"Donde han llegado los medios de comunicación ha llegado la ayuda, por eso decidimos protestar cerca de la casa de gobierno", justificó este cauquenino residente en Santiago, pero que viaja constantemente a la zona donde viven sus familiares.
Ubicada en la región del Maule, a 353 kilómetros al sur de Santiago, esta comuna fue una de las más golpeadas por el terremoto grado 8,8 en la escala de Richter que remeció a seis regiones del centro y sur de Chile y que provocó un devastador tsunami.
Según el último reporte del gobierno, dado a conocer el 15 de este mes, 521 personas murieron a consecuencia de esta catástrofe natural, que también azotó con dureza a las regiones de O'Higgins y el Bíobío, al sur de Santiago.
"La ayuda ha sido muy lenta, centralizada y verticalista. No vemos un gran apoyo del gobierno a las organizaciones de base. No han sido convocados los clubes deportivos, los centros culturales, las juntas de vecinos. La sociedad civil organizada no ha participado activamente. Eso hace que las cosas sean más lentas", criticó.
La manifestación de este miércoles se llamará "Cauquenes Em-Pelota", que apunta a dejar dos mensajes: que los pobladores están "desnudos" y "enojados".
Esta protesta se suma a la desesperada acción de una mujer en Penco, en la región del Bíobío y a casi 500 kilómetros al sur de la capital chilena, quien en la noche del 12 de este mes quemó parte de su vivienda de emergencia, también llamada mediagua, por su mala calidad.
En cambio, el gobierno del derechista Sebastián Piñera, quien asumió el 11 de marzo, saca cuentas más amables.
Las autoridades anunciaron el lunes que cumplieron la meta de 40.000 viviendas de emergencia entregadas antes del 11 de junio, al tiempo que reiteraron su compromiso de seguir trabajando para dotar a las familias de soluciones definitivas.
La mitad de estas mediaguas fueron construidas por Un Techo para Chile, una organización sin fines de lucro fundada por el sacerdote jesuita Felipe Berríos en 1997, la cual recibió unos 27 millones de dólares recolectados en la Teletón "Chile Ayuda a Chile", el programa de televisión solidario realizado a comienzos de marzo.
Los cálculos del gobierno hablan de casi 400.000 casas destruidas o dañadas en todo el país. Por ello lleva adelante diversos programas como Manos a la Obra, Aldea e Impermeabilidad.
El primero, dotado con unos 15 millones de dólares, está dirigido a la compra de materiales de reconstrucción para los habitantes de las 239 comunas golpeadas por la catástrofe, de un total de 345 existentes en el país.
El segundo consiste en la instalación de conexiones eléctricas al interior de las mediaguas, alumbrado público, baños familiares compartidos, cierre perimetral, estabilizado de calles y una sede social en los campamentos.
Entre las regiones de Valparaíso y del Bíobío se han construido 77 aldeas de emergencias, con más de 3.400 familias beneficiadas.
El tercer programa en curso pretende proteger a las viviendas de la lluvia cubriéndolas con un material aislante de polietileno.
Pero el sacerdote Berríos, quien el lunes se desligó de Un Techo para Chile para realizar labores humanitarias en África, dijo temer un "levantamiento social" producto de la situación social posterremoto y el rápido olvido de los damnificados, sumándose a otras voces con el mismo diagnóstico.
También hay preocupación porque las viviendas de emergencia se transformen en definitivas.
"La emergencia no ha terminado", comentó a IPS Rodrigo Jordan, presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, una institución no gubernamental que recibe apoyo financiero del Estado.
Esta entidad junto a Caritas Chile, de la Iglesia Católica, lanzaron la campaña "Por un Chile entero", que busca recolectar dinero hasta el 4 de junio para 1.500 familias de seis localidades muy necesitadas: La Estrella, Marchihue, Constitución, Pencahue, Quirihue y Curanilahue.
"La campaña busca que no nos olvidemos" de los damnificados, considerando, por ejemplo, que la capital está prácticamente normalizada, explicó Jordan.
A su juicio, los actos de protesta son reflejo de una "situación muy desesperada porque las familias no sólo perdieron sus bienes materiales sino también sus posibilidades de futuro", por la desaparición de miles de fuentes de trabajo.
En la devastada Constitución, sostuvo, se estima que el desempleo alcanza a 40 por ciento de la población económicamente activa.
"El terremoto y el tsunami no solo se llevaron las casas y las pertenencias de miles de chilenos sino que finalmente los dejaron en la pobreza. Cuando uno visita los campamentos o las aldeas con las viviendas de emergencia uno ve que esas familias están hoy más pobres de lo que eran antes", planteó Jordan.
"Todo el aparataje público está sobrepasado ante la dimensión de la catástrofe. No es que no tengan voluntad, pero no han pedido ayuda ni se han abierto a que otras organizaciones colaboren con ellos para hacer que esta respuesta sea más oportuna, ágil y pertinente", concluyó Salazar.
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