En un ambiente de secretismo, el
Senado de Chile se prepara para aprobar un proyecto de ley denominado
“Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) que implicará, según
organizaciones ambientalistas y de productores-consumidores orgánicos,
la contaminación genética de especies vegetales; pondrá en peligro la
semilla nativa, colocará en riesgo la agricultura orgánica y la
competitividad de las exportaciones de este sector; aumentará
dramáticamente la dependencia de los agricultores a las transnacionales
agroquímicas y elevará el precio de los alimentos.
Organizaciones de agricultores,
sociales, ambientales y de consumidores se declaran en estado de alerta y
movilización, porque mientras se legisla para mitigar los efectos del
terremoto, el Gobierno está dando pasos para cumplir uno de los
compromisos electorales del Presidente Piñera: la
liberación de los transgénicos al mercado.
Avanza por vías paralelas, con proyectos
que se tramitan en el Senado y a través de la nueva institucionalidad
ambiental que ahora contempla incorporar los transgénicos al sistema de
evaluación de impacto ambiental.
LA ESTRATEGIA OFICIAL
El Senado se prepara para aprobar a
espaldas de la ciudadanía un proyecto de ley denominado “Derechos de
Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) que implicará la contaminación
genética de especies vegetales, pondrá en peligro la semilla nativa,
pondrá en riesgo la agricultura orgánica y la competitividad de las
exportaciones de este sector, aumentará dramáticamente la dependencia de
los agricultores a las transnacionales agroquímicas, y elevará el
precio de los alimentos.
Paralelamente, el ministro de
Agricultura, José Antonio Galilea anunció que en junio y
julio se presentarían las indicaciones al proyecto “Bioseguridad de
Vegetales Genéticamente Modificados” (Boletín 4690-01) cuya tramitación se encontraba
detenida en el Senado desde 2008, orientado a la liberación de los
transgénicos.
Y al mismo tiempo, el gobierno y el SAG
se disponen a elaborar un reglamento de la nueva Ley de Medio Ambiente (Ley 20.417) negociada por
la Concertación con la derecha actualmente en el gobierno, que asegura
la liberación al mercado de los transgénicos, por la vía de declararlos
libres de impacto ambiental o ingresarlos al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA). La experiencia de la ciudadanía respecto de
la institucionalidad ambiental y la participación en los procesos de
EIA indica claramente que así las transnacionales lograrán la liberación
de los transgénicos.
NUEVO COLONIALISMO
La urgencia por liberar sus semillas
transgénicas al ambiente, tanto aquí como en América Latina se debe a
que Europa ha cerrado las puertas a los cultivos transgénicos,
aplicando políticas protectoras de la salud y el ambiente. El intento de
liberar los cultivos transgénicos en Chile vía diversas “regulaciones”
responde a los intereses y presiones de las corporaciones
agrobiotecnológicas que no pueden utilizar el territorio de Europa para
sus fines e inician así una nueva forma de colonialismo.
Los cultivos transgénicos son dañinos
para la flora y fauna, el suelo y la salud humana. Hasta ahora ninguna
empresa biotecnológica ha presentado estudios que comprueben la
inocuidad de los transgénicos en la salud humana y animal. Por el
contrario, cada vez se suman más estudios que demuestran que son una
gran amenaza para la salud y el ambiente, lo que genera gran
incertidumbre y medidas precautorias en todo el mundo. Pero las
autoridades no atienden esas razones ni están interesadas en resguardar
los cultivos orgánicos y tradicionales de los productores, no obstante
su reconocida calidad a nivel internacional.
LA AMENAZA INMEDIATA
El proyecto de ley sobre “Derechos de
Obtentores Vegetales” que tras su nombre oculta la privatización de la
semilla nativa, cumple en demasía las nefastas condiciones impuestas
por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esta iniciativa es un requisito previo
para la firma de un convenio internacional llamado UPOV 91
sobre propiedad intelectual de plantas. Abre las puertas a la
expropiación y a la privatización de la biodiversidad agrícola y
silvestre de Chile al posibilitar que haya derechos de propiedad
intelectual sobre todas las especies vegetales, que podrán ser
registradas por las compañías transnacionales por más de 25 años en el
caso de árboles y vides, por ejemplo.
Este proyecto ya fue aprobado en la
cámara baja el pasado 9 de enero, justo un día antes que asumieran los
nuevos integrantes de la Cámara de Diputados. Las prevenciones de
agricultores orgánicos, organizaciones campesinas, sociales y
ambientalistas ante la Comisión de Agricultura fueron desechadas por
los parlamentarios. Ellos empeoraron aún más el proyecto al extender
también a 25 años los derechos de “protección” para árboles y vides ya
inscritos de acuerdo a la ley anterior (Nº 19.342), que hasta ahora sólo
eran válidos por siete años.
El registro que se abrirá con la nueva
ley incluirá tanto las variedades nativas como las híbridas y
transgénicas obtenidas a través de la biotecnología, resguardando los
intereses de las empresas transnacionales exportadoras de semillas,
entre ellas Monsanto y Syngenta junto a
sus socios locales.
Abusando de este tipo de leyes, Monsanto
hoy está pidiendo en Estados Unidos patentar la carne de cerdo criado
con alimento transgénico, como si la carne fuera un descubrimiento de su
propiedad. Al asegurar en Chile esos derechos, se expandirá aun más el
negocio de los transgénicos, hoy todavía limitado a la exportación de
semillas. Eso afectará los cultivos orgánicos puesto que es imposible la
coexistencia entre cultivos orgánicos y siembras de transgénicos.
La contaminación de los cultivos
tradicionales a través de la polinización o por el transporte o los
residuos es un grave problema que afecta a toda la comunidad nacional e
internacional: cada año se presentan nuevos casos de contaminación
genética por transgénicos. En el 2007 se presentaron 39 nuevos casos de
contaminación en 23 países. Hasta ahora en Chile no hay ninguna
regulación que obligue a la industria biotecnológica a informar los
daños y las pérdidas financieras que causan los transgénicos.
La aprobación de esta ley despojaría a
los campesinos de su derecho a disponer libremente de su cosecha. Los
cultivos de los agricultores orgánicos podrán contaminarse con
transgénicos, y el precio de los alimentos subirá impactando finalmente a
todos los consumidores. También habrá impactos negativos en la salud y
el ambiente, ya que los cultivos transgénicos están asociados a un
aumento en el uso de plaguicidas y a efectos en la salud de las personas
y daños a la biodiversidad.
TRANSPARENCIA CERO
La expansión de los cultivos
transgénicos para exportación, autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, ha estado
caracterizada por el secretismo y la falta de protección, ya que esta
entidad se niega históricamente a dar a conocer los sitios exactos de
localización de los cultivos y el Consejo para
la Transparencia lleva un año sin responder el recurso de amparo planteado por RAP-AL contra el SAG
por este tema.
El gobierno actual no ha entregado
información sobre la temporada 2009/2010. De acuerdo a datos oficiales
proporcionados para 2008/2009, los cultivos de semillas transgénicas
para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas de maíz,
soya, y canola (raps) que son los más extendidos, seguidos por cartamo,
remolacha, vid, cebada, tomate, zapallo y alfalfa, en este orden.
Respecto de la temporada anterior
(2007), el crecimiento fue de un 24,5%, totalizándose 5.982,9 hectáreas
más de este tipo de cultivos, donde el maíz ocupa el primer lugar.
La región del Maule, con 15.049
hectáreas encabeza el ranking, seguida por la región de O’Higgins –donde
ya se copó la superficie de siembra – con 7.888,89- y la
Metropolitana, con 2.949,11 hectáreas. En regiones como Arica y
Parinacota, y Coquimbo, que no tenían antes cultivos transgénicos, en
la temporada informada por SAG se sembraron 52,91 y 156,20 hectáreas
respectivamente. En la sureña región de Los Ríos también irrumpieron
los transgénicos ocupando 758 hectáreas, mientras en la Araucanía la
cifra se eleva ahora a 2.192 hectáreas.
La desprotección frente a esta expansión
sin protección para la agricultura orgánica, se agudizará si se
aprueba la ley de privatización de la semilla. Toda especie nativa que
actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad, y
por tanto se puede reproducir y usar libremente, podrá tener un dueño y
ser por tanto propiedad intelectual -propiedad privada- de empresas
nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es
muy similar al generado por una patente.
El requisito planteado por este proyecto
a estas corporaciones es simplemente presentar un grupo de plantas
relativamente homogéneas y que no estén registradas previamente. También
deben ser “nuevas”, pero la ley considera nueva toda especie no
registrada antes. Así pueden apropiarse de un patrimonio colectivo que
es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas, donde
especialmente las mujeres han guardado, mejorado y reproducido la
semilla por generaciones y generaciones. Así se desconoce que en
definitiva, las semillas son nuestro patrimonio como país.
Las amenazas que enfrenta Chile como
resultado del menor crecimiento económico, la cesantía y otros efectos
del terremoto nos comprometen a intensificar nuestros esfuerzos para
contribuir a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y
defender la salud y calidad de vida de todos los chilenos.
Por tanto, las organizaciones
ambientalistas y de agricultura orgánica declaran:
1) Rechazamos el avance del
establecimiento de todas las disposiciones jurídicas que impliquen en
forma abierta o encubierta la autorización de la liberación total de
siembra de cultivos transgénicos en el país.
2) Apoyamos una moratoria total a la
liberación de los transgénicos en Chile y el establecimiento de
etiquetado para los productos finales importados que son transgénicos.
3) Impulsamos el establecimiento de un
sistema de biomonitoreo, y de medidas para revertir la contaminación
transgénica provocada por los actuales semilleros de exportación.
4) Apoyamos las demandas de las
organizaciones regionales de los agricultores orgánicos tendientes a
lograr la promoción y apoyo efectivo de una agricultura orgánica o
realizada sobre bases agroecológicas, sana y segura, libre de
plaguicidas y transgénicos.
5) Exigimos la revisión de la situación
de los altos funcionarios públicos que evidencien conflicto de interés
en materia de bioseguridad de transgénicos, y su destitución al probarse
esos vínculos.
6) Exigimos que se consideren fondos
públicos para financiar investigación independiente sobre los efectos
de los transgénicos en la salud de los consumidores.
CAMPAÑA CONTRA LA LEY DE
PRIVATIZACIÓN DE LA SEMILLA NATIVA
Hasta el 11 de diciembre de 2009, 950
personas han firmado en esta página, rechazando el proyecto de Ley de
Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01) que está en discusión en el
Parlamento, por exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos.
Rechazar el proyecto es actuar en
defensa de los derechos ancestrales de los campesinos a disponer
libremente de sus cosechas y de las semillas nativas.
Los impulsores de esta iniciativa son la
Red de
Acción en Plaguicidas (RAP-Chile), Asociación de
Agricultores Orgánicos de Biobío, Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH),
Asociación de Agricultura Biológica-Dinámica AG, Agrupación de
Consumidores Conscientes de Linares, Asociación
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Fundación con
Todos, Asociación de
Agricultores Orgánicos de Chiloé (CETSUR) y Grain.
Estamos en contra de la liberación de
los transgénicos y a favor de la agricultura orgánica y/o
biológico-dinámica y de sus productos saludables. Rechazamos la
privatización del conocimiento y de nuestro patrimonio en beneficio de
las transnacionales.
La iniciativa permitiría la expansión de
los cultivos transgénicos y los farmocultivos, lo que significará la
contaminación de los cultivos convencionales y orgánicos, como ha
ocurrido en otros países, y avalará la represión de campesinos por parte
de la policía privada de las transnacionales. Pero eso no es todo, ni
lo peor. También creará dependencia del agricultor respecto de semillas
registradas por los obtentores, agravando la pérdida de la variedad de
los alimentos.
Te invitamos a adherir con tu firma al
rechazo del proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales que esta
en discusion en el Parlamento de Chile por las exigencias del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos. Defendemos asi los derechos
ancestrales de los campesinos a disponer de sus cosechas y de las
semillas nativas.
Habrá nuevas alzas del precio de los
alimentos, porque toda la semilla registrada tendrá que ser comprada a
las grandes empresas transnacionales y sus filiales locales que operan
el mercado de semillas transgénicas y agroquímicos.
La iniciativa vulnera gravemente nuestra
soberanía alimentaria, fomenta la pérdida de variedades de semillas, y
la dependencia de empresas extranjeras propietarias de los derechos de
obtentores, que controlaran la comercialización, la importación y la
exportación de las semillas, esquejes y frutos.
Las semillas son la base de nuestra
agricultura, del conocimiento y de la seguridad alimentaria, herencia de
nuestros antepasados y derecho de las generaciones presentes y futuras.
La vida no se patenta.
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2010/05/05/congreso-chileno-tramita-privatizacion-de-semillas-y-liberacion-de-transgenicos/
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