Diego Fernández de Cevallos no sólo es uno de los políticos más
influyentes del país: tiene una prolongada trayectoria como litigante,
aunque a últimas fechas se cuestiona con insistencia la integridad de
sus principales clientes. Se ha dicho públicamente que el panista es
abogado del narco, empleado de la mafia. El experto Edgardo Buscaglia
atribuye la autoría de su secuestro a narcotraficantes y lo ve como un
golpe directo al poder, al gobierno.
MÉXICO, D.F., 25 de mayo (Proceso).- Hábil en el manejo del llamado
“influyentismo político” y en litigar lucrativos asuntos aun cuando
vayan contra los intereses del Estado, Diego Fernández de Cevallos,
desaparecido desde el viernes 14, se ha visto implicado en varios
escándalos por su participación como abogado de personajes relacionados
con el narcotráfico.
Y aunque el presidente de la República, Felipe Calderón, ha dicho que
detrás del levantón que sufrió Diego Fernández en su finca La Cabaña,
en Querétaro, no está el narcotráfico, lo cierto es que El Jefe Diego
ha sido señalado en múltiples ocasiones como “empleado de la mafia” y
abogado del narco.
Así lo denunció en 2004 el perredista Martí Batres, cuando fungía
como subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, a propósito de una
entrevista que concedió Fernández de Cevallos a Televisa. En ella el
panista negó ser el artífice de la difusión de los videos con los que se
destapó el caso de corrupción en el que se vieron implicados
prominentes políticos perredistas y el empresario Carlos Ahumada.
Dijo Batres: “Estamos oyendo a Diego que no es el jefe de la mafia;
es el empleado de la mafia y no me refiero simplemente a sus amistades
como las que acaba de mencionar, de Juan Collado, asesor de Mario
Villanueva, o de Eduardo Fernández, Raúl Salinas o Mario Ruiz Massieu,
para poner algunos ejemplos.
“Tampoco voy a hablar de lo de Punta Diamante o la quema de los
paquetes electorales de 1988 para facilitar el fraude a (Carlos)
Salinas… Me refiero, sobre todo, a que Diego Fernández de Cevallos es, y
eso es lo más grave, un personaje incrustado ya en la mafia del
narcotráfico. Él recibió cuatro millones de pesos del cártel de Juárez y
tengo… el expediente completito.”
Así surgía uno de los casos más complicados que enfrentó el poderoso
abogado y excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos.
No era todo. El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida
Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro
del capo Amado Carrillo Fuentes.
Bastida compró un paquete de acciones del Banco Anáhuac que, según se
supo después, consistió en una inversión del cártel de Juárez para
lavar dinero del narcotráfico, lo que implicó tanto a políticos como a
empresarios.
El espinoso Banco Anáhuac
De acuerdo con el expediente judicial, en el caso de las inversiones
del narcotráfico en el Banco Anáhuac salieron perjudicados –porque
presuntamente perdieron parte de su fortuna tras la investigación
criminal que descubrió los fondos del cártel de Juárez– familiares del
expresidente Miguel de la Madrid, entre ellos su hermana Alicia, su hijo
Federico y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas (Proceso 1116).
El escándalo estalló a finales de 1996 a raíz de que la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino la empresa Grupo
Corporativo Anáhuac a causa de un fraude millonario, con recursos del
Instituto Mexicano del Seguro Social, que se le imputó a uno de sus
socios importantes, José Luis Sánchez Pizzini.
Este embrollo criminal y político también salpicó a Rodolfo Zedillo,
hermano del expresidente Ernesto Zedillo que conocía a Bastida, con
quien proyectó la construcción de un hotel en la Zona Rosa de la Ciudad
de México, aunque según la versión del propio Rodolfo el negocio no se
llevó a cabo porque Bastida Gallardo incumplió el contrato al no
aportar ni un centavo para la obra.
Fernández de Cevallos fungía también como asesor legal de buena parte
de los integrantes del cártel de Juárez que estaban detrás de la
operación de la compra del Banco Anáhuac.
Según sus antecedentes, Bastida Gallardo provenía del Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, donde se hizo
rico traficando con el coyotaje y el contratismo, amparado por Leonardo
Rodríguez Alcaine.
Sin embargo, la sospecha lo envolvió –y ese fue el origen de la
investigación de la PGR– cuando invirtió alrededor de 10 millones de
dólares en la compra de acciones del Banco Anáhuac. En su red de
relaciones empresariales y políticas aparecía Juan Zepeda, entre otros,
como coinversionista del banco.
Fernández de Cevallos estaba incluido en las indagatorias. El motivo:
presuntamente el cártel de Juárez, a través de Bastida, le había
pagado cerca de 4 millones de pesos por sus servicios.
Según la investigación, Bastida Gallardo le entregó dos cheques –con
los números 76859 y 76860– por un millón 995 mil pesos y dos millones
de pesos, respectivamente.
Diego Fernández no negó que recibió los cheques; lo que sí negó es
que el narco se los hubiera pagado. Su argumento: “A mí me solicitaron
una intervención en favor de un grupo financiero, no de una persona
física”, y dijo desconocer si existía o no un nexo entre su cliente
Bastida Gallardo y otra persona física en actividades ilícitas.
Añadió: “Lo relativo a mis ingresos le corresponde al fisco, y sobre
ese particular no tengo nada que informar. Ni si recibí ni si no
recibo, ni quién expide un cheque ni dónde se deposita”.
Como parte de una posterior averiguación previa
–PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004– integrada contra el cártel de Juárez rindió
declaración Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo. En ella
refiere el caso del Banco Anáhuac y afirma que el abogado del grupo que
perdió su fortuna en esa inversión fallida fue Diego Fernández de
Cevallos.
Así lo manifiesta en su testimonio rendido el 1 de marzo de 2009 ante
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO):
Por el mes de enero de 1996 empezó mi papá a gestionar la compra de
acciones en la Bolsa de Valores, a través de Juan Alberto Zepeda Méndez
(contacto de Jorge Bastida, el cliente de Diego Fernández), compra que
no se llevó a cabo, ya que éste le ofreció un mejor negocio o inversión
en la compra de acciones del Banco Anáhuac, no recuerdo si se iba a
ampliar el capital del banco o uno de los socios vendía su parte, siendo
este negocio por la cantidad de treinta millones de dólares, el
treinta por ciento del valor del banco, incluyendo cuatro vehículos,
dos de la marca BMW, uno de ellos blindado, un Porsche gris a nombre de
Luis Sánchez Pizzini, y otro más, Mercedes Benz. El negocio terminó de
concretarse entre febrero y julio de 1996 dándole mi papá el dinero a
Juan Alberto Zepeda Méndez.
Tras la muerte de Amado Carrillo su hijo Vicente declaró que quiso
recuperar el dinero de la inversión en Banco Anáhuac para Zepeda Méndez y
Juan Hurtado Horcasitas, el sobrino del expresidente Miguel de la
Madrid, quienes le dijeron que el banco tenía problemas por malos
manejos desde antes de que nosotros (se refiere al cártel de Juárez)
empezáramos la negociación para comprar las acciones.
El hijo de Amado Carrillo también dijo haberse enterado de que el
banco que intentó comprar su padre mediante diversos socios había sido
intervenido por la CNBV, entonces encabezada por Eduardo Fernández. Le
dijeron que este funcionario se había tomado atribuciones que no le
correspondían con el fin de afectar al Banco Anáhuac.
Y añadió: Ante este problema se inició una auditoría por parte de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fungiendo como representante
legal o abogado el señor Diego Fernández de Cevallos, de la cual supe
por otras personas, de las que no recuerdo el nombre, que todo salió
favorable al banco…
Causas difíciles
Panistas prominentes y socios en distintos litigios, Diego Fernández
de Cevallos y el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont,
aparecieron en julio de 1997 como representantes legales de dos
empresas –el hospital Santa Mónica y la funeraria García López– donde
murió y fue velado, respectivamente, Antonio Flores Montes, nombre
falso que se utilizó para ocultar la verdadera identidad del
narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.
En ese tiempo, Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, era
el jefe del cártel de Juárez y meses antes, después de un supuesto
intento fallido por negociar con la Secretaría de la Defensa Nacional el
cese de su persecución, se había instalado en Sudamérica, sobre todo
en Argentina y Chile, para operar sus negocios.
Presuntamente tomó parte en la defensa de importantes figuras del
fraude, como Carlos Cabal Peniche; Ángel Rodríguez El Divino; Rogelio
Montemayor; Jorge Lankenau, Tomás Peñaloza Webb y Gerardo de Prevoisin. Y
controla también los más influyentes despachos de México.
Según el libro Cien nombres de la transición mexicana, de Alejandro
Envila, Diego Fernández y Fernando Gómez Mont fusionaron sus despachos
en 1994, a raíz de lo cual crearon Cevallos y Gómez Mont, SA. El autor
afirma que en ese tiempo Gómez Mont asesoraba a la PGR cuando el titular
de la dependencia era Antonio Lozano Gracia, otro miembro de este
grupo.
El secuestro o desaparición de Fernández de Cevallos –el viernes 21
se cumplió una semana– ocurrió en el momento en que el político ejercía
mayor influencia en el gabinete de Calderón. De hecho, desde 1994 ha
impuesto a los titulares de la PGR. Y en noviembre de 2008 fue una pieza
clave para la designación de su socio, Fernando Gómez Mont, como
secretario de Gobernación (Proceso 1718).
El actual procurador general de la República, Daniel Chávez Chávez,
se formó a la sombra de Fernández de Cevallos: fue asesor y secretario
de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Diego fue
presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN de 2000 a
2001.
Por ejemplo, en 2007 Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de
sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes una indemnización de mil 500 millones de pesos a favor de un
grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, su desaparición ocurrió en un contexto turbulento: el
miércoles 12 –dos días antes– fue detenida y posteriormente liberada
Griselda López, excónyuge de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Para Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y
profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), no es
descabellado pensar que el crimen organizado haya secuestrado a Diego
Fernández: “Los cárteles como el de Sinaloa, que se ha visto tan
criticado por la protección que recibe, tienen que recurrir al secuestro
para forzar negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos con los
hombres del poder”.
–¿Esto quiere decir que Diego Fernández pudiera ser rehén del
narcotráfico para exigirle al presidente que cumpla posibles acuerdos
con el cártel de Sinaloa o algún otro?
–Esto es probable. El secuestro o desaparición de Diego es un fuerte
mensaje para Calderón. Le pegaron en el centro al poder y a su
gobierno. Ahora Calderón tendrá que cumplir lo que no ha cumplido,
pagar lo que no ha pagado. Ahora le tocó a Diego; mañana puede ser un
empresario prominente o incluso un personaje del gabinete…
Fuente, vìa :
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79703
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