La Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería (Conacami) señaló a través un comunicado que
los pueblos aymaras y quechuas de la región de Puno están denunciando el
reciente asesinato de seis dirigentes campesinos, referentes de la
lucha contra las petroleras y mineras en esa zona del país.
Estos crímenes, según afirma la organización de afectados, se han convertido en una “práctica común” por parte de los sucesivos gobiernos, que terminan “avalando” estos abusos al no identificar los responsables.
En una entrevista con el programa La Voz de los Movimientos, el dirigente de la Conacami, Pablo Salas, de la región de Puno, confirmó la denuncia por los seis comuneros asesinados, y se quejó porque las quejas ante autoridades regionales y nacionales “no han tenido respuestas”.
Según dijo el referente de la organización peruana, esta situación de impunidad comenzó a extenderse durante toda la década de los noventa y continuó en los últimos años.
La carta enviada a Anaya señala que el gobierno de Alan García ha “ordenado asesinar” a los pueblos indígenas que se han propuesto defender el ambiente, la vida y la defensa del territorio.
Hoy en Perú existen, según este documento, más de 4000 solicitudes de concesión minera y petrolera, de las cuales 1500 ya cuentan con la autorización correspondiente.
“El 70% del territorio de la región esta concesionado a las empresas transnacionales para actividades mineras y petroleras, financiados por las corporaciones financieras de Europa y Norteamérica, quedando pendiente el 30% del territorio de las comunidades indígenas, y dónde se realizarán las actividades agropecuarias”, denuncian los habitantes de Puno, una región que “desde tiempos inmemoriales es eminentemente agrícola y ganadera”, actividades que son “parte de la vida cotidiana de los quechuas y aymaras”.
Foto: www.conacami.org
Estos crímenes, según afirma la organización de afectados, se han convertido en una “práctica común” por parte de los sucesivos gobiernos, que terminan “avalando” estos abusos al no identificar los responsables.
En una entrevista con el programa La Voz de los Movimientos, el dirigente de la Conacami, Pablo Salas, de la región de Puno, confirmó la denuncia por los seis comuneros asesinados, y se quejó porque las quejas ante autoridades regionales y nacionales “no han tenido respuestas”.
Según dijo el referente de la organización peruana, esta situación de impunidad comenzó a extenderse durante toda la década de los noventa y continuó en los últimos años.
La carta enviada a Anaya señala que el gobierno de Alan García ha “ordenado asesinar” a los pueblos indígenas que se han propuesto defender el ambiente, la vida y la defensa del territorio.
Hoy en Perú existen, según este documento, más de 4000 solicitudes de concesión minera y petrolera, de las cuales 1500 ya cuentan con la autorización correspondiente.
“El 70% del territorio de la región esta concesionado a las empresas transnacionales para actividades mineras y petroleras, financiados por las corporaciones financieras de Europa y Norteamérica, quedando pendiente el 30% del territorio de las comunidades indígenas, y dónde se realizarán las actividades agropecuarias”, denuncian los habitantes de Puno, una región que “desde tiempos inmemoriales es eminentemente agrícola y ganadera”, actividades que son “parte de la vida cotidiana de los quechuas y aymaras”.
Foto: www.conacami.org
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