Rica tiene por objetivo
reforzar la dominación norteamericana en la región, derrocar por
diversos métodos a los gobiernos considerados “enemigos” (Cuba,
Venezuela, Bolivia y Ecuador), debilitar aún más a los vacilantes y
ambivalentes gobiernos de la “centro-izquierda” y fortalecer a la
derecha que se ha hecho fuerte en el litoral del Pacífico (Chile, Perú,
Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y México), reordenando de ese
modo el “patio trasero” del imperio para así tener las manos libres y la
retaguardia asegurada para salir a reafirmar la prepotencia imperial
guerreando en otras latitudes.
[1]
Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio.
La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos
Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pg. 73.
[2]
Cf. El Lado Oscuro, op. Cit. , p. 72.
fuente, vìa :
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