Poner fin a las políticas oficiales que promueven la complicidad y el abuso médicos
Los profesionales de la salud de los centros médicos, los centros de detención de menores, los orfanatos, los centros de tratamiento de drogodependencias y los denominados centros de reinserción social se ven forzados a no ofrecer atención médica o participan en un tipo de tratamiento que inflige intencional o negligentemente penas o sufrimientos graves sin ningún propósito médico legítimo, señaló hoy Human Rights Watch en un ensayo incluido en su Informe Mundial 2010.
El informe de 612 páginas, que constituye el vigésimo examen anual de la organización sobre las prácticas de derechos humanos alrededor del mundo, resume las principales tendencias en esta materia en más de 90 países y territorios de todo el mundo, sobre la base del extenso trabajo de investigación realizado por Human Rights Watch en 2009. El ensayo titulado "Maltrato a los pacientes: La complicidad de los profesionales de la salud en la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante" muestra el resultado de la investigación reciente de Human Rights Watch.
"Las directrices éticas y el derecho internacional de derechos humanos condenan expresamente la participación de los profesionales de la salud en la tortura o el maltrato", señaló Joe Amon, director de salud y derechos humanos en Human Rights Watch. "Sin embargo, los profesionales participan en toda una serie de abusos en nombre del ‘tratamiento médico’, con frecuencia porque están siguiendo las políticas abusivas sobre salud de sus gobiernos", agregó.
El ensayo documenta la complicidad de los profesionales de la salud en la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante en muchos países de todo el mundo, entre ellos:
Human Rights Watch señaló que, en cada uno de estos casos, la conducta de los profesionales de la salud constituía un trato cruel, inhumano o degradante porque estaban causando de manera injustificable y deliberada un sufrimiento grave psicológico o físico. Según la organización, en los casos en que estaba implicado el Gobierno y había una intención específica, los profesionales de la salud podrían ser cómplices de la tortura.
En muchos casos, los profesionales de la salud se ven limitados por acciones o inacciones del Gobierno al prestar atención a la salud que viola las normas internacionales. En Nicaragua, por ejemplo, los médicos se exponen a cargos penales si realizan abortos para salvar vidas. En India, el Gobierno no ha adoptado medidas para garantizar la disponibilidad y el acceso a medicinas apropiadas contra el dolor. En China, el Gobierno ha expandido el acceso a terapias sustitutivas para personas drogodependientes en clínicas de tratamiento basado en la comunidad, pero no en los centros de rehabilitación.
Human Rights Watch instó a las sociedades médicas nacionales e internacionales a que refuercen el entendimiento de los profesionales de la salud sobre cómo sus acciones pueden conducir a la tortura y el maltrato, y a que se manifiesten más enérgicamente contra las leyes y las prácticas que promueven la complicidad de los profesionales de la salud. Human Rights Watch apeló también al sistema internacional de protección de los derechos humanos para que aborde la tortura y el maltrato promovidos por el Estado en el contexto médico.
"El Juramento Hipocrático declara que los médicos tienen que tratar a sus pacientes de la mejor manera que sepan y no causarles ningún ‘daño o injusticia’", señaló Amon. "Las sociedades médicas tienen que demostrar su liderazgo para que los profesionales de la salud se sientan capaces de prevenir la tortura y el abuso de sus pacientes, y la comunidad internacional de derechos humanos tiene que sumarse a estos esfuerzos", agregó.
El informe de 612 páginas, que constituye el vigésimo examen anual de la organización sobre las prácticas de derechos humanos alrededor del mundo, resume las principales tendencias en esta materia en más de 90 países y territorios de todo el mundo, sobre la base del extenso trabajo de investigación realizado por Human Rights Watch en 2009. El ensayo titulado "Maltrato a los pacientes: La complicidad de los profesionales de la salud en la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante" muestra el resultado de la investigación reciente de Human Rights Watch.
"Las directrices éticas y el derecho internacional de derechos humanos condenan expresamente la participación de los profesionales de la salud en la tortura o el maltrato", señaló Joe Amon, director de salud y derechos humanos en Human Rights Watch. "Sin embargo, los profesionales participan en toda una serie de abusos en nombre del ‘tratamiento médico’, con frecuencia porque están siguiendo las políticas abusivas sobre salud de sus gobiernos", agregó.
El ensayo documenta la complicidad de los profesionales de la salud en la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante en muchos países de todo el mundo, entre ellos:
- Los médicos del Gobierno que realizan exámenes anales por la fuerza a hombres sospechosos de practicar actividades homosexuales en Egipto y los exámenes vaginales forzados para determinar la virginidad en Libia y Jordania.
- La práctica de la mutilación genital femenina por parte de comadronas empíricas en el Kurdistán iraquí, y el hecho de que los médicos del Gobierno promuevan esta práctica y disputen sus consecuencias negativas para la salud.
- El personal de los centros de "tratamiento" de drogodependencias en China y Camboya que niegan la atención a consumidores con síndrome de abstinencia y someten a los drogodependientes a trabajos o ejercicios forzados en lugar de utilizar un tratamiento basado en la evidencia.
- Los médicos de Nicaragua que niegan a las mujeres abortos que podrían salvar sus vidas, provocando muertes prevenibles.
- Los profesionales de la salud de India que no suministran analgésicos a los que sufren dolores graves y crónicos.
Human Rights Watch señaló que, en cada uno de estos casos, la conducta de los profesionales de la salud constituía un trato cruel, inhumano o degradante porque estaban causando de manera injustificable y deliberada un sufrimiento grave psicológico o físico. Según la organización, en los casos en que estaba implicado el Gobierno y había una intención específica, los profesionales de la salud podrían ser cómplices de la tortura.
En muchos casos, los profesionales de la salud se ven limitados por acciones o inacciones del Gobierno al prestar atención a la salud que viola las normas internacionales. En Nicaragua, por ejemplo, los médicos se exponen a cargos penales si realizan abortos para salvar vidas. En India, el Gobierno no ha adoptado medidas para garantizar la disponibilidad y el acceso a medicinas apropiadas contra el dolor. En China, el Gobierno ha expandido el acceso a terapias sustitutivas para personas drogodependientes en clínicas de tratamiento basado en la comunidad, pero no en los centros de rehabilitación.
Human Rights Watch instó a las sociedades médicas nacionales e internacionales a que refuercen el entendimiento de los profesionales de la salud sobre cómo sus acciones pueden conducir a la tortura y el maltrato, y a que se manifiesten más enérgicamente contra las leyes y las prácticas que promueven la complicidad de los profesionales de la salud. Human Rights Watch apeló también al sistema internacional de protección de los derechos humanos para que aborde la tortura y el maltrato promovidos por el Estado en el contexto médico.
"El Juramento Hipocrático declara que los médicos tienen que tratar a sus pacientes de la mejor manera que sepan y no causarles ningún ‘daño o injusticia’", señaló Amon. "Las sociedades médicas tienen que demostrar su liderazgo para que los profesionales de la salud se sientan capaces de prevenir la tortura y el abuso de sus pacientes, y la comunidad internacional de derechos humanos tiene que sumarse a estos esfuerzos", agregó.
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