El 24 de abril de 1965 se desataba en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, una insurrección militar y popular que exigía el retorno del gobierno legítimo de Juan Bosch, el Congreso legal y la constitucionalidad democrática, emanada del proceso limpio de 1962 y 1963. Todo aquello había sido derogado y derrocado por el golpe de Estado de 1963.
Pero aquel glorioso 24 de abril, menos de dos años después, en este país pequeño, víctima de siglos de vejámenes y opresiones, un ejemplo inédito se abría paso en calles y cuarteles. Eran los frutos del movimiento «Enriquillo», de las conspiraciones constitucionalistas del entonces teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto al liderazgo de Juan Bosch quien, desde el asilo otorgado por Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, inspiraba moral y políticamente la unión de fuerzas militares y civiles, en un sueño de David contra Goliat.
El 27 de abril de 1965 ya no quedaba nada del gobierno golpista («Triunvirato») ni había en el horizonte quien pudiera detener la victoria popular, impulsada por aquello que Ernesto «Che» Guevara llamaba el factor «X». La «junta militar» estaba en el suelo y con notorios conflictos entre los jefes contrarrevolucionarios. En ausencia de los líderes iniciales de la rebelión, los combatientes se aglutinaban en torno a Francisco Alberto Caamaño, quien poco tiempo atrás era conocido como un joven comandante de las fuerzas represivas de la policía y ahora se erguía como jefe de la lucha más hermosa en un siglo de Historia nacional. Pero aún faltaba por entrar en juego un elemento, sin duda desequilibrante, al que echaron mano los militares «gorilas» y los políticos traidores.
La embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y la CIA habían estado dando todo el apoyo que podían a los golpistas de 1963 en esta lucha en la que vencía el Pueblo dominicano. El presidente Johnson y su staff supervisaban directamente el curso de los acontecimientos, aunque al principio les fuera difícil prestar la debida atención por estar involucrados de lleno de los asuntos de la invasión a Vietnam. Ese comportamiento fue variando con las noticias que llegaban desde Santo Domingo, anunciando la supuesta infiltración y creciente liderazgo del «castro-comunismo» en la rebelión que miraban, pero no aceptaban, ni podían ni querían comprender.
El 28 de abril de 1965, a las 6:53 pm, la jefatura de la avanzada naval que EE.UU. tenía frente a las costas dominicanas recibió la orden de iniciar el despliegue de los primeros 500 hombres. El presidente Johnson habló en cadena nacional para explicar que se trataba de una solicitud de la «junta militar dominicana» para proteger la vida de ciudadanos estadounidenses en el país caribeño. Menos de dos semanas después ya habían desembarcado en suelo dominicano 23 mil hombres de los Estados Unidos liderando una «Fuerza Interamericana de Paz» creada por la OEA con la participación de los gobiernos dictatoriales de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Paraguay, además de Costa Rica que «aportó» 21 hombres. Tan sólo Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay se opusieron a aquel burdo teatro, más la abstención de Venezuela.
Con el alegato de asegurar la «paz» e impedir una expansión del comunismo, Estados Unidos, líder de la democracia y el «mundo libre», ponía la bota militar encima de un país pequeño donde los ciudadanos y los mejores oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía se habían levantado precisamente para defender la democracia, el gobierno electo y la Constitución legítima. Durante cuatro meses las fuerzas rebeldes dominicanas resistieron heroicamente la embestida de la potencia militar más grande de la Tierra y, además, del genocida «Gobierno de Reconstrucción Nacional» creado por los invasores, y encabezado por el golpista y traidor Antonio Imbert Barrera.
Que no se nos olvide esa fecha ni esa hora: 28 de abril de 1965, 6:53 de la tarde.
Esa es la hora en que militares y políticos, usando todo tipo de justificaciones, se pusieron de rodillas al servicio de la potencia más grande de la Tierra, entregándoles República Dominicana para que, en nombre de impedir “otra Cuba en el continente” (y hoy dicen “otra Venezuela”), hacer de este país la Cuba que tenía como traspatio Estados Unidos antes de 1959.
Ese es el día y la hora en que, en el acto más heroico y democrático de este país desde 1865 a la fecha, pueblo y soldados convirtieron una pequeña porción de la zona norte, la Ciudad Colonial y Ciudad Nueva, en el territorio libre ante la bota invasora y la traición de vendepatrias.
Esa es la fecha en que se empezó a imponerse la postdictadura, la tiranía legalizada de Joaquín Balaguer, los fraudes electorales, los gobiernos entreguistas, la masacre de 1984 y las políticas del FMI, la corrupción galopante, la impunidad, los negociados y los negociantes de la política, los salarios de hambre, la salud y la educación de miserias, el analfabetismo, los 335 niños que acaban de morir a inicios de 2017 por causas prevenibles, la desnacionalización masiva de dominicanos, la violación a derechos fundamentales, los niños obligados a trabajar y hasta a prostituirse, los contratos onerosos con transnacionales y las privatizaciones espurias. Ese día, a esa hora, se le confiscó el poder soberano al pueblo y se impuso el país que hay que desmontar y refundar, para hacer de República Dominicana una patria de seres humanos libres e iguales.
En los últimos cinco años han bajado las cifras de secuestros de alto
impacto. Sin embargo, la impunidad fomentada desde lo complicado que es
la aplicación de la justicia, permite que las víctimas ahora sean
empleados, vendedores de pequeños comercios y hasta obreros.
Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Chile, liderado por César
Méndez, visitó en septiembre de 2016 el pueblo El Durazno, para evaluar
los hallazgos realizados por la comunidad local. Por encargo de la
Municipalidad de Combarbalá, elaboró luego un informe, que fue acogido
por el Consejo de Monumentos Nacionales, en el que se da cuenta del
invaluable patrimonio arqueológico que pretende inundar el MOP.
13 de abril de 2017
Como si la experiencia de El Olivar no fuera suficiente para modificar
el comportamiento del Ministerio de Obras Públicas, nuevamente el
patrimonio arqueológico de la región de Coquimbo se ve amenazado por la
falta de rigurosidad. En el proyecto embalse La Tranca, ubicado en la
parte alta del Valle del Cogotí, la repartición pública catastró 5
sitios arqueológicos, mientras que en una revisión preliminar un equipo
arqueológico especializado consignó 28 y en visitas sucesivas ya habrían
catastrado más de 60, todos los cuales quedarían inundados o destruidos
de concretarse la obra de acumulación.
El Informe preliminar encargado por la Municipalidad de Combarbalá a un
grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile,
sistematiza los hallazgos de una visita que realizaron a terreno guiados
por la comunidad local. Sin embargo la envergadura de lo encontrado
posibilita que en el informe preliminar se concluya que: “la gran
densidad de material arqueológico, particularmente petroglifos y la
distribución diferencial de material arqueológico indican que esta es un
área de alto potencial arqueológico y con mucha significancia
patrimonial para la región de Coquimbo.”
En el siguiente párrafo se señala: “La inminente construcción de obras
de represado de las aguas del río Cogotí atentan contra la preservación
de gran parte del material identificado. Esto es más preocupante ante el
mayor potencial que tiene esta zona de ser abordada de manera
sistemática. Finalmente, como parte de las actividades del proyecto
FONDECYT 1170408 patrocinado por la Universidad de Chile, se planea
abordar en los siguientes años, la investigación sistemática de esta
zona.”
El equipo investigador informó a la Agrupación Ecológica El Durazno que
"el informe fue enviado y aceptado de forma satisfactoria por el
Consejo de Monumentos Nacionales por lo que queda liberado a dominio
público", lo que supone un importante respaldo para la comunidad local,
que sistemáticamente ha sido tratada como “ignorante” por algunos medios
de comunicación locales y por el asesor de la Junta de Vigilancia del
Río Cogotí por reivindicar el patrimonio local.
Los sitios arqueológicos en Chile, están protegidos por el solo
ministerio de la ley, tanto los que existan sobre o bajo la superficie
del territorio nacional, sin embargo, al ser además aceptados por la
autoridad competente en estas materias, se espera que ello se traduzca
en medidas efectivas de protección, frente a dichos como los del asesor
de la Junta de Vigilancia del Río Cogotí, que sostuvo ante el Concejo
Municipal que los restos arqueológicos que se afectarían eran “nueve
piedras”, despreciando una riqueza invaluable que da cuenta de
características únicas de los ecosistemas y del territorio que defienden
las y los habitantes del Valle de Cogotí.
Agrupación Ecológica Valle El Durazno Contactos:
Gonzalo Gómez, celular 9 411 90 614
Gonzalo García, celular 9 504 04 468
Claudio Vergara 9 54271741 (Encargado de Patrimonio Arqueológico Comunidad El Durazno)
Fuente: Comunicaciones OLCA
Sin
aviso previo, Editorial Atlántida –controlada por el holding mexicano
Televisa- despidió a 24 periodistas y cerró cinco de sus revistas:
Cosmos, Vanidades, Bazar, Ser padres hoy y Runners. La Comisión Interna
comunicó que los trabajadores realizan un paro de 24 horas y exigen al
Ministerio de Trabajo que declare la conciliación obligatoria, para que
se dejen sin efecto los despidos y abrir así una instancia de diálogo.
Los antecedentes de estafa a través de la distribuidora Bertrán y el
comunicado de la asamblea de trabajadores.
Televisa
es el mayor holding de comunicación de Latinoamérica y había adquirido a
Editorial Atlántida en agosto de 2007 por una suma que nunca
trascendió, pero que en la nota del diario La Nación que
informó la compra se calculó en “entre 30 y 60 millones dólares”. Por
entonces, ya operaba en el mercado de revistas argentino a través de una
editorial que editaba 22 títulos y de una distribuidora, Bertrán, que
concentraba el reparto en el interior del país. Televisa cerró Bertrán
hace dos años, en una turbia operación que hasta hoy sigue impune: vació
sus oficinas y se fue, dejando deudas impagas e incobrables entre
varios editores. Sólo en sector de revistas culturales independientes la
deuda impaga alcanzó al millón de pesos y, a pesar de haber sido
denunciada ante en la Dirección de Control de Distribución de
Publicaciones que depende del Ministerio de Trabajo, nunca fue ni
sancionada ni requerida la deuda. Tampoco fue publicada la convocatoria
de acreedores de Bertrán, por lo cual los reclamos de pago no tienen
dónde presentarse. A pesar de esta maniobra que afectó a una docena de
editores, la Asociación Argentina de Editores de Revistas permitió que
representantes de Televisa y su empresa controlada, Editorial Atlántida,
ocupen puestos clave en su comisión directiva.
Ahora, a estas maniobras de vaciamiento, se suman los despidos y el cierre de títulos.
Este es el comunicado de la Comisión Interna:
“Editorial Atlántida: paro total por la reincorporación de los 25 despedidos
La
empresa de capitales mexicanos decidió despedir a 25 trabajadores y
trabajadoras de prensa, sin iniciar ningún proceso previo de discusión
con nuestra Comisión Interna y sin siquiera dar a conocer la lista
definitiva de los afectados. Frente a eso, la Asamblea de trabajadores
de Editorial Atlántida Televisa definió por unanimidad un paro total de
24hs para que la empresa que retrotraiga esta medida.
Al mismo
tiempo, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se
notificó al Ministerio de Trabajo del conflicto colectivo para que dicte
una conciliación obligatoria y abra una instancia de negociación con
todos los trabajadores adentro y en funciones.
A esta situación,
se suma la amenaza de la empresa contra los trabajadores a través de un
supuesto plan que constaría de más despidos. Esta situación se suma a
los 28 despidos que se llevaron adelante hace exactamente un año, el 27
de abril de 2016.
El viernes los trabajadores de la Editorial se
volverán a juntar en sus puestos de trabajo para garantizar el paro y
realizar una nueva Asamblea para definir los pasos seguir, de no haber
una respuesta positiva por parte de la empresa.
Por último, el
conjunto del gremio de prensa resolverá en la Asamblea General del
sábado 29 cómo acompañar de manera activa el conflicto que atraviesan
los compañeros del grupo Atlántida-Televisa.
¡Ni un despido! ¡Todos adentro!” Asamblea de trabajadores de Atlántida.
Los pueblos indígenas de Colombia continúan viviendo en medio de las agresiones, la violencia y la muerte
La
Asociación Minga denuncia y rechaza contundentemente las agresiones
contra los líderes y lideresas del país, especialmente de las
comunidades indígenas que siguen sufriendo los impactos de la violencia
sistemática y selectiva en sus territorios, ante la mirada indiferente
del gobierno Nacional y la Fuerza Pública que raya en la complicidad.
“El
posconflicto no ha traído la Paz a los pueblos indígenas” asegura la
ACIN con razón. Y no solo a los pueblos indígenas, la violencia también
se ha recrudecido para los liderazgos de los movimientos campesinos,
comunidades negras, de Derechos Humanos, ambientalistas, y demás
organizaciones sociales, en el marco de un proceso de paz que debería
dar certezas de que va a haber garantías para quienes construyen país
desde la diversidad. En el año 2016, según la información que recabamos
en el Programa Somos Defensores, se incrementaron significativamente los
asesinatos y atentados y continuaron presentándose múltiples
agresiones, sobre todo a nivel local y regional. Entre enero y marzo de
2017 ya se han registrado cerca de 193 agresiones contra defensores y
defensoras de los derechos, entre ellas 20 asesinatos.
Particularmente
los pueblos indígenas siguen soportando los impactos de la violencia,
no solo desde los grupos armados sino de una sociedad excluyente y
racista que margina a las mayorías de la participación económica,
cultural, ambiental y política. De los 80 casos de asesinatos de líderes
y defensores documentados por Somos Defensores para el 2016, 15
personas pertenecían a pueblos indígenas, encabezando la lista, junto
con los líderes y lideresas comunales. Solamente en los primeros 4 meses
de 2017 han sido asesinados, desplazados y desaparecidos varios
miembros de distintas comunidades indígenas: Awá, Paez, Embera Chamí,
Wouanan, miembros del CRIC y de la ACIN en el Cauca, y de Comunidades
del Alto Baudó en Chocó.
En el caso del pueblo Awá, en los
últimos dos meses ya se han presentado 5 casos de homicidio: el domingo
16 de abril fueron asesinados Pedro Nel Pai Pascal, del Resguardo Gran
Rosario; Jhonny Marcelo Cuajiboy del Resguardo de Piedra Sellada; y Ever
Goyes del Resguardo Pulgande Tronquería; todos bajo la modalidad de
sicariato, como lo denuncia la UNIPA, organización que acompañamos desde
hace años en su labor por la defensa de la vida y la pervivencia en el
territorio.
El pasado 19 de abril fue Asesinado el líder Indígena
Nasa Gerson Acosta Salazar, quien fue gobernador en dos ocasiones del
cabildo Kite Kiwe en Timbío Norte del Cauca, defensor de DDHH y líder de
víctimas. Este hecho triste y lamentable profundiza la crítica
situación de violación de los Derechos Humanos que se vive en el
Departamento del Cauca, como en otras regiones del país, especialmente
en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos.
El 20
de abril el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC alertó sobre la
posible incursión del ESMAD al territorio ancestral del Resguardo de
Kokonuko, en el municipio de Puracé Cauca, cuyas comunidades se
encuentran en Asamblea Permanente tras el reiterado incumplimiento de
los acuerdos territoriales por parte del gobierno. También en días
pasados la Nación U´wa por esas mismas razones exigió respeto y
garantías a su mandato comunitario frente a la reapertura de Zizuma, el
Parque Nacional el Cocuy, y reiteró su compromiso de mantener la
movilización en defensa de la vida y el territorio. Estas denuncias,
entre otras, así como la situación de pobreza y vulnerabilidad de las
comunidades indígenas en el país denotan la permanente violencia armada y
estructural ejercida contra nuestros pueblos ancestrales.
Frente
a la intensidad de las agresiones contra las dirigencias sociales del
país, el gobierno pretende sacarle el cuerpo a su responsabilidad
política afirmando que se trata de hechos aislados, delincuencia común o
conflictos personales, “sin conexidad con la labor de liderazgo de los
defensores asesinados”. Para las Organizaciones Sociales y de Derechos
Humanos, es claramente la continuidad de la persecución y de la
impunidad, y de la acción criminal de grupos vinculados directa o
indirectamente a intereses económicos y políticos, con la anuencia de
unidades militares del Estado. Entonces sí hay conexidades: las víctimas
tienen el perfil de ser líderes sociales, y casi todos los victimarios
tienen algún tipo de relación con el establecimiento, dejando evidente
que se mantiene en la institucionalidad y en los grupos de poder de la
sociedad una Doctrina de Seguridad bajo la cual se sigue facilitando la
concentración violenta de la riqueza y de las decisiones políticas.
Exigimos,
de la mano de los pueblos indígenas y organizaciones sociales del país,
que el gobierno Nacional y las autoridades competentes investiguen
efectivamente estos hechos y determinen responsabilidades por acción y
omisión. Que se tomen las medidas inmediatas y diferenciales para la
protección individual y colectiva de los líderes y lideresas de los
pueblos indígenas y de todas las organizaciones sociales. Que el
gobierno cumpla los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas y
las organizaciones sociales y se concreten los planes de salvaguarda
étnicos como lo ordenó la Corte Constitucional.
Exigimos, al unísono con el movimiento social, indigena y de derechos humanos de Colombia:
¡Que la Paz no traiga más muertos que la guerra”! ¡Que la Paz no nos cueste la vida!
¡Exigimos una nueva política de seguridad!
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) voltou a tramitar na
Câmara Federal. Entre os mais de 100 envolvendo a questão indígena, a
matéria em destaque pretende sustar a demarcação da Terra Indígena (TI) Taego Ãwa, do povo Avá-Canoeiro do Araguaia
(TO). A Portaria Declaratória do Ministério da Justiça, publicada em 11
de maio de 2016, garantiu a posse do território ao povo impedido de
forma violenta, na década de 1970, a manter a sua escolha pela condição
de livre.
Depois de retirados à força da Mata Azul, os indígenas foram
enjaulados, expostos para visitação pública, boa parte morreu de doenças
alheias à vida longe da sociedade branca e os remanescentes acabaram
entregues aos Javaé – ocupantes de uma terra vizinha ao território Avá-Canoeiro. Tutawa Ãwa, ancião capturado ainda jovem pela frente de atração da Fundação Nacional do Índio (Funai), morreu em 2015 sem ao menos ter o direito de ser enterrado no último refúgio de seu povo antes do trágico contato: o Capão de Areia.
A reportagem é de Renato Santana, publicada por Le Monde Diplomatique e reproduzida por Conselho Indigenista Missionário – CIMI, 25-04-2017.
Na ocasião da demarcação da TI Taego Ãwa, ocorria o 13º Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília (DF), organizado pela Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib), e a mesma Câmara Federal ia ao voto prometendo livrar o país da
corrupção e da crise econômica com o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Quase um ano depois, além das dezenas de políticos envolvidos em
corrupção que se instalaram em ministérios, na máquina e correias de
transmissão do governo na estrutura do Estado, o povo Avá-Canoeiro pode ser destacado como um símbolo do que se tornou a ofensiva contra o direito à terra dos povos indígenas
no país; não basta apenas impedir as demarcações, mas reverter as
realizadas pelos governos anteriores. Por coincidência típica na forma
do Estado brasileiro tratar os povos indígenas, o PDL contra a demarcação da TI Taego Ãwa ocorre às vésperas da 14ª edição do ATL, que esta semana levará centenas de povos indígenas à Capital Federal.
“Reverter a Portaria Declaratória agora seria um retrocesso inominável depois de todo o esforço que foi feito para que a Funai revisse a grande injustiça e violência feitas contra os Avá-Canoeiro.
Depois de mais de 40 anos, a Funai reconheceu que a necessidade de uma
reparação histórica mínima ao grande erro cometido com a captura de
sobreviventes do grupo em 1973, os quais foram transferidos para a terra
de seus antigos adversários históricos, onde vivem até hoje. A portaria
declaratória foi o mais importante passo até agora de reparação e
justiça por parte do Estado Brasileiro em relação aos Avá-Canoeiro, que foram vítimas de uma tentativa de genocídio
pela sociedade nacional. Revê-la agora seria dar continuidade a esse
processo histórico e violento de genocídio”, afirma a antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues. O alerta da cientista reverbera o que está em jogo na edição do ATL/2017.
Desde a nomeação do deputado federal ruralista Osmar Serraglio (PMDB/SC) para a cadeira de ministro da Justiça, a pauta anti-indígena oriunda da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215,
do Marco Temporal, dos ataques racistas de incitação à violência e ao
ódio contra os povos indígenas, além da liquidez orquestrada de direitos
constitucionais, tornou-se um projeto de governo sem intermediários e
de ordem narrativa direta. “Vamos parar com essa discussão sobre terras.
Terra enche a barriga de alguém?”, afirmou Serraglio em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo no último dia 10 de março. O ministro ruralista não trabalha sem o aval de Michel Temer, que o autorizou a demitir no dia 19, o Dia do Índio, o atual presidente da Funai, Antônio Costa.
As razões ratificam a radicalidade dos ruralistas na atual conjuntura
visando uma solução definitiva contra a permanência dos povos indígenas
sobre os territórios sagrados – o que até o momento tem enfrentado épica
resistência dos indígenas.
Conforme reportou o site Congresso em Foco: “A demissão foi exigida pelo líder do governo no Congresso, deputado André Moura
(PSC-SE), porque o presidente da entidade responsável pela gestão das
terras indígenas não aceitou nomear 25 pessoas indicadas por ele desde
que a nova direção da Funai tomou posse”. Costa assumiu a presidência do órgão indigenista estatal depois do loteamento realizado por Temer como forma de quitar débitos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PSC, cujo presidente é o Pastor Everaldo,
pediu a Funai. São multifacetados os interesses do PSC, um partido com
DNA evangélico, na questão indígena; envolve a gestão da saúde indígena à
conversão de indígenas ao segmento religioso que cresce de forma
perniciosa na política institucional. No entanto, a postura de Costa
contra a total usurpação da Funai aos inimigos declarados dos povos
indígenas o colocou em rota de colisão não apenas com o PSC, mas
sobretudo com o avalista do cargo: o PMDB. O deputado Carlos Marun (PMDB/MS), mesmo partido de Serraglio, também pressionou para a contratação dos 25 assessores especiais da Funai, de acordo com o site.
“Esperamos o maior Acampamento Terra Livre de todos os tempos. O
momento é sombrio, precisamos chegar forte para combater os ataques
sistemáticos que se impõem contra a vida dos povos indígenas. Precisamos
da maior unidade possível para combater os retrocessos”, declarou a
integrante da coordenação da Apib, Sônia Bone Guajajara. Entre as organizações indígenas e indigenistas, as análises dão conta de que o ATL/2017
será um dos maiores dos últimos tempos – contando com cerca de 3.500
indígenas, de acordo com as últimas confirmações de delegações – e o que
possibilitará um ambiente de unidade diante da amplitude do ataque
contra os povos; passa pelo desmonte da Funai, paralisação das demarcações, tentativas de reverter portarias declaratórias, ofensiva contra terras indígenas no Supremo Tribunal Federal (STF), reintegrações de posse e impactos diretos na vida das aldeias com a Reforma da Previdência e Trabalhista. Deste modo, a pauta do ATL deverá fortalecer demandas também da sociedade que os envolve – caso da Greve Geral do próximo dia 28.
Para o cacique Jailson Kariri Xocó de Paulo Afonso, presente em Brasília levando a demanda territorial de seu povo, habitante das margens do Rio São Francisco,
na divisa entre Pernambuco e Bahia, a postura do governo demonstra o
desejo de acabar com os povos indígenas fazendo-os viver como miseráveis
nos centros urbanos, servindo de mão de obra barata, e nas terras
tradicionais erguer empreendimentos imobiliários, vendê-las para
estrangeiros e acomodar o agronegócio.
“Saímos há quase um ano dessa experiência na periferia da para uma terra tradicional, repleta de nossa ciência e perto da Cachoeira Sagrada de Paulo Afonso
– que a barragem silenciou. O lugar, uma área da União, estava
abandonado há 30 anos e logo que chegamos apareceu dono com escritura. A
Justiça Federal pouco se importou com isso. Concedeu uma reintegração
alegando a posse de um construtora”, diz o cacique.
Kretã Kaingang, integrante da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ArpinSul), afirma que o imposto aos povos indígenas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul pode ser considerado uma das principais tentativas de genocídio do mundo. “O Serraglio
é de lá. O bando dele trata os indígenas como inimigos, com altos
índices de racismo e preconceito. Quando vieram pra cá, continuaram
sendo italianos, alemães, mas não querem que sejamos Kaingang, Guarani, Kaiowá, Xokleng.
Isso é muito grave, porque a questão do território tradicional é vital
para os povos indígenas e é isso que eles atacam: dizem que não
precisamos de terras. Então a gente percebe que o projeto que tá forte
agora é o mesmo que a ditadura militar já teve e outros governos que nos
massacraram tiveram”, afirma Kretã sob a tenda principal do ATL/2017.
Depois de quase cinco meses de detenção, os indígenas Kaingang Marcelina da Silva, Adamor Franco, Ereni Adimo Franco, Laerte Franco, Davi Feixe, Elias da Silva e Elizeu dos Santos foram soltos no dia 30 de março. Na madrugada de 23 de novembro de 2016, uma operação de guerra acordou a comunidade da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha,
em Sananduva (RS). Despachados pela Justiça Estadual, mandados de
prisão foram cumpridos pela Polícia Federal sob a acusação de que o grupo Kaingang incendiou lavouras privadas e ameaçou cometer o mesmo crime contra a população local (assista aqui). Em carta dirigida ao Programa Nacional de Proteção do Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, o Conselho Indigenista Missionário
(Cimi) denunciou um grande esquema de arrendamentos de terras
indígenas; os Kaingang que se negam a ceder áreas, acabam criminalizados
e violentados. Não por coincidência, na Câmara Federal uma PEC pretende liberar territórios tradicionais para o exercício de tal prática. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal condenou os réus Gentil Belino, Ubiratan de Souza Maia, Júlio Cesar Inácio e a empresa JM Consultoria Ambiental LTDA a indenizar a comunidade da Terra Indígena Xapecó pela prática ilegal de arrendamento de suas terras, nos municípios de Ipuaçu e Entre Rios. O deputado federal ruralista Luiz Carlos Heinze (PP/RS) indicou Ubiratan de Souza Maia para ocupar um cargo de relevo na Funai, em Brasília. Na Esplanada dos Ministérios, enquanto as delegações chegam para o ATL, as discussões falam de tais perigos.
“Existem diversas investigações em curso contra as organizações do
agronegócio ou os sindicatos rurais filiados a estas organizações. Mas
os ruralistas acabaram impondo a CPI da Funai/incra como
se as irregularidades deste conflito fundiário estivessem na garantia de
nossos direitos. Os povos indígenas nunca questionaram aquilo que está
como direito para quem precisa ser indenizado, reassentado. Quando se
trata dos nossos direitos, é como se eles não existissem. Quando, às
vezes, eles são respeitados acusam ilegalidades, armam CPI”, explica Dinamã Tuxá, da Bahia. A cacique Keretxu Guarani,
da Terra Indígena Morro dos Cavalos (SC), cita o exemplo da luta em sua
aldeia: “A gente vem há anos lutando pela demarcação da Terra Indígena
Morro dos Cavalos. Dizem que somos do Paraguai, que não é terra
indígena. Passamos por vários processos e vencemos. O último correu no STF.
Existe uma tentativa de esconder a história do Brasil porque assim fica
mais simples de negar o direito à terra e entregar tudo para o
agronegócio”.
O desmonte em curso da Funai reforça o argumento. O presidente Michel Temer e os ministro da Justiça, Osmar Serraglio, e Planejamento, Dyogo de Oliveira,
publicaram no dia 24 de março o Decreto 9010/17 que extinguiu 87 cargos
comissionados, de 770 então existentes no órgão indigenista, quase 12%
do total – de acordo com apuração do Instituto Socioambiental
(ISA). Os escritórios regionais, o departamento das demarcações e
análise do licenciamento ambiental de obras foram os mais atingidos. No
total, 51 cargos de Coordenação Técnica Local (CTL) deixaram de existir. No Rio Grande do Norte e Piauí, a Funai deixou de existir com o decreto. Os povos Potiguara, Tapuia e Tapuia Paiacú ocuparam em Natal (RN) a sede da CTL, dias após a medida do governo. Antes de 2011, ano em que a Funai
passou atender com um escritório os povos do estado, nenhum
procedimento demarcatório estava em curso. Os indígenas não eram
atendidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e
tampouco tinham Educação Escolar Indígena Diferenciada. Com a chegada da
CTL, um Grupo de Trabalho está em curso para a identificação da Terra
Indígena Sagi-Trabanda/Baía Formosa, do povo Potiguara, e outros quatro territórios já estão com relatórios de qualificação de demanda prontos. “Depois que a Funai chegou, veio a Sesai e um articulação de parcerias para o etnodesenvolvimento das aldeias e educação diferenciada”, explica Tayse Potiguara.
No Ceará, o escritório da Funai em Fortaleza também foi
ocupado. “Esse decreto fere o direito de consulta prévia dos povos
indígenas sempre que uma medida do governo nos afete diretamente. Está
determinado esse direito pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)”, defende Weibe Tapeba. Outras cinco Frentes de Proteção Etnoambiental dos Povos Indígenas Isolados também tiveram os trabalhos encerrados. “(…) coloca todos os povos indígenas da região do Rio Purus em completo abandono e desassistência”, diz trecho de nota da Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus (Focimp), do Amazonas. O que até o final do ano passado eram ameaças, com Serraglio à frente do Ministério da Justiça se tornou uma triste realidade.
No ano passado, orçamento executado foi de R$ 531 milhões, segundo dados
obtidos através de apuração da Procuradoria-Geral da República (PGR);
em 2015, R$ 534 milhões. Para este ano, o corte chega a 38% com relação
aos valores totais de 2016. Para se ter uma ideia do quão baixo são
estes valores diante da demanda dos povos indígenas, o total liquidado
pela Funai com demarcações de terras em 2016 chegou a pouco mais
de R$ 3 milhões (Siop, 2017). Já sete deputados e deputadas ruralistas
que compõem a linha de frente da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Funai e do Incra 2, instalada em outubro para investigar os
procedimentos demarcatórios, gastaram no mesmo período perto de R$ 3,5
milhões em cotas parlamentares (Câmara Federal, 2017).
“A Funai já estava com vários cortes. O governo só piorou ainda
mais. Se antes já não estavam conseguindo fazer o trabalho de demarcação
e proteção, imagina agora com todos esses servidores indo embora?”,
questiona Elizeu Guarani e Kaiowá, integrante da Aty Guasu –
Grande Assembleia Guarani e Kaiowá – e membro do Conselho nacional de
Política Indigenista (CNPI). Conforme a própria Funai, 72 terras
indígenas estão com a portaria declaratória aguardando a homologação –
abrangendo um tempo de espera anterior ao impeachment. O Setor de
Documentação de Terras do Cimi de 1.116 áreas em alguma fase do processo
demarcatório. A maioria, 352, estão em seu pior momento: aguardam
quaisquer procedimento do Estado.
Este viernes, en 'El Zoom' debatimos con un estratega republicano y otro
demócrata sobre los primeros 100 días de Donald Trump en la Casa
Blanca. Javier Rodríguez Carrasco analiza este periodo y aborda
cuestiones como sus controvertidas decisiones de bombardear Siria y
Afganistán, el muro con México, las tensiones con Corea del Norte o su
cambio de rumbo respecto a la OTAN y Rusia. Además, formula una
relevante pregunta: ¿mintió a su electorado durante la campaña?
Al
menos tres policías de la comisaría 5 de San Martín están siendo
investigados por su colaboración en el ocultamiento del femicidio de
Araceli. La fiscal había interrogado tres veces al principal sospechoso,
que ahora está prófugo. La casa donde encontraron los restos ya había
sido allanada. Cronología de un operativo desastre.
El
ocultamiento del femicidio de Araceli contó con la colaboración de la
policía bonaerense y fue tan evidente que a horas de encontrarse su
cuerpo Asuntos Internos tuvo que comunicar que separó de sus cargos a
tres efectivos: el subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal
José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los
detenidos. Todos pertenecen a la comisaría 5 de San Martín, la misma en
la que la familia de Araceli Funes presentó la denuncia de su
desaparición hace ya 27 días.
Desde entonces, la investigación
judicial dirigida por la fiscal Graciela López Pereyra tuvo tres líneas
de investigación sucesivas, según se iban desmoronando las hipótesis:
La primera fue no hacer nada, ya que se instaló la versión de que
Araceli “se había ido de gira”. Es decir, que estaba consumiendo droga.
La segunda se activó a partir del caso Micaela y su repercusión. Ahí
se instaló la hipótesis de que se había fugado tras una discusión
familiar. La falsa declaración de un camionero diciendo que la había
trasladado, acompañada por un muchacho y con intenciones de ir a Brasil,
ayudó a consolidar esta línea.
La tercera fue investigar a la familia de Araceli: uno por una. Era
la que estaba profundizándose al momento del hallazgo del cuerpo.
El cuerpo de Araceli fue encontrado en la casa de la madre de
Darío Badaracco, principal sospechoso del femicidio que hasta el momento
está prófugo. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al
comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber
encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela
López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a
pesar de que resulto sospechoso, no fue retenido. Fue entonces cuando
el papá de Araceli gritó: “Tienen un sospechoso y lo mandan a tomar
mate”.
Faltaban aún dos horas para que los perros de los bomberos
de Punta Alta se sentaran inamovibles en una losa recientemente
construida en la vivienda de la calle Alfonsina Storni 4.477, de San
Martín, que queda a unas 12 cuadras de la casa de Araceli y a menos de
10 de donde en ese momento estaban volanteando sus familiares y amigos. Darío Badaracco, principal sospechoso del femicidio de Araceli. Hasta el momento está prófugo.Operativo desastre
La cronología del desenlace describe por sí misma el accionar judicial y policial en este caso:
El alerta llegó a través de una llamada al 911 el jueves al mediodía.
Por la tarde se hizo presente el personal policial en la casa, los
perros alertaron y se dio intervención a la policía científica.
Se encontraron así pelos de Araceli en el camión que maneja Badaracco.
El viernes a la mañana la fiscal le tomó declaración al sospechoso.
Badaracco declara que tuvo sexo con Araceli en el camión; luego, ella se
bajó y no sabe a dónde fue.
Se ubica así, por los datos que aporta, como la última persona en haberla visto con vida.
La fiscal lo deja ir, pero ordena un allanamiento.
Badaracco se escapa.
En el acta policial que da cuenta de su fuga el apellido
Badaracco está escrito con v corta. Ahora Asuntos Internos investiga si
con ese error se libró su orden de captura.
México I Desinformémonos. La llamada Ley Televisa-Anaya o Televisa-Döring fue aprobada en fast-track por las bancadas del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
El dictamen presentado inicialmente por Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano y Federico Dôring del PAN modifica 10 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, con lo cual permite a las televisoras y radiodifusoras realizar transmisiones pagadas por privados sin distinción o advertencia al público, con lo cual continuarán difundiendo, sin la supervisión de ninguna autoridad, información distorsionada que manipula a las audiencias.
Las modificaciones son concesiones a los empresarios dueños de las cadenas de medios de información para poder operar sin control sobre los contenidos, alejando así a los usuarios de información verídica.
A su aprobación por la Comisión de Radio y Televisión se le hicieron mociones que pretendían regresar a discusión el dictamen, pero las bancadas del PRI, PAN, PVEM y NA rechazaron las modificaciones para ser aprobada.
Organizaciones como la AMEDI, ANDA, AMRC, Artículo 19, Comunicación Comunitaria, el Poder del Consumidor, Fundar, Observatel, entre otros se presentaron en San Lázaro para exponer un documento con algunas de las anomalías legales que afectarán el interés público en materia de información. Explicaron que con esta ley se “eliminan como derechos de las audiencias todos los que se derivan de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión y no están incluidos expresamente en el artículo 256, con lo cual quedarían sin efecto las líneas de acción establecida para que los contenidos respeten el interés superior para la equidad de género”.
Así, cadenas como Televisa y TvAzteca podrán continuar la difusión de noticias falsas y distorsionadas manipulando a la población con información tendenciosa alejada de la realidad del país y del mundo; como lo han hecho desde hace años, pero ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya no estará facultado para sancionar la falta de veracidad que cualquiera -que pueda pagarlo- podrá transmitir la información. Así los partidos patronales y el régimen mexicano afianza el control de la información que circula por los medios masivos de información poniéndolo al servicio de sus intereses y de los empresarios.
Ley Televisa-Döring atenta contra derechos de audiencias alertan Ong’s
Catorce organizaciones civiles señalaron que la Cámara de Diputados aprobó vía fast track una “contrarreforma” que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que atenta contra los derechos de las audiencias, cambios conocidos como Ley Televisa Döring señaló Jenaro Villamil en la revista Proceso.
La “contrarreforma” elimina la obligación de los concesionarios para aportar elementos que distingan entre publicidad e información, se eliminan atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se debilita la defensoría de las audiencias, ya que los propios concesionarios podrán designar libremente a su ombudsman.
En un comunicado difundido antes de la aprobación de la Ley, la Amedi, AMDA, AMARC, Artículo 19, Comunicación Comunitaria, El Poder del Consumidor, Observatel, Fundar, Comunicación Comunitaria y sindicato de trabajadores de Radio Educación, entre otros, dieron una rueda de prensa en la Cámara de Diputados para tratar de impedir el “albazo” legislativo.
“Las organizaciones firmantes nos oponemos a que el pleno de la Cámara de Diputados sancione este dictamen, impulsado y aprobado por legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en la Comisión de Radio y Televisión, sin consulta con todos los sectores de la sociedad, de manera apresurada y en total secrecía, tal como sucedió en su momento con la Ley Televisa en 2006”, recordaron en su comunicado.
“Esta reforma se hace con la anuencia de los dirigentes de los partidos mencionados en vísperas de importantes procesos electorales para el país, con lo que se hace evidente que dichos partidos y sus representantes en el Congreso están vendiendo los derechos de la sociedad mexicana a cambio de los favores de las televisoras y grupos de radio comerciales”, subrayaron.
En rueda de prensa, señalaron al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, como uno de los principales responsables de esta “contrarreforma”, ya que la iniciativa original fue presentada por el legislador panista Federico Döring.
Con información de La Izquierda Diario.mx y revista Proceso vía: https://desinformemonos.org/aprueban-ley-televisa-legaliza-informacion-tendenciosa-atenta-audiencias/
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La desarticulación geopolítica global se traduce en nuestro continente latinoamericano en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes políticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada país, ni a escala regional ni global, algo que afecta desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos de los países más estables.
Uno de los problemas que se observan sobre todo en los medios, es que cuando fallan los análisis al uso se apela a simplificaciones del estilo: Trump está loco, o conjeturas similares, o se lo tacha de fascista (que no es una simple conjetura). Apenas adjetivos que eluden análisis de fondo. Bien sabemos que la locura de Hitler nunca existió y que representaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas, ultra racionales en su afán de dominar los mercados globales.
Del lado del pensamiento crítico sucede algo similar. Todos los problemas que afrontan los gobiernos progresistas son culpa del imperialismo, las derechas, la OEA y los medios. No hay voluntad para asumir los problemas creados por ellos mismos, ni la menor mención a la corrupción que ha alcanzado niveles escandalosos.
Pero el dato central del periodo es la ingobernabilidad. Lo que viene sucediendo en Argentina (la resistencia tozuda de los sectores populares a las políticas de robo y despojo del gobierno de Mauricio Macri) es una muestra de que las derechas no consiguen paz social, ni la tendrán por lo menos en el corto/mediano plazos.
Los trabajadores argentinos tienen una larga y rica experiencia de más de un siglo de resistencia a los poderosos, de modo que saben cómo desgastarlos, hasta derribarlos por las más diversas vías: desde insurrecciones como la del 17 de octubre de 1945 y la del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta levantamientos armados como el Cordobazo y varias decenas de motines populares.
En Brasil la derecha pilotada por Michel Temer tiene enormes dificultades para imponer las reformas del sistema de pensiones y laboral, no sólo por la resistencia sindical y popular sino por el quiebre interno que sufre el sistema político. La deslegitimación de las instituciones es quizá la más alta que se recuerda en la historia.
El economista Carlos Lessa, presidente del BNDES con el primer gobierno de Lula, señala que Brasil ya no puede mirarse al espejo y reconocerse como lo que es, perdido el horizonte en el marasmo de la globalización (goo.gl/owd24y). El aserto de este destacado pensador brasileño puede aplicarse a los demás países de le región, que no pueden sino naufragar cuando las tormentas sistémicas acechan. En los hechos, Brasil atraviesa una fase de descomposición de la clase política tradicional, algo que pocos parecen estar comprendiendo. Lava Jato es un tsunami que no dejará nada en su sitio.
El panorama que ofrece Venezuela es idéntico, aunque los actores ensayen discursos opuestos. De paso, decir que atender a los discursos en plena descomposición sistémica tiene escasa utilidad, ya que sólo buscan eludir responsabilidades.
Decir que la ingobernabilidad venezolana se debe sólo a la desestabilización de la derecha y el imperio, es olvidarse que en la prolongada erosión del proceso bolivariano participan también los sectores populares, mediante prácticas a escala micro que desorganizan la producción y la vida cotidiana. ¿O acaso alguien puede ignorar que el bachaqueo (contrabando hormiga) es una práctica extendida entre los sectores populares, incluso entre los que se dicen chavistas?
El sociólogo Emiliano Terán Mantovani lo dice sin vueltas: caos, corrupción, desgarro del tejido social y fragmentación del pueblo, potenciados por la crisis terminal del rentismo petrolero (goo.gl/DW8wkQ). Cuando predomina la cultura política del individualismo más feroz, es imposible conducir ningún proceso de cambios hacia algún destino medianamente positivo.
En suma, el panorama que presenta la región –aunque menciono tres países el análisis puede, con matices, extenderse al resto– es de creciente ingobernabilidad, más allá del signo de los gobiernos, con fuertes tendencias hacia el caos, expansión de la corrupción y dificultades extremas para encontrar salidas.
Tres razones de fondo están en la base de esta situación crítica.
La primera es la creciente potencia, organización y movilización de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres. Ni el genocidio mexicano contra los de abajo ha conseguido paralizar al campo popular, aunque es innegable que afronta serias dificultades para seguir organizando y creando mundos nuevos.
La segunda es la aceleración de la crisis sistémica global y la desarticulación geopolítica, que pegó un salto adelante con el Brexit, la elección de Donald Trump, la persistencia de la alianza Rusia-China para frenar a Estados Unidos y la evaporación de la Unión Europea que deambula sin rumbo. Los conflictos se expanden sin cesar hasta bordear la guerra nuclear, sin que nadie pueda imponer cierto orden (aún injusto como el orden de posguerra desde 1945).
La tercera consiste en la incapacidad de las élites regionales de encontrar alguna salida de largo aliento, como fue el proceso de sustitución de importaciones, la edificación de un mínimo estado del bienestar capaz de integrar a algunos sectores de los trabajadores y cierta soberanía nacional. Sobre este trípode se estableció la alianza entre empresarios, trabajadores y Estado que pudo proyectar, durante algunas décadas, un proyecto nacional creíble aunque poco consistente.
La combinación de estos tres aspectos representa la tormenta perfecta en el sistema-mundo y en cada rincón de nuestro continente. Los de arriba, como dijo días atrás el subcomandante insurgente Moisés, quieren convertir el mundo en una finca amurallada. Probablemente, porque nos hemos vuelto ingobernables. Tenemos que organizarnos en esas difíciles condiciones. No para cambiar de finquero, por cierto.
C5N - El Destape: Ya no habrá nada por tapar - #LosTrollsDeMacri
- Programa completo emitido el Jueves 27 de Abril del 2017, conducido
por Roberto Navarro, con la participación de Iván Schargrodsky, Darío
Gannio y El Cadete (El Cadete ); la colaboración de Gabriela Pepe, Flor
Alcaraz, Juan Amorín y Ezequiel Orlando.
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Una grave denuncia realizó a través de un publicación una usuaria de Facebook sobre una situación vivida este miércoles en la estación de Metro Santa Isabel.
Yanka Sáez se encontró con una joven en ese lugar esposada a la baranda en el pasillo. La reconoció, pues cursaba la misma carrera en la misma universidad.
La joven -que sería estudiante de segundo año de danza en la UNIACC- “se había equivocado de salida y había solicitado al guardia que la dejara salir por el cambio de anden”, relata Yanka. Sin embargo, después de la negativa de un funcionario de Metro, se produce una discusión en la cual -recoge Sáez- el guardia le grita a la niña “cállate conchetumare”, tras lo cual se produce un forcejeo, la toman detenida los guardias de la estación y la esposan.
La denuncia indica que “le retuvieron su celular para que no llamara a nadie pero afortunadamente un compañero le prestó su teléfono para comunicarse con sus padres” y que “tras casi dos horas esposada en el Metro, se desmayó”, sin que por ello accedieran a liberarle.
Todo habría terminado “cuando la mamá, quien había llegado hace un rato, exigió que la soltaran y vino la supervisora con la llave”.
Por su parte, Metro corroboró la parte inicial de la denuncia que indicaba que la situación habría nacido del intento de la estudiante de salir por un lugar no debido. “Esto habría generado una discusión que fue escalando de intensidad, lo que obligó a intervenir a personal de seguridad, presente en el lugar, hasta la llegada de Carabineros”, señala la empresa. Es decir, no se hacen cargo de la gravísima vulneración de derechos de la estudiante que implica haber sido esposada por funcionarios de la institución.
En cambio, Metro informa que “posteriormente, se hicieron presentes familiares y amigos de la joven, quienes a través de gritos y golpes demandaron sacarla de la estación”. “Las partes desistieron de presentar denuncia” a Carabineros, luego de la constatación de lesiones, cierra el comunicado.
Ciudad de México | Desinformémonos. Un
funcionario de la Oficialía del Registro Civil número 1, en el
municipio de San Pedro y San Pablo de Ayutla, Oaxaca, negó a unos
indígenas registrar a su hija con el nombre de Po’ “por tener un
apóstrofo”, por lo que el padre de la menor denunció una violación a los
derechos humanos de la niña y se inició inició un expediente por la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Además,
el padre indicó que era necesario el registro inmediato de su hija para
que pueda ser beneficiaria de los servicios de salud para iniciar con la
aplicación de las vacunas necesarias.
De acuerdo con los medios
locales, la Defensoría inició la investigación de las posibles
violaciones de a los derechos de la menor luego de recibir la
documentación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), donde se registró la primera queja.
Luego de la revisión
del caso, la dependencia estableció que al negar el registro de nombre a
la niña y a sus padres se esta omite el derecho humano a fijar la
identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado,
contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por
ello, la Defensoría solicitó que se le pida al servidor público que
cometió la falta a rendir un informe sobre los actos que originaron la
queja, con máximo ocho días hábiles para su entrega.
Para los
padres, nombrar a su hija Po’, que significa Luna en la lengua mixe,
representa la preservación y el reconocimiento de su origen.
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Cuando se teoriza sobre la existencia de una tendencia secular y perdurable al declinar el beneficio en el mundo entero o en una parte de él, habría que precisar en primer lugar a qué grandeza y a qué sociedad y componentes sociales se hace referencia en concreto.
Si se pretende facilitar un único número para una entera colectividad nacional e internacional de varios miles o millones de millones de individuos, la cosa puede acabar asumiendo tintes temerarios cercanos al ridículo. Lo menos que se puede decir es que en un cálculo de tal complejidad el componente subjetivo y la finalidad ideológica acaban por ser el elemento predominante y decisivo a la hora de escoger el método de cálculo que se ha de adoptar.
A menudo se hace referencia al curso corriente del interés como indicador aproximado de la tasa media de beneficio característica de una nación cualquiera o de una época o categoría de actividad o componente social. Por otro lado, en una época en que las políticas monetarias de los bancos centrales están totalmente desligadas de cualquier relación o límite conectado al valor del oro o de cualquier otro metal precioso, las tasas oficiales de interés pueden alterarse impunemente o asumir valores negativos, cambiando a la baja las tasas aplicadas por los sistemas bancarios. Estas rebajas, evidentemente, no pueden en modo alguno considerarse como indicativas de una tendencia análoga de las tasas de beneficio que, a consecuencia de su dinámica, podrán registrar alguna variación en sentido contrario.
Un cálculo más realista de la tasa media de beneficio podría partir de la consideración de los datos relativos a la transferencia de riqueza entre los diferentes componentes sociales.
En la tendencia cada vez más acentuada a la acumulación y concreción de la riqueza en porcentajes cada vez más restringidos de ricos y súper-ricos puede revelarse un indicador de cierta significación y de cierta utilidad. Sin duda se trata con frecuencia de transferencias y enriquecimientos que no tienen nada que ver con la producción de riqueza ni con ningún producto interior bruto, y no necesariamente son el resultado de contabilidades oficiales de balance o de declaraciones fiscales.
La valoración de estas cifras presenta, como no podía ser de otra manera, un elevado grado de fiabilidad, en cuanto a que se basa en consistencias y valores, las más de las veces conocidos y por ello exhibidos con orgullo, de acciones, obligaciones, títulos de deuda pública y productos financieros del más variado género, propiedades inmobiliarias, metales preciosos y reservas de materias primas. Esta evolución en las modalidades de acumulación y de concentración de la riqueza por parte de componentes incuestionablemente dominantes y vencedores en la fase del capitalismo moderno en curso a comienzos del tercer milenio parece renegar de la misma esencia de tal sistema socioeconómico.
Puede ser que simplemente no aprecie de forma más clara, y dramática en muchos aspectos, las contradicciones de fondo.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, lo que se define como capitalismo moderno se ha impuesto con el nombre de liberalismo como adalid de ideologías y praxis políticas y económicas contrapuestas e irreconciliables, al menos nominal y formalmente, con el capitalismo de tipo mercantilista vigente en los siglos anteriores.
Las clases negociantes y financieras emergentes sostuvieron principios como la libre iniciativa, la competencia, la libertad de comercio, la soberanía del mercado, la garantía de la propiedad privada, la libertad de contratación y la igualdad jurídica de los ciudadanos ante las leyes civiles y penales. Se trataba entonces de combatir y superar la normalidad social basada en los monopolios, los privilegios, los arbitrios y otros residuos feudales en materia económica y fiscal incompatibles con las aspiraciones de las clases sociales en ascenso.
Todo esto no afecta más que a la consecución del beneficio y del rédito, que son instituciones al mismo tiempo fundamento, objetivo, modalidad y exigencia imprescindible de existencia y reproducción de cualquier forma de capitalismo; son pura y simplemente un contraste malsano con los principios y los símbolos del capitalismo moderno, liberal. En otras palabras, el beneficio y el rédito son siempre el fruto de una limitación cualquiera de la libre iniciativa, de la competencia, de la libertad de escoger de los consumidores, de la libertad de contratación y también de los derechos de libertad y de propiedad, frente a los sacrosantos principios constitucionales.
En resumen, surgen necesariamente de una condición más o menos relevante y acentuada de proximidad al monopolio, que puede asumir las más variadas denominaciones según el grado de cercanía a una situación de efectivo control de la demanda.
Ni siquiera un quiosquero o un tendero de barrio podrían conseguir un beneficio por mínimo que fuera sin alguna imperfección en la competencia, puede que derivada simplemente de costumbres, simpatía, proximidad territorial u otra motivación análoga. Con mayor razón esto vale para las grandes empresas, que efectúan inversiones ingentes de capitales, por lo que, con las remuneraciones consideradas como adecuadas, diseñan estrategias a corto, medio y largo plazo.
En la puesta a punto de tales estrategias es considerado y previsto cualquier tipo de contingencia y preocupación, salvo para el respeto de los sacrosantos principios del capitalismo moderno y de las constituciones, cada vez que se puedan obviar con ventajas y sin perjuicios. Precisamente la contradicción fundamental del sistema socioeconómico dominante es la que se da del contraste entre la exigencia vital e imposible de eliminar del beneficio y del rédito, podemos decir su razón de ser, por un lado y, por otro, los principios básicos sobre los que se rige el capitalismo moderno.
En otras palabras, el monopolio, el privilegio y la desigualdad, que constituyen el fundamento del mercantilismo, expulsados de las puertas del siglo XVIII, están todavía bien vivos y sistemáticamente están a punto de entrar por las ventanas, aunque no siempre de forma ortodoxa. Las autoridades gubernativas y monetarias nacionales e internacionales deberán garantizar un equilibrio y una conciliación de exigencias contrastantes, pero la mayor parte de la veces encuentran conveniente y fructífero compartir, no muy abiertamente, el 1, el 0,1 o el 0,01 por ciento de los ricos y súper-ricos.
Sus cargas de hecho tienen una cadencia y unos comportamientos teñidos de una ecuanimidad y de un rigor que son considerados como excesivos y que tendrían como consecuencia hacer improbable la confirmación o la búsqueda de otra probabilidad tanto o más prestigiosa y remunerativa.
La economía, las finanzas y el buen sentido
Las primeras palabra de La riqueza de la naciones, considerado como una especie de texto sagrado y verbo original del moderno capitalismo liberal, y en las concepciones más entusiastas incluso como libertario, traspasan las bases morales del sistema socioeconómico en su fase de primera edificación: el trabajo anual de cada nación es el fondo del que originariamente proceden todos los medios de subsistencia que ella misma consume, y que siempre consiste en el producto directo del trabajo o de lo que con él viene adquirido por otras naciones.
Adam Smith y la mayoría de pensadores de matriz liberal precedentes, contemporáneos o posteriores, tenían una concepción del trabajo no solo como fuente e instrumento de creación de riqueza sino también como fundamento y justificación moral de la propiedad y unidad de la medida de valor. Los economistas de la escuela clásica, e incluso Karl Marx, a consecuencia de su insistencia en presentar sus doctrinas con los ropajes de la ciencia, por el hecho de retomar la definición de Smith de valor-trabajo, implícitamente han adoptado a su pesar también las bases morales. No de otra cosa deriva cualquier atribución a los trabajadores del fruto de su trabajo o las reivindicaciones de los mismos en ese sentido.
En la concepción liberal, el mismo derecho del capital a una remuneración se justifica por el hecho de constituir producto de trabajo no consumido y aplicado a nueva producción. El pensamiento de Smith se caracteriza, entre otras cosas, por una incurable aversión hacia la alquimia y la magia de las maniobras monetarias y financieras, que consienten la acumulación y concentración de riqueza no ganada con el trabajo sino a través de la creación y maniobra de medios monetarios y financieros. En efecto, las artimañas de orden económico y financiero que permiten acumular riqueza sin la utilización del trabajo actual o pasado, son un medio, fraudulento en sustancia aunque no en la forma, de realizar en cualquier medida la transferencia de los productores de bienes de servicio a los banqueros y financieros y a sus beneficiarios, socios e inversores.
En el juicio negativo de Smith y de los liberales de primera hora, a las consideraciones de orden moral se asociaban valoraciones teñidas de prudencia y sentido común. Además de injusto, era considerado arriesgado y nada sensato crear instrumentos monetarios y productos financieros de papel más allá de las normales exigencias y praxis de las actividades productivas, ya que su exceso de circulación tendía irremisiblemente a transformarse en burbujas especulativas, destinadas antes o después a desinflarse o explotar. A fin de cuentas, el argumento decisivo, aparte de obvio hasta rozar lo banal o lo prosaico, en el rechazo por parte de Adam Smith y sus seguidores al papel moneda no convertible era que un bien que cobra principalmente valor "de la escasez, es necesariamente depreciado por la abundancia".
Otro pilar de las concepciones de Smith en materia de política económica, contra las tesis mercantilistas que apoyan la teoría de la balanza comercial, es la afirmación, universalmente reconocida en las enseñanzas académicas, de que los incrementos de los medios de pago son y deben ser el efecto y no la causa de la prosperidad de una nación. De tal punto de vista, que vale la pena recordar que procede la expresión de los principios básicos del liberalismo, deriva la condena sin paliativos de toda práctica tendente a favorecer la explotación y a minimizar las importaciones o a crear moneda acumulativa de la nada con la intención de expandir artificiosamente los volúmenes de negocios y beneficios, y devaluar la moneda nacional para rebajar la tasa de cambio y favorecer las exportaciones. Estas políticas eran consideradas por los liberales de un tiempo nada lejano como inútiles y carentes de fundamento lógico y, sobre todo, como injustas y dañinas, por estar en contraste con el verdadero interés de las comunidades nacionales y con las leyes y reglas de una economía sana y próspera, y de una política económica eficaz, justa y racional.
Los economistas clásicos consideraban que simples razonamientos de sentido común bastarían para evitar, impedir y bloquear concepciones y comportamientos basados en presupuestos y previsiones, de tendencia a largo e incluso corto plazo, de una expansión indefinida e incluso infinita e ilimitada de la creación, acumulación y concentración de riqueza. Por sus mismos fundamentos, la economía política, la ciencia triste según definición de Thomas Carlyle, está necesariamente conectada a situaciones de escasez, tanta que en un estado de abundancia o superabundancia de recursos respecto a las necesidades tendrían menos razón de ser.
Por otra parte, incluso la simple racionalidad o el sentido común permiten darse cuenta de forma inmediata e inequívoca de la limitación de los recursos del planeta en relación con las inconmensurables posibilidades de expansión de los deseos, aspiraciones y sueños de los seres humanos.
Todavía el sentido común y el sentido del límite no encajan en la lógica funcional de las instituciones y componentes sociales inclinados al beneficio y a la acumulación y concentración de la riqueza, aparte del poder que de ello se deriva. Por mejor decir, los mecanismos a través de los que los procesos de acumulación y concentración se realizan son intrínsecamente llevados al exceso, al desequilibrio y al riesgo, prescindiendo de la voluntad del operador en singular. Cuando, de hecho, prudencia y equilibrio vuelvan a entrar en el arco mental de este último, no tendrá ninguna posibilidad de oponerse y mucho menos de minar la lógica del sistema, ni de quedarse fuera, a menos que se quiera condenar a la marginación o la expulsión.
Ya que, hoy por hoy, las tendencias y los procesos no pueden ni deben ser dejados operar sin límites ni frenos, por interés mismo del sistema y de sus componentes, se ha impuesto la necesidad de un poder externo e independiente con posibilidad, al menos en teoría, de imponer frenos, límites y vetos a las actividades financieras. No por casualidad, las experiencias negativas del pasado remoto (y reciente) han conducido a la creación de los bancos centrales y de todos los organismos nacionales e internacionales de control de los mercados de los títulos accionariales, de obligaciones y de deuda pública, aparte de la proliferación de leyes y reglas referentes a la moneda, el crédito y la finanza. Un problema, quizá el principal, es que estos organismos deberían ser realmente externos e independientes respecto al poder financiero, lo que los sitúa en una vaga región imaginaria entre lo improbable y lo imposible.
En entrevista exclusiva concedida a Eva Golinger (Detrás de la noticia),
el presidente de Bolivia, Evo Morales, habla del conflicto entre EE.
UU. y Corea del Norte destacando lo peligroso que es “tener posiciones
egoístas” y “no pensar en la humanidad”. El presidente también denuncia
el “golpe de estado en Venezuela” y ”las intenciones golpistas de la
OEA”. Además, asegura que la derecha no ganará las elecciones en Bolivia
y que está listo para seguir trabajando con todas sus fuerzas tras sus
problemas de salud.
A
mediados de 1928, durante su primer período de encierro y en un casi
total aislamiento afectivo y político, Antonio Gramsci llegó a
expresarle a su madre en una carta enviada desde la cárcel de San
Vittore en Milán:
“Carissima
mamma, no querría repetirte lo que ya frecuentemente te he escrito para
tranquilizarte en cuanto a mis condiciones físicas y morales. Para estar
tranquilo yo, querría que tú no te asustaras ni te turbaras demasiado,
cualquiera que sea la condena que me pongan. Y que comprendas bien,
incluso con el sentimiento, que yo soy un detenido político, que no
tengo ni tendré nunca que avergonzarme de esta situación. Que, en el
fondo, la detención y la condena las he querido yo mismo en cierto modo,
porque nunca he querido abandonar mis opiniones, por las cuales estaría
dispuesto a dar la vida, y no sólo a estar en la cárcel. Y que por eso
mismo yo no puedo estar sino tranquilo y contento de mí mismo. Querida
madre, querría abrazarte muy fuerte para que sintieras cuánto te quiero y
cómo me gustaría consolarte de este disgusto que te doy; pero no podía
hacer otra cosa. La vida es así, muy dura, los hijos tienen que dar de
vez en cuando a sus madres grandes dolores si quieren conservar el honor
y la dignidad de los hombres”.
Lejos
de toda victimización y de cualquier aprovechamiento personal o
colectivo de la dramática situación que padecía, Gramsci seguía
sintiéndose un militante comprometido. Es que toda su vida resultó ser
la de un combatiente, en el sentido más amplio del término: combatir
toda injusticia, desde ya, pero también cualquier tipo de dogmatismo,
falta de autocrítica, modorra intelectual, desapego a la historia viva
de cada sociedad o anquilosamiento del pensamiento; ese fue, sin duda,
su faro utópico permanente. Un combatiente honesto e integral, que
odiaba a los indiferentes.
Pero
a sabiendas de esta postura vital, lejos estaba de ser una persona
exenta de contradicciones e impurezas. Nino era precisamente por esto
mismo demasiado humano y no tenía despecho en hacerlo explícito en sus
escritos y en cada uno de los gestos y vínculos familiares, políticos y
de amistad que entablaba, como en aquella emotiva carta a su madre. De
ahí que quizás valga la pena rescatar del olvido uno de esos tantos
artículos de L’Ordine Nuovo, redactados de acuerdo a sus propias
palabras para que mueran al día siguiente de ser publicados, pero que a
pesar de ello escamotean hoy su supuesto carácter efímero, dejando
traslucir esa profunda filosofía humanista que tanto lo caracterizó.
Hombres
de carne y hueso es un compasivo texto cuya hechura está signada por el
contexto inmediatamente posterior a la trágica derrota de la ocupación
de fábricas por parte de los trabajadores turineses durante el llamado
bienio rojo (1919-1920).
“Los obreros de la Fiat han retornado al
trabajo. ¿Traición? ¿Negación de los ideales revolucionarios?”, se
pregunta con fina ironía Gramsci. Nada de eso, responde. Han resistido
durante un mes en medio de penurias y de un ambiente general de
hostilidad, y al fin y al cabo “se trata de hombres comunes, hombres
reales, sometidos a las mismas debilidades de todos los hombres comunes
que se ven pasar en las calles, beber en las tabernas, conversar en
medio de rumores en las plazas, que se cansan, que tienen hambre y frío,
que se conmueven al sentir llorar a sus hijos y lamentarse agriamente a
sus mujeres”.
Una lectura
atenta de la bellísima biografía de Giussepe Fiori, Vida de Antonio
Gramsci, ratifica esta virtud inherente del pensador sardo. En efecto,
él encarnó como pocos esa figura del intelectual orgánico que supo
teorizar durante su forzado encierro carcelario, sin dejar de ser un
humano de carne y hueso, a imagen y semejanza de aquellos pares
turineses para quienes escribía y con los que convivía a diario.
Moviéndose como pez en el agua entre el sentir popular y la sabia
reflexión teórica, supo combinar mágicamente el rol de “especialista y
organizador”, dos cualidades que eran de acuerdo a Gramsci condición
sine qua non para estar en presencia de un filósofo de la praxis cabal,
alejado tanto del perfil del pedante intelectual académico recluido
detrás de un escritorio, como del practicista revolucionario
profesional, que cuenta con garganta y pulmones de sobra, pero carece de
pensamiento crítico. Y es que para Nino ambos personajes, por si
hiciera falta aclararlo, rascan donde no pica.Gramsci Imagen Alan!
A
contrapelo de estas tendencias, el suyo fue por sobre todo un marxismo
humanista, viviente y creativo, algo que se evidencia por demás al
adentrarnos en el relato enhebrado pacientemente por Fiori en su
biografía. Sin embargo, su derrotero socialista no fue lineal. Antes
bien, habría que concebirlo en términos pendulares, fluctuando entre un
mayor acercamiento a la perspectiva leninista (de 1921 a 1924) y a la
prefiguración de nuevas prácticas emancipatorias distantes de la
realidad rusa (de 1916 a 1920, y de 1926 a 1937), aunque este cambiante
transitar nunca implique retornar al mismo punto, porque es cierto que
el último Gramsci, el de los dispersos Cuadernos y las conmovedoras
Cartas, carga con la experiencia y el frío balance de un doble
descalabro (el producido por el fascismo y el stalinismo), y de eso no
se vuelve, salvo que se pretenda replicar la tragedia como farsa.
De
ahí que conocer desde cerca y en filigrana sus vivencias, proyectos,
flaquezas y balbuceos de eterno aprendiz, resulte fundamental si
queremos pasar el cepillo a contrapelo a su filosofía de la praxis y no
canonizarla como nuevo dogma, algo totalmente contrario a su postura
respecto de la obra de Marx, quien según él no debía considerarse un
“pastor con báculo”, ya que como supo advertir en sus notas carcelarias,
“la realidad está llena de las más extrañas combinaciones y es el
teórico quien debe hallar en esta rareza la confirmación de su teoría,
‘traducir’ en lenguaje teórico los elementos de la vida histórica, y no,
a la inversa, presentarse la realidad según el esquema abstracto”.
Releer
sus cartas y borradores nos aleja de un supuesto Gramsci heroico y frío
sabelotodo, acercándonos a una figura más humana que, no por ello,
pierde estatura histórica. En una de estas epístolas, escrita en 1924
para su compañera Julia Schucht, se interroga angustiado en torno al
desencuentro que, muchas veces, tiende a existir entre el amor y la
apuesta en favor de un proyecto revolucionario: “Cuántas veces me he
preguntado si era posible ligarse a una masa cuando no se había querido a
nadie, ni siquiera a la propia familia, si era posible amar a una
colectividad cuando no se había amado profundamente a criaturas humanas
individuales. ¿No iba a tener eso un reflejo en mi vida de militante?,
¿no iba a esterilizar y a reducir a mero hecho intelectual, a puro
cálculo matemático, mi cualidad de revolucionario?”.
Y
si de alturas se trata, cabe rescatar del olvido aquella anécdota
relatada por Nino en otras de sus tantas cartas, en la cual comenta a su
familia con un dejo de sarcasmo lo que le ocurrió ni bien arribó a la
cárcel de Turi y debió presentarse frente a sus colegas presos: “¡No es
posible!”, exclamó con desconfianza uno de ellos a ese petizo que
mencionó de forma pausada su gracia. “El es un señor gigante, no un
hombre tan pequeño”, le espetó el preso, mirándolo entre atónito y
desilusionado. Algo similar había ocurrido ya durante uno de los
interrogatorios a los que fue sometido antes de ser encarcelado. En
aquel entonces, un brigadier de la escolta le preguntó si era “pariente
del famoso diputado Gramsci”, confesándole luego que había imaginado su
persona como “ciclópea”. Es que Gramsci era, una vez más, demasiado
humano. ¿Cómo il capo de la clase obrera iba a medir un metro cincuenta,
ser jorobado, autodidacta y para colmo provenir del “atrasado” sur de
Italia?
E pur si muove, podría
haber sido una sabia respuesta para aquellos desconfiados reclusos. No
solo su maltratado físico, sino ese abultado cerebro (que al decir del
fiscal fascista que contribuyó a su condena, se debía “impedir que
pensara al menos por veinte años”) continuó en movimiento, inquieto y
cargado de dinamismo. Hoy más que nunca, a 80 años de su partida, vale
la pena asomarnos por la indiscreta mirilla del presidio para espiar a
-y aprender de- un Gramsci que pule sus ideas y las plasma
minuciosamente en provisionales notas, y que hasta en los peores
momentos de encierro, sin bajar los brazos ni quebrantar su convicción
militante, no deja de ser de carne y hueso. Un rebelde común y
corriente, como quizás lo denominarían las y los zapatistas del sur de
México. O por qué no, para decirlo en palabras del Che: un
revolucionario guiado por grandes sentimientos de amor.
Por alguna razón que no comprendo del todo, al menos tres personas me han preguntado en las últimas horas si voy a comentar algo sobre la muerte de Agustín Edwards y, por cierto, no puedo soslayar el deceso de una persona que ha jugado un papel tan importante en la historia de nuestros últimos 50 o 60 años de vida nacional. Del propietario de la empresa periodística El Mercurio y heredero de un clan familiar que se asentó en los grandes negocios de nuestro país y, por cierto, en el diario de mayor gravitación política, como debemos reconocerlo.
Pero no soy de los que piensa que Agustín Edwards Eastman es un personaje “controvertido”, como lo han calificado en estas horas muchos medios de comunicación y entrevistados. No soy de los ponderados que hoy despliegan todo su hipocresía y oportunismo. Soy, sin duda, de lo que creen que se trata de uno de los agentes más siniestros de la dictadura militar, como de un personaje que, antes de servir a Chile, como algunos dicen, dedicó su vida a colaborar con el Imperio, la hegemonía estadounidense en el mundo, como con los regímenes de facto más repugnantes del Planeta.
Se trata, al mismo tiempo, de un inescrupuloso empresario que corriera terriblemente asustado a los Estados Unidos a demandar la intervención de este país para desestabilizar al gobierno de Allende e instalar en el mando político de la nación a Augusto Pinochet, acaso el personaje más favorecido por la inconsistencia democrática de Edwards y El Mercurio que siempre le sirvieron de plumarios. Como defensores irrestrictos de sus violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, además de partícipes de los montajes criminales más luctuosos de la Dictadura, de la DINA y la CNI.
Público es el reconocimiento que recibiera un millón de dólares de la CIA para financiar las operaciones de su Diario contra la Unidad popular y el gobierno de Allende. En todo un conjunto de embustes que hasta hoy signan a este Diario como el más mentiroso, como el gran defensor de los poderosos del país que siguen posicionados de la economía, la política y la cultura. Toda una vil trayectoria que lo llevara a ser juzgado y expulsado, en el 2015, por el Colegio de Periodistas.
Nosotros tenemos la suerte de contar como editor general al periodista Víctor Herrero, quien ha hecho la biografía más completa de Agustín Edwards y su vida pública. La misma suerte, también, de conocer el magnífico libro que escribiera Mónica Echeverría acerca del entorno familiar de este personaje que tanto laceró la vida, por ejemplo, de su hermana Sonia y otros de sus familiares. Un texto que devela las deplorables conductas de Edwards en su ámbito privado. Así como la posibilidad que tuvimos de conocer, además, los archivos desclasificados por los Estados Unidos, donde queda constancia de su traición a patria y de los sobornos que recibiera desde el imperio.
En efecto, el retrato que podemos hacer de Agustín Edwards es el de un abominable sujeto que por su poder económico salvara del juicio que a personas como él se le hacen cuando los países superan las tiranías y consolidan efectivamente las democracias. Pero ¡NO!, lo que debemos agregar, también, es que Agustín Edwards fue un protagonista de la Posdictadura, un dilecto personaje de los gobiernos que sucedieron al de Pinochet. Un magnate comunicacional favorecido, como nadie, por los recursos fiscales destinados a la publicidad estatal, por la impunidad consentida por los Tribunales de Justicia que, al menos, debieron declararlo cómplice y encubridor de horrendas masacres y deleznables artículos de prensa para justificar estos crímenes o atribuírselos a las propias víctimas de la Resistencia.
Ya sabemos que en virtud de la política de “encantar a los medios tradicionales”, el gobierno del extinto Presidente Aylwin prefirió asesinar a la prensa democrática y condonarle las deudas al Mercurio que contrariar a don Agustín. Como hasta hace algunas semanas el candidato regalón de El Mercurio para suceder a Michelle Bachelet era, sin tapujos, Ricardo Lagos Escobar. Porque, en realidad, a Edwards nunca le gustó Sebastián Piñera, y en las reflexiones políticas del matutino se estimaba de menos riesgo que Lagos accediera nuevamente a La Moneda que exponerse a un advenedizo como Guillier o a la tensión social que provocaría la posibilidad de que la derecha vuelva al Ejecutivo. Aunque entre los referentes políticos del duopolio gobernante no existan diferencias muy marcadas, sino más bien la ilusión o la candidez de algunos en cuanto se trata de opciones diferentes.
Es evidente que en Edwards no se pueden descubrir los talentos o ideas propias de quienes poseen o dirigen los más influyentes medios de comunicación. Sus biógrafos dicen que más bien se trataba de un sujeto oscuro, mal hablado, nunca tan hábil como sus predecesores en los negocios, aunque astuto, ladino, como desnudo de normas éticas. Muy parecido, en este sentido, al rústico Pinochet, aunque don Agustín tuvo la suerte de educarse en Londres y en Estados Unidos, de hablar mejor el inglés que el castellano y rozar tangencialmente la cultura en sus múltiples viajes y estadías en el extranjero. Coleccionista de libros, más que un buen lector, a no ser de aquellos textos taurinos o referidos al rodeo, que fueron sus grandes aficiones.
Por lo mismo que no se conoce nada o casi nada legado por su propia pluma, es que Edwards discurriera reclutar a tantos columnistas en su diario. Entre ellos, a un grupito de “intelectuales de izquierda” que, poco a poco, quizás por el simple hecho de familiarizarse con el Diario, han ido encantándose con la ideología neoliberal y la democracia acotada, para paulatinamente desvincularse de las convicciones socialistas y vanguardistas que antes profesaron… Y allí siguen y, desde allí, se constituyen ahora en el peor astilla contra la justicia social, la equidad, la soberanía popular y la hermandad con nuestros países vecinos y hermanos. Verdaderamente, consolidados en sus espacios, pero obnubilados, además, con la idea de aparecer en la Vida Social del Diario, en esto que Allende advertía que era uno de los principales defectos de los chilenos: su arribismo social.
Ojalá su muerte haga descansar a Chile y El Mercurio siga existiendo como el gran referente que es de los intereses que hay que neutralizar y que un país digno debiera también sepultar algún día. Partidarios, como somos, de la diversidad informativa que él, sin embargo, siempre despreció.
13 de abril de 2017
Depois de retirados à força da Mata Azul, os indígenas foram
enjaulados, expostos para visitação pública, boa parte morreu de doenças
alheias à vida longe da sociedade branca e os remanescentes acabaram
entregues aos Javaé – ocupantes de uma terra vizinha ao território Avá-Canoeiro. Tutawa Ãwa, ancião capturado ainda jovem pela frente de atração da Fundação Nacional do Índio (Funai), morreu em 2015 sem ao menos ter o direito de ser enterrado no último refúgio de seu povo antes do trágico contato: o Capão de Areia.
Cuando se teoriza sobre la existencia de una tendencia secular y perdurable al declinar el beneficio en el mundo entero o en una parte de él, habría que precisar en primer lugar a qué grandeza y a qué sociedad y componentes sociales se hace referencia en concreto. 