MONTERREY, NL., 27 de marzo (Proceso).- Ante la indignación social por las muertes de ciudadanos inocentes en medio de los operativos militares, el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina trata de ocultar su inoperancia con llamados “a la unidad”, artificiosos desplegados de prensa y marchas “por la paz”. A su vez el Ejército, enfrascado en enfrentamientos reactivos por todo el estado y sin autoridad que le imponga respeto al marco legal, tacha a todos los caídos de “sicarios” –como hizo con los dos estudiantes del Tec– y considera “narcocampaña” cualquier crítica.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, el rector del Tec de Monterrey y familiares de las personas muertas en el fuego cruzado entre elementos de las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada exigen que los responsables de estos asesinatos sean llevados ante la justicia.
En Nuevo León hay por lo menos cinco de esos casos documentados. Ante los reproches por los daños “colaterales” en los enfrentamientos, el comandante de la cuarta región militar, general Guillermo Moreno Serrano, declaró al periódico El Norte que el Ejército no ha cometido homicidios: “Seríamos una horda de salvajes. Por eso tenemos disciplina, entrenamiento, adiestramiento, leyes y un código militar. No somos asesinos”.
En cuanto al gobernador, durante su campaña el priista Rodrigo Medina exclamaba en un spot de televisión: “¡Por Nuevo León daré mi vida!”. Ahora, no sabe para dónde voltear.
En Anáhuac, municipio ubicado en el extremo norte de Nuevo León, el miércoles 3 se enfrentaron a balazos miembros de la delincuencia organizada y el Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que “hubo ocho delincuentes muertos”.
Se explica que durante el enfrentamiento un auto de los agresores chocó con un vehículo militar, momento que aprovecharon los delincuentes para sacar a cuatro de sus muertos, subirlos a otra camioneta y darse a la fuga. “En el lugar de los hechos perdió la vida un elemento de tropa y uno más resultó herido, mismo que durante su traslado para su atención médica lamentablemente murió”.
No se aclaró oficialmente la identidad de los civiles muertos. Sin embargo, en fotografías que tiene la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), se aprecia a varios de éstos tirados y con armas de fuego en las manos. Sin embargo, entre ellos han sido reconocidos los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Romely Elías Garza, ambos de 29 años.
Sus familiares presentaron el jueves 11, ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, una denuncia en contra de miembros del Ejército Mexicano y “quienes resulten responsables” de los asesinatos (averiguación previa 580/10).
A las 12:20 horas del miércoles 3 –refieren en su demanda–, escucharon detonaciones que se prolongaron durante 10 minutos. Fueron a la casa de la pareja y preguntaron por ella, pero fue hasta las 19:30 cuando se enteraron en la televisión de una balacera entre sicarios y militares. Se dijo que en el lugar murió una delincuente conocida como La Gata.
Poco después llegó el alcalde Santos Javier Garza García para notificarle a un hermano de Rocío: “Es muy duro, pero les tocó. Hubo dos bajas aquí, y son tu hermana y tu cuñado”. Dejaron huérfanas a dos niñas.
Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1743 de la revista Proceso, ya en circulación.
fuente, vìa:
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/77881
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