A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del
Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las
pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las
grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de
información y persuasión del país, están calando en los establishments
políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder
electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en
los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto
público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y
servicios públicos, como servicios de atención a las personas con
dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de
edad, como los niños. En este argumento, la lucha de clases ha sido
sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los
ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de
los derechos de niños, entre otros. Como prueba de ello, tales autores
se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha
ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta
con el crecimiento de la pobreza entre los niños.
Los datos, sin
embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última
información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la
Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española
continúa siendo entre los ancianos (28%), mayor que entre los niños
(24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de
semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza
entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre
los niños. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en
niños. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en
ancianos, en niños y en todos los grupos de edad. Y ello se debe al
enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población
–burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta
mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos
porcentajes en que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del
capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la
UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de
la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales
grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás)
tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la
UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal
de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales
(pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces
insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En
realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es
incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar
como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que
ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal
reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido
disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras
transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso
supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir
que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los
datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto
público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la
UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del
presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara
en la eurozona -ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público,
27-05-10-), afectó al total del gasto público social dedicado a los
ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza
entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y
entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que
el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este
periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran
defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama.
Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando
del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica
tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos.
Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas
cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando
se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos
datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España
en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran
retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en
todos los grupos de edad, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15.
El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816
euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se
corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los
salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el
estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el
resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado
(tanto central como autonómico y local) español es el menos
redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto
reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del
31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones
públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el
país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en
Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional,
sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo
que explica esta situación.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2056/mitos-sobre-las-pensiones/
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