Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación
Por tres años, Minera Esparta ha explotado
ilegalmente una mina de cobre en la Quebrada de la Plata, una de las
últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana.
Nunca tuvo la autorización de la U. de Chile, dueña del terreno
superficial, ni permisos ambientales o mineros. Tampoco patente
municipal. Toda la institucionalidad operó para detener la faena, desde
la Municipalidad de Maipú, pasando por Sernageomin, Conaf, la Corte de
Apelaciones, la Corte Suprema, la Superintendencia del Medioambiente y
el Tribunal Ambiental, pero nadie ha podido hacerlo. A mediados de marzo
fue el último intento: encontraron una tonelada de explosivos escondida
en los matorrales.
En la Quebrada de la
Plata, a una hora de caminata por un árido sendero entre los cerros del
extremo poniente de Maipú, había hasta hace poco una cerca de alambre de
púas, un letrero que decía “
No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera”
y un guardia que con perros impedía el paso. Ni a Marcelo Orellana,
hasta hace poco administrador del Fundo Rinconada de la Universidad de
Chile (del cual forma parte la quebrada), lo dejaban pasar. Lo mismo le
pasó a inspectores de Sernageomin, de la Superintendencia del
Medioambiente (SMA) y de la Municipalidad de Maipú: cuando iban a
fiscalizar, no les permitían entrar. Así consta en distintos informes.
Incluso al alcalde Cristian Vittori le habrían prohibido con perros el
ingreso a la
Mina Panales, una faena minera que desde
2012 ha operado ilegalmente en terrenos de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile (FCA) y que ninguna institución
ha sido capaz de detener de forma definitiva.
La Corte Suprema paralizó la faena a comienzos de 2014 “
hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras que correspondan” (
ver fallo).
Pero la explotación continuó. No fue ni la primera ni la última vez que
la empresa a cargo del proyecto pasó por alto una orden de cierre. Ya
en julio de 2013 la Corte de Apelaciones había
sentenciado el cese total de los trabajos.
Dos veces el Sernageomin decretó la suspensión indefinida de las
faenas. Y la Municipalidad de Maipú una vez la clausuró. Al día
siguiente, los sellos estaban rotos y los trabajadores operaban como si
nada. En noviembre de 2014, el Tribunal Ambiental
decretó el cierre temporal de la mina, una medida que ya ha tenido que renovar cuatro veces porque
Minera Esparta (ex Minera Española Chile), la compañía que fundó y controla
Branko Donoso Vidal y que está detrás de la extracción ilegal de cobre en la Quebrada de la Plata, simplemente no se detuvo.
Víctor Petermann
La empresa de Donoso es responsable de la destrucción de una de las
últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana,
aunque es sólo una arrendataria de la mina. La verdadera propietaria es
una sociedad del empresario
Víctor Petermann Fernández, controlador de Tehmcorp,
un holding compuesto por al menos 18 empresas con intereses desde la minería al turismo. Es también dueño del hotel y la
reserva biológica Huilo Huilo, en la Región de Los Ríos.
Tanto Huilo Huilo como la Quebrada de la Plata son áreas de interés
ecológico a nivel internacional. En el mundo hay 34 zonas de prioridad
para la conservación de la biodiversidad o
hotspots, sectores
que concentran un mínimo de 1.500 especies de flora y fauna endémica en
peligro de desaparecer. Uno de ellos está en Chile e incluye tanto a la
selva valdiviana como al
bosque esclerófilo de la Zona Central
del país. La Quebrada de la Plata, a 16 kilómetros de la Plaza de
Maipú, es parte importante de ese último ecosistema: un laboratorio
natural que la Universidad de Chile ha usado para investigaciones
científicas sobre flora y fauna vulnerable durante las últimas ocho
décadas. Pero ya no más: aunque el sector es considerado en el
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS)
como zona de preservación ecológica, Minera Esparta lo convirtió en una
mina a rajo abierto que ha pasado por encima de todas las regulaciones
mineras y medioambientales del país. Y de paso, ha demostrado las
limitantes institucionales para detener las faenas que operan al margen
de la ley.
-No es habitual que la SMA se enfrente a este tipo de titulares de
proyectos. Generalmente no se oponen a la fiscalización. El de la
Quebrada de la Plata es un caso muy especial, y también lo es para el
Tribunal Medioambiental, por el perfil del infractor: uno absolutamente
fuera de la ley –dice Marie Claude Plumer, jefa de la División de
Sanción y Cumplimiento de la SMA.
Cuando CIPER visitó el lugar el 23 de febrero, hacía más de tres
meses que el Tribunal Ambiental había ordenado el cierre temporal. Ya no
había cartel ni perros ni guardias ni ruidos. La cerca estaba en el
suelo, pero había huellas frescas de vehículos. Poco antes había llovido
en Santiago y las marcas seguían allí. Los trabajadores de la empresa
de Branko Donoso parecían haberse ido, dejando un cerro destruido y la
faena abandonada, sin cumplir ningún protocolo de seguridad. Pero los
antecedentes recopilados por CIPER dan cuenta de que no era así y que
había indicios de que volverían: todavía había maquinaria pesada en el
lugar, cientos de miles de toneladas de cobre aún sin extraer y cerca de
mil kilos de explosivos que habrían quedado abandonados y que un mes
después Carabineros hallaría escondidos entre los matorrales por
casualidad.
LOS DUEÑOS DEL SUBSUELO DEL FUNDO RINCONADA
En 1933, la familia de Pedro Aguirre Cerda vendió a la Universidad de
Chile el Fundo Rinconada de Maipú: 3.000 hectáreas en la Cordillera de
la Costa que se convertirían en una estación experimental para
estudiantes, académicos e investigadores de su Facultad de Ciencias
Agronómicas (FCA). El predio está fraccionado en tres partes. Por un
lado, las dos mitades que conforman todo lo que está en la superficie.
La primera se divide entre terreno cultivable, zonas para la crianza y
estudio de ganado, la casona que utiliza la facultad como sede
académica, la Escuela de Suboficiales del Ejército y unas instalaciones
militares que fueron ocupadas por la DINA en los ’70 y que hoy se
encuentran en ruinas.
Vista frontal del impacto de Mina Panales en la quebrada.
La otra mitad son las 1.500 hectáreas de cerros que, tras casi 80
años sin intervención, habían experimentado una importante recuperación
de su flora y fauna endémica. Ahí es donde está la Quebrada de la Plata
con sus 800 hectáreas. Entre las plantas, hay espinos, quillayes,
maquis, peumos, boldos, litres, guayacanes y maitenes. En el cielo
planean las águilas. Vuelan también por ahí chincoles, gallinas ciegas y
pitios, una especie de pájaro carpintero. Hay también pequenes que se
alimentan de los ratones cola de pincel y de los cururos, que también
son alimento para zorros culpeos y quiques. Allí habitan reptiles como
la iguana chilena y algunas culebras, y marsupiales, como la yaca. La
mayoría de estas especies está incluida en la
lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) por ser consideradas vulnerables o en peligro de extinción.
Muchas de ellas desaparecieron desde que comenzaron los trabajos
mineros.
De todo lo anterior es dueña la Universidad de Chile. Pero queda una
tercera fracción que no se ve: lo que está en el subsuelo. Y allí la
universidad no tiene ninguna propiedad.
El
Código Minero define a las concesiones mineras como “
un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial”.
En simple: el dueño de un terreno no es necesariamente propietario de
lo que hay debajo de él. Si un tercero inscribe a su nombre lo que hay
en el subsuelo en el Registro de Minas, la concesión pasa a ser suya,
sin importar lo que diga el dueño del terreno superficial. Eso ocurrió
en el Fundo Rinconada de Maipú.
El
Catastro Minero del Sernageomin da
cuenta de que bajo el predio de la Universidad de Chile se esconde un
enorme potencial minero: hay más de 40 concesiones registradas por
terceros (
ver tabla). En esa lista, la Mina Panales figura inscrita a nombre de la
Compañía Minera de Fosfatos Naturales, que según
su sitio web, fue creada en 1988 para explotar un yacimiento de fosfato en Bahía Inglesa. Sus dueños siguen siendo los mismos que la
fundaron hace 27 años: el ingeniero en minas
Víctor Petermann Fernández –que hoy la controla a través de Inversiones VPF SpA–, su hermana
María Victoria y
Patricio Campos Poblete.
Esa sociedad nada tiene que ver con Branko Donoso, salvo porque le
arrienda sus pertenencias en medio de una zona protegida. El precio
acordado: 12,5% de las ventas de mineral que registre Minera Esparta (ex
Minera Española Chile), o un mínimo de $5 millones al mes. Fue
ese contrato,
firmado cuando la empresa de Donoso ya llevaba al menos cuatro meses de
operaciones ilegales, el que formalizó la destrucción ilegal de la
Quebrada de la Plata.
SUENAN LAS PRIMERAS TRONADURAS
Lo primero fue el movimiento de camiones en los cerros cercanos a la
quebrada. Era 2010 y un grupo de personas se había instalado en Lomita,
una concesión minera ubicada casi por completo en el Fundo Chorrillos,
el predio vecino que está justo entre el terreno de la FCA y la Cuesta
Lo Prado. Pero un vértice de esa concesión está dentro de los límites de
la propiedad de la Universidad de Chile. Y precisamente era en ese
vértice que habían instalado, sin permiso, el campamento.
-Nos avisaron que salían camiones desde el terreno de la FCA por la
Cuesta Lo Prado. Fuimos a inspeccionar con un Comité Operativo de
Fiscalización (COF) conformado por funcionarios de distintos organismos
del Estado, pero ya no estaban: habían huido. Encontramos restos de
explosivos y de material minero, huellas de un campamento que habían
retirado y toda la ladera de un cerro con tronaduras y caminos por
hacer. Creo que eso fue sólo un sondeo del sector y que en realidad
buscaban llegar a los sectores bajos de la quebrada, porque aquí está la
mayor ley del cobre. Lomita no era más que un buen vehículo para pasar
con sus camiones –recuerda el ex administrador del fundo universitario,
Marcelo Orellana.
No hubo novedades hasta que en 2011 se vieron nuevamente camionetas
circulando al interior de la quebrada. Fue ese año, a fines de
septiembre, que los hermanos
Branko y
Josué Donoso se asociaron con
William Ghione Tudela para constituir la empresa
Minera Española Chile, con un capital de $100 millones. Fue la primera de una
serie de sociedades que los tres hombres crearon en apenas unos meses.
No eran dueños de la Mina Panales, pero sí tenían una llave de
acceso: derechos sobre las concesiones La Plata 3 y La Plata 4, ubicadas
justo al lado. De hecho, Branko Donoso figura en los registros como
titular de cinco concesiones como persona natural y de seis a través de
Minera Esparta (ex Minera Española Chile). Si solicitaban permisos para
explorar esas concesiones al Sernageomin, podrían llegar fácilmente a la
Mina Panales y construir caminos que salieran por el Fundo Chorrillos
hasta la Cuesta Lo Prado. Al año siguiente se instalarían en la
quebrada, ensancharían los caminos, cortarían bosque nativo, pondrían
explosivos y reducirían gran parte de un área de alto interés ecológico a
un montón de roca suelta.
GUERRA EN TRIBUNALES
En agosto de 2012, la empresa de los hermanos Donoso y William Ghione
informó al Sernageomin sobre su proyecto de reconocimiento en La Plata 3
y La Plata 4. También entregó una carta de pertinencia de ingreso al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fechada en 2008 y a
nombre de Ángel Raúl Burrows, para explotar la Mina Panales. Pedían
autorización para extraer 1.000 toneladas de mineral al mes. Para ambos
trámites la respuesta fue negativa. Sobre lo primero, el servicio dijo
que antes de iniciar cualquier actividad, debían sanear la propiedad de
las concesiones, que aún estaban en estado de manifestación, y cumplir
las normas ambientales y de seguridad minera. Sobre lo segundo, rechazó
la carta de pertinencia por ser antigua, referirse a otro proyecto y
estar a nombre de otra persona. Sernageomin no autorizaba las
actividades mineras en la quebrada. Pero Minera Esparta comenzó a
trabajar igual.
Foto de perfil de Facebook de Branko Donoso.
A los cuatro meses ya se podía ver el impacto. Fueron el entonces
decano de la FCA, Luis Antonio Lizana, el alcalde Cristian Vittori, el
senador Guido Girardi, personal de Sernageomin, de la universidad y de
la municipalidad y representantes de organizaciones sociales. No los
dejaron entrar. Veían desde afuera el movimiento de máquinas y el polvo
en el aire. Oían los camiones. La faena no tenía permiso de la
universidad ni patente de la municipalidad. CONAF realizó ese mismo mes
su primera inspección: detectó el corte ilegal de 2,8 hectáreas de
bosque nativo,
lo que derivó en una multa y
la exigencia de un plan de reforestación que nunca se entregó. CONAF
volvió otras dos veces y cada vez la situación era peor. Para octubre de
2014 ya eran 39,7 las hectáreas de bosque nativo
destruidas ilegalmente.
Al partir 2013, la Universidad de Chile y la Municipalidad de Maipú
presentaron recursos en la Corte de Apelaciones. Eran causas distintas,
pero apuntaban a lo mismo: como la Quebrada de la Plata es parte del
sitio prioritario El Roble,
una zona de preservación ecológica protegida por el Estado, Minera
Esparta vulneraba la ley al no contar con una Resolución de Calificación
Ambiental (RCA) que autorizara sus actividades. Los trabajos debían
parar.
Fue el mismo criterio que tuvo el entonces director metropolitano del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Rodrigo Núñez,
cuando en marzo de 2013 respondió una carta en
que Branko Donoso preguntaba si debía o no ingresar al SEIA. Fue la
primera vez que quedaron documentadas las características del proyecto
Mina Panales, ya en plena operación. Donoso pedía autorización para
explotar a rajo abierto y mantener por más de 13 años una producción de
3.000 toneladas de material al mes, ya que “
según estudios geológicos se ha estimado una reserva de material de 500.000 toneladas de mineral”.
Para ello se utilizarían 280 kilos de explosivos al mes. Núñez
respondió que sí debía ingresar porque el sector prioritario El Roble es
“
una zona protegida para efectos del SEIA”.
En vez de parar, la minera adoptó dos estrategias paralelas. La primera: blindarse legalmente. Contrató a los abogados
Juan Larenas y
Rafael Hormazábal, del estudio jurídico
Ascui & Cía., quienes basaron la defensa en que era errada la lectura que hacían del PRMS la universidad, la municipalidad y el SEA.
-Un error garrafal se había repetido históricamente en todos los
organismos públicos: consideraban que la Quebrada de la Plata es una
zona de preservación ecológica por supuestamente estar en el Cerro El
Roble. Pero no es así, porque ese cerro está en el Parque Nacional La
Campana, en Tiltil, muy lejos de Maipú. El PRMS sí cataloga a la
quebrada como un área de protección ecológica con desarrollo controlado,
y eso no requiere RCA –explicó Larenas a CIPER.
Ese argumento tendría eco meses después en la reconsideración del SEA. Su director ejecutivo,
Ignacio Toro Labbé,
revirtió la decisión de Núñez en junio de 2013 y resolvió que el proyecto ya no tendría que pasar por el SEIA. Dos meses antes, la municipalidad
había clausurado la faena porque no tenía patente.
Pero la mina siguió operando como si nada. Por esos mismos días,
Sernageomin fue a la quebrada y constató que la minera, sin avisar
inicio de actividades, extraía ilegalmente cerca de 450 ton/mes de
material oxidado de cobre y operaba sin libro autorizado, sin un método
de explotación aprobado y sin un plan de cierre. Ordenó la suspensión
inmediata, total e indefinida de la faena (
ver informe).
Aun así, la empresa no paró. Aunque llevaba meses operando ilegalmente,
el vuelco del SEIA cambió por completo el escenario. Sernageomin tuvo
que echar pie atrás y
aprobar el proyecto. Por poco tiempo, Minera Esparta operó “legalmente” en la Quebrada de la Plata.
LA OTRA ESTRATEGIA DE ESPARTA
Durante la primera mitad de 2013, Minera Esparta dejó en claro cuál
era su segunda estrategia: pasara lo que pasara, no parar la faena. Y
eso no iba a cambiar.
A menos de un mes de la autorización del Sernageomin,
la Corte de Apelaciones falló en
la causa que la municipalidad llevaba contra la empresa de Branko
Donoso. Los jueces desecharon el supuesto error en la lectura del PRMS y
sentenciaron “
la paralización de todas las actividades mineras
llevadas a cabo por la recurrida, en tanto no dé fiel y oportuno
cumplimiento a la normativa ambiental aplicable”.
De nuevo, la empresa no paró. Vino entonces una
querella por desacato que aún está en trámite.
Restos de actividad minera ilegal tirados en la quebrada.
-Lo que hay es un vacío legal en la legislación medioambiental. La
ley no establece medidas claras para poder sacar a este tipo de personas
de ahí –explica el abogado Sergio Zúñiga, miembro del equipo jurídico
de la Municipalidad de Maipú que ha intentado infructuosamente detener
las faenas ilegales desde fines de 2012.
La causa de la Universidad de Chile tropezó dos veces en la Corte de Apelaciones. Primero porque los magistrados
consideraron que el recurso era extemporáneo. Después, por
imprecisiones en el texto. Pero en enero de 2014, la Corte Suprema zanjó la disputa con una sentencia que obligó a la empresa minera a “
cesar
y abstenerse de ejecutar faenas mineras de toda índole en el predio de
la recurrente hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y
mineras que correspondan” (
ver fallo).
A la semana Carabineros envió un informe sobre el cumplimiento del
cierre. Decía que los trabajos en Mina Panales seguían activos. No hubo
ninguna sanción.
Tras el fallo de la Suprema, el
SEA revocó su carta de pertinencia y volvió a exigir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que Minera Esparta nunca presentó. Sernageomin volvió a
decretar su cierre tras
verificar que además de no tener permisos, vulneraba todas las normas
de seguridad minera. Eso fue en marzo de 2014. En junio sus
fiscalizadores volvieron, pero
no los dejaron entrar. Los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia del Medioambiente (SMA).
El informe detalla
el cierre definitivo y las multas de Sernageomin contra la empresa de
Branko Donoso. Propone también una fiscalización conjunta, ya que “
Minera Española Chile Limitada, o su representante, continuarían ejecutando labores mineras ilegales en dicho lugar”.
Por esos días, Minera Española Chile pasó a llamarse Minera Esparta y la SMA
formuló cargos en su contra por no contar con una RCA, una “
infracción gravísima”. El proceso sancionatorio aún está abierto (
ver expediente online).
Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de
la superintendencia, dijo a CIPER que una vez terminado el proceso, las
sanciones podrían resultar en la clausura total del proyecto o en una
multa de hasta 10.000 UTA (unos $5.183 millones).
En agosto de 2014 fueron inspectores de la SMA a la Quebrada de la
Plata. No los dejaron entrar. En octubre volvieron y comprobaron el
aparcamiento de camiones y maquinaria pesada al interior de la mina, los
que habían estado operando hacía sólo minutos. También descubrieron un
socavón al interior del cerro. Con eso fueron al Tribunal Ambiental y
pidieron medidas provisionales.
Se clausuró la mina por un mes, el máximo que permite la ley. Pero no pararon. El fiscal de la SMA
dio cuenta de que la minera seguía activa y solicitó el auxilio de la fuerza pública. Poco después, funcionarios de la municipalidad fueron
con un notario para certificar su inspección. No pudieron entrar. Se encontraron de nuevo con un guardia con perros y un letrero que decía “
No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera”.
UNA TONELADA DE EXPLOSIVOS
Tras reiteradas visitas efectuadas entre noviembre de 2014 y febrero
de 2015, un grupo de ciclistas constató que la faena seguía en
operación. El pique era ahora mucho más profundo. La maquinaria pesada
estaba paralizada adentro del socavón, como si estuviera escondida. Todo
aparece detallado en la
denuncia que presentaron ante la SMA contra la empresa de Branko Donoso por no acatar la orden de cierre.
Cuando CIPER ingresó a la mina el 23 de febrero, la maquinaria se
encontraba detenida afuera, como resguardando la entrada. En la cueva,
solo se oía un goteo que se filtraba de un tubo que bajaba por el cerro y
se introducía hasta perderse en la oscuridad. En una pequeña bóveda en
la roca había un generador eléctrico, y pocos metros más allá, un negro
profundo que se extendía hacia el corazón del cerro. Afuera, montones de
roca y pedazos de montaña que han volado con explosivos. Trabajadores y
habitantes de los predios vecinos aseguraban que las tronaduras aún
sonaban a lo lejos. Marcelo Orellana decía que menos de una semana antes
oyó el retumbar de las explosiones. Parecían haberse ido, pero todo
indicaba que la faena continuaba. Clandestina, como desde el inicio.
Maquinaria afuera del pique.
El Tribunal Ambiental ya ha renovado cuatro veces el decreto de cierre temporal de Mina Panales. La última
fue el 11 de marzo. Como “
ni
las órdenes judiciales y administrativas, ni el recurso a la fuerza
pública han sido suficientes para efectivamente detener las labores de
Minera Española Chile Limitada en Quebrada de la Plata”, el mismo tribunal ordenó días después la
incautación de todos sus vehículos y maquinaria y el desalojo de sus trabajadores. Lo que Carabineros encontró ese mismo día en la quebrada, fueron
cerca de mil kilos de ANFO, un explosivo utilizado en minería que habría estado escondido entre los matorrales.
CIPER intentó hablar con Branko Donoso, pero fue imposible ubicarlo.
Ni siquiera a través de sus abogados, con los que perdió el contacto
desde mediados de 2014. El dueño de Mina Panales, Víctor Petermann, no
ha sido siquiera mencionado en los procesos judiciales y
administrativos. El contrato de arriendo de las pertenencias mineras fue
firmado el 9 de abril de 2013, el mismo día que la municipalidad
clausuraba la faena tras cuatro meses de funcionamiento ilegal, cuando
el proyecto ya enfrentaba dos procesos en la Corte de Apelaciones.
Consultados por CIPER, la Compañía Minera de Fosfatos Naturales envió
un comunicado firmado por su representante legal,
donde asegura que desconocían los antecedentes de la minera de Branko
Donoso y que se enteraron de los problemas legales de Minera Esparta por
la prensa y “
muy posteriormente a la celebración del contrato de arrendamiento”.
También agrega que decidieron dar término al contrato. CIPER pidió a la
empresa copia del documento que certificaba el finiquito, pero no hubo
respuesta.
Vía:
http://ciperchile.cl/2015/04/06/mineria-ilegal-en-maipu-la-destruccion-de-la-quebrada-de-la-plata/
-El pueblo de Los Amores, capital del olvido, del tordo y la nutria, inundado en un 90 por ciento y con una calle transitable, solicita a las autoridades correspondientes una inmediata solución al problema de la inundación, construyendo para ello un puente sobre la ruta 3 que permita a las aguas seguir su curso natural hacia el arroyo Los Amores y por esa vía al Paraná…entre los otros anhelos de la comunidad de Los Amores se destacan los siguientes: la instalación de agua potable en la escuela número 46 cuyos trámites pertinentes ya encaró la comisión de ex alumnos, la instalación de una escuela albergue que permitirá la educación de los hijos de peones rurales, cosecheros y peones golondrinas, iniciativa ésta que es llevada adelante por los maestros de la localidad - escribía la Asociación de los Pueblos Olvidados el 26 de julio de 1974. 