Desde el 20 de abril pasado entró en vigencia la segunda alza del año en el precio del sistema de transporte de la capital, que comprende el Metro y el Transantiago, el cual quedó en 410 pesos en hora baja, 430 pesos en hora valle y 490 pesos en hora punta. Pero eso no es la noticia. Lo notable es que un alza del trasporte, que promedia un 7,1% en los tres horarios, pasó sin que hasta hoy se registre la menor voz de protesta.
Ello obedece, al menos en parte, al hecho de que esa alza tarifaria fue encubierta con las técnicas de marketing político que se han hecho usuales en este modelo económico.
Primero, se decretó un alza escalonada, de diez pesos en marzo, y veinte pesos a partir del 20 de abril. Y el alza principal se deslizó en medio de una masiva campaña de desinformación, que puso en el centro el tema de la evasión.
Así, el alza tuvo un responsable: el vivo que nunca falta, el evasor, aquel que hace pagar a justos por pecadores. De esa manera elíptica, se desvió de la percepción de la gente el problema principal; a saber, un sistema mal diseñado y peor implementado, cuyo desfinanciamiento crónico, de unos 50 millones de dólares al mes, no impide que las empresas concesionarias acumulen abultadas ganancias, déficit que no equilibrará mediante el control de la evasión, como se pretende hacer creer, sino con el alza de las tarifas.
Dejando de lado el hecho de que la finalidad de cualquier sistema de transporte es la provisión de ese servicio y no el pretexto para la ganancia de empresas privadas, y con abstracción de la calidad del servicio, que todavía no alcanza estándares aceptables, la noción de que ese sistema de transporte debe al menos alcanzar el equilibrio de sus cuentas es difícilmente discutible.
Otra vez Moya
El problema radica en que, también como es habitual en este sistema, el costo del déficit del Transantiago se le endosa al común de la gente, a los chilenos de a pié, sin la menor compensación salarial. Peor aún, una vez más el mayor peso recayó sobre los más pobres. Aparte de que un trabajador que percibe el salario mínimo destina una proporción mayor de su ingreso al transporte, el alza pareja de 30 pesos en los tres tramos tarifarios significa un alza de 7,8% por ciento para el horario bajo, un 7,5% para el horario valle y un 6,1% para el horario punta.
Pero eso no es todo. Para el mes de junio está anunciada una alza pareja de 20 pesos y la rebaja de la gratuidad de trasbordo desde dos horas a una hora y media. Eso significa que en seis meses, la tarifa del transporte se habrá reajustado en 12,1% en promedio; pero el horario bajo lo habrá hecho en un 13,1%, el horario valle en un 12,5% y el horario punta en un 10,8%.
El alza de 50 pesos para 60 viajes en cualquiera de los horarios significa una diferencia de tres mil pesos al mes. Para un trabajador que gana el sueldo mínimo, o sea 165 mil pesos, esa alza representa el 1,8% de su ingreso, mientras que para otro que gana 500 mil pesos al mes, esa misma alza insume el 0,6% de su ingreso.
Entre los grandes mitos del neoliberalismo están a) que el precio del trabajo lo fija el mercado, y b) que el alza del mismo debe estar asociado al aumento de productividad. Ambos argumentos son falsos, de falsedad absoluta.
Falacias
A modo de ejemplo, el pasado 24 de marzo, en la misma edición en que justificaba el alza de las tarifas del Transantiago, con la tesis de que el Estado no puede seguir solventando su déficit, el diario El Mercurio, en su página editorial reiteró los tópicos que lo obsesionan: que los reajustes al salario mínimo son exagerados; que cualquier alza salarial perjudica el empleo y que las reivindicaciones salariales sólo se explican en función de dirigentes sindicales trasnochados, que no están en sintonía con la economía “moderna”.
Lo divertido es que para justificar sandeces de ese calibre, siempre invoca estudios o encuestas que rara vez identifica.
Si fuera verdad que el precio del trabajo lo determina el mercado, los trabajadores deberían tener libertad para intervenir en la fijación de su precio, mediante derechos otrora reconocidos en Chile, como la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva.
Ahí están las cifras para rebatirlo: la tasa de sindicalización bordea el 12%, los trabajadores que tienen acceso a la negociación colectiva no llegan al 10% y el número de huelgas y de trabajadores involucrados se mantiene extremadamente bajo (159 en 2008, último año del que se tiene registro, con 17.453 trabajadores involucrados y un promedio de 10,7 días de duración), por ninguna otra causa que su perfecta inutilidad; todas cifras oficiales, de la Dirección del Trabajo.
Y cada vez que se discute una reforma laboral que apunte al fortalecimiento de la capacidad de negociación de los trabajadores, es decir, el derecho a intervenir en la determinación del precio de la “mercancía” que ofrecen, ahí mismo afloran los campeones de la libertad, quienes llegan a desgañitarse para impedirla.
Tampoco es cierto que el insaciable empresariado chileno comparte el incremento de la productividad del trabajo. Un estudio del economista Gonzalo Durán, para la División Estudios de la Dirección del Trabajo, muestra que en el período 2000-2007, el promedio de las utilidades de las empresas alcanzó un promedio de 15%, el promedio de inflación del período fue de 2,8%, y el reajuste real del exiguo porcentaje de trabajadores que tiene acceso a la negociación colectiva, sólo llegó al 0,76%.
En el caso de las 600 mayores empresas del país, precisamente aquellas donde se concentra la negociación colectiva, el promedio de ganancias se empinó al 43% en el mismo período, según el estudio del mismo autor.
Los trabajadores que no negocian, que son la abrumadora mayoría, los trabajadores del sector informal, que ya se empina sobre el 35% de la fuerza laboral del país, y los trabajadores por cuenta propia, deben absorber la el alza del costo de la vida sin la menor compensación salarial. El efecto para su ingreso es devastador en años de alta inflación como 2008, en que estuvo sobre el 8%, o con alzas del trasporte como la que está sucediendo, de 12.1% en seis meses, o el alza de casi el 50% del precio de la electricidad en el curso de 2009.
Protestas eran las de antes
Antes, cuando la gente tenía consciencia de sus derechos, los gobiernos debían pensarlo bien antes de autorizar alzas en los servicios básicos, más aún si no eran acompañadas con compensación salarial.
Dos ejemplos para demostrarlo.
El 12 de agosto de 1949, el alza de 20 centavos en la locomoción colectiva decretada por Gabriel González Videla, precipitó una asonada popular conocida como “la revolución de la chaucha”, que se verificó los días 16 y 17 de agosto. El 18 de agosto, el Presidente tuvo que revocar la medida.
Por idéntico motivo, es decir el alza en la movilización colectiva, esta vez de un 50%, el 2 y 3 de abril de 1957 se desarrolló la denominada “batalla de Santiago”, en la que obreros y estudiantes enfrentaron una represión militar que en los hechos le costó la carrera política al Presidente de entonces, el general ® Carlos Ibáñez del Campo.
Y ahora, en este Chile neoliberal intoxicado por la farándula y la televisión, con los usuarios agobiados por las deudas, ante un alza no menor del 12,1% en el trasporte, no se ha escuchado una sola manifestación de protesta.
En Chile, la historia es clara en cuanto que al movimiento popular ningún gobierno le regala nada. Para decirlo en términos de Santos Discépolo, con una ligera variación, “el que no llora no mama, y el que no mama es un gil”.
fuente, vìa:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104802
Ello obedece, al menos en parte, al hecho de que esa alza tarifaria fue encubierta con las técnicas de marketing político que se han hecho usuales en este modelo económico.
Primero, se decretó un alza escalonada, de diez pesos en marzo, y veinte pesos a partir del 20 de abril. Y el alza principal se deslizó en medio de una masiva campaña de desinformación, que puso en el centro el tema de la evasión.
Así, el alza tuvo un responsable: el vivo que nunca falta, el evasor, aquel que hace pagar a justos por pecadores. De esa manera elíptica, se desvió de la percepción de la gente el problema principal; a saber, un sistema mal diseñado y peor implementado, cuyo desfinanciamiento crónico, de unos 50 millones de dólares al mes, no impide que las empresas concesionarias acumulen abultadas ganancias, déficit que no equilibrará mediante el control de la evasión, como se pretende hacer creer, sino con el alza de las tarifas.
Dejando de lado el hecho de que la finalidad de cualquier sistema de transporte es la provisión de ese servicio y no el pretexto para la ganancia de empresas privadas, y con abstracción de la calidad del servicio, que todavía no alcanza estándares aceptables, la noción de que ese sistema de transporte debe al menos alcanzar el equilibrio de sus cuentas es difícilmente discutible.
Otra vez Moya
El problema radica en que, también como es habitual en este sistema, el costo del déficit del Transantiago se le endosa al común de la gente, a los chilenos de a pié, sin la menor compensación salarial. Peor aún, una vez más el mayor peso recayó sobre los más pobres. Aparte de que un trabajador que percibe el salario mínimo destina una proporción mayor de su ingreso al transporte, el alza pareja de 30 pesos en los tres tramos tarifarios significa un alza de 7,8% por ciento para el horario bajo, un 7,5% para el horario valle y un 6,1% para el horario punta.
Pero eso no es todo. Para el mes de junio está anunciada una alza pareja de 20 pesos y la rebaja de la gratuidad de trasbordo desde dos horas a una hora y media. Eso significa que en seis meses, la tarifa del transporte se habrá reajustado en 12,1% en promedio; pero el horario bajo lo habrá hecho en un 13,1%, el horario valle en un 12,5% y el horario punta en un 10,8%.
El alza de 50 pesos para 60 viajes en cualquiera de los horarios significa una diferencia de tres mil pesos al mes. Para un trabajador que gana el sueldo mínimo, o sea 165 mil pesos, esa alza representa el 1,8% de su ingreso, mientras que para otro que gana 500 mil pesos al mes, esa misma alza insume el 0,6% de su ingreso.
Entre los grandes mitos del neoliberalismo están a) que el precio del trabajo lo fija el mercado, y b) que el alza del mismo debe estar asociado al aumento de productividad. Ambos argumentos son falsos, de falsedad absoluta.
Falacias
A modo de ejemplo, el pasado 24 de marzo, en la misma edición en que justificaba el alza de las tarifas del Transantiago, con la tesis de que el Estado no puede seguir solventando su déficit, el diario El Mercurio, en su página editorial reiteró los tópicos que lo obsesionan: que los reajustes al salario mínimo son exagerados; que cualquier alza salarial perjudica el empleo y que las reivindicaciones salariales sólo se explican en función de dirigentes sindicales trasnochados, que no están en sintonía con la economía “moderna”.
Lo divertido es que para justificar sandeces de ese calibre, siempre invoca estudios o encuestas que rara vez identifica.
Si fuera verdad que el precio del trabajo lo determina el mercado, los trabajadores deberían tener libertad para intervenir en la fijación de su precio, mediante derechos otrora reconocidos en Chile, como la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva.
Ahí están las cifras para rebatirlo: la tasa de sindicalización bordea el 12%, los trabajadores que tienen acceso a la negociación colectiva no llegan al 10% y el número de huelgas y de trabajadores involucrados se mantiene extremadamente bajo (159 en 2008, último año del que se tiene registro, con 17.453 trabajadores involucrados y un promedio de 10,7 días de duración), por ninguna otra causa que su perfecta inutilidad; todas cifras oficiales, de la Dirección del Trabajo.
Y cada vez que se discute una reforma laboral que apunte al fortalecimiento de la capacidad de negociación de los trabajadores, es decir, el derecho a intervenir en la determinación del precio de la “mercancía” que ofrecen, ahí mismo afloran los campeones de la libertad, quienes llegan a desgañitarse para impedirla.
Tampoco es cierto que el insaciable empresariado chileno comparte el incremento de la productividad del trabajo. Un estudio del economista Gonzalo Durán, para la División Estudios de la Dirección del Trabajo, muestra que en el período 2000-2007, el promedio de las utilidades de las empresas alcanzó un promedio de 15%, el promedio de inflación del período fue de 2,8%, y el reajuste real del exiguo porcentaje de trabajadores que tiene acceso a la negociación colectiva, sólo llegó al 0,76%.
En el caso de las 600 mayores empresas del país, precisamente aquellas donde se concentra la negociación colectiva, el promedio de ganancias se empinó al 43% en el mismo período, según el estudio del mismo autor.
Los trabajadores que no negocian, que son la abrumadora mayoría, los trabajadores del sector informal, que ya se empina sobre el 35% de la fuerza laboral del país, y los trabajadores por cuenta propia, deben absorber la el alza del costo de la vida sin la menor compensación salarial. El efecto para su ingreso es devastador en años de alta inflación como 2008, en que estuvo sobre el 8%, o con alzas del trasporte como la que está sucediendo, de 12.1% en seis meses, o el alza de casi el 50% del precio de la electricidad en el curso de 2009.
Protestas eran las de antes
Antes, cuando la gente tenía consciencia de sus derechos, los gobiernos debían pensarlo bien antes de autorizar alzas en los servicios básicos, más aún si no eran acompañadas con compensación salarial.
Dos ejemplos para demostrarlo.
El 12 de agosto de 1949, el alza de 20 centavos en la locomoción colectiva decretada por Gabriel González Videla, precipitó una asonada popular conocida como “la revolución de la chaucha”, que se verificó los días 16 y 17 de agosto. El 18 de agosto, el Presidente tuvo que revocar la medida.
Por idéntico motivo, es decir el alza en la movilización colectiva, esta vez de un 50%, el 2 y 3 de abril de 1957 se desarrolló la denominada “batalla de Santiago”, en la que obreros y estudiantes enfrentaron una represión militar que en los hechos le costó la carrera política al Presidente de entonces, el general ® Carlos Ibáñez del Campo.
Y ahora, en este Chile neoliberal intoxicado por la farándula y la televisión, con los usuarios agobiados por las deudas, ante un alza no menor del 12,1% en el trasporte, no se ha escuchado una sola manifestación de protesta.
En Chile, la historia es clara en cuanto que al movimiento popular ningún gobierno le regala nada. Para decirlo en términos de Santos Discépolo, con una ligera variación, “el que no llora no mama, y el que no mama es un gil”.
fuente, vìa:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104802
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