Empresas y derechos humanos
La globalización ha cambiado significativamente el mundo en el que vivimos, presentando nuevos y complejos desafíos para la protección de los derechos humanos.
Los agentes económicos, especialmente las empresas que operan a través de fronteras nacionales (empresas transnacionales), han ganado un poder y una influencia sin precedentes en la economía mundial.
Esto no siempre ha beneficiado a las sociedades en las que operan.
La investigación ha puesto de manifiesto el negativo impacto que las empresas pueden tener en los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por sus operaciones.
El daño que causan las empresas procede unas veces de los abusos directos contra los derechos humanos que cometen y otras de su connivencia con personas que violan los derechos humanos. Pese a la existencia de este potencial para causar un daño importante, apenas hay mecanismos efectivos nacionales o internacionales para impedir los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas o para hacer que dichas empresas rindan cuentas de sus actos.
A consecuencia de ello, las personas afectadas por las operaciones de estas empresas –personas, en muchos casos, ya marginadas y vulnerables– se ven desvalidas, sin la protección a la que tienen derecho, o sin un acceso significativo a la justicia.
Sin embargo, los gobiernos a menudo optan por no regular el impacto de las empresas sobre los derechos humanos ni garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de abusos contra los derechos humanos en los que hay empresas implicadas.
Hasta ahora, la asunción de responsabilidades en materia de derechos humanos por parte de la mayoría de las empresas se ha basado en códigos e iniciativas voluntarios. Aunque algunas iniciativas voluntarias son importantes, los actos voluntarios nunca podrán sustituir unas normas mundiales sobre empresas y derechos humanos.
Las normas mundiales deben abordar las responsabilidades en materia de derechos humanos tanto de Estados como de empresas. Como requisito mínimo, todas las empresas deben respetar todos los derechos humanos, independientemente del sector, el país o el contexto en el que operen.
A través de la investigación y el análisis, Amnistía Internacional quiere poner de manifiesto los abusos contra los derechos humanos en los que están implicadas empresas y de qué manera los gobiernos eluden su deber de prevenir estos abusos o hacer que las empresas rindan cuentas cuando se producen.
La organización está haciendo campaña en favor de unas normas mundiales sobre empresas y derechos humanos y de unos marcos jurídicos más estrictos tanto nacionales como internacionales para que las empresas rindan cuentas del impacto que tienen sobre los derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a las empresas que promuevan el respeto por los derechos humanos mediante vías tales como:
Amnistía Internacional pide además a las empresas que hagan del respeto de los derechos humanos un componente integrante de sus operaciones empresariales, incluso en sus tratos con otras empresas, socios, asociados, filiales, proveedores y autoridades gubernamentales.
El lugar central de la preocupación de Amnistía Internacional lo ocupan las personas cuyos derechos humanos pueden verse amenazados por la acción o la inacción de los agentes económicos.
La organización lucha por aportar su voz al debate, con la esperanza de que se busquen soluciones significativas y duraderas firmemente arraigadas en la experiencia real de quienes sufren abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas.
Unas 100.000 personas siguen sufriendo enfermedades crónicas y debilitantes causadas por la fuga de gas. Las reservas de material tóxico quedaron en la fábrica abandonada, y ni la empresa ni el gobierno indio, hasta el día de hoy, han limpiado el lugar para impedir más contaminación.
Pese al devastador impacto que ha tenido sobre la vida de la gente, nadie ha rendido cuentas de la fuga de gas ni de la contaminación que provocó.
La ausencia de sistemas efectivos de regulación y rendición de cuentas ha hecho que los procesos judiciales se alarguen y que las empresas y sus dirigentes sigan eludiendo la responsabilidad por los miles de muertes, los problemas de salud generalizados y los daños, que aún perduran, a los medios de sustento.
Sin opciones nacionales o supranacionales efectivas, más de dos decenios después quienes sobrevivieron a Bhopal siguen esperando a que se haga realmente justicia.
A menos que se establezca, tanto en el ámbito nacional como en el transfronterizo, una normativa efectiva sobre el impacto de las empresas en los derechos humanos, y que se ponga en pie un sistema que garantice la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y permita a las víctimas un acceso efectivo a la justicia, las graves injusticias contempladas en Bhopal y en otros lugares seguirán ocurriendo.
Los agentes económicos, especialmente las empresas que operan a través de fronteras nacionales (empresas transnacionales), han ganado un poder y una influencia sin precedentes en la economía mundial.
Esto no siempre ha beneficiado a las sociedades en las que operan.
La investigación ha puesto de manifiesto el negativo impacto que las empresas pueden tener en los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por sus operaciones.
El daño que causan las empresas procede unas veces de los abusos directos contra los derechos humanos que cometen y otras de su connivencia con personas que violan los derechos humanos. Pese a la existencia de este potencial para causar un daño importante, apenas hay mecanismos efectivos nacionales o internacionales para impedir los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas o para hacer que dichas empresas rindan cuentas de sus actos.
A consecuencia de ello, las personas afectadas por las operaciones de estas empresas –personas, en muchos casos, ya marginadas y vulnerables– se ven desvalidas, sin la protección a la que tienen derecho, o sin un acceso significativo a la justicia.
Normas mundiales sobre empresas y derechos humanos
Los gobiernos tienen la obligación fundamental de garantizar el disfrute universal de los derechos humanos, y eso incluye la obligación de proteger a todas las personas frente a las acciones perniciosas de otras partes, incluidas las empresas.Sin embargo, los gobiernos a menudo optan por no regular el impacto de las empresas sobre los derechos humanos ni garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de abusos contra los derechos humanos en los que hay empresas implicadas.
Hasta ahora, la asunción de responsabilidades en materia de derechos humanos por parte de la mayoría de las empresas se ha basado en códigos e iniciativas voluntarios. Aunque algunas iniciativas voluntarias son importantes, los actos voluntarios nunca podrán sustituir unas normas mundiales sobre empresas y derechos humanos.
Las normas mundiales deben abordar las responsabilidades en materia de derechos humanos tanto de Estados como de empresas. Como requisito mínimo, todas las empresas deben respetar todos los derechos humanos, independientemente del sector, el país o el contexto en el que operen.
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional?
El trabajo de Amnistía Internacional sobre los agentes económicos, incluidas las empresas transnacionales y las organizaciones financieras internacionales, se ha diseñado teniendo en cuenta el poder y la influencia que estos agentes ejercen sobre los Estados y sobre las instituciones internacionales, y el impacto que tienen sobre los derechos humanos.A través de la investigación y el análisis, Amnistía Internacional quiere poner de manifiesto los abusos contra los derechos humanos en los que están implicadas empresas y de qué manera los gobiernos eluden su deber de prevenir estos abusos o hacer que las empresas rindan cuentas cuando se producen.
La organización está haciendo campaña en favor de unas normas mundiales sobre empresas y derechos humanos y de unos marcos jurídicos más estrictos tanto nacionales como internacionales para que las empresas rindan cuentas del impacto que tienen sobre los derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a las empresas que promuevan el respeto por los derechos humanos mediante vías tales como:
- el uso de su influencia para apoyar los derechos humanos;
- la inclusión de un compromiso específico en materia de derechos humanos en sus declaraciones de principios empresariales y códigos de conducta;
- la elaboración de políticas explícitas en materia de derechos humanos y el ofrecimiento de garantías de que dichas políticas están integradas y son vigiladas y auditadas en todas sus operaciones y más allá de fronteras;
- el establecimiento de los sistemas de gestión interna necesarios para garantizar que se aplican las políticas en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide además a las empresas que hagan del respeto de los derechos humanos un componente integrante de sus operaciones empresariales, incluso en sus tratos con otras empresas, socios, asociados, filiales, proveedores y autoridades gubernamentales.
El lugar central de la preocupación de Amnistía Internacional lo ocupan las personas cuyos derechos humanos pueden verse amenazados por la acción o la inacción de los agentes económicos.
La organización lucha por aportar su voz al debate, con la esperanza de que se busquen soluciones significativas y duraderas firmemente arraigadas en la experiencia real de quienes sufren abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas.
¿Por qué trabaja Amnistía Internacional sobre este tema?
Más de 7.000 personas murieron por una fuga de gas tóxico de una planta química de Union Carbide en Bhopal, India, en 1984, y otras 15.000 murieron en los años siguientes.Unas 100.000 personas siguen sufriendo enfermedades crónicas y debilitantes causadas por la fuga de gas. Las reservas de material tóxico quedaron en la fábrica abandonada, y ni la empresa ni el gobierno indio, hasta el día de hoy, han limpiado el lugar para impedir más contaminación.
Pese al devastador impacto que ha tenido sobre la vida de la gente, nadie ha rendido cuentas de la fuga de gas ni de la contaminación que provocó.
La ausencia de sistemas efectivos de regulación y rendición de cuentas ha hecho que los procesos judiciales se alarguen y que las empresas y sus dirigentes sigan eludiendo la responsabilidad por los miles de muertes, los problemas de salud generalizados y los daños, que aún perduran, a los medios de sustento.
Sin opciones nacionales o supranacionales efectivas, más de dos decenios después quienes sobrevivieron a Bhopal siguen esperando a que se haga realmente justicia.
A menos que se establezca, tanto en el ámbito nacional como en el transfronterizo, una normativa efectiva sobre el impacto de las empresas en los derechos humanos, y que se ponga en pie un sistema que garantice la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y permita a las víctimas un acceso efectivo a la justicia, las graves injusticias contempladas en Bhopal y en otros lugares seguirán ocurriendo.
Datos clave
- La Declaración Universal de Derechos Humanos pide a todas las personas y a todos los órganos de la sociedad –incluidas las empresas– que protejan y promuevan los derechos humanos.
- En agosto de 2003, la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobó las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos (conocidas también como las Normas de la ONU). Se trata del conjunto de normas más autorizado y exhaustivo elaborado hasta la fecha sobre empresas y derechos humanos.
- En agosto de 2005, el secretario general de la ONU nombró al profesor John Ruggie representante especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
- fuente, vía: www.amnesty/org/es
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