Oscar Taffetani (APE)
De los 2.826 muertos por acción policial que contabiliza CORREPI, sólo 52 corresponden a represión de la protesta social (allí debe contarse a Víctor Choque, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba, así como a los asesinados en Jujuy, en Corrientes y en Buenos Aires durante la crisis de diciembre de 2001). Las víctimas restantes fueron vistas vivas, por última vez, cuando eran subidas a un patrullero, cuando las llevaban a una comisaría o bien cuando trataban de huir de una persecución policial.
Más de la mitad de esas muertes –leemos en el informe- corresponde a la franja de “varones pobres de menos de 25 años”. Y uno de cada tres, ni siquiera llegaba a los 21. De las 2.826 muertes registradas, 928 ocurrieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007 (presidencia de Néstor Kirchner). De allí en adelante (presidencia de Cristina Kirchner), los muertos sumaban a diciembre de 2009, 392.
Los números de CORREPI (y cada uno de los casos contenidos en esos números) hablan de una realidad: la realidad de un Estado cuyas fuerzas de seguridad se han acostumbrado a la ilegalidad, a la simulación y a la aplicación de una doctrina secreta -pero real- de eliminación sistemática de individuos en un sector de la población que es, no casualmente, el más expuesto a la pobreza, la marginalidad y el delito.
Ser joven, pobre y contestatario (de cualquiera de las maneras posibles), es la receta infalible, en la Argentina, para conseguir un balazo por la espalda o una “muerte dudosa”, a manos de alguna fuerza policial.
Lo que Walsh no pudo ver
Eso que Rodolfo Walsh llamó en los ’70 “la secta del gatillo alegre y la picana” se convirtió en los ’80, después de la masacre de Ingeniero Budge, en el gatillo fácil que hoy denuncian organizaciones como CORREPI.
En 1973-74, el diario Noticias (un tabloide que editaba la organización Montoneros, bajo la dirección periodística de Walsh), reportó numerosas muertes de supuestos delincuentes, a manos de la Policía Provincial (que aún no era identificada como la Bonaerense).
“La provincial liquidó a cuatro”, leemos en una página policial de Noticias, de aquellos años de plomo. En el mismo ejemplar, en las páginas políticas, se reporta el crimen de un militante estudiantil, a manos de la organización parapolicial triple A. Ya pasaron casi cuatro décadas, y hoy nuestra mirada une esas dos noticias que estaban separadas en el diario. Ambas nos hablan de una policía con licencia para matar.
Porque lo que ni Walsh ni sus colegas de Noticias podían prever, en 1973, era que el comisario Etchecolatz, por ejemplo (un “duro” de la policía provincial bonaerense) iba a convertirse en la mano derecha del sanguinario Ramón Camps, militar que terminó de corromper a la fuerza y la acostumbró a operar en la ilegalidad.
Actualmente, la ex Provincial (es decir, la Bonaerense) se ha convertido en una maldita policía que no termina de depurarse ni sanearse y que está muchas veces complicada en los mismos delitos que debería combatir (como puso a la vista de todos la denuncia del propio ministro de Seguridad Stornelli, a fines del año pasado).
Sin embargo, la Policía Federal, así como la Gendarmería y la Prefectura (fuerzas distraídas y alejadas de su función constitucional) e incluso la flamante Policía Porteña, también participan del doble estándar que las pone a uno y otro lado de la delgada línea roja, complicándolas con el gatillo fácil y el crimen.
“El pasado miércoles 17 de febrero, a las 19:37 –leemos en una crónica de Noticias Urbanas- un policía de civil le disparó por la espalda a un joven que al parecer había robado un comercio cercano y pretendía huir bajando por las escaleras de una de las bocas de subte de la estación Callao del subte B, en el cruce de la avenida homónima con Corrientes. (…) La persecución fue grabada por una cámara fija de C5N. El fugitivo no llevaba armas en las manos. El policía de paisano le disparó y acertó no una sino tres veces, matándolo. Lo hizo frente a numerosos testigos, incluidos dos estupefactos uniformados de la nueva y controvertida Policía Metropolitana”.
“La Nación –continúa esa crónica, firmada por el periodista Juan Salinas- informó que el muerto tenía 25 años, y el cronista de Clarín se atrevió a escribir, en relación al supuesto asaltante, ‘No está claro si él llevaba un arma’. En cambio, el diario que más y más alto levanta la bandera de los derechos humanos, Página/12, se limitó a pegar un cable de agencia en el que se informaba que el asesinato se había dado en el marco de ‘un tiroteo’. ”
No es el 17 de febrero de 1973. Tampoco el 17 de febrero de 1977. El cronista nos relata un hecho ocurrido el 17 de febrero de 2010.
El programa sin fin
Puede parecer utópico pretender que las fuerzas de seguridad del Estado, en esta Argentina del Bicentenario (cualquier mención de la circunstancia se vuelve irónica) se ajusten a los procedimientos legales y cumplan con los derechos humanos consignados en la Carta Magna y en los Pactos suscriptos e incorporados a ella. Pero no queda más remedio que intentarlo. Intentarlo cada día, todos juntos, sin bajar los brazos.
De cualquier manera, ante ese Estado injusto que encuentra en la represión legal y e ilegal su única razón de ser, el pueblo habrá de generar organización, autodefensa y solidaridad. Gracias a esa organización, rasgando la permanente red de impunidad, numerosos criminales de uniforme fueron denunciados, juzgados y condenados, tanto por la Justicia como por la sociedad.
Fuente, vía:
http://www.argenpress.info/2010/03/con-democracia-se-cura-se-educa-y-se.html
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