Laura Castellanos. El Universal.
El
Cerro Bermejal está a punto de desaparecer, mientras que el Cerro Luna y
el Cerro Borracho temen correr con el mismo destino debido a que
compañías mineras ya acumulan casi 700 concesiones para sacar minerales
del estado de Guerrero, cinco de las cuales están en la región de la
Montaña, donde viven especies en peligro de extinción, como el venado de
cola blanca y el jaguar. La Policía Comunitaria y activistas sociales
advierten que no permitirán que exploten sus tierras.
Aquí los cerros tienen nombre. Y son sagrados. Cada fin de año, la
población de 2 mil 800 habitantes asciende a la cumbre de Cerro Luna y
ofrenda flores y veladoras para pedir abundancia en el ciclo siguiente.
Ahora el cerro está en riesgo de ser aniquilado del paisaje. En sus
entrañas guarda los tesoros que la minera inglesa Hochschild quiere
extraer: oro, plata, cobre, hierro, zinc y plomo. Hochschild pretende
dinamitarlo para sacar los minerales de sus restos pedregosos a través
de un proceso realizado a la intemperie, llamado “a cielo abierto”, en
el que utilizaría millones de metros cúbicos de agua y toneladas de
cianuro. La elevación cubierta de pinos arropa a la pequeña comunidad
Tierra Colorada, que debe su nombre a la coloración de su suelo fértil
en la región alta de la Montaña de Guerrero.
El pueblo tlapaneco ya salió en su defensa. Un treintañero moreno y
robusto, de nombre Federico Isidro Solano, se planta en un balcón del
pueblo, con Cerro Luna de fondo, y advierte: “La comunidad no cede
ningún centímetro para que se explote”.
A unos metros del secretario del Comisariado de Bienes Comunales
está la explanada donde una veintena de adolescentes y niños ensayan la
danza tradicional Doce pares de Francia, acompañados por la banda de
música del pueblo. La epopeya de Carlomagno contra musulmanes medievales
se escenifica en Semana Santa. Un anciano de cuerpo frágil guía el
ensayo. Viste de manta blanca, huaraches y porta un sombrero de palma.
Sus movimientos son elegantes y firmes. Su actitud, altiva. El maestro
Ángel Oropeza Molinar es respetado en el pueblo. A su señal la banda
deja de tocar y cristianos y moros cesan su esgrima con palos de madera.
Entonces el maestro instruye a un niño de 13 años cómo debe batirse con
enjundia contra su enemigo.
Cuando finaliza el duelo, Solano aprovecha para acercarme al maestro.
Le pregunto sobre la llegada de Hochschild a la región. Acepta la breve
interrupción y ambos frentes, sin distinción, nos rodean curiosos.
“Puede haber sangre, ni modo. ¿Cuántos mártires puede haber? No lo sé.
Pero aunque sea con piedra, o con onda como la que levantó el rey David,
pero no nos vamos a dejar”. Con un gesto el maestro da por terminada la
conversación y dirige su atención a uno de los muchachos. Otro de
ellos, alto y resuelto, de nombre Constantino, manifiesta: “Haremos lo
que sea necesario, simplemente eso, no hay que decir más”.
La representación de la danza tiene una duración de 12 horas. “Es una
guerra grande, grandísima”, me había alcanzado a explicar Constantino
antes de asumir su rol de almirante musulmán. En la obra los cristianos
vencen a los moros. A su entender, el bien triunfa contra el mal. La
otra guerra que enfrentan en Tierra Colorada es de proporciones mayores,
pues Hochschild, con más minas en México, Perú y Argentina, obtuvo una
concesión federal por 50 años. El drama de Tierra Colorada se
multiplica en México y Latinoamérica: poblaciones rurales e indígenas
(como la huichola en San Luis Potosí y la Ngobe-Buglé en Panamá) luchan
contra multinacionales mineras y gobiernos en defensa de sus
territorios. La mega minería busca especialmente oro y plata a costos
inimaginables: de una tonelada de cerro desintegrado extrae un promedio
de .5 a 1 gramo de oro. Gian Carlo Delgado, coordinador del libro
Ecología política de la minería en América Latina, dice que el escenario
que esta deja “es de profundo saqueo, prácticamente nulos beneficios
socioeconómicos a las comunidades y una devastación ambiental global
creciente”.
Sin embargo, aquí en la Montaña, considerada como una de las regiones
más marginadas de Latinoamérica, hay un ingrediente de resistencia que
no existe en otros lugares: Tierra Colorada, como otras 75 comunidades
tlapanecas, mixtecas y nahuas dispersas en la serranía de la Montaña y
la Costa Chica, conforman la estructura de la Policía Comunitaria.
Se trata de una red de 600 indígenas armados por sus pueblos para que
los resguarden. Ellos hacen rondines a través de un ramal de caminos de
terracería maltrechos que atraviesan el monumental bosque de niebla,
algunos al borde de desfiladeros. Esta experiencia autónoma de seguridad
e impartición de la justicia nació hace 17 años porque estas
poblaciones padecían una serie de asesinatos, violaciones sexuales y
robos sin que la policía estatal hiciera presencia. Entre los logros que
dicha red indígena reivindica está reducir drásticamente la violencia
en la zona, no maltratar a los detenidos y hacerlos trabajar en obras de
construcción locales como parte de su sentencia. Los gobiernos estatal y
federal no han querido legalizar su operación y en varias ocasiones han
pretendido desarmarla sin éxito. Pero la experiencia se consolida y
extiende. Y ahora, los policías comunitarios se asumen como los
guardianes de sus montañas.
Desde hace más de un año la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), instancia de administración de la justicia a la que
pertenece la Policía Comunitaria, se organiza con apoyo del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para enfrentar cinco
proyectos mineros en la Montaña y la Costa Chica: Hochschild está al
frente de Corazón de Tinieblas, que abarca Tierra Colorada, y de otro
conlindante en Zapotitlán de las Tablas; la canadiense Camsin encabeza
los de La Diana y San Javier, y la mexicana Goliat maneja uno, llamado
La Faraona/Goliat. La suma de los cinco involucraría un área aproximada
de 1,272 kilómetros cuadrados, una extensión cercana a la superficie de
la Ciudad de México, que es de 1,495 kilómetros cuadrados. El asesor
jurídico de la CRAC, Valentín Hernández, dice que el gobierno federal
incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que expresa el derecho de las comunidades indígenas a ser
consultadas sobre las decisiones que los afectan: “No hay negociación,
no se consultó a los pueblos al otorgarse las concesiones a las
mineras”.
El investigador Carlos Rodríguez Wallenius, de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), estima que el gobierno federal ya
concesionó la cuarta parte del territorio nacional a las mineras para
labores de exploración y explotación. Leonel Lozano, asesor ambiental
del gobierno de Guerrero, dice que tan sólo en el estado hay 697
concesiones, 90% con capital extranjero. De éstas, 100 están en
explotación (tres a cielo abierto) y el resto en exploración. Piensa que
cuando las mineras finalicen sus 600 procesos de exploración recurrirán
a la explotación a cielo abierto. “Es la tendencia mundial, es la de
mayor impacto ambiental pero la más rentable”, dice. Los activistas
sociales de Tlachinollan aseguran que sólo entre los años 2005 y 2010 el
gobierno federal entregó concesiones de cincuenta años a un puñado de
mineras, una decisión que afecta 200 mil hectáreas del territorio
indígena de la Montaña y la Costa Chica.
Domingo buscó entrevistar a los responsables de la dirección general
de minas de la Secretaría de Economía para conocer sobre el potencial
minero del país y el procedimiento por el que otorgan las concesiones de
explotación. El área de Comunicación Social de la dependencia nos
informó que los funcionarios encargados de estos temas viajarían por más
de una semana a Canadá, a la Feria Internacional de Minería. En un
boletín se consignó que desde allá Bruno Ferrari, secretario de
Economía, declaró que México es el primer país receptor de inversión
extranjera minera en América Latina y el cuarto en la escala mundial.
Terminado el viaje volvimos a solicitar una entrevista, pero de nuevo no
hubo respuesta afirmativa. La representación de Hochschild en Monterrey
tampoco quiso dar a conocer su posición sobre el asunto.
Las mineras que pretenden explotar las montañas de Guerrero están por
ahora en fase de exploración, no de explotación, pero aún así ya está
manifiesto el rechazo popular a su llegada. Una carretera estatal cruza
la región de la Alta Montaña en donde el bosque de niebla despliega su
majestuosidad entre cañadas y barrancas profundas. En bardas y peñascos
de la carretera abundan pintas contra las mineras. Una dice: “Yo doy mi
vida por la tierra ¿Y tú? Di no a las mineras”. Algunas llevan las
siluetas de los rostros del Che Guevara y de Genaro Vázquez, el maestro
oriundo de San Luis Acatlán que encabezó una guerrilla en los años
setenta.
Los guardianes de la Montaña dicen que la explotación de las cinco
minas afectará el territorio de 25 de sus 75 comunidades y anuncian que
recurrirán a las vías legales disponibles. Las comunidades tampoco
descartan acciones de desobediencia civil o autodefensa. Tierra
Colorada, Zitlaltepec y Colombia de Guadalupe, entre otras, se alistan
para la guerra contra las mineras. Aunque sea larga. Y cruenta. Esta vez
no se tratará de una escenificación. Josafat Mejía, al frente del
Comisariado de Bienes Comunales de Colombia de Guadalupe, lo sabe: “Si
el gobierno entra con fuerza armada, nos vamos a organizar como pueblo y
no lo vamos a permitir”.
Los canadienses van por un paraje
Las tardes en la costera de Acapulco, a unas siete horas de la región
de la Montaña, son calurosas y movidas. En el Club de Golf Acapulco
A.C. entran y salen jugadores, la mayoría hombres mayores de 60 años,
que se saludan y charlan en los pasillos y el restaurante del lugar.
Atrás de las instalaciones de uso múltiple quedan los campos de pasto
recortado a los que sólo tienen acceso sus socios. Francisco Javier
Larequi Radilla, el concesionario mexicano de las minas La Diana y San
Javier, y director del Patrimonio Inmobiliario del Fideicomiso de
Promoción Turística de Acapulco, termina su sesión de golf. El jugador
canoso y de cuerpo macizo viene aquí todas las tardes después de su
jornada como funcionario público. Se dirige a las duchas en playera,
short y sandalias. Lo intercepto en las escaleras, camino al baño. Le
pido una entrevista sobre las minas. “No quiero hablar porque esos
indígenas de la Policía Comunitaria me tienen parado desde hace tres
años”, mueve la mano y la cabeza en señal de negativa.
Le digo que si después de ducharse lo puedo encontrar en el
restaurante del Club. Acepta. Regresa fresco, luciendo ropa casual. Se
sienta a la mesa que comparto con el videoreportero Arturo Vega y el
fotógrafo Luis Cortés. Charla y se va como hilo de media. Opina que los
indígenas son de naturaleza conflictiva porque entre ellos mismos se
pelean, se ahorcan. Que dos o tres líderes de los guardianes de la
Montaña manipulan al resto de las comunidades en contra de las mineras.
Que atrás del movimiento inconforme está un sector de la iglesia y
activistas italianos. Que el gobierno estatal intercede entre las partes
para destrabar el asunto. Que Dios quiera finalmente todo ya se
resuelva todo. Que si bien la explotación será a cielo abierto los
corporativos tienen técnicas para rellenar con tierra el cráter que
ocupa el sitio que antes fue un cerro. No quiso decir nada más.
Larequi aparece fugazmente en el video que el presidente de la
compañía canadiense Camsim, Derek Sutherland, subió a Youtube de La
Diana. El canadiense luce como un turista cuarentón, atractivo y
relajado, vestido con guayabera azul y bermudas. Está sentado en una
silla blanca de plástico en la terraza de un jardín en Acapulco. La
escena da la sensación de que en cualquier momento alguien le servirá
una margarita. Ante la cámara expresa en inglés que México es el país
con más potencial minero en el mundo. Comparte sus sentimientos: “Ahora
tenemos mucha inversión, y la región tiene la inversión que nunca ha
tenido, y todos estamos entusiasmados, el gobierno está entusiasmado de
lo que estamos preparando”.
El padre de Larequi adquirió la mina San Francisco Javier con una
extensión de 223 hectáreas después de la Segunda Guerra Mundial, la
trabajó en los años setenta y ochenta y la cerró a principios de los
noventa. Utilizó la “minería de socavón”, la antigua que hacía túneles
en los cerros. Era más tardada y menos productiva, pero drásticamente
menos dañina. Larequi dice que su padre cerró la mina por no redituable.
Los activistas de Tlachinollan dicen que la cerró porque los pobladores
de Zitlaltepec se opusieron a que la siguiera trabajando y expulsaron a
los mineros.
El activista del centro Tlachinollan Roberto Gamboa, dice que ahora
las multinacionales mineras van tras las minas pequeñas de socavón para
explotarlas a cielo abierto. En su opinión los corporativos, con la
complicidad gubernamental, ocultan información, corrompen líderes y
autoridades locales, dividen a las comunidades y las amenazan con tal de
entrar a sus territorios. También se asocian con empresarios
nacionales, como Larequi. El hombre no quiso entrar en detalles legales
sobre la mina que fue de su padre, cuyo nombre original se redujo a San
Javier, pero la organización descubrió que él reactivó la concesión en
2005 por cuatro años. Y en 2009 la extendió a cincuenta años. Los
defensores de la Montaña aseguran que el empresario es el representante
legal de Camsim. Lo que no queda claro es si vendió la totalidad o una
parte de la propiedad a la empresa. De La Diana, que tiene una
extensión de 15 mil hectáreas, el golfista también aparece como
concesionario. Ambas minas están a una distancia de cuatro kilómetros.
En 2009 y 2010 Larequi y gente de Camsim visitaron dos comunidades
colindantes a sus minas: Paraje Montero, perteneciente a la red de
guardianes de la Montaña, e Iliatenco, con el fin de obtener convenios
temporales de permiso y apoyo logístico para sus trabajos de
exploración. En ninguno de los dos casos a las comunidades se les
consultó o se les informó de las concesiones por 50 años ya otorgadas
por el gobierno federal. Gamboa me cuenta que en el caso de Paraje
Montero, Larequi acudió también con los funcionarios de la Procuraduría
Agraria e hizo creer que la documentación antigua de la mina de su padre
seguía vigente y que había que regularizarla. “Pero nunca explicó que
ese convenio de los años setenta no era aplicable, que cambiaron las
leyes mineras, la Ley Agraria, y nunca explicó si la explotación iba a
ser a cielo abierto o no”, detalla Roberto Gamboa.
El activista precisa que Larequi presentó un contrato a Paraje
Montero para tener anuencia en trabajos de exploración y explotación,
cambiar el uso de suelo y aceptar el trato como irreversible. A cambio,
Camsim entregaría 90 mil pesos el primer año de exploración que
aumentarían hasta 170 mil pesos el primer año de explotación. El segundo
año de explotación se establecería una nueva renta, y 15 personas del
pueblo serían contratadas por 150 pesos diarios. El encargado del
Comisariado de Bienes Comunales, José López, dice que Camsim entregó 60
mil pesos. Con ese dinero hicieron el segundo piso de sus instalaciones.
Los guardianes de la Montaña notificaron al pueblo de su campaña contra
las mineras en la región. “La información nos alarmó”, externa López.
Decidieron investigar más sobre el tema y lo discutirán en asamblea
popular.
Larequi y gente de Camsim también acudieron a Iliatenco en el otoño
de 2010. Recorrieron más de una hora del camino de terracería surcado en
laderas pronunciadas para arribar a uno de los pueblos que cuida con
más celo su bosque. Al titular del Comisariado de Bienes Comunales,
Tomás García Evaristo, le llevaron un documento elaborado a su nombre en
el que éste autorizaba labores de exploración y le solicitaban dos
personas como guías a las que pagarían 150 pesos diarios. García no
quiso firmarlo. Dice que le aseguraron que ellos llevarían empleo,
construirían escuelas, clínicas de salud y llevarían programas
gubernamentales. García refrendó su postura y les externó que decidiría
una asamblea popular. Ésta se opuso a la petición. Días después García
informó a Larequi y Camsim de la resolución. “Se enojaron, se regresaron
muy molestos”, recuerda. Desde ese momento Iliatenco creó una brigada
de vigilancia que patrulla diariamente sus montañas tupidas de pinos
para alertar de incursiones extrañas.
La desaparición del Cerro Bermejal
La tarde quema en la mina de oro más grande de México, la
Filos/Bermejal, aledaña a Carrizalillo, en plena selva seca, a seis
horas en auto al noroeste de la región de la alta Montaña. Decenas de
camiones gigantes de la minera canadiense Goldcorp transportan en fila
toneladas de piedras dinamitadas del Cerro Bermejal. Bueno, de lo que
queda de él: una cazuela gigantesca con su interior escalonado, porque
al cerro se le explota en rebanadas longitudinales. El líder más
emblemático en la lucha contra las mineras en Guerrero, de nombre
Valeriano Celso Solís, mira de lejos el horizonte alterado de su pueblo.
Ya conoce las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto y
por intermediación de los activistas de Tlachinollan viajó el año pasado
al bosque de niebla y la compartió con los guardianes de la Montaña.
Moreno azabache, de talla corta y barriga pronunciada, escarba en sus
recuerdos: el Bermejal era la mayor elevación de este paisaje agreste,
así se le llamó por el tono rojo bermejo de su tierra, y en su cumbre,
coronada por encinos, el ganado y los animales silvestres descansaban a
la sombra. El cerro ya no existe. Huyeron los venados y los tejones y
las chachalacas y las palomas.
Su mano señala la fila de camiones que viajan ininterrumpidamente.
Suben. Bajan. Uno, otro, otro más. En tres turnos. Durante el día y la
noche. Goldcorp no pierde tiempo: debe procesar cuatro toneladas para
obtener 1 gramo de oro. Sí, cuatro toneladas por un gramo de oro. Para
fundir una pieza de centenario deberá mover 200 toneladas de cerro. Los
camiones descienden presurosos al valle en el que la familia Solís
cultivó maíz. Ahora son los llamados patios de lixiviado: en una
extensión donde caben tres canchas de fultbol y que presenta un leve
declive, los restos pedregosos del Bermejal son esparcidos en capas
sobrepuestas. Se les riega permanentemente con una solución de agua con
cianuro que disuelve el oro, el mineral escurre por el declive y se le
traslada por tuberías a piletas con agua donde se le separa del cianuro.
Luego se funde. Conforme el Bermejal va disminuyendo en tamaño, en los
patios emerge un cerro de material procesado. Al lado de los patios se
ven milpas cenizas y marchitas que algún campesino se aventuró a
sembrar. Como ya no hay quien cultive pastizales, la ganadería también
pasó a la historia. Los magueyes de este pueblo productor de mezcal
dejaron de nacer. Y Goldcorp cercó la única área en la que algunos
agaves maduraron en las lomas. “Ya no hay vida, este es un valle de
veneno”, se lamenta Solís de la mina que empezó sus trabajos de
extracción en el año 2007.
Goldcorp es la primera minera que en Guerrero introdujo la
explotación a cielo abierto. Posee el toque de Midas: es el corporativo
minero más grande en América y el segundo en el mundo. De 2010 a 2011
incrementó 43% sus utilidades internacionales, en parte porque los
metales subieron 750% en la última década y en parte por su agresivo
proceso de extracción en sus diez minas, algunas situadas en Guatemala,
Chile y Argentina. 40% de su producción de oro la extrae de México, de
dos minas colindantes: El Bermejal, en Carrizalillo, y Filos, en
Mezcala; de otra en Zacatecas y una más en Chihuahua. En 2011 el
corporativo aumentó 30% sus ingresos totales en México, produjo 2.5
millones de onzas de oro: 55% va para la joyería mundial, de 15 a 20% se
usa para fundir lingotes de oro y el resto para respaldar inversiones.
¿Y cuánto ganó Solís? Al principio el luchador social y cada uno de
los 174 ejidatarios recibieron 1,200 pesos al año por la renta de cada
hectárea. Gamboa, el activista de Tlachinollan, explica que si bien la
operación se hizo por renta de la tierra porque es de tenencia ejidal y
el gobierno no puede venderla, la empresa hizo creer al ejido que tenía
la autorización federal para comprarla y para pagarla en plazos anuales.
El corporativo, con anuencia gubernamental, prácticamente se adueñó del
95% de las 1,400 hectáreas de extensión de la comunidad: construyó
caminos, patios de lixiviado, y además erigió áreas cercadas con sus
instalaciones, laboratorios, oficinas, viviendas para sus trabajadores
foráneos y sus directivos.
El pueblo, cuenta el dirigente, de un día para otro se quedó sin
tierras, posibilidad de ingresos y a los ejidatarios no se les
contrataba en la minera. La desesperación brotó. Los ejidatarios se
organizaron para exigir mejores beneficios, pero Goldcorp no los
escuchó. El 2 de febrero del 2007 los ejidatarios pararon las labores de
la minera por 84 días. Como respuesta, los amenazaron y la policía
estatal los reprimió. El centro Tlachinollan asesoró jurídicamente al
ejido y al analizar sus pérdidas productivas obtuvo un logro que marcó
hito a nivel nacional: el pago más alto que una minera paga por la renta
de una hectárea a una comunidad: 14 mil 800 pesos en 2008, que
ascendieron a 32 mil pesos en onzas de oro en 2009. En suma, ahora
Goldcorp debe pagar a nueve millones de dólares al año a 252 familias
del ejido. Gamboa dice que de cualquier forma la cantidad revela una
“inequidad enorme”, porque la empresa obtuvo en el años 2010 unos
ingresos por 371 millones de dólares, y si bien tuvo costos de
producción por 121 millones de dólares, su ganancia libre fue de 250
millones de dólares.
Ahora el líder y su esposa reciben 500 mil pesos al año, alrededor de
40 mil pesos al mes. El dinero obtenido por las 252 familias de la
comunidad se refleja en casas remodeladas y algunas camionetas de
modelos recientes. En contraste, las calles del pueblo están en muy mal
estado, no hay infraestructura adecuada de drenaje y agua potable, y la
única obra visible donada por la empresa es una casita de salud con un
par de habitaciones. Solís piensa que si bien antes vivían en la miseria
y sufrían la migración, poseían una cohesión comunitaria que se
desgarra en pos del beneficio individual, particularmente entre los
jóvenes. Tres de sus hijos trabajan en la empresa como choferes. Uno más
no ha logrado ser contratado y está en el desempleo, como sucede con
más jóvenes.
La crítica más álgida contra Goldcorp es por el uso de tóxicos. El
activista Gamboa dice que si bien la minera usa un material plástico que
impide que el cianuro se filtre a los mantos friáticos, su consumo
desmedido de agua seca los ríos de la zona, además de que 30% del agua
con cianuro de los patios de lixiviado se evapora y dispersa. El
luchador agrario refiere que en época de secas hay polvaredas en el
valle, por lo que hay vecinos que sufren dolores de cabeza, vómito y
problemas bronquiales. Incluso menciona que una trabajadora murió por
envenenamiento pero su familia no quiso poner demanda alguna. Piensa que
la única esperanza de futuro para sus nietos es irse de Carrizalillo:
“Todo está perdido, somos los dueños de las tierras, que son la herencia
que podíamos dejar a nuestros hijos, y están destruidas. Cuando se vaya
la mina ¿Quién va a querer sembrar? Nadie, es puro cianuro”.
Adalberto Terrazas y Federico Villaseñor, directivos de Goldcorp
México, en entrevista en sus oficinas de Lomas de Chapultepec, en la
Ciudad de México, rechazan cada una de las acusaciones contra el
corporativo. Dicen que el pago de 1,200 pesos de renta anual por
hectárea fue “el justo” en ese momento porque el precio del oro estaba a
la baja. Explican que si bien tienen ganancias millonarias, su
inversión en exploración y extracción también es gigante, pues
Carrizalillo representa sólo 10% de la extensión territorial que tienen
concesionada en la región, que es de 6,150 hectáreas. A su entender,
Goldcorp mejoró la calidad de vida de Carrizalillo: “Ahora tienen
carreteras, casas de dos pisos, pavimentado el pueblo, una
infraestructura que nunca soñaron”, dice Villaseñor.
Niegan que dañen el medio ambiente. Y que alguna trabajadora muriera
por envenenamiento. En Carrizalillo los venados y los tejones y las
chachalacas y las palomas se fueron, dice Villaseñor, porque “donde hay
progreso y civilización obviamente los animales se retiran”. Sobre el
agua, expresa que su concesión es para consumir 4 millones de metros
cúbicos al año (procedente del río Balsas). Apunta que en su proceso
para lavar el oro de cianuro cuentan con un circuito cerrado que recicla
permanentemente el agua sin desecharla, y que si bien 27% de ésta se
evapora, está libre del tóxico y no contamina.
Los empresarios exponen que Goldcorp no tiene año de partida de
Carrizalillo, pero que los planes tentativos son para el año 2026. Dicen
que tienen un programa de restauración del entorno: en Mezcala cuentan
con un vivero donde cultivan 350 mil árboles, en Zacatecas cuentan con
un criadero de venado, y guardaron 2 millones de suelo vegetal del
Bermejal. Terrazas dice que al irse dejarán el lugar casi como estaba
antes: “Lo tenemos preciosamente planeado”. Cuando ya no haya más oro
que extraer de todo el ejido, el cerro rocoso en los patios de lixiviado
entrará en un proceso largo, un número indeterminado de años. A ese
cerro de desperdicios tóxicos lo regarán con agua limpia una y otra vez
para eliminar la última gota de cianuro. Lo cubrirán con el suelo
vegetal del Bermejal y encima le sembrarán especies endémicas de lugar.
Nacerá un nuevo Cerro Bermejal.
El Cerro Borracho tiene miedo
En el bosque de niebla de la alta Montaña hay cuencas hidrológicas
enormes. De sus aguas beben tejones, armadillos, coyotes, y especies en
peligro de extinción como el venado de cola blanca y el jaguar. Uno de
sus ríos, el Camotetenco, desciende de la sierra y desemboca en el mar.
Su caudal ancho se desliza por un vado rocoso y en un punto se une a
otra corriente hídrica. Ambos ríos sirven de líneas limítrofes entre los
núcleos agrarios de Iliatenco, Paraje Montero y Zitlaltepec, justo
donde bordean al Cerro Borracho. El cerro con forma de cono es nombrado
así porque si uno lo sube se marea, pierde el sentido de orientación.
Queda “como borracho”.
Todo esto me lo cuenta García, el líder del Comisariado de Bienes
Comunales de Iliatenco. El tlapaneco de estatura corta y complexión
vigorosa nos lleva a las instalaciones abandonadas de la mina San
Javier, colindante al Cerro Borracho. Si bien Iliatenco no pertenece a
la red de guardianes de la Montaña, la aguerrida defensa del bosque por
parte de García hizo que lo nombraran en una asamblea 2presidente
regional en defensa del territorio: ‘No a las empresas mineras’”. Con el
espíritu marcial que lo caracteriza, el indígena encabeza la pequeña
expedición conformada por una brigada de sus hombres, guardianes de la
Montaña y nosotros. García impone el ritmo y las rutas. “Mi gente tiene
pie de venado”, advierte. Y con pie de venado ellos cruzan los ríos
saltando de roca en roca y suben y descienden laderas escarpadas.
Nosotros, con paso capitalino atolondrado, resbalamos en el río y
rodamos por la pendiente. “Son muy lentos”, nos dice constantemente.
En un trecho del río Camotetenco quedan vestigios del funcionamiento
de la mina San Javier: tubería oxidada y la huella de escurrimientos
corrosivos en el terreno. En sus instalaciones hay maquinaria vieja,
unas cuantas edificaciones y en un monte aledaño, un túnel inconcluso de
30 o 40 metros de profundidad. Ahora es la casa de una colonia de
murciélagos. Camsim quiere reactivar la mina y explotar una veta de
minerales en el Cerro Borracho. García piensa que el gobierno federal
concesionó su territorio a las mineras porque históricamente atropella
los derechos indígenas: “Pero resulta que ahora somos más despiertos,
maduros, con sabiduría de que no se nos puede pisotear como antes”.
El centro Tlachinollan ya desplegó la estrategia que busca la
cancelación de las concesiones mineras en la Montaña y la Costa Chica.
Pero reconoce que no tiene muchas armas para hacerlo por la
desvalorización de la tierra comunitaria. El activista Gamboa
responsabiliza del hecho al gobierno de Carlos Salinas de Gortari:
reformó el Artículo 27 Constitucional que posibilitó el despojo de suelo
ejidal y comunal, y con la aprobación del Tratado de Libre Comercio
(TLC) se facilitó el saqueo de los minerales de sus territorios.
Legalmente las comunidades no pueden defenderlos sino sólo la tierra que
pisan, pues el gobierno federal es dueño de las riquezas del subsuelo.
“Nuestra batalla legal se libra entonces por el metro de tierra que las
mineras tienen que pisar”, dice.
Tlachinollan promueve que las comunidades se amparen en la Ley
Agraria y certifiquen sus tierras en el Registro Agrario Nacional (RAN)
para tener certidumbre jurídica. 16 de las 25 comunidades que serían
afectadas por los cinco proyectos mineros ya lo hicieron y el resto está
en proceso de hacerlo. En una segunda fase recurrirán a la nueva Ley de
Amparo que permite a colectividades ampararse contra actos u omisiones
de autoridades que los afectan. “Entrando la minera es casi imposible
sacarla”, dice Alejandro Ramos, asesor jurídico del centro Tlachinollan,
“y la estrategia es que no entren, si lo hacen, estamos prácticamente
perdidos”.
El gobierno guerrerense intercede entre los guardianes de la Montaña y
las mineras a través de Leonel Lozano, el asesor ambiental del gobierno
de Guerrero, citado previamente. El agrónomo reconoce que no hay
políticas de desarrollo minero que protejan a las comunidades e impulsa
un acuerdo de voluntades en el que se obligue a las empresas a cumplir
un sistema de regalías, financiamiento de programas sociales, garantizar
los beneficios locales tras la partida de los corporativos, prevenir el
impacto ambiental, e impulsar la explotación minera comunitaria a
pequeña escala porque “la cosa no es sólo decir un ‘no’ rotundo, y
¿luego qué hacemos? ¿seguimos sentados en un tesoro sin posibilidad de
usarlo?”.
De acuerdo con el portal de Vendome/Camsim, las empresas analizan
las vetas de La Diana/San Javier gracias a un programa satelital. Ya
adquirieron otra propiedad aledaña, San Miguel, con extensión de 2 mil
hectáreas. Holdschild se mantiene en la secrecía. Y Goldcorp realiza
exploraciones en el poblado de Xochipala, vecino de Carrizalillo.
Los guardianes de la Montaña convocarán a una reunión regional de
reagrupamiento y evaluación este mes de abril. Se mantienen en su
postura de agotar las vías legales. Pero la indignación caldea en la
región. Un tlapaneco alto y bigotón advierte: “Aquí lo que queda es la
organización del pueblo, la resistencia, y a palo y hacha pelear hasta
las últimas consecuencias”.
LAURA CASTELLANOS escribe sobre radicalización social y cultura
popular. Es autora de cuatro libros. Su obra ha sido traducida al
francés, italiano y alemán. Ama las montañas y no usa tarjeta de crédito
ni Facebook. El poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo eligió uno de
sus reportajes para la ‘Antología de la crónica latinoamericana actual’
de reciente publicación
Vìa,fuente:
http://www.movimientom4.org/2012/04/mexico-los-guardianes-de-la-montana-contra-las-mineras/
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- raymond
- Malas noticias en los periòdicos, asesinatos, enfermedad, pobreza, dolor, injusticias, discriminaciòn, guerras, lo grave es que nos parece normal.
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