Esther Vivas (CIENCIA POPULAR)
La creciente mercantilización de la agricultura es una realidad innegable a día de hoy. La privatización de los recursos naturales, las políticas de ajuste estructural, los procesos de “descampesinización” e industrialización de los modelos productivos y los mecanismos de transformación y distribución de alimentos nos han conducido a la actual situación de crisis alimentaria.
En este contexto, ¿quién decide lo que comemos? La respuesta es clara: un puñado de multinacionales de la industria agroalimentaria, con el beneplácito de gobiernos e instituciones internacionales, acaban imponiendo sus intereses privados por encima de las necesidades colectivas. Ante esta situación, nuestra seguridad alimentaria está
gravemente amenazada.
La supuesta “preocupación” por parte de gobiernos e instituciones como el G8, G20, Organización Mundial del Comercio, etc., frente al aumento del precio de los alimentos básicos y su impacto en las poblaciones más desfavorecidas, que mostraron en el transcurso del año 2008 en cumbres internacionales, no ha hecho sino mostrar su profunda hipocresía. El actual modelo agrícola y alimentario les reporta importantes beneficios económicos, siendo utilizado como instrumento imperialista de control político, económico y social respecto a los países del Sur global.
Como señalaba el movimiento internacional de La Vía Campesina, al final de la última reunión de la FAO en Roma a mediados de noviembre: “La ausencia de los jefes de estado de los países del G8 ha sido una de las causas principales del fracaso total de esta cumbre. No se tomaron medidas concretas para erradicar el hambre, detener la especulación sobre los alimentos o frenar la expansión de los agrocombustibles”. Asimismo, apuestas como el Partenariado Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria y el Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, que cuentan con el apoyo explícito del G8 y del G20, apuntan en esta dirección, dejando nuestra alimentación, una vez más, en manos del mercado.
De todos modos, la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO es, según La Vía Campesina, un paso adelante en la dirección de “democratizar” las decisiones entorno la agricultura y la alimentación: “al menos este espacio respeta la regla básica de la democracia, esto es, el principio de “un país, un voto” y otorga un nuevo espacio a la sociedad civil”. Aunque está por ver la capacidad de incidencia real del CSA.
Monopolios
La cadena agroalimentaria está sometida, en todo su recorrido, a una alta concentración empresarial. Si empezamos por el primero de los tramos, las semillas, observamos como diez de las mayores compañías (como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer...) controlan, según datos del Grupo ETC, la mitad de sus ventas. Las leyes de propiedad intelectual, que dan a las compañías derechos exclusivos sobre las semillas, han estimulado aún más la concentración empresarial del sector y han erosionado de base el derecho campesino al mantenimiento de las semillas autóctonas y la biodiversidad.
La industria de las semillas está íntimamente ligada a la de los pesticidas. Las mayores compañías semilleras dominan también este otro sector y, frecuentemente, el desarrollo y comercialización de ambos productos se realizan juntos. Pero en la industria de los pesticidas el monopolio es aún superior y las diez mayores firmas controlan el 84% del mercado global. Esta misma dinámica se observa también en el sector de la distribución de alimentos y en el del procesamiento de bebida y comida. Se trata de una estrategia que va en aumento.
La gran distribución, al igual que otros sectores, cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las diez mayores multinacionales de la distribución significaba un 45% del total y se pronosticaba que ésta podría llegar a un 75% en los próximos 10-15 años. En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total. Las megafusiones son la dinámica habitual. Este monopolio y concentración permite un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado.
Hacer negocio con el hambre
En plena crisis alimentaria, las principales multinacionales de la industria agroalimentaria anunciaban cifras récord de ganancia. Monsanto y Du Pont, las principales compañías de semillas, declaraban una subida de sus beneficios del 44% y del 19% respectivamente en el 2007 en relación con el año anterior. En la misma dirección apuntaban los datos de las empresas de fertilizantes: Potash Corp, Yara y Sinochem, que vieron subir sus beneficios en un 72%, 44% y 95% respectivamente entre el 2007 y el 2006. Las procesadoras de alimentos, como Nestlé, señalaban también un aumento de sus ganancias, así como supermercados como Tesco, Carrefour y Wal-Mart. Mientras millones de personas en el mundo no tenían acceso a los alimentos.
fuente:
http://cultural.argenpress.
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