Un nuevo lío político relacionado con los derechos humanos generó a
la administración de Sebastián Piñera la citación a declarar –en calidad
de inculpado– al recientemente nombrado embajador de Chile en Panamá,
Alberto Labbé Galilea, en el juicio denominado Operación Cóndor.
La acción judicial ordenada por la jueza Raquel Lermanda obedece a
los vínculos que tuvo el diplomático con el ex agente de la DINA
(organismo represor de la dictadura de Augusto Pinochet) y único
condenado en el caso del asesinato del general Carlos Prats, Enrique
Arancibia Clavel, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la
Embajada de Chile en Buenos Aires, a mediados de los setenta.
Isabel Allende, la senadora socialista, hija del ex presidente
Salvador Allende, calificó de “impresentable y lamentable que un
embajador que representa no sólo a un gobierno, sino a un país entero y
al Estado de Chile sea llamado a testimoniar en carácter de imputado en
un crimen tan alevoso y atroz como fue el caso del general Carlos Prats y
su esposa Sofía Cuthber”, ocurrido en septiembre de 1974 en Argentina.
“Aparentemente tenía un cargo en la embajada de Argentina y, de
alguna manera, conexiones con Arancibia Clavel, quien fue condenado por
este crimen. El gobierno debe tomar cartas”, advirtió la parlamentaria.
A juicio de Allende, más allá de lo que la propia Justicia resuelva,
“es lamentable que se sigan nombrando personas cuya situación no está
del todo resuelta. Eso es altamente inconveniente. Creo que el gobierno
debería ser más prudente y atenerse más a lo que Piñera dijo en forma
reiterada durante su campaña, en cuanto a que no habría nombramientos de
personas vinculadas a procesos por violaciones a los derechos humanos y
ahora estamos viendo que sí los habría”.
Con esos dichos, la legisladora apuntó a la impasse ocurrida con el
ex embajador chileno en Argentina Miguel Otero, quien debió renunciar a
su cargo luego de que minimizara la violación sistemática a los derechos
humanos de la dictadura de Pinochet.
De acuerdo con la resolución aprobada por la magistrada, Labbé,
quien entre 1975 y 1976 se desempeñaba como segundo secretario en la
Embajada de Chile en Buenos Aires, deberá aclarar su relación con los
agentes de la DINA que integraban el departamento exterior de ese
organismo represivo y que permanecían adscritos a esa sede diplomática.
Según informó el diario La Nación de Chile, el diplomático, que es
hermano del polémico alcalde de Providencia, Cristián Labbé –una de las
comunas más ricas y derechistas de Chile–, deberá además dar razón
acerca de los envíos que el agente Enrique Arancibia Clavel hacía por
valija diplomática dirigidos a la DINA en Santiago, con información y
antecedentes de chilenos que residían en Argentina, algunos de los
cuales luego desaparecieron en el marco de la Operación Cóndor.
En tanto, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados de pedir la renuncia del embajador en Panamá crispó
los ánimos de los diputados oficialistas Karla Rubilar (Renovación
Nacional) y Felipe Salaberry (Unión Demócrata Independiente),
integrantes de esa instancia. “Hacemos un llamado de atención al
presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Hugo Gutiérrez,
comunista) para que deje de politizar esta comisión. Usando su estatus
está disparando hacia el gobierno del presidente Piñera; si quieren
hacerlo como parlamentarios o individuos ningún inconveniente, pero no
utilicen la comisión y al Parlamento”, dijo Rubilar.
Salaberry, por su parte, añadió que “la oposición abusó de una
mayoría circunstancial en la Comisión de Derechos Humanos para pedir la
renuncia del actual embajador en Panamá”.
Respecto de la citación a declarar como inculpado por cooperación a
la Operación Cóndor, destacó que Labbé “ya declaró ante el ex juez
(Juan) Guzmán”, por lo que “no nos parece prudente ni conveniente usar
el llamado para pedir su salida”.
Desde la otra vereda, el diputado opositor del Partido por la
Democracia (PPD) Tucapel Jiménez (hijo del dirigente homónimo asesinado
por la dictadura) comparó el caso de Labbé con el de Otero, pero esta
vez espera que el gobierno no dilate su decisión final.
“Es triste que nos demos cuenta de que ya no es improvisación lo que
está haciendo el gobierno, sino que es una estrategia para reivindicar a
personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los
derechos humanos. No puede ser casualidad que se produzcan tantas
equivocaciones en estos nombramientos.”
Otro que habló fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que
optó por poner paños fríos al asunto. “Todas las personas en nuestro
país deben concurrir y prestar su colaboración con los procedimientos
judiciales, así que no le asigno ninguna importancia distinta de la que
deben cumplir todos los chilenos en nuestro país.”
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno,
dejó entrever que, de comprobarse algunos nexos entre Labbé y la DINA
durante la dictadura, el embajador será destituido.
“No corresponde que sea un funcionario público”, dijo Moreno a
radios locales, aunque aclaró que no le consta que el diplomático, cuyo
nombramiento como embajador en Panamá fue oficializado el pasado 28 de
mayo, haya sido citado como inculpado y aseguró que “la resolución de la
jueza no menciona eso”
fuente, vìa :
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-148688-2010-07-02.html
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