La polémica se inició poniendo en duda la legitimidad de la transacción sin licitación pública. Esto se despejó a la brevedad, pues nuestro ordenamiento jurídico permite al Estado realizar contratos directos de aprovisionamiento en estado de catástrofe.
Sin embargo, que la medida sea jurídicamente válida no significa que sea adecuada en términos socio - políticos, principalmente por tres razones. Primero, la reconstrucción de las regiones afectadas no consiste sólo en levantar y reparar las casas. Consiste también en levantar las economías regionales y locales, que perdieron su dinamismo por la catástrofe. Segundo, la medida privilegia la concentración de la riqueza y del poder, e incrementa las desigualdades sociales, indicadores en los que Chile es top ten en el mundo. Quizás después del terremoto subiremos algunos puntos en el ranking mundial de desigualdad. Por último, la medida deja instalada la duda sistemática y permanente ¿las decisiones del gobierno velan por los intereses de las comunidades regionales y locales, o son la oportunidad para privilegiar a los grandes grupos empresariales?
Desde el punto de vista de las dinámicas de desarrollo regional y local, esta medida es simplemente nefasta. ¿Por qué? Primero, las economías regionales y locales no se podrán dinamizar, ya que participarán marginalmente de la asignación (de hecho, no tendrían participación alguna si no fuera por la denuncia en los medios de comunicación). Segundo, la medida privilegia los grandes contratos de abastecimiento, dejando de lado las cadenas productivas regionales y locales, que generan empleo y utilizan insumos regionales y locales. Por último, el margen de ganancia de estas transacciones por abastecimiento no vuelve a las regiones y localidades, porque se materializa en las contabilidades nacionales de estas grandes empresas.
fuente, vìa:
http://www.argenpress.info/2010/04/chile-el-estilo-de-la-derecha.html
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