“¿Por qué no nos dijeron que
querían hacer un reportaje?” preguntan los policías instalados en el
departamento fronterizo de Concepción. “¿Por qué quieren preguntar a los
campesinos? Nosotros podemos decirles lo que aquí pasa”.
La escena grafica una de las
situaciones que enfrentan los campesinos del norte paraguayo y el
trabajo de la prensa que trata de develarlo.
Cuando el caluroso y fértil suelo paraguayo sobrevivía a la dictadura de
Alfredo Stroessner,
en la frontera se respiraba milicia. En los treinta y cinco años que
duró este periodo, más los treinta de gobierno “democrático” consecutivo
del
Partido Colorado -el de Stroessner- creció el silencio que históricamente ha teñido de impunidad la empobrecida ruralidad de este país.
Las noticias son escasas. No se habló
mucho del Estado de Excepción que pesó en abril sobre medio territorio,
tampoco de las denuncias de tortura, militarización o de la “guerrilla
del Ejército del Pueblo Paraguayo,
el EPP”, que acapara portadas de periódicos asunceños.
Para empezar, en el segundo país más
pobre del continente donde, según la Dirección Nacional de Estadísticas,
más del 50% de la población es rural, el empobrecimiento se desayuna.
La mayoría de los que viven en el campo
comen el menú único: Mandioca, conocida también como yuca, una gruesa
raíz -que se ingiere como aquí la papa- y tereré, un tipo de mate
saborizado con yerbas y bebido lo más frío que el húmedo calor permita, y
dependiendo de las pocas heladeras disponibles.
Lavan la ropa en los ríos y algunos,
también pocos, cuentan con una moto -medio de transporte trascendental
en estos parajes- y tal vez un celular, principal canal de comunicación
con el entorno.
“Somos pobres porque no tenemos la
tierra, por eso nosotros peleamos por un pedacito para producir y vivir
ahí con nuestras familias, para tener una vida un poquito mejor”. Ángela Velázquez,
campesina de Curuzú de Hierro, zona militarizada con más de 500
efectivos, esposa del principal dirigente de la Unión Campesina del
Norte (UCN), Demetrio Alvarenga, está convencida de que tiene derecho a vivir.
Concepción, donde vive Ángela, se ubica a
kilómetros de territorio brasilero y esa es la razón, a su juicio, de
la presencia de sojeros -productores de soja, o soya- y ganaderos, los
“brasiguayos” en voz campesina, terratenientes provenientes de Brasil,
también de Europa, propietarios de extensos terrenos donde los
agrotóxicos y la monoproducción atentan contra la diversidad productiva
de antaño.
También en Amambay o San Pedro, los
campesinos viven rodeados de plantaciones de marihuana y soja, la sangre
del mercado nacional. La tierra, como negocio, tiene alta demanda.
Se estima que el 77% de la tierra cultivable está en manos del 1% de la población total del Paraguay. Lo asegura
Luis Aguayo, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (
MCNOC) y aduce que esa es la principal razón por la que el movimiento “crece”.
“Aquí hay organización porque el hambre
no se resiste. Para combatirnos crean montajes y nos vinculan con
supuestos guerrilleros. Se han formado grupos paramilitares en zonas
campesinas. Hay detenciones, tortura y persecución”, dice Aguayo. Y
agrega que Demetrio, de la UCN, tuvo que salir del campo y refugiarse
porque la policía y los militares lo buscan, sólo queremos la
transformación agraria prometida por el Gobierno.
Con alto apoyo campesino, Fernando Lugo,
ex obispo, asumió como presidente del Paraguay hace dos años, generando
expectativas de “cambio y austeridad”, en sus propias palabras.
La investigadora social Milda Rivarola
fue anunciada nueva Ministra de Relaciones Exteriores, ella, a pocos
meses de asumir, revisó los frenos a las promesas de la nueva
administración y optó por la renuncia. “Los empleados estatales ya no
están pidiendo soborno por trabajar, pero es difícil medir la corrupción
que existe en el Congreso. Jueces, congresistas y policías están
acostumbrados a obtener sus ingresos de los canales informales, cuando
esto funcionó así tanto tiempo, es casi imposible hacer reformas para
detenerlo. La ley que promovió el Gobierno contra la corrupción se
detuvo en el Congreso mismo” aseguró.
Para Demetrio Alvarenga, el dirigente
nortino, la idea era que con Lugo habría reforma agraria y se acabaría
con la corrupción y la pobreza en serio. “Hace diez años empecé como
dirigente y hasta hoy recibo amenazas de muerte, estamos sufriendo una
persecución, nosotros éramos compañeros de Fernando Lugo y ahora estamos
siendo perseguidos por su Gobierno” asegura.
“Los grandes capitalistas” están
preparando la zona y eso es “una trampa para Lugo mismo” dice Alvarenga,
marcando la diferencia entre el poder estatal y el poder latifundista
en Paraguay, que parecieran caminar juntos en un matrimonio sin salida a
divorcio.
Las denuncias son muchas, gran parte de
estas han sido documentadas y dadas a conocer por la Coordinadora de
Derechos Humanos del Paraguay,
Codehupy.
Juan Martens,
abogado de la coordinación, asegura que las recopilaciones muestran la
criminalización de la lucha campesina. Decretando Estado de Excepción
para “combatir a los guerrilleros se tortura al movimiento campesino,
sólo estos últimos dos años van más de 15 asesinatos extrajudiciales
impunes” -asegura el abogado-, “desde el 2003 al 2005 hubo 79
asesinatos, 19 de ellos fueron ejecutados por militares”, agrega.
La encargada de Derechos Humanos del Ministerio del Interior paraguayo, Diana Vargas, declaró a BBC Mundo,
a fines de agosto, que denuncias como éstas son investigadas, pero “que
se presenten denuncias no significa necesariamente que haya ocurrido el
hecho violatorio”.
“La tortura es un concepto que requiere
de mayor precisión, pudo haberse dado algún tipo de abuso excesivo de la
fuerza por falta de entrenamiento suficiente de la Policía y como
consecuencia, quizás, se pueda hablar de malos tratos o tratos inhumanos
pero no de tortura, así como ellos hacen figurar”, dijo en relación a
los casos denunciados por Codehupy, organismo que ya solicitó a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, audiencia de carácter
reservado a concretarse en noviembre, así como envió al Consejo de
Derechos Humanos de la ONU información sobre lo verificado, elevando así
los casos al ámbito internacional.
Lugo ha sido acusado por la oposición de
no sólo tener vínculos con el EPP sino también de protegerlos, lo que
el Gobierno niega rotundamente; el presidente de la Cámara de Diputados,
Enrique Salyn Buzarquis, oposición, asegura que “la violencia en el Paraguay tiene brazo armado y brazo político”. Lo mismo el obispo Zacarías Ortiz,
quien también acusa a Lugo de protección al EPP; el Presidente
respondía: “Ortiz es un santo, y los santos también se equivocan”.
“Yo les pregunto a esos que han sido
políticos en otras épocas, ¿Qué han hecho? El EPP no nace con Lugo. Como
me decía alguien, ni con hondita les tiró y hoy se quieren erigir en
los grandes maestros y estadistas”, respondía el Presidente ante la
prensa. Los del EPP, dijo, “son vulgares delincuentes que trafican con
la vida y la libertad y que no hacen ningún favor a nuestro país”.
VIEJAS PRÁCTICAS
“Me llevaron en helicóptero, con los
ojos vendados, luego comenzó la tortura. Me dieron patadas en la cabeza,
me apretaron las bolas, me metieron en una bolsa de agua y me
amenazaron con meter una barra en mi culo si no decía que ataqué una
caseta militar”, dijo entre español latino y gastado guaraní Crispín Fernández, de Curuzú.
“Salí de mi casa al medio día y oí un
helicóptero. Iba de compras, en el camino me arrestaron, mi casa estaba
llena de policías y soldados. ¡Golpearon a mi suegro de 88 años! No
mostraron documento. Me acusaron de bandido. ¿Cómo se supone que puedo
ser un bandido, un secuestrador? Hay mucho abuso contra nosotros y todo
por ser analfabeto, pobre, por ayudar a mi vecino que no tiene nada, que
no tiene comida ni tierra, por no querer que mi hijo sea analfabeto
como yo”.
Las denuncias como ésta de Juan Pural, no ganan las portadas como la modelo Larissa Riquelme
cuando prometía desnudarse si la selección ganaba el mundial de fútbol.
Los medios de comunicación que lideran sintonía en este país impiden
que estos hechos se conozcan.
“No dicen nada acerca de la realidad,
como si no importara la vida de un campesino”, dice don Juan: campesino,
adulto, de manos agrietadas, poco cabello y piel café oscura.
Trabajador del campo desde los seis años, “si es que me acuerdo bien”,
acota.
LIBERTAD DE REPRESIÓN
Tortura y persecución para pobres; almuerzos costosos y lujos para periodistas. Stella Bogarín, hasta el año pasado periodista del diario La Nación
y quien actualmente trabaja en el Instituto de Previsión Social INP del
Gobierno, relata la experiencia de “cubrir” en la zona: “Nos llevaban
en helicópteros del Ejército hasta casas de sojeros, en medio de lujos
nos ofrecían un almuerzo espectacular, nos llevaban a dar una vuelta por
aire y de alguna forma nos daban a entender que no pasa nada malo en
esas zonas. La verdad es que viéndolo de esa forma, claro, siento que
nos compran”, reconoce la profesional.
En general, en los medios de
comunicación comerciales la pobreza no se muestra. “Para informar sobre
lo que sea hay libertad de acción y expresión, pero claro, cuando te
metes a publicar contra la mafia del tráfico de armas y de drogas, la
cosa cambia”, considera Stella.
Seis balazos en la frente, el cuello y las piernas. Días antes del ataque, la Radio Chaco Boreal
de Asunción emitía este diálogo: “Se llegó al límite máximo acá, mi
señora está en Ciudad del Este, saqué a mis hijos del colegio, hice la
denuncia contra la gente vinculada con la mafia del robo de gasoil
(petróleo en Chile) y los vínculos políticos del narcotráfico… es
difícil luchar solo”.
-Osea, ¿Te vas a volver a Perú?
-No, me voy a Chile de vuelta.
El chileno Alberto Palma
fue sangrientamente asesinado el 22 de agosto del 2007 en el distrito
Mayor Otoño, a manos de “cuatro sicarios de la narcopolítica”; hecho
condenado y denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP y
el Sindicato de Periodistas del Paraguay, SPP. De oficio radial, Palma
ejercía periodismo comunitario en el departamento de Itapuá. Donde nació
Fernando Lugo, casualmente.
Palma denunciaba mediante la radio en
ese último despacho “que la mano con los políticos dedicados al robo de
combustible” se había puesto muy pesada. La SIP exigía: “Insistimos a
las autoridades de Paraguay que ordenen y cumplan con la responsabilidad
del Estado de investigar el asesinato del periodista”.
En Coyhaique, Adel Espinoza,
cuñado del “Tito”, como lo llamaban develaba tardemente el presagio:
“Siempre temíamos por él, porque era un periodista que luchaba por los
ideales y había denunciado corrupciones muy grandes en Paraguay. Siempre
decía que lo estaban persiguiendo, que tenía que esconderse. Él se
venía a Chile, tenía mucho miedo, no alcanzó a llegar”.
Martín Ocampos, el año pasado, locutor de radio comunitaria; Salvador Medina, docente y periodista, el 2001; Benito Jara,
radialista también, el año 2000. El terror que infunde esta lista
fúnebre de periodistas apaga, aunque no se quiera, micrófonos,
grabadoras y computadores.
Sobre el EPP se sabe muy poco, ninguno
de los citados aquí los reconoce como un grupo formado, existente o
poderoso. No hay certezas más que para los medios comerciales. Desde la
cárcel de mujeres, Carmen Villalba, condenada por
secuestro, dice ser la vocera, y antes de ser censurada por el penal
declaró que el EPP “está compuesto por campesinos que necesitan
defenderse de los esbirros terratenientes”.
Desde el penal de hombres, el preso político de
Patria Libre,
Agustín Acosta,
dice que “hay mucho de oscuridad en todo esto. Se supone que fueron 700
militares a buscar a unos 12 guerrilleros que no se sabe si realmente
existen. Y hay muchos empresarios tratando de desestabilizar el país
también”, sostiene.
Agustín está procesado por secuestro y
asesinato, se declara totalmente inocente. “Somos de una clase combativa
que ha luchado años, un pueblo que ha sufrido muchísimo, necesitamos la
solidaridad internacional”, declara.
Agustín, desde su celda, denuncia
presión de la embajada estadounidense y de paramilitares colombianos
sobre Paraguay. La Embajada reconoce la colaboración a través de la
Oficina de Cooperación y Defensa en la Operación Ñepytyvo II coincidente
con el Estado de Excepción. En los medios, silencio. Parece mucho más
importante hablar de fútbol y modelos en un pueblo “hambreado y
sufrido”.
La situación interna paraguaya es todavía más turbadora de lo que esta crónica alcanza a describir.
Recuadro
CUESTIÓN DE PRIORIDADES
El año pasado, el gobierno de Lugo
anunció la compra a Colombia de 450 fusiles Galil, de tecnología
israelí, y 200 mil municiones, todo por unos 270 millones de pesos
chilenos. La medida la justificó y caracterizó como “urgente” el
ministro del Interior Rafael Filizzola, para combatir
las acciones del EPP, “y nos quedamos cortos” añadía. Esta compra
equivale a unos 2 mil sueldos básicos y, acorde a un estudio publicado
por la Revista Iberoamericana de Educación OEI, el costo anual escolar
de más de un millón de niños paraguayos.
El Ciudadano N°88, segunda quincena septiembre 2010
Vìa, fuente:
http://www.elciudadano.cl/2010/10/29/silencio-usted-esta-en-paraguay/
El jefe de la Colonia Dignidad, Paul Schaefer, había sido condenado también por abuso de niños.
.
(APe).-
-Ya murieron 206 niños en lo que va del año- dijo el gobernador de
Misiones, Maurice Closs, a la hora de pensar en profundidad por qué
Milagos, de solamente quince meses, ni siquiera pudo llegar al jardín de
infantes como consecuencia de la desnutrición en la localidad de
Montecarlo.Después vinieron las contradicciones con integrantes de su
propio gabinete que reducían el número a poco más de mil trescientos
chicos como si el número fuera más importante que la vida de uno solo de
esos bebés.
Con
el apoyo de una universidad alemana, el profesional ha evaluado los
efectos de la contaminación por mercurio en los escolares de Andacollo.
Sus resultados no son optimistas.
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