MÉXICO, D.F., 8 de mayo (Proceso).- Las verdaderas causas de la
extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo
menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la
cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de “seguridad
nacional”. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con
argumentos como la “corrupción” e “ineficiencia” que privaban en la
paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso
reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la
Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del
mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El 11 de octubre de 2009, las televisoras interrumpieron sus
programas estelares para transmitir un mensaje del presidente Felipe
Calderón: la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) sería
liquidada.
Serio, muy serio, de traje negro y con una pequeña bandera mexicana
prendida a la solapa, Calderón actuó ante los televidentes para anunciar
que esa determinación –la extinción del organismo descentralizado y el
despido de 44 mil trabajadores– era inaplazable.
A pesar de que el jefe del Ejecutivo habló de pérdidas, ineficiencias
y corrupción en la paraestatal, los expedientes que pudieran sustentar o
documentar sus dichos fueron enviados a reserva.
En busca de esa información, Proceso emprendió una investigación que
en abril pasado cumplió siete meses y a raíz de la cual el gobierno
calderonista reconoció haber elaborado el expediente llamado Luz y
Fuerza del Centro; Agosto del 2009 y el titulado Acta de la Primera
Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación 2009.
Sin embargo, se determinó que ambos documentos sólo podrían
desclasificarse después de 12 años, pues de acuerdo con las secretarías
de Hacienda, de Energía y del Trabajo abrirlos antes del año 2021 sería
tanto como permitir que los extrabajadores –afiliados al Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME)– pudieran realizar actos de sabotaje en
el suministro de energía.
Al responder a un paquete de solicitudes de acceso a la información
planteadas por este semanario, Hacienda sostuvo que los archivos sobre
la extinción de LFC fueron reservados porque es un asunto de “seguridad
nacional”, ya que los extrabajadores podrían utilizar su contenido para
apelar ante los tribunales internacionales, creando con ello un clima de
inestabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
Para sostener esa reserva por el plazo máximo que permite la Ley de
Transparencia, Hacienda destacó que el SME tiene capacidad para poner de
cabeza al país mediante bloqueos en calles y autopistas, aun cuando Luz
y Fuerza del Centro abasteció de energía sólo al Distrito Federal,
Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
No obstante, al analizar la respuesta de la Secretaría de Hacienda
–por petición de Proceso–, el Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI) redujo a sólo dos años el tiempo de reserva de dichos
expedientes, aunque también a su juicio contienen información sensible
que “podría poner en riesgo la seguridad nacional”.
Pese a que en su mensaje Calderón utilizó dos veces la palabra
“corrupción”, otras dos el término “ineficacia”, y acusó a los
trabajadores de tener “prestaciones onerosas”, la investigación de este
semanario determinó que en Los Pinos no cuentan con pruebas de actos de
corrupción ni con datos concretos sobre las fallas técnicas,
ineficiencias y privilegios sindicales que el presidente argumentó.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1749 de la
revista Proceso, ya en circulación.
fuente, vìa :
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79183
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