miércoles, 29 de junio de 2016
Europa: Brexit.... entre Estados Unidos y Rusia
Sin duda, hubo un sueño de la UE. El soñador, desde 1957 que se creó la Comunidad Europea, soñó con un súper país europeo, la prueba es que en 1993 se acercó más a ese sueño.
Un súper Estado con una ley universal, con una moneda universal, una misma bandera y un Parlamento. Hoy ese sueño está destruido. Uno de los más importantes miembros de esa súper unión, se va.
La primera pregunta: ¿Qué estará preparando ese soñador que quiso tener un gran "Estados" llamado la Unión Europea (UE)? ¿Quién es soñador? ¿Es un movimiento, o no existe y simplemente fue una inquietud colectiva?
Por el lado contrario también hay que preguntar. ¿Si detrás del brexit existe un poder gigantesco que movió todas sus fichas para provocar la salida del Reino Unido y comenzar a desintegrar a la UE? Porque a los poderosos no les gusta que hayan otros poderosos.
En esta cuestión apuntemos hacia Nigel Farage, quien es uno de los grandes protagonistas de la salida del Reino Unido. El líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) que promovió incansablemente el brexit.
Pregunta: ¿Nigel Farage, como líder está solo en la idea de la independencia del Reino Unido o sirve a los intereses de alguien más poderoso? Pregunta válida, porque parece extraño que por un lado, su discurso es súper nacionalista, rechazando todo lo extranjero.
Pero por otro lado, su carrera, su dinero y sus bienes los hizo trabajando en todo lo contrario a lo que el predica. Estuvo al servicio de Drexel Burnham, una famosa corredora de Wall Street con sede en Nueva York, EE.UU. Luego sirvió a Crédit Lyonnais, otra famosa correduría con sede en Francia. Después, otra vez al servicio de Wall Street, a través de REFCO, compañía de Nueva York, y después con Natixis, corredora de finanzas de Francia.
¿Quién es en realidad Nigel Farage? ¿Por qué en sus trabajos, en su riqueza, estaba capital de EE.UU.? Lejos de preguntar qué está detrás, también preguntemos qué está delante. ¿Qué viene y cómo entender lo que viene?
Para muchos, es el principio del fin, sobre todo por las reacciones de la extrema derecha de Francia, Italia, Holanda, Austria que piden hacer referéndums para que su país se separe de la UE.
Además de Escocia que aunque es caso contrario porque quiere permanecer en la UE, podría desintegrar al Reino Unido que se separó de la Unión, justo por eso por conservar su unidad y ahora Escocia podría regresar, comenzando también el principio del fin.
Habría además que tocar el precio de la libra esterlina, y las finanzas del Reino Unido. ¿La cuestión de por qué el brexit lo decidieron los ancianos? Ya que los jóvenes votaron más por la permanencia y la senectud por alejarse de lo europeo.
La cuestión exterior como la que hizo el exembajador de EE.UU. en Rusia Michael McFaul, quien dijo que con el brexit todos perdieron, Europa, el Reino Unido y EE.UU., y que el único que ganó fue el presidente ruso, Vladimir Putin.
Pero quizá la pregunta más importante que hay que hacer es si todo esto es un show porque habría posibilidades de repetirse el referéndum, ya que más de un millón 300 mil personas se acaban de unir y firmar una petición al Parlamento para que se repita la votación, llamando a su derecho legal como sociedad.
Más aparte los engaños de la campaña, Nigel Farage confesó que uno de los principales argumentos que se utilizó para convencer a la gente para que votara por abandonar a la UE, era falso: 350 millones de libras que se pagaban a la UE, no era un dato verdadero. Era la mitad, y además con regreso en beneficios sociales hacia el Reino Unido.
En pocas palabras el brexit es hoy un cofre lleno de preguntas, inquietudes y misterios que tienen de un hilo al Reino Unido y la UE que ya le pide a los británicos que si se van a ir, que se vayan ya, como en un buen divorcio.
En Detrás de la Razón: el análisis, las preguntas y respuestas a las diez treinta, desde los estudios de Teherán; Londres, seis de la tarde; México y Colombia, doce del día; Madrid, ocho de la noche.
Economìa: La pesada carga de la deuda
En este episodio de Keiser Report, Max y Stacy desde Nueva York, tratan el tema de la esclavitud de la deuda estudiantil y la carga de la deuda municipal. En la segunda parte, Max entrevista a la experta en el mercado de bonos, Cate Long, con la que conversará sobre las últimas noticias acerca de la situación de la deuda en Puerto Rico.
Economìa: Bancos condenados a muerte
En este episodio de Keiser Report, Max y Stacy desde Nueva York nos muestran mediante gráficos cómo los inversores extranjeros están vendiendo acciones estadounidenses al mayor ritmo jamás visto y cómo Alibaba se ha convertido en el tercer fondo más grande del mercado monetario. En la segunda parte, Max entrevista al autor y gestor de fondos, Mitch Feierstein de PlanetPonzi.com, con el que conversará sobre la deuda japonesa y las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos.
Mèxico: La letra y el capital con sangre entran ....Manuel Pérez Rocha..................De lo que se trata es de imponer una reforma educativa tecnocrática, inculta, imponer un régimen laboral que anula conquistas básicas irrenunciables, como la contratación y representación colectiva y la huelga, de constreñir derechos básicos, como la manifestación pública. El fin último lo explica cínicamente Videgaray: se trata de “generar certidumbre a la inversión… proveerle con toda la infraestructura económica (tangible e intangible), social y urbana para que sean atractivas tanto para las empresas, como para la gente, además de incentivos fiscales, laborales y aduaneros”.
Manuel Pérez Rocha
La ejemplar rebeldía de los maestros –ahora con el apoyo de considerables sectores populares y una tardía, pero creciente participación de académicos y estudiantes– es, sin duda, el factor central del conflicto social y político desatado por la pretensión de imponer por la fuerza una reforma educativa. Esta legítima, y para nosotros esperanzadora rebeldía, no es una sorpresa para los autores y ejecutores de la supuesta reforma educativa; la previeron e incluso su criminal estrategia fue provocarla, y preparar las acciones armadas para enfrentarla, y ahogarla a como diera lugar. El señor Claudio X. González, brazo operativo de la oligarquía mexicana que ha decidido hacerse del control de la educación nacional, lo advirtió públicamente y en varias ocasiones: Si no hay turbulencias, es un signo claro de que no estamos haciendo bien la cosas; y por todos los medios han presionado para que la reforma se implemente ¡ya!, sin contemplaciones ni excepciones, en todo el país.
Con miles de policías y el apoyo del Ejército se ha llegado ya al extremo de asesinar a mansalva a muchos inocentes. Ayotzinapa y Nochixtlán son sólo los casos más graves ¿Les parecerán suficientes estas turbulencias? La barbarie armada corresponde con la de los tecnócratas que están al servicio de esa oligarquía. Ejemplo paradigmático son las actitudes arrogantes y provocadoras, así como los conceptos de educación y cultura, del aspirante a la Presidencia y circunstancial secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien declaró: No tengo tiempo para la cultura, y después de los asesinatos de Nochixtlán amenazó: La reforma educativa se va a profundizar. Este incalificable cerril desprecio a la cultura –y la ominosa ofensiva contra las culturas que no son museos y galerías para las clases altas– se manifiesta nítidamente en el plan expuesto por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en un artículo publicado en La Jornada (2/6/16): de lo que se trata es de acabar con el México del sur-sureste improductivo, atrasado, dedicado a actividades tradicionales (como la agricultura) que no aportan valor (¿qué comerá Videgaray?).
La incultura de estos funcionarios les impide percatarse de que están ante una invaluable realidad sociocultural de profundas raíces históricas, no un problema económico o, menos aún, policiaco. Repiten la anticientífica, inhumana e inculta doctrina que les enseñaron en el ITAM los maestros de la escuela de Chicago: la vida y los problemas de la sociedad se reducen al crecimiento, el empleo, la competitividad; y buscan aplicarla a como dé lugar (por supuesto para eso les pagan muy bien). Estos funcionarios son incapaces de oír palabras como dignidad, cooperación, generosidad, reciprocidad, valores desde los cuales los pueblos atrasados del sur-sureste, y otros muchos mexicanos, entienden y juzgan al mundo. Participan del desprecio y odio que las clases altas tienen a esa mitad de México que nos da identidad, y alimentan ese desprecio y odio. En este tenor han impulsado, con el apoyo de los poderosos medios comerciales y no pocos intelectuales, una campaña de propaganda digna de Goebbels, que pone el mundo al revés: ahora el gobierno priísta y los dirigentes del SNTE son los buenos y la CNTE (que a lo largo de 30 años ha dado ejemplo de una lucha heroica contra el corrupto PRI y sus charros del SNTE) un nido de delincuentes y criminales. Para ello no les importa mentir, calumniar, amenazar y encarcelar ilegalmente. El señor Claudio X. González se ha referido a los maestros de la CNTE como minoría de delincuentes, mafia, monstruo, delincuentes con permiso y criminales, y los ha acusado de salvajismo y de constituir un cártel.
Esta campaña también ha alimentado una de las peores vergüenzas de este país: el racismo. Véase un extracto de las abominables reacciones de los lectores del periódico Reforma ante noticias sobre la CNTE difundidas por ese periódico: ¿No sería tiempo de desempolvar las tanquetas de agua que compró Calderón? Aparte de que buen favor les harían a estos indios piojosos dándoles un baño; Yo no les veo ni cara ni facha de maestros. Más bien parecen indígenas alquilados para venir a armar desmanes al DF; Urge guardar en el bote a este indio balagardo (sic, se refieren a Rubén Núñez)... Hay mucho de donde hacerlo. Si guardaron a la maestra no me digan que no pueden con este indio oaxaco; Puro indio delincuente que debe estar en la cárcel; Buen ejemplo con el hombre de Java en la fotografía (se refieren a un maestro). Ya ven, no son tan malos maestros: enseñan la teoría de la evolución, y cómo algunos ejemplares del pleistoceno de hecho sobrevivieron como especie y llegaron al siglo XXI; Ojalá se mueran todos, país de indios ignorantes; ¡Apestan a mierda! Parásitos ¡Ojalá los desaparezca la sociedad civil! ¡Vividores! ¡Hernán Cortez (sic) debió aniquilar a esta escoria!; Mátenlos! Maldita gente asquerosa que sólo sabe hacer desmanes... Necesitan su 2 de octubre esos malditos maestros! (Ya les hicieron caso, la criminal represión del pasado 20 de junio nos recuerda justamente el 10 de junio de 1971 y al 2 de octubre de 1968.)
De lo que se trata es de imponer una reforma educativa tecnocrática, inculta, imponer un régimen laboral que anula conquistas básicas irrenunciables, como la contratación y representación colectiva y la huelga, de constreñir derechos básicos, como la manifestación pública. El fin último lo explica cínicamente Videgaray: se trata de “generar certidumbre a la inversión… proveerle con toda la infraestructura económica (tangible e intangible), social y urbana para que sean atractivas tanto para las empresas, como para la gente, además de incentivos fiscales, laborales y aduaneros”. Se trata, como dictan el Banco Mundial y la OCDE, de hacer del sur-sureste del país una zona económica especial, o varias, donde las culturas atrasadas no sean sino el escenario folclórico, domado, con luz y sonido… y muchas utilidades.
vìa:http://www.jornada.unam.mx/2016/06/27/opinion/021a2pol
La ejemplar rebeldía de los maestros –ahora con el apoyo de considerables sectores populares y una tardía, pero creciente participación de académicos y estudiantes– es, sin duda, el factor central del conflicto social y político desatado por la pretensión de imponer por la fuerza una reforma educativa. Esta legítima, y para nosotros esperanzadora rebeldía, no es una sorpresa para los autores y ejecutores de la supuesta reforma educativa; la previeron e incluso su criminal estrategia fue provocarla, y preparar las acciones armadas para enfrentarla, y ahogarla a como diera lugar. El señor Claudio X. González, brazo operativo de la oligarquía mexicana que ha decidido hacerse del control de la educación nacional, lo advirtió públicamente y en varias ocasiones: Si no hay turbulencias, es un signo claro de que no estamos haciendo bien la cosas; y por todos los medios han presionado para que la reforma se implemente ¡ya!, sin contemplaciones ni excepciones, en todo el país.
Con miles de policías y el apoyo del Ejército se ha llegado ya al extremo de asesinar a mansalva a muchos inocentes. Ayotzinapa y Nochixtlán son sólo los casos más graves ¿Les parecerán suficientes estas turbulencias? La barbarie armada corresponde con la de los tecnócratas que están al servicio de esa oligarquía. Ejemplo paradigmático son las actitudes arrogantes y provocadoras, así como los conceptos de educación y cultura, del aspirante a la Presidencia y circunstancial secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien declaró: No tengo tiempo para la cultura, y después de los asesinatos de Nochixtlán amenazó: La reforma educativa se va a profundizar. Este incalificable cerril desprecio a la cultura –y la ominosa ofensiva contra las culturas que no son museos y galerías para las clases altas– se manifiesta nítidamente en el plan expuesto por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en un artículo publicado en La Jornada (2/6/16): de lo que se trata es de acabar con el México del sur-sureste improductivo, atrasado, dedicado a actividades tradicionales (como la agricultura) que no aportan valor (¿qué comerá Videgaray?).
La incultura de estos funcionarios les impide percatarse de que están ante una invaluable realidad sociocultural de profundas raíces históricas, no un problema económico o, menos aún, policiaco. Repiten la anticientífica, inhumana e inculta doctrina que les enseñaron en el ITAM los maestros de la escuela de Chicago: la vida y los problemas de la sociedad se reducen al crecimiento, el empleo, la competitividad; y buscan aplicarla a como dé lugar (por supuesto para eso les pagan muy bien). Estos funcionarios son incapaces de oír palabras como dignidad, cooperación, generosidad, reciprocidad, valores desde los cuales los pueblos atrasados del sur-sureste, y otros muchos mexicanos, entienden y juzgan al mundo. Participan del desprecio y odio que las clases altas tienen a esa mitad de México que nos da identidad, y alimentan ese desprecio y odio. En este tenor han impulsado, con el apoyo de los poderosos medios comerciales y no pocos intelectuales, una campaña de propaganda digna de Goebbels, que pone el mundo al revés: ahora el gobierno priísta y los dirigentes del SNTE son los buenos y la CNTE (que a lo largo de 30 años ha dado ejemplo de una lucha heroica contra el corrupto PRI y sus charros del SNTE) un nido de delincuentes y criminales. Para ello no les importa mentir, calumniar, amenazar y encarcelar ilegalmente. El señor Claudio X. González se ha referido a los maestros de la CNTE como minoría de delincuentes, mafia, monstruo, delincuentes con permiso y criminales, y los ha acusado de salvajismo y de constituir un cártel.
Esta campaña también ha alimentado una de las peores vergüenzas de este país: el racismo. Véase un extracto de las abominables reacciones de los lectores del periódico Reforma ante noticias sobre la CNTE difundidas por ese periódico: ¿No sería tiempo de desempolvar las tanquetas de agua que compró Calderón? Aparte de que buen favor les harían a estos indios piojosos dándoles un baño; Yo no les veo ni cara ni facha de maestros. Más bien parecen indígenas alquilados para venir a armar desmanes al DF; Urge guardar en el bote a este indio balagardo (sic, se refieren a Rubén Núñez)... Hay mucho de donde hacerlo. Si guardaron a la maestra no me digan que no pueden con este indio oaxaco; Puro indio delincuente que debe estar en la cárcel; Buen ejemplo con el hombre de Java en la fotografía (se refieren a un maestro). Ya ven, no son tan malos maestros: enseñan la teoría de la evolución, y cómo algunos ejemplares del pleistoceno de hecho sobrevivieron como especie y llegaron al siglo XXI; Ojalá se mueran todos, país de indios ignorantes; ¡Apestan a mierda! Parásitos ¡Ojalá los desaparezca la sociedad civil! ¡Vividores! ¡Hernán Cortez (sic) debió aniquilar a esta escoria!; Mátenlos! Maldita gente asquerosa que sólo sabe hacer desmanes... Necesitan su 2 de octubre esos malditos maestros! (Ya les hicieron caso, la criminal represión del pasado 20 de junio nos recuerda justamente el 10 de junio de 1971 y al 2 de octubre de 1968.)
De lo que se trata es de imponer una reforma educativa tecnocrática, inculta, imponer un régimen laboral que anula conquistas básicas irrenunciables, como la contratación y representación colectiva y la huelga, de constreñir derechos básicos, como la manifestación pública. El fin último lo explica cínicamente Videgaray: se trata de “generar certidumbre a la inversión… proveerle con toda la infraestructura económica (tangible e intangible), social y urbana para que sean atractivas tanto para las empresas, como para la gente, además de incentivos fiscales, laborales y aduaneros”. Se trata, como dictan el Banco Mundial y la OCDE, de hacer del sur-sureste del país una zona económica especial, o varias, donde las culturas atrasadas no sean sino el escenario folclórico, domado, con luz y sonido… y muchas utilidades.
vìa:http://www.jornada.unam.mx/2016/06/27/opinion/021a2pol
Argentina: la restauración conservadora, el TPP y el modelo agroexportador.....Por Sebastián Saade
La entrada de las Argentina como miembro observador de la Alianza del Pacifico abre las puertas al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) y a una nueva etapa de relaciones carnales con los Estados Unidos.
Por Sebastián Saade / @seba_saade
A finales del año 1972 el por entonces presidente chileno, Salvador Allende, denunciaba en las Naciones Unidas la falta de control de los estados sobre las empresas multinacionales. Decía que “Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden y no están fiscalizadas por ningún parlamento, y por ninguna organización representativa del interés colectivo”.
Aun faltaban un par de años para que el gurú ultraliberal Milton Friedman, asesorara a la dictadura de Augusto Pinochet. Todavía debían pasar más de quince años para que el paquete de reformas neoliberales del “Consenso de Washington”, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, cayeran como una guillotina sobre el pueblo latinoamericano. Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú, hijos predilectos de la Escuela de Chicago, tuvieron la triste tarea de empujar la pobreza a índices escalofriantes.
Después llegó el 2001, el “que se vayan todos” y el rechazo a la clase política en general, salvo honrosas excepciones. Pero casi con exclusividad podemos afirmar que la resistencia popular que se llevó puesto cinco presidentes en menos de una semana, estuvo dirigida hacia forasteros personajes como Anoop Singh y Anne Kruger, principales exponentes de las políticas económicas aplicadas en este lado del mundo. Con posterioridad a las puebladas del 19 y 20 de diciembre, se inició una etapa de gobiernos progresistas en Latinoamérica. El rechazo al Acuerdo de Libre Comercio con los EE.UU. (ALCA) en la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos en la Ciudad de Mar del Plata, dieron el puntapié inicial hacia una política exterior redireccionada a acuerdos comerciales y políticos que fortalecieron el MERCOSUR y dieron nacimiento al UNASUR.
La restauración conservadora que encabeza Mauricio Macri y su canciller Susana Malcorra, pretende exportar su concepción del mundo o, en su defecto, la de los países centrales, al resto de América Latina. Una muestra clara de ello es el rápido apoyo al golpe blando producido contra la ex presidenta del Brasil, Dilma Rouseff, o el intento de presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro exigiendo que se realice antes de fin de año el referéndum revocatorio del mandato presidencial.
La decisión tomada por el gobierno argentino de ingresar como miembro observador de la Alianza del Pacifico (acuerdo comercial integrado por los países de Colombia, Perú, Chile y México), vuelve a poner en debate los acuerdos de libre comercio con las potencias centrales. Recordemos que la Alianza del Pacífico fue creada en 2011 como un mecanismo de integración económica abierto al libre comercio.
La puerta abierta al Acuerdo Trans-Pacífico (TPP)
El ingreso a la Alianza del Pacifico es visto como un viaje sin escalas hacia el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. La apertura económica, como nunca antes, se avisora en el futuro próximo. Depende del surgimiento de una resistencia similar a la que se dio hace diez años que este pacto no pase. El Acuerdo Transpacífico no es otra cosa que un acuerdo de Libre Comercio que asegura a los Estados Unidos la influencia imperial que mantuvo hasta que aparecieron con fuerza los países emergentes. No es casual que estén excluidos de este pacto económico China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.
En un comunicado de prensa difundido recientemente por la Asociación por una Tasa a las Transacciones y de Acción de los Ciudadanos (ATTAC) se rechaza la adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico porque entienden que queda allanado el camino para suscribir el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este Tratado Transpacífico, además de las regulaciones comerciales a favor de los EE.UU., abre la posibilidad de que inversores extranjeros demanden al país en centros arbitrales internacionales como el CIADI. En el comunicado difundido por la ATTAC expresan que el TTP incluye “obligaciones en materia de coherencia regulatoria que obliga a los Estados firmantes a coordinar cotidianamente sus legislaciones, por lo cual hay una imposición de las regulaciones de otros países, que suelen ser a la baja.”
El TPP es solo una parte de una estrategia mucho más global y ambiciosa que incluye la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con los países de la Unión Europea, y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA por sus siglas en inglés). Este Acuerdo comercial busca regular un gran número de áreas que abarcan desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. El TPP es integrado por Japón, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Estas economías agrupan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, y reúnen un mercado de 800 millones de personas.
El 5 de octubre del año pasado se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Al finalizar la firma, el presidente de los EE.UU., Barack Obama, expresó que se acaba de cerrar la eliminación de más de 18.000 impuestos nivelando el campo de juego a favor de los granjeros norteamericanos. A su vez, el mandatario norteamericano afirmó que “Cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global”.
Las semillas y las patentes
En el caso de las semillas, se volvería a la carga con la vieja Ley Monsanto que intentó aprobar el kirchnerismo el año pasado. En el capítulo sobre Propiedad Intelectual, el acuerdo obliga a los países a ratificar el Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla. El Colectivo de comunicación Huerquen realizó un cortometraje en el que reflexionaban acerca de las consecuencias que el avance de las corporaciones del agronegocio tiene para nuestras vidas.
En este cortometraje, Carlos Vicente relataba que la norma UPOV91 “Limita la posibilidad de guardar semillas, se criminaliza aún más a las semillas criollas y se permite que toda la biodiversidad de la Argentina sea privatizada”. Esta norma va mucho más allá de los derechos de las patentes de las semillas compradas y sembradas por los agricultores. “Existe la posibilidad de que todas las plantas que crecen en la Argentina sean objeto de derecho de obtentor, y con este elemento da la posibilidad de apropiación y de biopiratería de nuestra biodiversidad”, afirmaba Carlos Vicente en referencia al proyecto de Ley de Semillas. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961.
A modo de Conclusión, Vandana Shiva, referente mundial en la lucha contra Monsanto, afirmó que en Estados Unidos muchas iniciativas independientes de conservación de semillas están siendo llamadas “actos de terrorismo agrario”, en declaraciones al diario La Jornada de México. La doctora Shiva, una de las precursoras en la lucha contra los agrotóxicos, afirmó que también hay leyes como la de California o Pensilvania donde está prohibida la conservación de semillas propias.
A partir de la decisión de Mauricio Macri de empujarnos a la Alianza del Pacifico como miembro informante, la resistencia al acuerdo de TPP se torna más visible pero sobre todo más urgente.
Fuente: Marcha
vìa:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_la_restauracion_conservadora_el_TPP_y_el_modelo_agroexportador
Mèxico: El diálogo y las negociaciones sirven para desmovilizar y no reprimir; para cambiar de mentiritas.... Pedro Echeverría V.
Pedro Echeverría V.
1. Pienso, y quizá lo podría demostrar, que las revoluciones francesa, rusa, china y cubana no dialogaron ni negociaron; fueron radicales hasta derrotar a sus enemigos los explotadores y opresores. Luego, por todos los bloqueos imperialistas y de sus burguesías, al no poder derrotarlos, tuvieron que negociar y obligarse a cambiar el rumbo revolucionario. Cuando se negocia –desde una posición de debilidad- se termina siendo derrotado. Las negociaciones son muy “civilizadas” para las clases dominantes, pero la mayoría de las veces desmovilizan a los trabajadores y eso es la muerte. En dos sesiones de “dialogo” no se ha avanzado nada; parece que Gobernación se está burlando de la CNTE, como lo ha hecho siempre. ¿Qué esperan?
2. Lo he escrito mil y una veces: Se ha demostrado hasta la saciedad –y el ejemplo último es que los empresarios echaron abajo la ley que les perjudicaba- que basta una orden presidencial para que los poderes legislativo, judicial y de los medios de información obedezcan y se haga lo que ordena el señor presidente. Basta con que Peña Nieto ordene que salgan todos los presos, se devuelvan las plazas y se pague a los maestros sin ningún trámite o espera para que en menos de 24 horas todo se resuelva; lo demás son puras mamadas de un niño que no conoce la historia. ¿Se imaginan acaso que con el secuestro del cónsul yanqui de Guadalajara en 1973, el tal Leonhardy, tuvieran que pasar muchas horas para liberar a 30 presos? La liberación fue inmediata.
3. Para liberar a los maestros presos tienen que preguntar a insulsos abogados, pagar incluso una fianza e ir a firmar cada quincena; no jodan compañeros: no sólo deben salir inmediatamente sino incluso recibir disculpas y compensación económica por el perjuicio causado. ¿No acaso es claro entonces que en las sociedades de clases sociales quien tiene el poder manda? Los secuestradores de Leonhardy tuvieron el poder y los maestros lo tendrán mientras los bloqueos sean efectivos, sobre todo contra la economía y los medios de información que se pasan las 24 horas deformando o informando con mentiras. Así que se deje de chupadas el presidente, el secretario de Gobernación y el de Educación y resuelvan en un minuto todos los problemas.
4. Los debates para el futuro de la Educación son segunda instancia; pueden resolverse en mesas de diálogo, en foros o seminarios, durante años, llamándole reforma, cambio, revolución educativa, como se quiera; pero los presos tienen que salir absolutamente libres, sin fianzas y hasta con compensaciones y, obvio, con todos los salarios que no les han pagado. Mientras tanto, por lo menos en diez estados, incluyendo Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, CDMX y Estado de México -entre los cuatro estados más combativos- los bloqueos y manifestaciones tienen que endurecerse, intensificarse, hasta que la clase dominante resuelva todos los problemas de educación. Quizá como la cereza del pastel, también deba caer la dirigencia charra del SNTE.
5. Mucha, muchísima gente que no piensa, no razona, que sólo repite lo que ve y oye por Televisa, TV Azteca, Milenio, Tele fórmula, se declara enemiga de los maestros y las luchas sociales. Qué magnífico que en algunos estados o entidades de la República, se estén realizando bloqueos en los medios de información y que en algunas ocasiones se tomen esos medios para que los profesores puedan transmitir los mensajes y hacer llamados a las protestas. Lo malo es que en la CDMX el simple acordonamiento de maestros a Televisa, Azteca, Milenio, no es suficiente. Hay que hacer mucho más contra esas empresas televisivas porque son el veneno que funciona mejor para los que están débiles de la cabeza y les resulta difícil crear un pensamiento propio.
6. Si la gente trabajadora no tiene la suficiente conciencia y convicción para defender sus derechos que la clase poderosa y sus fuerzas armadas pisotean por todos lados, puta pues entonces no tienen remedio y hay que esperar a otras generaciones. Yo tuve las suerte de vivir dos grandes décadas (los años sesenta y setenta) de poderosas batallas y confrontaciones. Como diría el maravilloso poeta de Cocula Jalisco, Elías Nandino en su vejez: “Antes me vengaba por todo hoy no me vengo por nada”. Antes, hasta los 67 años de edad, caminaba a la vanguardia confrontándome con los pinches policías y soldados; hoy nueve años después, me siento un cobarde que no puede acompañar físicamente a los jóvenes en la lucha contra los represores y asesinos. ¡Está cabrón!
7. El gobierno de Peña Nieto, como diría un dirigente chino, es “un tigre de papel” o “un ídolo con pies de barro”; solo basta enfrentarlo y empujarlo fuerte para que se derrumbe. Lo que sucede es que esa fuerza existe pero no ha sido inteligente para formar un solo frente: Están cientos de miles de maestros, estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos, uno por ciento de intelectuales y hasta curas y religiosos. Por lo menos desde la imposición del neoliberalismo privatizador en 1982, los gobiernos del PRI, del PAN y en parte de su acólito el PRD, nos han estado saqueando y dejando al pueblo más miserable. Tenemos esperanzas en que los maestros de la Coordinadora sean suficientemente inteligentes para cumplir su papel de organización unitaria. (28/VI/16)
http://pedroecheverriav.wordpress.com
Chile: TPP y Sistemas de Arbitraje Inversor-Estado...La soberanía de los pueblos retrocede ante las transnacionales...resumen.cl
Un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción traiciona su propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática. Alfred-Maurice de Zayas
[resumen.cl] El Acuerdo Transpacífico o TPP representa un sofisticado instrumento jurídico orientado a maximizar los beneficios de empresas transnacionales que operen en los países adheridos a él. Si bien, las conversaciones respecto a sus condiciones concluyeron el 5 de octubre de 2015, recién el 26 de enero de 2016 y el 8 de febrero de 2016, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales [DIRECON], publicó sus versiones en inglés y en castellano, respectivamente1. Antes de estas fechas, ni siquiera la clase política conocía su contenido. No obstante, ello no fue impedimento para que el 19 de mayo de 2015, la Cámara de Diputados rechazara la siguiente moción:
“La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, previo a la decisión sobre la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico (más conocido como TPP), acredite públicamente que traerá beneficio económico concreto a nuestro país, que no provocará perjuicio en el ámbito de la cultura, que no habrá alzas de precio en productos farmacéuticos ni cesiones de soberanía regulatoria a otros países u organismos internacionales sobre nuestra legislación interna, y que se lleve a cabo un debate público sobre las consecuencias que podría traer la suscripción del mismo.”
Votación de congresistas respecto a la moción. 19 de mayo de 2015.
Finalmente, el 4 de febrero de 2016, el Estado de Chile, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, firmó el Acuerdo2, junto a los representantes de los 11 países involucrados, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Desde esa fecha, sólo falta que el Congreso Nacional, junto a los del resto de naciones, aprueben o rechacen la adhesión de éstas a este convenio, para lo cual se ha establecido un plazo de dos años.
Por su parte, el Gobierno chileno ha declarado de manera inverosímil que ha abierto espacios de “participación ciudadana”, expresados en las sucesivas sesiones de lo que la DIRECON llamó Cuarto Adjunto. A pesar de que ninguna de éstas se realizó con un público informado sobre el contenido del Acuerdo por canales institucionales, la institución declaró que “las reuniones incluyeron temas generales y específicos y fueron de gran ayuda para afinar y fortalecer la posición de Chile en la negociación de los capítulos más complejos del acuerdo”3.
La amenaza de los Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado
El secretismo y la ausencia de instancias de intervención vinculante en el proceso de elaboración de este Acuerdo se explica sólo por el nefasto contenido del mismo. Uno de los elementos constitutivos de éste es la obligación del Estado chileno a obedecer los dictámenes de Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado en una gama de circunstancias, mucho más amplia de la que ahora lo afecta.
En el capítulo 9, se establecen las condiciones impuestas en lo referido a “Inversión”4. En él se consigna que un Acuerdo de Inversión, se establece entre una empresa y un Estado,
“(a) con respecto a recursos naturales que una autoridad nacional controla, tales como petróleo, gas natural, minerales de tierras raras, madera, oro, mineral de hierro y otros recursos similares, incluyendo para su explotación, extracción, refinamiento, transporte, distribución o venta;
(b) para suministrar servicios a nombre de la Parte para el consumo del público general para: la generación o distribución de energía, tratamiento o distribución de agua, telecomunicaciones, u otros servicios similares suministrados a nombre de la Parte para consumo del público general 5 ; o
(c) para llevar a cabo proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, canales, presas o tuberías u otros proyectos similares; siempre que, no obstante, la infraestructura no sea para uso y beneficio exclusivo o predominante del gobierno;”
Es decir, un sinnúmero de negocios podrán estar bajo las condiciones del TPP, el cual fija un “Nivel Mínimo de Trato”, asentando la obligación de los Estados adscritos a entregar un “trato justo y equitativo” y una “protección y seguridad plenas” a las inversiones cubiertas por el Acuerdo.
En palabras del documento:
“trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos penales, civiles o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo;
“protección y seguridad plenas” exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial exigido conforme al derecho internacional consuetudinario.
De este modo, el “trato justo y equitativo” y la “protección y seguridad plenas” constituyen obligaciones a las cuales el Estado chileno suscribe, a riesgo de que los inversionistas, amparados en el TPP, puedan exigir el resarcimiento de lo que consideren pérdidas a causa de su incumplimiento. Para ello, se establece al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), entre otros, como sistemas de arbitraje ante eventuales disconformidades.
¿Cómo funcionan?
En el capítulo de Inversión, se indican los pasos para que una empresa demandante solicite los oficios, específicamente del CIADI, luego de haber comunicado al Estado respectivo la violación de alguna cláusula del TPP y no haber recibido una respuesta satisfactoria de parte de éste.
El CIADI es una institución integrante del Banco Mundial y fue fundada en 1966. En 2015 ya tenía 159 Estados signatarios de su Convenio [entre ellos Chile] y una cantidad creciente de casos bajo su tramitación, que en 2012 llegaron a 505. Es probable que el protagonismo de ésta y otras instituciones con la misma función seguirá incrementándose, pues en los tratados bilaterales de comercio y en los Acuerdos similares al TPP, como el TTIP6 y el CETA7, también son integradas en los capítulos de resolución de controversias entre Inversor y Estado.
Fuente: CIADI
Los árbitros a cargo del procedimiento serán siempre tres. Dos de ellos elegidos por cada parte contendiente y el tercero por el Secretario General del CIADI. Cuando una o las dos partes no hayan elegido al árbitro correspondiente en un plazo de 75 días, el Secretario General podrá hacerlo a discreción.
Los tribunales destinados a dirimir sobre las reclamaciones hechas por los inversores se conforman exclusivamente para emitir un fallo respecto a una reclamación en particular, luego de lo cual se disuelven. Arbitrariamente, estos mismos tribunales deciden sobre su competencia para fallar respecto a una controversia determinada. También deciden sobre la validez de las peticiones de revisión y anulación de los laudos.
En el caso de una solicitud de anulación, el Reglamento del CIADI8, establece: “cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General… Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Árbitros”.
O sea, el propio CIADI actúa como juez y parte sobre sus propias decisiones. No hay ninguna institución por sobre la autoridad de este tribunal y, en consecuencia, cuando se confirma un laudo, éste es inapelable. De hecho, sin ambages, el mismo Reglamento consigna: “Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado”.
Ahora bien, junto con emitir la sentencia sobre la reclamación en cuestión, el Tribunal también determina los gastos en los cuales se incurrió durante el procedimiento, decidiendo el monto, la forma de pago y la parte contendiente obligada a hacerlo. Al respecto, el Reglamento establece que “tal fijación y distribución formarán parte del laudo”.
La situación de Chile tiene una excepcionalidad, consignada en el ANEXO 9-F del Capítulo “Inversión”, donde se establece que “las obligaciones y compromisos contenidos en este Capítulo no aplican al Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera… y a la Ley 18.657, Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero”. No obstante, esta excepción no parece relevante si se considera que ante las inversiones extranjeras, el Estado chileno no ha implementado medidas de resguardo significativas en beneficio de la población.
La parcialidad en favor del inversor promovida por estos tribunales y por Acuerdos como el TPP, ha sido expresada por el propio árbitro del CIADI, el español Juan Fernández-Armesto, quien ha afirmado: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversiones […]. A tres particulares se les concede el poder de revisar, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del Parlamento”.9
En caso de nacionalización o expropiación
Seguramente, para nosotros es bastante difícil imaginarnos al Estado nacionalizando o expropiando alguna inversión cubierta por el TPP. Sin embargo, para sus autores es una posibilidad que requiere ser reglamentada, afirmando:
Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación) salvo:
(a) por causa de propósito público [de acuerdo al derecho internacional consuetudinario];
(b) de una manera no discriminatoria;
(c) mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva… y
(d)de conformidad con el principio del debido proceso legal.
En el caso en que se hiciera una expropiación, la indemnización deberá:
(a) ser pagada sin demora;
(b) ser equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes que la expropiación se haya llevado a cabo;
(c) no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación; y
(d) ser completamente liquidable y libremente transferible.
Además de las condiciones referidas al cálculo y pago de la consecuente indemnización, llama la atención la ambigüedad de las excepciones legitimadoras de una expropiación, pues la “causa de propósito público”, de acuerdo a la interpretación del derecho internacional consuetudinario, está sujeta a una percepción igual de antojadiza que la determinación sobre si hubo o no “discriminación” en la forma de la expropiación. El derecho internacional consuetudinario consiste en normas que, sin estar codificadas, se consideran válidas por su práctica acostumbrada en los Estados. Es decir, las normas que respaldarían una eventual expropiación a “causa de propósito público”, están sujetas a la consideración de quienes tengan el poder de reconocerlas como válidas para el caso.
Informe ONU
En julio de 2015, el Experto Independiente, Alfred-Maurice de Zayas, publicó el informe “sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”10, a petición del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En él se abordan los “efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio”, los cuales consideran la resolución de controversias entre inversores y Estados, a través de Arbitrajes dirigidos por organismos como el CIADI.
En el parágrafo 15 del Informe se expone: “Los tribunales para la solución de controversias entre inversores y Estados están integrados por árbitros mercantiles cuya independencia se ha puesto en entredicho repetidamente a causa de sus conflictos de intereses. Es obvio que los árbitros mercantiles no son los guardianes naturales del interés público, sino de los intereses comerciales y de una nueva “industria” que, como muestra la experiencia, ha privilegiado a los inversores en perjuicio del público”. Por otra parte, la inexistencia de organismos controladores de estos tribunales “lleva a pensar en la pregunta de Juvenal: quis custodiet ipsos custodes (“¿quién guardará a los guardianes?”).
Según el jurista, “se han dado a términos como “inversión”, “expropiación” y “trato justo y equitativo” interpretaciones cada vez más amplias y difíciles de conciliar con las normas de interpretación que figuran en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” [a la cual está suscrito Chile, desde 1981]. Junto a ello, también señala que “muchos procesos de arbitraje… son completamente confidenciales y solo se dispone de información en relación con aproximadamente 608 sentencias”.
Respecto al secretismo con el cual se llevaron a cabo las tratativas para el TPP, de Zayas es contundente. En el párrafo 35 menciona a la “participación en los asuntos públicos” como un derecho que debe ser garantizado por todos los Estados, y en los siguientes apartados establece que “el acceso a la información es una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión estipulado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La consulta y la participación tienen el valor añadido de crear un consenso que reduce la probabilidad de que se produzcan litigios onerosos. Los parlamentos tienen una gran responsabilidad de examinar minuciosamente los tratados bilaterales de
inversión y los acuerdos de libre comercio para asegurar que se lleven a cabo las evaluaciones de su impacto en los derechos humanos y en el medio ambiente.” Ante esto, concluye que “el hecho de llevar en secreto las negociaciones comerciales (pese a no tratarse de un asunto de seguridad nacional) y de excluir a interesados decisivos entraña prima facie [a primera vista] violaciones de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos… Los representantes democráticamente elegidos no tienen carta blanca de quienes les han votado sino que deben consultar con su electorado y actuar de conformidad con sus deseos.”
En el capítulo quinto, donde el autor explica aspectos de una eventual reforma del andamiaje jurídico amparador de violaciones a los derechos humanos, plantea que “los paroxismos antidemocráticos de la solución de controversias entre inversores y Estados pueden neutralizarse con la revisión o la terminación de dicho procedimiento. Si los Estados pueden adoptar medidas extraordinarias como rescatar bancos insolventes, a fortiori [con mayor motivo] pueden adoptar medidas para proteger el bienestar de la población”. Contrariamente a lo estipulado por el TPP y el resto de los Acuerdos de su tipo, los cuales sólo pueden aprobarse o rechazarse por los Congresos de cada país, de Zayas declara que “en la medida en que los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio den lugar a violaciones de los derechos humanos, esto será causa de su modificación o terminación”.
Es llamativa la propuesta del abogado respecto a la posibilidad de que los actos a través de los cuales se han fraguado los Acuerdos como el TPP, puedan ser sancionados en virtud de la aplicación del derecho penal internacional y la experiencia de los Juicios de Núremberg. “Sería apropiado comprobar si el concepto de “conspiración” para cometer actos contra bonos mores [las buenas costumbres] …pueden aplicarse al método aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversión”, especificando que “los actos constitutivos de una conspiración de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente información falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del PIB y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen “informes teleológicos”; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicación para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos polémicos”. Al respecto, en la sección de la DIRECON dedicada al TPP abundan muestras de lo descrito y las subsecciones “TPP EN LOS MEDIOS”11 y “TPP y PYMEs”12 son elocuentes en tal sentido.
Otro elemento a considerar del Informe es el planteamiento sobre la necesaria obligación de las empresas transnacionales de someterse a la legislación del país donde operan y, en consecuencia, a sus tribunales. Desde este punto de vista, los Tribunales de Arbitraje no tendrían legitimidad alguna, pues sus marcos jurídicos no se basan ni tienen como referencia la legislación de los Estados donde han ocurrido los hechos motivantes de las reclamaciones.
Laudos del CIADI y los casos de Bolivia, Uruguay y Ecuador
Los laudos establecidos por los sistemas de arbitraje pueden caracterizarse como unidireccionales, en tanto surgen a partir de reclamos hechos por parte de inversores. A continuación, podemos apreciar en un gráfico elaborado por el propio CIADI el registro de laudos hasta el 30 de junio de 2015. En solo 1% de los laudos se ha establecido que “las reclamaciones carecen manifiestamente de mérito jurídico” y en un 25% de los casos el CIADI se ha reconocido como incompetente, inhibiéndose de intervenir. No obstante, en el restante 74% de los casos, la institución ha emitido laudos favorables a los inversores, dando lugar a algunas o todas sus reclamaciones.
Fuente: CIADI
El caso del reclamo de la empresa Bechtel contra Bolivia fue paradigmático y también lo es la situación del país, respecto a los sistemas de Arbitraje. En 1996, el Banco Mundial condicionó el otorgamiento de préstamos financieros al Estado boliviano para ampliar el servicio de agua potable en El Alto [La Paz] y en Cochabamba, a cambio de su privatización. En septiembre de 1999, se cerró el trato entre el Estado y a la única empresa presente en la licitación, Aguas del Tunari, filial de Bechtel, a la cual se le entregó la administración del suministro hasta el año 2039.
En un año de operación, el costo del servicio de agua potable se había encarecido un 50%, desatándose, en abril del 2000, la conocida “Guerra del Agua”. La protesta generalizada, sobre todo en Cochabamba, que implicó el asesinato de un joven de 17 años y más de 170 heridos, desembocaron en la retirada de Aguas del Tunari del negocio y el argumento para emprender una reclamación al Estado boliviano, ante el CIADI, donde exigía el pago de 50 millones de dólares como resarcimiento de la pérdidas de inversión y utilidades futuras estimadas por ellos, aunque su inversión había sido solo de un millón de dólares13.
Protestas en Cochabamba. Año 2000
El inicio de este litigio comenzó en noviembre de 2002 y fue abandonado en enero de 2006 por la empresa, luego de recibir persistentes acciones de rechazo popular en diversas localidades del mundo, que incluyeron manifestaciones en la propia sede de Behtel en Holanda.
Luego de recibir otras reclamaciones de empresas afectadas por el proceso de nacionalizaciones, el presidente Evo Morales determinó la salida de Bolivia del CIADI, argumentando, junto a los presidentes de Venezuela y Nicaragua de entonces, [Hugo Chávez y Daniel Ortega, respectivamente] que:
Los países miembros del ALBA-TCP14 rechazan enfáticamente las presiones jurídicas, mediáticas y diplomáticas de algunas empresas transnacionales, que habiendo vulnerado normas constitucionales, leyes nacionales, compromisos contractuales, disposiciones regulatorias, medioambientales y laborales se resisten a la aplicación de decisiones soberanas de los países amenazando e iniciando demandas de arbitraje internacional contra los Estados Nacionales en instancias como el CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
En consecuencia, los Estados parte del ALBA-TCP acuerdan retirarse y denunciar de manera conjunta la Convención del CIADI garantizando el derecho soberano de los países a regular la inversión extranjera en su territorio nacional.15
A pesar de su retiro, las reclamaciones de inversores contra Bolivia han continuado procesándose en el CIADI, como consecuencia de sostener tratados bilaterales que obligan a su Estado a someterse a ésta.
Junto con Bolivia, son múltiples los Estados enfrentados a reclamaciones por decisiones que podrían calificarse como “de propósito público”. El Estado de Uruguay, por ejemplo, se defiende ante el reclamo de la tabacalera Philip Morris luego que el 2009 emitiera el Decreto N°287/009, donde se dispuso “que las advertencias sanitarias a ser utilizadas en los envases de productos de tabaco… deberán ocupar el 80% inferior de ambas caras principales de toda cajilla de cigarrillos y en general en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado de similar característica”16. Esto fue interpretado como una violación al Acuerdo de Protección de Inversiones existente entre Uruguay y Suiza, en relación con los Derechos de Propiedad Intelectual, argumentando que la cobertura del 80% de las cajetillas impide mostrar las marcas, expropiando una inversión protegida por el Acuerdo. El caso está siendo procesado por el CIADI y se espera su fallo para el año en curso.
El 2 de noviembre de 2015, el Estado de Ecuador fue compelido a pagar mil millones de dólares a la norteamericana Occidental Petroleum (OXY), luego que ésta presentara una reclamación ante el CIADI por su determinación de caducar el contrato de explotación de un yacimiento petrolero en el Amazonas. El motivo de esta medida fue el otorgamiento, por parte de OXY, del 40% de sus derechos de explotación a otra empresa, sin informar de ello al Estado. Por su parte, la empresa acusó que “la caducidad del Contrato de Participación se declaró sin justa causa, es decir, sin que mediaran fundamentos legales en función de lo dispuesto tanto en el propio Contrato de Participación como en el derecho ecuatoriano”. Junto a lo cual calificaron al decreto de caducidad como “injusto, arbitrario, discriminatorio y desproporcionado”, según consigna el laudo17.
Aunque, infructuosamente, el Estado ecuatoriano intentó anular el fallo, al menos consiguió rebajar la condena que inicialmente consistía en la cancelación de 1.769 millones de dólares.
Recientemente, en Chile, la empresa operadora del Transantiago, FANALCA, controladora de Subus, ha interpuesto una reclamación ante el CIADI, exigiendo al Estado el pago de 89 millones de dólares por las pérdidas supuestamente sufridas debido a las condiciones en las cuales han debido operar.
Perspectivas
Si bien, hay voces anunciadoras del fracaso del TPP, y del resto de Acuerdos similares, por el rechazo que concitan en la población europea y estadounidense, además de la oposición a su ratificación por parte de los precandidatos demócratas y republicanos de EE.UU., no es correcto esperar “del contexto internacional” la salvación de esta imposición. Más allá de los cálculos respecto a sus eventuales vicisitudes, es necesario tener claridad que este tipo de instrumentos son propios de una progresiva sofisticación del capitalismo, una carrera en la cual el empresariado mundial intenta convertir en mercancía, en lo posible, todo y establecer un control prácticamente omnímodo sobre la vida de las comunidades, o sea, sobre el uso de sus recursos y su jurisprudencia.
Es necesario dejar de ser nosotros para detener ésta y las amenazas que vendrán. La idiosincrasia que nos caracteriza, hasta ahora, se muestra como uno de los factores más determinantes para la implantación estos nuevos dispositivos. Se vuelve, cada vez, más urgente emprender un camino de recuperación de soberanía, donde progresivamente se recuperen garantías y facultades, y podamos ser protagonistas de un presente construido cotidiana y colectivamente.
1 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Capítulos del Acuerdo Transpacífico. https://www.direcon.gob.cl/tpp/capitulos-del-acuerdo/
2 Canciller Heraldo Muñoz tras la firma del TPP: “Este acuerdo significará más empleos y prosperidad para el país” https://www.direcon.gob.cl/2016/02/canciller-heraldo-munoz-tras-la-firma-del-tpp-este-acuerdo-significara-mas-empleos-y-prosperidad-para-el-pais/
3 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Capítulos del Acuerdo Transpacífico. Cuarto Adjunto. https://www.direcon.gob.cl/tpp/cuarto-adjunto/
4 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Capítulos del Acuerdo Transpacífico Capítulo 9, Inversiones. https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/9.-Inversion.pdf
5 .- Información general sobre el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI) https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Documents/ICSID%20Fact%20Sheet%20-%20SPANISH.pdf
6 .- Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones
7 .- Acuerdo integral de Economía y Comercio
8 .- Convenio CIADI, reglamento y reglas. https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/2006%20CRR_Spanish-final.pdf
9 .La industria del arbitraje de inversiones: el lucrativo negocio de la injusticia. Transnational Institute. https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/la-industria-del-arbitraje-de-inversiones-el-lucrativo-negocio-de-la-injusticia
10 .- Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas.
11 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. El TPP en los medios. https://www.direcon.gob.cl/tpp/tpp-en-los-medios/
12 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. TPP y PYMEs.https://www.direcon.gob.cl/tpp/cuarto-adjunto/tpp-y-pymes/
13 .- http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006011920
14 .- Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos
15 .- http://cadtm.org/Bolivia-Venezuela-y-Nicaragua
16 .- http://www.impo.com.uy/bases/decretos/287-2009
17 .- https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC2672_Sp&caseId=C80
OTRAS REPERCUSIONES DEL TPP
[AUDIO] Crónica de Ruperto Concha: Destape al TPP
UPOV 91 ataca de nuevo. Aprobación del TPP implica la privatización de las semillas.
vìa:http://resumen.cl/2016/06/tpp-sistemas-arbitraje-inversor-estado-la-soberania-los-pueblos-retrocede-ante-las-transnacionales/
El Imperio: “En Estados Unidos ya piensan cómo se van a llevar el agua de esta región”...Entrevista a Atilio Boron...
Diario Contexto
| El investigador analiza las políticas norteamericanas hacia la región. Afirma que el asesinato de Kennedy tuvo que ver con su acercamiento hacia Cuba: “En EE.UU los presidentes son figuras marginales. No son los que deciden”. |
Atilio Boron es politólogo, sociólogo (recibido en Harvard), analista internacional, investigador del Conicet. Ha escrito gran cantidad de libros y artículos. Y ha sido fuente de consulta de varios presidentes, entre ellos Hugo Chávez y Fidel Castro. En esta charla –que formará parte de un libro sobre pensadores de Nuestra América*–, Boron analiza política de Estados Unidos hacia la región y asegura que “siempre que América Latina avanzó un pequeño paso por el sendero de la unidad, la respuesta norteamericana fue buscar la forma de desarticular ese proceso”, que allí los presidentes “no son los que deciden. A ellos les dicen lo que hay que hacer y listo. Algunos los desobedecen. Kennedy desobedeció y lo mataron”.
-¿Existe una constante en la política norteamericana hacia América Latina?
-Por supuesto. Y ha sido claramente establecida desde 1823 con la Doctrina Monroe cuando Estados Unidos dijo: “América para los americanos”. En realidad estaba diciendo: “América para los norteamericanos”. Esa postura la ratificaron en 1826 en el Congreso Anfictiónico, cuando los norteamericanos se opusieron abiertamente y sabotearon ese primer intento de integración latinoamericana. Estados Unidos no tuvo ninguna duda que había que impedir la unificación de “las naciones tributarias”. Lo han hecho a lo largo de dos siglos. Siempre que América Latina avanzó un pequeño paso por el sendero de la unidad, la respuesta norteamericana fue buscar la forma de desarticular ese proceso. Lo hicieron con el intento de la Unión Panamericana en 1889 – 1890. Pero en aquel momento Argentina se opuso a esos intentos. Los gobiernos argentinos de esa época eran conservadores, pero también eran anti-yankees. Sáenz Peña, en representación del gobierno argentino, fue el que más se opuso. El otro era Manuel Quintana y los dos fueron después presidentes. Eran miembros de la oligarquía, pero de una oligarquía de otro calibre a la que tenemos hoy. Después Estados Unidos se opuso a la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Ellos sabían muy bien que en la medida que hubiera una entidad que estudiase la problemática común de América Latina, iba a haber un ímpetu muy grande hacia los esfuerzos de la integración latinoamericana. No pudieron frenarla pero la oposición fue evidente.
En los 60, cuando surge la Revolución cubana, ellos crean el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lanzan la Alianza para el Progreso. Después intentaron avanzar con el ALCA, cuando eso fracasó metieron los tratados bilaterales. Ahora que ven que la UNASUR y el MERCOSUR toman preponderancia, avanzan con la Alianza del Pacífico. Una política constante y coherente. No se le puede negar a Estados Unidos coherencia en este punto.
“DESAFIAR LAS GRANDES ORIENTACIONES DEL COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL EN ESTADOS UNIDOS NO ES GRATIS. EL ASESINATO DE KENNEDY TIENE MUCHO QUE VER CON LA POLÍTICA QUE EL SIGUIÓ HACIA CUBA Y HACIA LA UNIÓN SOVIÉTICA. LA POLÍTICA DE OBAMA TAMBIÉN SE APARTA DE ESA LÍNEA”.
-¿En ese sentido no ha habido muchos matices entre republicanos y demócratas?
-No, para nada. Se podría creer que en algunos hay mejores intenciones, pero lo cierto es que Roosevelt sostuvo con fuerza la dictadura de Anastacio Somoza. También Bill Clinton tuvo una conducta lamentable respecto de América Latina y lo de Barack Obama todavía hay que ver como avanzan. Habrá que ver si sostiene la decisión del 17 de diciembre de restablecer los vínculos con Cuba. Una decisión difícil de sostener porque tiene todo el Congreso en contra. Pero algo bueno va a salir de ahí. Para Cuba haber recuperado a los héroes que quedaban presos es una gran victoria.
-¿Esas medidas de Obama son una respuesta a la derrota que sufrió en las elecciones legislativas de mitad del año pasado?
-Creo que claramente hay una conexión, porque, si bien la derrota que sufrió no fue tan espectacular como se dijo, si fue una derrota fuerte. Esto también tiene que ver con que ya no le queda nada por hacer. Al haber perdido el control del Congreso es difícil que le aprueben leyes, seguramente va a tener que apelar al mecanismo del veto. Obama es un hombre inteligente, a diferencia de Bush que no lo era para nada, por eso se dio cuenta que era un gran error seguir con una política fracasada hacia Cuba y entonces se apartó de esa línea. Pero hay que tener cuidado porque quién también quiso apartarse fue Kennedy, y lo mataron. Desafiar las grandes orientaciones del complejo militar- industrial en Estados Unidos no es gratis. El asesinato de Kennedy tiene mucho que ver con la política que el siguió hacia Cuba y hacia la Unión Soviética. Política que no era la que el establishment quería. La política de Obama también se aparta de esa línea. Vamos ver qué resultados trae.
“AMÉRICA LATINA LES IMPORTA POR EL AGUA, EL PETRÓLEO, LOS MINERALES ESTRATÉGICOS, LA BIODIVERSIDAD. PERO ELLOS TIENEN UN STAFF DE DIPLOMÁTICOS MUY BUENOS, MUY ESTUDIOSOS. POR ESO LOGRARON CONVENCERNOS DE NUESTRA IRRELEVANCIA”.
-Hay quienes señalan que América Latina no es una prioridad para Estados Unidos ¿Qué opina usted de esa afirmación?
-Esa es una de las grandes mentiras que circulan. Muy por el contrario, América Latina es la región que más les importa. La doctrina para América Latina (la Doctrina Monroe) es de 1823, la doctrina que hacen para Europa es de 1918, casi un siglo después. Cuando llega la reorganización global del Ejército norteamericano el primer comando que arman es el Sur, después piensa en el Europeo y el de Asia, pero primero el de América Latina. Cuando firman los famosos tratados para la contención del comunismo, el primero que firman es el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) en 1947, recién en 1949 crean la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). ¿Por qué? Porque lo primero que le interesaba a ellos era asegurar esta parte del mundo. Esto tiene que ver con las concepciones geopolíticas que en ellos han predominado y que plantean la tesis que Estados Unidos tiene una posibilidad de defensa en la medida que controle lo que ellos llaman “la gran isla americana”, que según esta concepción va desde Alaska a Tierra del Fuego. Desde esa mirada se cree que si esa “isla americana” cae en la parte sur en manos enemigas, tarde o temprano la seguridad norteamericana va a estar en riesgo.
El otro tema que es fundamental es el de las exuberantes riquezas que de recursos naturales que hay en la región, empezando por el agua y no el petróleo. El petróleo va a desaparecer y la humanidad va seguir su curso. Pero si no hay agua se acaba la especie humana. Y acá está casi la mitad del agua dulce del plante Tierra. Las estimaciones van del 42% al 45% según como se midan los acuíferos subterráneos. Con el 7% de población mundial se tiene casi el 50% del agua dulce del mundo y ellos tienen un problema grave de desertificación. En Estados Unidos ya piensan cómo se van a llevar el agua de esta región y ya hay propuestas. Sobre todo porque piensan primero llevarse el agua de la zona de Mesoamerica y el sur de México.
América Latina les importa por el agua, el petróleo, los minerales estratégicos, la biodiversidad. Pero ellos tienen un staff de diplomáticos muy buenos, muy estudiosos. Por eso lograron convencernos de nuestra irrelevancia. Esa ha sido la gran capacidad del establishment diplomático que tienen. Por el contrario, los presidentes son figuras marginales. No son los que deciden. A ellos les dicen lo que hay que hacer y listo. Algunos los desobedecen. Kennedy desobedeció y lo mataron. El resto, tomó nota.
*El libro sobre pensadores de Nuestra América es un proyecto en elaboración del autor de esta nota, e incorporará una decena de entrevistados argentinos y extranjeros.
Fuente: http://www.diariocontexto.com.ar/2015/06/20/en-estados-unidos-ya-piensan-como-se-van-a-llevar-el-agua-de-esta-region/
vìa:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213805
Ecuador El 30S visto desde el anarquismo....Daniel Castillo C.
Muchas veces he leído y escuchado a personas anarquistas, defendiendo las tendencias de izquierda que se han tomado los gobiernos de Latinoamérica.
El 30S fue un momento de tensión política en Ecuador, donde los policías se enfrentaron al ejército y a su comandante general, el presidente de la república, en el 30 de septiembre de 2010, bajo el mando del Eco. Rafael Correa. Pero me llamó la atención que blogs, páginas y varios sitios anarquistas, den su punto de vista, anti policial pero pro estatal.
Así que daré mi punto de vista, el 30S visto desde el anarquismo.
Hay algo que hace bastante difícil, pero al mismo tiempo bastante fácil, el análisis del 30S. Lo difícil, fue que para los anarquistas no hubo lugar, una cuasi guerra entre el gobierno y la policía, de ninguna forma nos protegía. Pero lo fácil, es que no debería importarnos, toda la vida hemos visto enfrentarse, fuerzas armadas contra el gobierno, derecha contra la izquierda, progresistas contra conservadores, etc. ¿Nos ha beneficiado en algo para la emancipación y libertad que buscamos? Para nada, las ratas de siempre que poco o nada tienen algo que ver con el anarquismo.
El populista Rafael Correa
Sea como sea, Rafael Correa fue legítimamente elegido para liderar Ecuador en el 2006, la nueva tendencia de izquierda en un país destrozado por el neoliberalismo, ofrecía una esperanza para el país. Apoyado por partidos de los sectores populares hasta ese entonces, habiendo unificado casi todo movimiento de carácter socialista, desde el Partido Comunista hasta Alfaro Vive Carajo, pasando por MPD, PCMLE, Pachakutik, PRE, todos con un historial de resistencia y populismo, que al parecer el pueblo ecuatoriano olvida su fracaso y el nido de corrupción en que se convirtieron. Correa utilizó esta verdad para deshacerse de la competencia, como todo buen fascista, digo marxista, despidió a los viejos partidos y se tomó todo el control, resucitando la vieja disputa entre socialistas revisionistas y no revisionistas, en Ecuador conocidos como los “chinos” y los “cabezones”. Alianza País, el movimiento de Correa pertenece a los cabezones, o revisionistas, que dan un carácter más moderno a la izquierda, un socialismo basado en el progreso, en el desarrollo, en la democracia y en lo más gracioso e hipócrita de todo, la libertad.
Las jornadas del 30S ciertamente despertaron el apoyo del pueblo a su amado líder, mucha gente se conglomeró a mostrar su simpatía y defensa frente a la policía. Vamos, estamos hablando del 2010, cuando el petróleo no caía, cuando Ecuador aún no vivía la resaca que le costó la fiestecita. Cuando la reelección indefinida, cuando el proyecto Yasuní, cuando la ley de herencias, cuando un posible terremoto y subida de impuestos, no eran de la menor preocupación para la gente ecuatoriana. Era obvio, que la gente saldría a defender al democráticamente elegido, al que para bien o para mal, cambió al Ecuador.
El error de agosto
En agosto del 2010, la Asamblea Nacional promulgó la Ley de Servicio Público, donde las fuerzas armadas, aéreas y la policía nacional tendrían que someterse, además de entregar sus instituciones educativas al Ministerio de Educación. Otro dato importante, es que se empezó a hablar de la muerte cruzada, que básicamente se trata de que el ejecutivo pueda eliminar el legislativo en caso de ser necesario, esto está en el 148 de la Constitución del 2008. Todos estos antecedentes hicieron encabronar a los policías, y a un sector minoritario pero importante de la población.
La guerra de las ratas
A las primeras horas de la mañana del 30 de septiembre, los policías se declaran en paro, es decir si alguien robaba, mataba, violaba, la querida seguridad ya no podía meter las narices. Y se desató el caos, imagínate, policías quemando llantas, levantando las manos, gritando consignas, algunos con pasamontañas, fue el mejor circo que se montó. Algunos se tomaron la Asamblea Nacional. La democracia contra el fascismo como nunca antes visto, lo malo es que no se sabe quién era de la democracia y quién del fascismo. Lo que pasó en este día quedará en los artículos de Wikipedia y en algunos libros de historia, lo que realmente importa es lo que pasó después.
El 30S en la historia
Recomiendo a todos los anarco marxistas que antes de abrir la boca, se den la vuelta por una huelga en Ecuador. El odio hacia el neoliberalismo parece que les ciega de los principios antiautoritarios que se deben tener. A los policías, o “chapas” conocidos acá, ya nada les importa lo que pasó en el 2010. Esa revuelta en que “triunfó la democracia”, la democracia de los oligarcas claro, culminó en el silenciado poder absolutista, ahora los rebeldes del 30S son los protectores del gobierno. Y el gobierno, cada vez está más viciado del poder que obtuvo. En un artículo habla de que este tipo de situaciones se dan por órdenes de Estados Unidos y cosas así, y analizando el caso de Ecuador, ponen de ejemplos otros intentos de golpe de estado en Venezuela, Bolivia, etc. Y teniendo la irresponsable afirmación de que nunca ha habido un golpe de Estado contra “gobiernos de derecha” y que por tanto, la derecha está detrás de todo. Ser ignorante no está mal, pero hacerlo creer a la sociedad, es un acto repudiable. Repasemos el caso de Ecuador, solo desde los 90 en que cayó el comunismo:
-Abdalá Bucaram, populista “roldosista”.
-Jamil Mahuad, derecha neoliberal.
-Lucio Gutiérrez, sube al poder con la izquierda, le derrocan cuando vende el país a Estados Unidos.
¿Así que los golpes de estado los financia la derecha? Yo creo que sí, y creo que lo financió en el primer intento de derrocar a Hugo Chávez, repito, creo que lo hiso, no quiero afirmar cosas sin estar seguro como lo hacen varias personas. Pero Ecuador y muchos países más, han sido golpeados tanto por socialistas como por liberales. Ya es hora de despertarse de la resaca, y llamó a todas y todos anarquistas a decirles de una vez por todas: ¡QUE SE VAYAN TODOS! Incluidos los anarco correistas, anarco chavistas, etc. Que no hacen más que dar asco y dar pena.
Daniel Castillo C.
Chile: Aprueban proyecto GNL Penco-Lirquén (Octopus) en medio de protestas en la provincia de Concepción....resumen.cl
Con 9 votos a favor y una abstención, la comisión evaluadora de la Región del Biobio aprobó hoy martes (28.06.2016) el proyecto GNL Penco-Lirquén de Biobiogenera (ex Octopus) en una sesión realizada en el edificio de la Intendencia Regional del Biobio. Mientras tanto, en la Plaza España, manifestantes opositores al proyecto energético fueron reprimidos duramente por FF.EE. de Carabineros.
Durante la madrugada de hoy, en la jornada previa a la votación del proyecto GNL Penco-Lirquén (Ex Octopus) de Biobiogenera –filial en Chile de la compañía estadounidense Cheniere Energy– se registraron barricadas en diversos puntos de la provincia de Concepción en rechazo a la instalación de este terminal marítimo en la Bahía de Concepción. En la ruta hacia Lirquén, en el sector Bellavista de Tomé, en el sector de Puente Perales de Talcahuano, en los alrededores de la Universidad de Concepción, cerca de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en el sector de Lorenzo Arenas, se registraron cortes de tránsito con barricadas. En la comuna de Tomé, estudiantes, profesores, integrantes del gremio de la salud, sindicatos de algueras, la unión comunal de juntas de vecinos, entre otras organizaciones, detuvieron sus actividades a las 12:00 hrs. y marcharon desde la Plaza de Armas hasta el sector de Bellavista, donde se realizó un corte de ruta en la principal entrada y salida de la ciudad. En la comuna de Penco, también se realizó un paro de todos los servicios públicos desde las 12:00 hrs. para presionar a las autoridades en el contexto de la votación del proyecto.
Posteriormente, los opositores al terminal marítimo convocaron una concentración a las 14:00 hrs. en la Plaza España, en calle Barros Arana con Avenida Prat, frente al edificio de la Intendencia Regional del Bio Bio, concentración que fue duramente reprimida por carros y piquetes de FF.EE. de Carabineros, quienes se llevaron detenidos a una gran cantidad de asistentes. Pese a ello, los manifestantes se reagruparon en medio de escaramuzas por las calles cercanas a la Intendencia, manteniéndose en los alrededores ejerciendo su derecho a protestar.
Entre la gran cantidad de detenidos en las manifestaciones afuera de la Intendencia se encuentran Alejandro Campana, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del BioBio y Mónica Sánchez, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.
Mientras tanto, al interior del edificio, hacia las 16:30 hrs., la Comisión Evaluadora de la Región del Biobio, compuesta por: el Intendente Regional Rodrigo Díaz, el Director Regional del SEA, Nemesio Rivas y los Secretarios Regionales Ministeriales de Medioambiente (Richard Vargas); Salud (Mauricio Carega); Vivienda y Urbanismo (Jaime Arévalo); Energía (Carola Venegas); Economía (Iván Valenzuela); Transportes y Telecomunicaciones (César Arriagada); y Minería (Lautaro Benítez) aprobaron la viabilidad de esta iniciativa y le otorgaron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al proyecto de terminal marítimo para buques transportadores de gas, el que está ligado además mediante un gasoducto, al proyecto de Central Termoeléctrica El Campesino (1140 MW) en la comuna de Bulnes. Los Seremis de Agricultura y Obras Públicas no asistieron a la sesión.
Posterior a la votación, los manifestantes opositores al megaproyecto energético increparon duramente a las autoridades regionales que estuvieron implicadas en la decisión.
Amplio rechazo de la población a la institucionalidad ambiental
Las comunidades afectadas por la iniciativa de suministro de energía fósil a la región y las organizaciones sociales que las apoyan, denunciaron que la votación del proyecto la realizaron personas que no han sido elegidas por la comunidad, las cuales se adjudicaron la facultad de decidir por ésta.
Cabe mencionar que el proyecto GNL Penco-Lirquén presentaba una recomendación a su favor por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), institución que la semana pasada suspendió la consulta indígena a las comunidades Lafkenche de la zona, un proceso que se encontraba enmarcado en el convenio 169 de la OIT. Por otra parte, manifestantes han señalado su poca confianza en que la construcción y operación de los terminales se realice conforme a lo que declara la empresa con el respaldo del Servicio de Evaluación Ambiental, debido a las múltiples irregularidades presentadas durante su proceso de evaluación y la escasa fiscalización y seguimiento a los impactos ambientales generados en el tiempo de operación de estos proyectos.
Mientras tanto, los municipios de Tomé y Penco ya aunciaron que interpondrán un recurso de protección para revertir esta desición tomada por la Comisión Evaluadora.
Posicionamiento mediático del gas como energía limpia.
Con el engañoso argumento de mitigar la contaminación atmosférica de las fuentes industriales y residenciales en el Gran Concepción, la iniciativa empresarial Biobiogenera (GNL Octopus) busca importar y distribuir en la región del Biobio, gas natural generado a través de hidrofracturamiento (fracking), promocionando además este combustible fósil como “energía limpia”. Si bien las emisiones atmosféricas producto de la generación de energía con gas natural son menores que con el fuel-oil y el carbón, estudios demuestran la escasa factibilidad del cambio en el uso residencial de leña a gas natural, con pocas ventajas en términos de costos y emisiones. Por otro lado, los grandes volúmenes de distribución que posibilitaría la sobreoferta de gas con la construcción del terminal marítimo GNL Octopus y el gasoducto asociado, entregarían mayores posibilidades para incrementar los impactos ambientales y sociales que ya producen las industrias pesquera, forestal, petroquímica y energética en la región. Este aumento en la oferta energética traería aparejado además un incremento en las emisiones de gases invernadero por combustión de gas natural, las cuales se incrementarían a nivel local de manera similar a las desalentadoras proyecciones climáticas globales para combustibles fósiles en las próximas décadas.
Aunque el gas natural sea un combustible con menor efecto invernadero y emisiones de óxido de nitrógeno que el petróleo y el carbón, en realidad, el incremento en su uso constituye un grave problema ambiental global. Este posicionamiento del gas natural como energía limpia en la región ha omitido importantes impactos ambientales como la liberación de metano a la atmósfera, las consecuencias de la extracción de este combustible en lugares cada vez más remotos, el costo ambiental y social de la extracción a cada vez mayores profundidades tanto en continentes como océanos, y la fuerte dependencia política con potencias energéticas exportadoras.
Con el objetivo de usar como combustible gas natural importado desde países productores en buques de transporte de gas natural licuado (GNL), a través de la operación de terminales marítimos como GNL Penco-Lirquén de Biobiogenera y el recientemente ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, GNL Talcahuano, una nueva generación de centrales termoeléctricas podría instalarse en la región. Hasta ahora, han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental los proyectos “Central termoeléctrica El Campesino” en la comuna de Bulnes y “Central termoeléctrica Tierra Noble” en Cabrero, cada una de estas plantas asociada a su terminal marítimo respectivo.
vìa:
http://resumen.cl/2016/06/aprueban-proyecto-gnl-penco-lirquen-octopus-medio-protestas-la-provincia-concepcion/
Europa-Mèxico: Desenmascarados... Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea....
Transnational Institute
La Unión Europea (UE) y México
iniciaron negociaciones para la ‘modernización’ del tratado de libre
comercio. Un elemento clave es el capítulo sobre protección de
inversiones que otorga a grandes empresas de México y de la UE el
derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los
Estados, aun cuando estas buscan proteger el interés publico. El reporte
presenta seis motivos principales que despiertan preocupación.
México
y la Unión Europea pondrán pronto en marcha una “modernización” del
tratado de libre comercio (TLCUEM) que ambas partes firmaron hace 15
años. Aunque el TLCUEM fue el primer acuerdo global de comercio entre la
UE y un país latinoamericano, el nivel de liberalización comercial y de
protección de las inversiones en acuerdos posteriores de la UE es mucho
mayor. El TLC “renovado” con México pretende ir mucho más allá que su
predecesor.
Informes independientes han determinado que el actual TLCUEM ha tenido consecuencias negativas en términos de diversificación del comercio exterior, mayores inversiones en desarrollo y creación de empleo, y la protección de los derechos humanos. Lejos de abordar estas deficiencias, el “modernizar” este acuerdo no es más que un eufemismo para ampliar e incrementar los derechos de protección de los inversionistas. Uno de los principales puntos de la “modernización” consiste en incluir un capítulo sobre la protección de las inversionistas y un mecanismo inversionista – Estado para la solución de controversias.
En caso de aprobarse, el TLC “modernizado”, con todo un capítulo específico para la protección de las inversiones:
1. Permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México y en Europa
La actual propuesta de la UE para la protección de las inversiones —ya incluida en los acuerdos entre la UE y Vietnam, entre la UE y Canadá, y negociándose con los Estados Unidos― se integrará en todos los futuros acuerdos comerciales de la UE, como el adoptado con México.
Con esta propuesta, las empresas conservarán los derechos que les permiten interponer demandas de arbitraje multimillonarias contra el gobierno mexicano por la adopción de medidas concebidas para proteger a las personas y el medio ambiente. A diferencia de lo que afirma la UE, el Sistema de Tribunales de Inversiones que propone la Comisión Europea (CE) no protege el derecho de los gobiernos a legislar. El texto del modelo de inversiones de la UE no incluye ningún elemento que pueda impedir que las empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes por concepto de indemnización por la implementación de medidas públicas legítimas. La CE prevé para los inversores una serie de derechos vagamente definidos, como el trato justo y equitativo; y la expropiación indirecta. De hecho, los gobiernos deberán defender que las medidas de interés público son “necesarias” y sirven a objetivos “legítimos” frente a los ataques de los inversionistas. Los casos serán resueltos por abogados muy bien pagados ―ahora renombrados por la CE como “jueces”― que seguirían teniendo un fuerte incentivo económico para interpretar la ley a favor de los inversores. Sus honorarios proceden de las partes litigantes, y ascienden a 3,000 dólares diarios.
2. Blindará las privatizaciones y las reformas pro-empresariales en el sector del petróleo y el gas en México
En diciembre de 2013, el gobierno mexicano abrió, después de décadas, la explotación de la industria del gas y el petróleo a compañías extranjeras. Empresas del sector de la energía de la UE, como Shell, BP y Total tienen un importante interés en el mercado petrolero mexicano. El fortalecimiento de la protección de las inversiones en el marco del nuevo TLCUEM blindará estas reformas. Será muy difícil para los futuros gobiernos mexicanos el revertir estas políticas sin correr en riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión.
El peligro de ser objeto de demandas por parte de empresas petroleras es real, ya que un gran porcentaje de los casos de arbitraje internacional relativos a inversiones se origina en el sector de la energía, y muchos de ellos afectan a países que han impulsado reformas energéticas. Empresas de petróleo y gas han iniciado 57 controversias relativas a inversiones conocidas, de las cuales el 80% han sido en los últimos 10 años. Los países de América Latina y el Caribe son el principal objetivo.
3. Dificultará en gran medida que México y países individuales de la UE se retiren de este acuerdo
México tiene tratados bilaterales de inversión (TBI) con 16 de los 28 Estados miembros de la UE. La mayoría de ellos se podrían rescindir en cualquier momento o de aquí a 2019, lo cual concedería al gobierno mexicano una gran discreción para evaluar si mantener o no estos acuerdos. No obstante, si México sustituye los TBI vigentes con un capítulo sobre protección de inversiones en el TLC con la UE, a su gobierno le resultará prácticamente imposible retirar los nuevos derechos otorgados a los inversores extranjeros. La única forma de hacerlo pasaría por rescindir todo el acuerdo. Por otro lado, si un Estado individual miembro de la UE deseara revisar los derechos reservados a los inversionistas mexicanos, debería abandonar la Unión Europea para renunciar a sus compromisos.
4. Situará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos
México, que ya ha enfrentado 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión, es el séptimo país más demandado del mundo. A raíz de estas demandas, ya se ha visto obligado a pagar 246 millones de dólares, más intereses, en concepto de “daños y perjuicios” a nueve empresas distintas. Hasta la fecha, la mayor parte de las demandas de arbitraje relativas a inversiones han sido presentadas por inversores estadounidenses, pero en los últimos años varias empresas españolas también han interpuesto demandas contra el gobierno mexicano. Telefónica, por ejemplo, está reclamando una indemnización que supera la astronómica cifra de mil millones de dólares debido a los cambios normativos adoptados por México en el sector de las telecomunicaciones, una medida que había recomendado la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la UE, el gobierno mexicano se expondrá a nuevas demandas por parte de inversores europeos, que podrían suponer el desembolso de millones de dólares del erario público. Los inversionistas de la UE son los principales usuarios del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), ya que han iniciado el 53% de todos los casos ISDS conocidos en el mundo. De estos, los de los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania son los más activos. Casualmente, los inversionistas de estos países son también los que están invirtiendo más en estos momentos en México. El riesgo de que se incrementen las demandas se ve también exacerbado por el hecho de que, desde 2000, los flujos de inversión extranjera directa de la UE en México se han triplicado. Las inversiones europeas se han canalizado principalmente hacia el sector de los servicios financieros, el turismo y las telecomunicaciones. Las inversiones en estos sectores son especialmente susceptibles de dar lugar a controversias relativas a inversiones. Más de la mitad de las demandas interpuestas por empresas europeas en todo el mundo han estado relacionadas con la industria de los servicios, como los servicios financieros y las telecomunicaciones.
5. Incrementará las probabilidades de que los gobiernos de la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas
Las compañías transnacionales mexicanas están invirtiendo cada vez más en Europa, y en España en particular. En 2014, las inversiones mexicanas en España alcanzaron una cifra récord. Todas estas inversiones y adquisiciones harían que los países europeos pudieran ser blanco de demandas de arbitraje de inversión por parte de empresas mexicanas al amparo de un nuevo capítulo sobre la protección de las inversiones. Aunque durante mucho tiempo los Estados miembros occidentales de la UE habían sido inmunes a las demandas de arbitraje, en los últimos años los Estados más ricos de la UE han sido objeto de 43 casos amparados en tratados de inversión, de los cuales 29 han sido contra contra España.
6. Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México
Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total. El proyecto del capítulo sobre inversiones desarrollado por la UE no incluye ningún elemento que aborde esta situación. Al contrario, acentuará aún más el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices meramente voluntarias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. La propuesta de la UE no prevé obligaciones para los inversionistas; solo derechos.
Este hecho no es sorprendente. El actual TLCUEM dispone de una cláusula sobre derechos humanos y democracia que podría haber propiciado la suspensión del acuerdo por las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en los 15 años que han transcurrido desde que entró en vigor este tratado, la UE ha ignorado esas violaciones, convirtiendo la cláusula en un elemento meramente decorativo.
Si México y la UE desean modernizar su relación, debería ser con el objetivo de corregir el desequilibrio a favor de las transnacionales observados durante los 15 años en que ha estado en vigor el TLCUEM, y no ampliando la protección de las inversionistas otorgando a los inversores extranjeros amplios derechos corporativos.
Informes independientes han determinado que el actual TLCUEM ha tenido consecuencias negativas en términos de diversificación del comercio exterior, mayores inversiones en desarrollo y creación de empleo, y la protección de los derechos humanos. Lejos de abordar estas deficiencias, el “modernizar” este acuerdo no es más que un eufemismo para ampliar e incrementar los derechos de protección de los inversionistas. Uno de los principales puntos de la “modernización” consiste en incluir un capítulo sobre la protección de las inversionistas y un mecanismo inversionista – Estado para la solución de controversias.
En caso de aprobarse, el TLC “modernizado”, con todo un capítulo específico para la protección de las inversiones:
1. Permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México y en Europa
La actual propuesta de la UE para la protección de las inversiones —ya incluida en los acuerdos entre la UE y Vietnam, entre la UE y Canadá, y negociándose con los Estados Unidos― se integrará en todos los futuros acuerdos comerciales de la UE, como el adoptado con México.
Con esta propuesta, las empresas conservarán los derechos que les permiten interponer demandas de arbitraje multimillonarias contra el gobierno mexicano por la adopción de medidas concebidas para proteger a las personas y el medio ambiente. A diferencia de lo que afirma la UE, el Sistema de Tribunales de Inversiones que propone la Comisión Europea (CE) no protege el derecho de los gobiernos a legislar. El texto del modelo de inversiones de la UE no incluye ningún elemento que pueda impedir que las empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes por concepto de indemnización por la implementación de medidas públicas legítimas. La CE prevé para los inversores una serie de derechos vagamente definidos, como el trato justo y equitativo; y la expropiación indirecta. De hecho, los gobiernos deberán defender que las medidas de interés público son “necesarias” y sirven a objetivos “legítimos” frente a los ataques de los inversionistas. Los casos serán resueltos por abogados muy bien pagados ―ahora renombrados por la CE como “jueces”― que seguirían teniendo un fuerte incentivo económico para interpretar la ley a favor de los inversores. Sus honorarios proceden de las partes litigantes, y ascienden a 3,000 dólares diarios.
2. Blindará las privatizaciones y las reformas pro-empresariales en el sector del petróleo y el gas en México
En diciembre de 2013, el gobierno mexicano abrió, después de décadas, la explotación de la industria del gas y el petróleo a compañías extranjeras. Empresas del sector de la energía de la UE, como Shell, BP y Total tienen un importante interés en el mercado petrolero mexicano. El fortalecimiento de la protección de las inversiones en el marco del nuevo TLCUEM blindará estas reformas. Será muy difícil para los futuros gobiernos mexicanos el revertir estas políticas sin correr en riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión.
El peligro de ser objeto de demandas por parte de empresas petroleras es real, ya que un gran porcentaje de los casos de arbitraje internacional relativos a inversiones se origina en el sector de la energía, y muchos de ellos afectan a países que han impulsado reformas energéticas. Empresas de petróleo y gas han iniciado 57 controversias relativas a inversiones conocidas, de las cuales el 80% han sido en los últimos 10 años. Los países de América Latina y el Caribe son el principal objetivo.
3. Dificultará en gran medida que México y países individuales de la UE se retiren de este acuerdo
México tiene tratados bilaterales de inversión (TBI) con 16 de los 28 Estados miembros de la UE. La mayoría de ellos se podrían rescindir en cualquier momento o de aquí a 2019, lo cual concedería al gobierno mexicano una gran discreción para evaluar si mantener o no estos acuerdos. No obstante, si México sustituye los TBI vigentes con un capítulo sobre protección de inversiones en el TLC con la UE, a su gobierno le resultará prácticamente imposible retirar los nuevos derechos otorgados a los inversores extranjeros. La única forma de hacerlo pasaría por rescindir todo el acuerdo. Por otro lado, si un Estado individual miembro de la UE deseara revisar los derechos reservados a los inversionistas mexicanos, debería abandonar la Unión Europea para renunciar a sus compromisos.
4. Situará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos
México, que ya ha enfrentado 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión, es el séptimo país más demandado del mundo. A raíz de estas demandas, ya se ha visto obligado a pagar 246 millones de dólares, más intereses, en concepto de “daños y perjuicios” a nueve empresas distintas. Hasta la fecha, la mayor parte de las demandas de arbitraje relativas a inversiones han sido presentadas por inversores estadounidenses, pero en los últimos años varias empresas españolas también han interpuesto demandas contra el gobierno mexicano. Telefónica, por ejemplo, está reclamando una indemnización que supera la astronómica cifra de mil millones de dólares debido a los cambios normativos adoptados por México en el sector de las telecomunicaciones, una medida que había recomendado la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la UE, el gobierno mexicano se expondrá a nuevas demandas por parte de inversores europeos, que podrían suponer el desembolso de millones de dólares del erario público. Los inversionistas de la UE son los principales usuarios del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), ya que han iniciado el 53% de todos los casos ISDS conocidos en el mundo. De estos, los de los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania son los más activos. Casualmente, los inversionistas de estos países son también los que están invirtiendo más en estos momentos en México. El riesgo de que se incrementen las demandas se ve también exacerbado por el hecho de que, desde 2000, los flujos de inversión extranjera directa de la UE en México se han triplicado. Las inversiones europeas se han canalizado principalmente hacia el sector de los servicios financieros, el turismo y las telecomunicaciones. Las inversiones en estos sectores son especialmente susceptibles de dar lugar a controversias relativas a inversiones. Más de la mitad de las demandas interpuestas por empresas europeas en todo el mundo han estado relacionadas con la industria de los servicios, como los servicios financieros y las telecomunicaciones.
5. Incrementará las probabilidades de que los gobiernos de la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas
Las compañías transnacionales mexicanas están invirtiendo cada vez más en Europa, y en España en particular. En 2014, las inversiones mexicanas en España alcanzaron una cifra récord. Todas estas inversiones y adquisiciones harían que los países europeos pudieran ser blanco de demandas de arbitraje de inversión por parte de empresas mexicanas al amparo de un nuevo capítulo sobre la protección de las inversiones. Aunque durante mucho tiempo los Estados miembros occidentales de la UE habían sido inmunes a las demandas de arbitraje, en los últimos años los Estados más ricos de la UE han sido objeto de 43 casos amparados en tratados de inversión, de los cuales 29 han sido contra contra España.
6. Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México
Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total. El proyecto del capítulo sobre inversiones desarrollado por la UE no incluye ningún elemento que aborde esta situación. Al contrario, acentuará aún más el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices meramente voluntarias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. La propuesta de la UE no prevé obligaciones para los inversionistas; solo derechos.
Este hecho no es sorprendente. El actual TLCUEM dispone de una cláusula sobre derechos humanos y democracia que podría haber propiciado la suspensión del acuerdo por las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en los 15 años que han transcurrido desde que entró en vigor este tratado, la UE ha ignorado esas violaciones, convirtiendo la cláusula en un elemento meramente decorativo.
Si México y la UE desean modernizar su relación, debería ser con el objetivo de corregir el desequilibrio a favor de las transnacionales observados durante los 15 años en que ha estado en vigor el TLCUEM, y no ampliando la protección de las inversionistas otorgando a los inversores extranjeros amplios derechos corporativos.
Download:
Desenmascarados – Resumen Ejecutivo(pdf, 238.29 KB)
Desenmascarados – Reporte completo(pdf, 807.12 KB)
____________
Authors Cecilia Olivet, Manuel Pérez-Rocha
In collaboration with Institute for Policy Studies
Projects Comercio e Inversiones
vìa:
http://www.attac.es/2016/06/26/desenmascarados-los-derechos-corporativos-en-el-renovado-tlc-mexico-union-europea/
In collaboration with Institute for Policy Studies
Projects Comercio e Inversiones
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http://www.attac.es/2016/06/26/desenmascarados-los-derechos-corporativos-en-el-renovado-tlc-mexico-union-europea/
España: Anguita ve “frustrante” la victoria del PP y “estremecedora” la caída en votos de Unidos Podemos...piensachile.
El excoordinador federal de IU Julio Anguita, en entrevista con la Agencia EFE en Córdoba. EFE/Rafa Alcaide
En cualquier caso, Anguita tiene claro que, a pesar
de todo, la “confluencia” es “la única salida para construir algo
alternativo a lo existente”.
Es más, según ha subrayado el también fundador del Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM), “hay que profundizar en la confluencia, pues hay que ir más allá de la confluencia electoral” y apostar por la “confluencia social”, cuestión en la que él piensa seguir implicándose, como lo ha hecho hasta ahora respecto al proyecto político de Unidos Podemos.
En cuanto a los resultados electorales en sí, Anguita se siente especialmente “frustrado, como español”,
por hecho de que, a pesar de estar marcado por la “corrupción”, el PP
“suba en votos”, lo cual le resulta “muy inquietante”, siendo ello
prueba de que “hay una parte oscura de la sociedad” y, aunque respeta a
los votantes del PP, le resulta “frustrante que el deseo de mejorar” de
la gente y “las críticas que se hacen en los bares y en la calle” al PP
“queden luego sin efecto a la hora de votar”.“Números estremecedores”
Al margen de ello, en Unidos Podemos “hay un
problema” que llama a la “reflexión” de las fuerzas que integran esta
alianza, pues “hay un dato numérico estremecedor”, ya que, “con los
votos que IU tuvo, por un lado, y Podemos, por otro, el pasado 20 de
diciembre”, si el 26-J se hubieran repetido tales resultados,
“hubiésemos superado al PSOE en más de 677.000 votos” y, sin embargo, “ha habido un millón de votantes de IU y de Podemos” que ahora no les han votado, según supone Anguita “porque no estaban de acuerdo con la confluencia”.
A este respecto y en base a “un análisis improvisado”, el histórico
dirigente de IU entiende que “una parte (de los votantes) de IU y una
parte (de los votantes) de Podemos podrían haber considerado”, en el
primer caso, “que descafeinábamos los programas de IU, y otros”, en el
segundo caso, “que nos izquierdizábamos demasiado”.Aún así, Anguita sigue apostando, y se implicará personalmente desde el FCSM, por la construcción de “una mayoría política que coincida con la mayoría social” ya existente en el país, a la que hay que presentar, desde el “consenso”, un “programa de medidas inmediatas y concretas”.
Por otro lado, Julio Anguita ha recordado que “el PSOE ha bajado cinco diputados, y no digamos Ciudadanos”, de forma que “estamos ante un único ganador, que es el PP, mientras que Unidos Podemos ha conservado el mismo número de diputados que la suma de los resultados del 20 de diciembre”, que lograron por separado IU y Podemos.
*Fuente: Público.es
vìa:
http://piensachile.com/2016/06/anguita-ve-frustrante-la-victoria-del-pp-estremecedora-la-caida-votos-unidos-podemos/