Triunfo del neoliberalismo y derrota obrera
El éxito de la ofensiva neoliberal unido al colapso y
derrumbe del bloque del Este, al fracaso de los proyectos de liberación y
al desarrollo desigual de los Estados de la periferia -que desmoronó la
cohesión y solidaridad del Tercer Mundo-, provocó en los ochenta una
derrota estratégica de los trabajadores a nivel mundial, el fin del
ciclo de acumulación basado en la expansión productiva que caracterizó
al período 45-70, y la recuperación global del dominio político,
económico, cultural e ideológico del capitalismo.
La
desregulación bancaria y la libertad de circulación de capitales, junto
a nuevas divisiones del trabajo -fruto de modificaciones productivas,
técnicas y culturales-, impulsaron la estrategia del capital
internacional basada en la descentralización productiva y la
reorganización y relocalización de la producción, que acrecentaron la
desorganización y fragmentación obrera, y facilitaron un duro ataque a
los salarios y los derechos laborales.
La alta
rentabilidad que ofertaban los canales financieros generó un efecto
riqueza y atrajo al capital productivo, actuando el aumento del precio
de las acciones como motor de la economía durante un tiempo. Pero hacer
frente al creciente precio de las acciones exigía un incremento
constante de los beneficios en la producción de mercancías, y acelerar
los procesos de reducción de costes y aumento de la rentabilidad del
trabajo.
A comienzos de los 90, el capital había
logrado recuperar buena parte de la tasa de ganancia y estabilizar una
situación de bajo crecimiento económico -entendido globalmente-, a costa
de una enorme concentración de la riqueza, y del aumento de la tasa de
explotación de la mano de obra y la extensión significativa de formas
abusivas de explotación, resultando un aumento de las desigualdades
sociales y de las desigualdades entre las diferentes regiones mundiales y
un aumento del empobrecimiento mundial.
Pero el
nuevo modelo instaurado se ha desvelado altamente sensible a las
amenazas que su desarrollo genera. Las crisis regionales se han sucedido
sin descanso desde hace 20 años, bien por los riesgos de impago de la
deuda de los países de la periferia, bien por quiebras de fondos
especulativos, bien por sobreproducción.
La
respuesta del capitalismo ha consistido en una huída hacia delante,
extendiendo las prácticas especulativas a fin de seguir empujando al
alza el valor de las acciones, en un clima de inseguridad y volatilidad
difícil de controlar. En los Estados del centro del sistema, se ha
procedido a un continuo recorte de los tipos de interés -para mantener
el consumo privado impulsando el endeudamiento interno-, y a una
persecución de las regulaciones estatales para favorecer la apropiación
privada del sector público, con el objeto de transferir enormes masas de
dinero público a sus arcas y extender el mercado a espacios que escapan
a su control y a la posibilidad de hacer negocio.
En 2007 estalla una crisis mundial, en un marco de
aumento del precio de las materias primas por la mayor demanda de las
nuevas economías emergentes (China, India, Brasil). El colapso en 2006
de la burbuja inmobiliaria en EEUU y el estallido de las hipotecas
subprime (hipotecas concedidas sin seguridad de devolución a gentes que
normalmente no tendrían acceso a ellas), provocan una contracción del
crédito y una crisis de liquidez del sistema bancario, al que los
Estados inyectan miles de millones de dólares procedentes de las arcas
públicas. La transmisión de la crisis a los mercados financieros es
amortiguada por nuevas remesas de dinero público y por el colchón que
representa China, dado que las ganancias de las empresas son en gran
parte ganancias realizadas en ese país.
Pero la
contracción del crédito en los Estados centrales, repercute
negativamente en su actividad económica y en el poder adquisitivo de su
población. Una caída del consumo en estos Estados -que concentran el
consumo mundial-, es dudoso que pueda ser enjugado por un aumento del
mismo en las economías emergentes. Si la demanda de mercancías baja, se
produciría una crisis de sobreproducción mundial que golpearía a las “fábricas
mundiales” localizadas en Asia. Por tanto, al problema del
capitalismo de evitar una caída de la tasa de ganancia se suma el riesgo
de su baja masa. Si la masa de ganancia se estanca -la mayor parte de
la plus-valía que permite la reproducción del capital proviene de Asia y
sobre todo de China-, el reparto será más difícil a la hora de su
distribución entre los accionistas y entre las empresas, y crecerán las
tensiones entre las diferentes regiones mundiales en las que se divide
el sistema y las tentaciones de una escalada bélica.
La espiral iniciada para evitar el fantasma de la
deflación gira sobre ésta sin conseguir alejarse, porque no se pueden
distribuir más riquezas que las que se producen, y obliga al capital a
no dejar un rincón económico sin someter a las leyes del mercado y sobre
el que actuar, y aumenta la agresividad intervencionista de los Estados
centrales y la carrera por ocupar directamente las fuentes de materias
energéticas para mantener su hegemonía y su control sobre las economías
emergentes.
La agonía de los actuales centros
capitalistas mundiales amenaza con ser larga, dadas las limitaciones y
el lento desarrollo de los centros emergentes y las escasas perspectivas
de transformaciones anticapitalistas. La fragmentación de la clase
trabajadora, el retroceso de la conciencia de clase y de la conciencia
anticapitalista, y la extensión de unos valores mercantiles y
conservadores, dificultan levantar en este momento histórico una
alternativa global al sistema que se traduzca en un cambio de modo de
producción y de modelo social.
Hacia el colapso de las cuentas
públicas en los Estados centrales
La actual
crisis cuestiona el modelo de crecimiento de los Estados centrales del
sistema, basado desde mediados de los noventa en una tendencia al
sobreconsumo financiada por el resto del mundo. Este dinamismo del
consumo ha sido impulsado por un endeudamiento creciente y por el
enriquecimiento patrimonial -burbuja inmobiliaria-. El modelo se ha
mantenido con la condición de que el déficit fuera financiado por
entradas de capitales provenientes de los excedentes de los países
emergentes y de los países productores de petróleo. El resultado ha sido
un déficit comercial proporcional al sobreconsumo.
Este modelo de crecimiento no es sostenible porque el
consumo no puede ser relanzado indefinidamente mediante el crédito, y
menos cuando el endeudamiento ya es muy alto, la burbuja inmobiliaria ha
estallado y existen numerosos activos contaminados. Se trata de una
crisis estructural y no se vislumbra a corto plazo un modelo de recambio
que mantenga el anterior dinamismo del consumo y los actuales
equilibrios de poder mundiales.
De ahí que la
crisis muerda en los Estados centrales, principalmente en los Estados de
la zona euro, donde se encuentra el botín de esta nueva huída del
capital hacia delante, donde el gasto público asciende al 47% de su PIB y
sus gastos sociales superan el 27% del PIB. Los gobiernos de estos
Estados se han resistido al desmantelamiento total de sus políticas
sociales, aplicando recortes que no han satisfecho las exigencias
financieras y de las grandes corporaciones -principalmente de EEUU-, de
manera que los objetivos marcados para liberalizar los servicios
públicos de carácter social para la primera década de este siglo
-contenidos en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la
Organización Mundial del Comercio-, distan aún mucho de cumplirse.
La estrategia para equilibrar el déficit comercial está
siguiendo varias fases. La primera vuelta de tuerca ha consistido en
una reducción crediticia y fuertes desembolsos de capital público para
rescatar y sanear las cuentas de bancos y sectores financieros más
comprometidos por la crisis. La reducción del crédito ha disminuido la
actividad empresarial y ha provocado un importante aumento del paro y de
la economía sumergida, en relación con la situación de cada Estado. Si
la caída de la actividad económica ha disminuido los ingresos públicos,
el paro ha disparado -como en el caso de España- los gastos de cobertura
social, y ambos factores unidos a las ingentes cantidades de fondos
públicos destinados a los planes de rescate de la banca, han endeudado
al sector público y comprometido el crecimiento económico previsto para
los 5-6 próximos años.
Los planes de rescate se
han llevado a cabo sin variar las actuales reglas de juego y a pesar de
ello, la esperada recuperación de las Bolsas no se ha producido. Al
contrario, se han realizado maniobras masivas especuladoras contra los
Estados más débiles de la zona euro -Grecia, España, Portugal-, que
amenazan con comprometer la moneda común y extenderse al resto de los
Estados de la Unión Europea. Este ataque a la propia estabilidad de los
Estados que han realizado los préstamos, tiene la doble finalidad de
hacer pagar a la población unos agujeros que no existían en las cuentas
públicas a comienzos de 2008 y dar un golpe mortal al Estado social.
La segunda vuelta de tuerca se inicia con un sector
público hipotecado y la exigencia -por parte de los causantes de la
crisis- del saneamiento de las cuentas públicas a través de mayores
recortes del gasto social, de los salarios de los empleados públicos y
de las pensiones. El sometimiento de los gobiernos europeos ha sido
unánime, lanzando planes de ajuste que alcanzan una especial dureza en
Grecia y España.
En España, el plan de ajuste
incluye: bajada del 5% de los salarios para los empleados públicos y la
congelación para 2011; congelación de las pensiones desde enero de 2011,
excepto las mínimas y las no contributivas, que representan tan sólo el
30% de los 8,6 millones de pensionistas; recortes que superan los 1.200
millones de € para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que se
traducirán en una bajada de las inversiones públicas y un deterioro de
los servicios públicos; eliminación del régimen transitorio para la
jubilación parcial, que afecta negativamente al empleo al suprimir los
contratos de relevo; supresión de la retroactividad en las prestaciones
por dependencia y el pago a plazos durante 5 años de la deuda existente,
lo que significa que la mayoría de los afectados no cobrará, dado que
la mitad de los dependientes supera los 80 años y su esperanza de vida
no alcanza esos 5 años; la eliminación de los 2.500 € del cheque bebé.
Un plan que afianza las regresivas políticas fiscales
de la era neoliberal: transformación del IRPF en un impuesto de las
rentas del trabajo -que actualmente representan un 80% de su base
imponible-; permisividad ante un empresariado que declara una media de
ingresos inferior a la media de los asalariados -creciendo de forma
continuada esa diferencia desde 1993-; sucesivas rebajas del Impuesto de
Sociedades -en 2007, se rebajó la imposición a la totalidad de las
empresas del 35% al 30% (no se tiene en cuenta la bajada del 30% al 25%
dirigida a empresas con menos de 25 trabajadores e ingresos inferiores a
5 millones de € que mantengan su plantilla en 2009 y 2010)-; supresión
en 2008 del Impuesto sobre el Patrimonio en beneficio de los grandes
propietarios; incremento en 2010 de los impuestos indirectos -el IVA
general crece del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%-. El resultado
es que los trabajadores en España pagan en impuestos poco menos que los
trabajadores europeos, mientras los sectores con mayores rentas pagan
mucho menos que el promedio europeo, en un marco donde la presión fiscal
española se situaba 7 puntos de PIB por debajo de la media de la UE-15
en 2008.
No se debe perder de vista que el modelo
fiscal de los últimos 25 años manifiesta una tendencia creciente a que
en los ingresos del Estado prime la imposición indirecta (consumo) sobre
la directa (rentas) -en 1986 los impuestos directos representaban el
64% y los indirectos el 32%, pasando esos porcentajes a ser el 51% y 47%
en 2006-. Hacer recaer los ingresos del Estado en el consumo anula
efectuar una redistribución de la renta -en perjuicio de los sectores
sociales más débiles-; efecto agravado en épocas de crisis porque la
contracción del gasto público se realiza en detrimento fundamentalmente
de los gastos sociales, precisamente cuando más necesarios son para
amortiguar sus efectos sobre los más desfavorecidos.
Un plan que disminuye la ya baja protección social
española, en un marco donde la diferencia entre el 20% de la población
con mayores rentas y el 20% con menores rentas es la mayor de la Unión
Europea de los 15. Medido en unidades de poder de compra, cada español
recibe un 40% menos de protección que los ciudadanos de la Unión Europea
de los 15, de ahí que España presente mayores desigualdades sociales.
Un plan que, sin embargo, no aumenta las cotizaciones o
los impuestos a los grandes rentistas o a los grandes empresarios, y
que olvida tomar medidas contra el elevado fraude fiscal, que alcanza
entre 20% y el 25% -el doble que la media de la UE-. No es de extrañar
que crezca la repugnancia social hacia un gobierno que mima a la Banca
española -que hasta 2008 obtuvo los beneficios más altos de la Unión
Europea y de los más altos del mundo-, y tolera que con la crisis en
marcha y tras la entrega de ayudas millonarias, los consejeros de esos
bancos se suban el “sueldo” un 53% en 2008 o se adjudiquen pensiones
millonarias. Un gobierno que mima a los grandes propietarios y rentista.
Si el gobierno recuperase el impuesto de patrimonio que suprimió en
2008, el Estado ingresaría más de 2.121 millones de € anuales, una
cantidad superior a los 1.500 millones de € que se ahorrará con la
congelación de las pensiones en 2011, y con una menor repercusión social
y sobre el consumo interno. Lo mismo puede decirse de las Sicav
(Sociedades de Inversión de Capital Variable), que con un patrimonio
cercano a los 26.000 millones de € sólo tributan al 1%, en lugar de al
30% del tipo general.
Las medidas anunciadas para
reducir la deuda pública no reactivarán la economía, porque a los más
de 4,6 millones de parados y las restricciones existentes del crédito a
las familias y a las pequeñas y medianas empresas -que está bloqueando
su actividad-, se suma la disminución del poder adquisitivo de millones
de trabajadores y pensionistas, lo que tirará a la baja del consumo. A
la subida de la Bolsa al día siguiente de intervenir Zapatero, le han
seguido nuevas bajadas, porque es difícil que aumenten las inversiones
cuando la capacidad de compra disminuye.
Las
esperanzas de salida de la recesión ante el crecimiento del PIB en un
0,1% en el primer trimestre de 2010, oculta que el aumento del gasto
corriente de la Administración se ha debido a pagos aplazados del año
anterior por ayuntamientos y Comunidades Autónomas para solapar su
enorme déficit en 2009, y que indicadores claves en la recuperación de
la actividad económica han seguido siendo negativos. Si las inversiones
en construcción cayeron en ese período el 3,4% y las inversiones en
bienes de equipo el 1,2% -éstas tras 6 meses de crecimiento-, como
resultado del plan de austeridad contenido en los Presupuestos Generales
del Estado, es más que previsible que el ajuste duro de mayo no varíe
sustancialmente esas tendencias.
La tercera
vuelta de tuerca se iniciará con el fracaso de los actuales planes y
nuevas medidas impositivas y restrictivas del gasto. Si las primeras
aumentarán la presión sobre los trabajadores y las clases medias, las
segundas acabarán de minar la sostenibilidad del sector público,
favoreciendo su entrega a compañías privadas. Estamos ante el fin del
Estado como garante de la estabilidad económica y política, de su
preponderancia como corrector de desequilibrios económicos y
desigualdades sociales.
Otras políticas exigen nuevos enfoques en
la izquierda
El desmantelamiento del estado del
bienestar y las políticas de los gobiernos para hacer frente a la
crisis, abren teóricamente perspectivas de reorganización de la clase
trabajadora y de reagrupamiento de los intereses populares, y un espacio
nuevo a las luchas sociales. Pero esto no implica una mejoría mecánica
de la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores. Los riesgos de
mayores retrocesos sociales dependerán de la capacidad de análisis y de
formular alternativas que movilicen a amplios sectores sociales por
parte de la izquierda europea. Basta observar como, ante los efectos de
la crisis, el Partido Republicano en EEUU ve ascender desde la base un
movimiento ultraconservador (Tea Party), que amenaza con controlar el
partido y que ha tenido un sonoro éxito en las primarias celebradas en
mayo.
Desde un comienzo, las políticas
neoliberales lograron una fractura social y una pérdida de influencia de
la clase trabajadora frente a las clases altas y medias. Esa
fragmentación de los intereses populares ha permitido que los sectores
sociales más influyentes hayan reconfigurado las demandas sociales,
propiciando un giro de las políticas públicas hacia sus intereses y un
acusado individualismo en la conciencia social. De ahí la desaparición
de la clase trabajadora del discurso socialdemócrata, la integración
institucional de los sindicatos, la escasa respuesta social y laboral en
los años pasados frente al progresivo recorte de derechos y
prestaciones, y la desorientación de la izquierda extraparlamentaria.
No se variará la correlación de fuerzas sin rearmarse
con un discurso de clase, sin definir nuevas políticas que despierten a
la clase trabajadora, sin desarrollar un programa capaz de aglutinar en
un frente común a las fuerzas del trabajo con otros sectores sociales
afectados por la crisis, y sin una respuesta conjunta en el ámbito
europeo. El ejemplo de Grecia está bien a la vista. Con 5 huelgas
generales, las perspectivas de frenar los recortes son escasas.
El gobierno de cada país se escuda en decisiones de
entes supraestatales y reconocen su incapacidad para enfrentar maniobras
financieras mundiales. El capital no mueve un ápice sus posturas y
desprecia el desgaste de los políticos, con la confianza propia del que
no da cabida a riesgos revolucionarios. Si las movilizaciones no se
producen en el mismo marco que las decisiones políticas -la UE-,
difícilmente se introducirán cambios, aumentando los riesgos de
cristalización del malestar hacia posturas totalitarias y neofascistas,
que culpen a la inmigración de ocupar trabajos y consumir recursos en
detrimento de los trabajadores del propio país.
Deben
sustituirse los discursos que centran la responsabilidad de los males
existentes en partidos y sindicatos de la izquierda institucional -dado
que son estériles al no abrir alternativas y ocultan el verdadero
enemigo a batir-, por un discurso que identifique claramente al capital,
a las grandes compañías, y a los grandes propietarios y rentistas, como
los enemigos y causantes de la actual situación; y debe ponérseles
rostros y apellidos.
Tres ejes de respuesta son
primordiales. En primer lugar, las meras regulaciones del sector
financiero no serán suficientes para superar una crisis mundial que
afecta a las propias estructuras de crecimiento de los Estados
centrales, porque no existe ninguna autoridad que pueda garantizar su
cumplimiento mundialmente. Sólo la nacionalización total de la Banca y
la entrada del poderoso sector público en el mundo financiero en los
países de una región económica, pueden afrontar la huída de capital
hacia los paraísos fiscales, controlar y sanear sus finanzas, permitir
las debidas políticas crediticias, e introducir cambios en las
relaciones económicas mundiales y movimientos de capitales. Dejar el
crédito y los seguros en la esfera privada conduce al caos y al
empobrecimiento -como está siendo evidente-, e impide el desarrollo
económico y social al priorizar los intereses de los grandes capitales y
rentistas.
Un segundo eje gira en el desarrollo
de políticas que garanticen la transferencia de beneficios para mantener
el poder adquisitivo de los asalariados e impulsar el empleo, mediante
la escala móvil de salarios y una orientación del crédito público que
fomente las cooperativas y la gestión de empresas bajo control de los
trabajadores, así como el sostenimiento de las pequeñas empresas por el
importante volumen de empleo que garantizan.
Por
último, deben introducirse mecanismos que aumenten el control
democrático de las finanzas. Si asalariados, pensionistas y sectores de
clases medias tienen que pagar el rescate del capitalismo, deben tener
derecho a fiscalizar las medidas que se tomen y al reparto de la
riqueza.
No hay vuelta a fórmulas estables de bienestar en Europa.
Si las luchas no cuestionan el sistema, el empobrecimiento general es
inevitable. Si las luchas no agrupan a una mayoría social, el riesgo de
involución política crece exponencialmente. La alternativa hoy debe
contener componentes anticapitalistas y democráticos para hacer frente a
la crisis y soslayar riesgos totalitarios.fuente, vìa :
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