DERECHOS HUMANOS | El Gobierno de México no responde
Atenco, cuatro años sin justicia para las mujeres
El Gobierno mexicano se equivocaba al pensar que el asunto de los presuntos abusos sexuales por parte de policías a manifestantes durante los disturbios de San Salvador Atenco en mayo de 2006 iba a diluirse en la nada, como tantos casos que se despeñan por los abismos de la justicia. Las denuncias de cerca de una veintena de mujeres que, tras ser detenidas, alegaron tocamientos y vejaciones sexuales por parte de la policía en los furgones no han caído en saco roto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en diciembre a México –ante la denuncia que se presentó ante el organismo, y según se ha sabido hoy lunes- que ofreciera las pertinentes explicaciones. Le concedió dos meses de plazo, que han transcurrido sin que hubiera respuesta.
La fecha para hacer público el nuevo requerimiento al respecto del CIDH al Gobierno mexicano para que aclare el asunto no es casual: este lunes y martes se cumplen exactamente cuatro años de los disturbios. Un operativo policial contra vendedores de flores en la localidad derivó en altercados que se prolongaron dos días, causaron dos muertos entre los inconformes y dejaron más de 200 detenidos.
Entre ellas las mujeres denunciantes, algunas de las cuales han recordado en tan trágico aniversario lo que les ocurrió aquel día: "Se nos agredió por ser mujeres y se nos obligó a hacer actos y a ver incluso cómo se violaba a nuestros propios compañeros", ha dicho este lunes con ira Claudia Hernández, una de las víctimas de los días de Atenco. Ella cifra en 24 las mujeres que se vieron sometidas a trato denigrante.
Cuatro años después, de aquellos más de 200 destenidos, 12 aún están presos y condenados por su participación en los altercados, mientras otros 50 están sujetos a proceso penal.
Los abogados del centro, apoyados por Amnistía Internacional, lograban la pasada semana excarcelar a dos vendedoras ambulantes indígenas, condenadas por secuestrar a seis agentes federales tras un operativo policial en un mercado de Querétaro. La Suprema Corte decretó su inocencia, tras cuatro años en prisión, por la fabricación de pruebas durante el proceso.
"A la fecha, el Estado ha sido omiso en presentar su informe respecto de los hechos y violaciones alegadas en la petición (de la CIDH, formulada por primera vez en diciembre). Muestra de esta manera con claridad el desdén por los derechos humanos y la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales", han apuntado hoy los activistas del centro Pro Dh.
Desde 2006, ni un solo policía, mando o cargo político ha tenido que responder por lo que –según las denunciantes- sucedió en los furgones policiales. "Más aún, se les ha premiado al otorgarles cargos públicos, alentando de este modo la impunidad", lamentan los abogados de Pro Dh.
La ex secretaria general de Amnistía Internacional Irene Khan le pidió cuentas al Ejecutivo en su visita a México en 2007, la Suprema Corte tiene el asunto en la nevera; las mujeres presuntamente agraviadas esperan al dictamen de la justicia, retratada hoy en una caricatura de la prensa mexicana como una prostituta.
Pero no sólo es un problema para Calderón. A buen seguro, el despacho del Gobernador del Estado de México, el muy presidenciable Enrique Peña Nieto, es objeto de entradas y salidas de funcionarios que discuten el caso. El político, al que los analistas consideran el niño bonito de la política mexicana, quizá lamente ahora – y en las elecciones- la respuesta de sus fuerzas policiales a la trifulca. Aunque la pelota la botase a otro tejado, el federal.
La polémica se sumará, sin duda, a la borrasca que intenta capear estos días la fiscalía de su estado por el caso Paulette: la desaparición y muerte de una niña de cuatro años, cuyo cadáver apareció bajo su cama nueve días después de que desapareciera y tras un registro exhaustivo del domicilio. Hasta el momento, el fiscal mexiquense no ha dado explicaciones convincentes.
El Estado de México es, además, uno de los que más asesinatos de mujeres sin resolver acumula en los últimos años, por delante de Ciudad Juárez y su leyenda negra.
Claudia Hernández si tiene claro el futuro político de Enrique Peña Nieto. Y maldice: "No vamos a permitir que un asesino, un secuestrador, un torturador y un violador llegue a la presidencia de la República, no olvidamos y nos mantenemos en pie de lucha".
fuente, vìa:
http://www.elmundo.es/america/2010/05/03/mexico/1272922656.html
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en diciembre a México –ante la denuncia que se presentó ante el organismo, y según se ha sabido hoy lunes- que ofreciera las pertinentes explicaciones. Le concedió dos meses de plazo, que han transcurrido sin que hubiera respuesta.
La fecha para hacer público el nuevo requerimiento al respecto del CIDH al Gobierno mexicano para que aclare el asunto no es casual: este lunes y martes se cumplen exactamente cuatro años de los disturbios. Un operativo policial contra vendedores de flores en la localidad derivó en altercados que se prolongaron dos días, causaron dos muertos entre los inconformes y dejaron más de 200 detenidos.
Entre ellas las mujeres denunciantes, algunas de las cuales han recordado en tan trágico aniversario lo que les ocurrió aquel día: "Se nos agredió por ser mujeres y se nos obligó a hacer actos y a ver incluso cómo se violaba a nuestros propios compañeros", ha dicho este lunes con ira Claudia Hernández, una de las víctimas de los días de Atenco. Ella cifra en 24 las mujeres que se vieron sometidas a trato denigrante.
Cuatro años después, de aquellos más de 200 destenidos, 12 aún están presos y condenados por su participación en los altercados, mientras otros 50 están sujetos a proceso penal.
Desdén por los derechos humanos
Enfrente, quienes aún no se han sometido a juicio por lo ocurrido. La policía, el Gobierno como responsable subsidiario... Detrás de la persecución para que también ellos tengan que responder ante un tribunal, que es lo que ha llevado a la petición de la CIDH, está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Pro Dh), en el ojo del huracán por otro caso de violaciones de garantías individuales.Los abogados del centro, apoyados por Amnistía Internacional, lograban la pasada semana excarcelar a dos vendedoras ambulantes indígenas, condenadas por secuestrar a seis agentes federales tras un operativo policial en un mercado de Querétaro. La Suprema Corte decretó su inocencia, tras cuatro años en prisión, por la fabricación de pruebas durante el proceso.
"A la fecha, el Estado ha sido omiso en presentar su informe respecto de los hechos y violaciones alegadas en la petición (de la CIDH, formulada por primera vez en diciembre). Muestra de esta manera con claridad el desdén por los derechos humanos y la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales", han apuntado hoy los activistas del centro Pro Dh.
Pasándose la pelota
La bola estaba en manos de las autoridades federales, a pesar de que el delito fue presuntamente cometido por agentes del Estado de México. La Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) –a la que se tacha de ineficiente y decorativa- se lo pasó a la fiscalía federal, que guarda en sus cajones el expediente. Ahí está tranquilito, sin que nadie lo moleste, porque pesa mucho.Desde 2006, ni un solo policía, mando o cargo político ha tenido que responder por lo que –según las denunciantes- sucedió en los furgones policiales. "Más aún, se les ha premiado al otorgarles cargos públicos, alentando de este modo la impunidad", lamentan los abogados de Pro Dh.
La ex secretaria general de Amnistía Internacional Irene Khan le pidió cuentas al Ejecutivo en su visita a México en 2007, la Suprema Corte tiene el asunto en la nevera; las mujeres presuntamente agraviadas esperan al dictamen de la justicia, retratada hoy en una caricatura de la prensa mexicana como una prostituta.
Calderón y Peña Nieto, señalados
El caso es una nueva bomba que le puede estallar al presidente Felipe Calderón, cuya guerra contra el narcotráfico ha puesto en entredicho internacionalmente el respeto a los derechos humanos por parte del ariete del mandatario, el Ejército. Entre otros casos sobre derechos humanos en los que México ha sido severamente cuestionado en los últimos años.Pero no sólo es un problema para Calderón. A buen seguro, el despacho del Gobernador del Estado de México, el muy presidenciable Enrique Peña Nieto, es objeto de entradas y salidas de funcionarios que discuten el caso. El político, al que los analistas consideran el niño bonito de la política mexicana, quizá lamente ahora – y en las elecciones- la respuesta de sus fuerzas policiales a la trifulca. Aunque la pelota la botase a otro tejado, el federal.
La polémica se sumará, sin duda, a la borrasca que intenta capear estos días la fiscalía de su estado por el caso Paulette: la desaparición y muerte de una niña de cuatro años, cuyo cadáver apareció bajo su cama nueve días después de que desapareciera y tras un registro exhaustivo del domicilio. Hasta el momento, el fiscal mexiquense no ha dado explicaciones convincentes.
El Estado de México es, además, uno de los que más asesinatos de mujeres sin resolver acumula en los últimos años, por delante de Ciudad Juárez y su leyenda negra.
Claudia Hernández si tiene claro el futuro político de Enrique Peña Nieto. Y maldice: "No vamos a permitir que un asesino, un secuestrador, un torturador y un violador llegue a la presidencia de la República, no olvidamos y nos mantenemos en pie de lucha".
fuente, vìa:
http://www.elmundo.es/america/2010/05/03/mexico/1272922656.html
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